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Gobierno y ELN acuerdan “examinar, con perspectiva democrática”, régimen político y modelo económico

Dentro de los varios puntos hablan de la importancia del reconocimiento político y jurídico al ELN por parte del Gobierno, condiciones y garantías de seguridad para el ejercicio de la política.

Bandera ELN
Blu Radio - AFP
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La agenda del ELN y el Gobierno contiene seis puntos que ya fueron definidos, el primero de ellos es la participación de la sociedad en el proceso, con el objetivo de lograr “un gran acuerdo nacional”.

El segundo trata el tema de la “democracia para la paz”; asegura que se debe analizar el régimen político y el modelo económico: “Evaluar el tratamiento que se le da a los conflictos políticos, sociales y ambientales en función de la construcción dela paz . Revisar el marco normativo y garantías para la manifestación pública, tratamiento de la situación jurídica de los indicados y condenados en desarrollo de la movilización y protesta social”.

El punto tres lleva el nombre de Transformaciones para la Paz y habla de políticas públicas que permitan superar la violencia , planes de desarrollo alternativos integrales en territorios urbanos y rurales y, políticas que superen el tema agrario en el país.

“Pactos sociales que consolidan los acuerdos y una pedagogía y comunicación hacia una cultura de paz. El plan integral de transformación se articulará y armonizará con los planes nacionales de desarrollo”.

El punto cuatro de la agenda habla sobre el reconocimiento a las víctimas y las afectaciones que se han presentado a sus derechos. En primer lugar, señalan que la responsabilidad es de todos y todas y que se debe trabajar en mecanismos de memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición.

“Asumir el ambiente como víctima. El conjunto de estos componentes hace posible el reconocimiento y asunción de responsabilidad a la luz del Derecho Internacional Humanitario, para lograr la reconciliación en la sociedad”, se recalca en la agenda.

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El punto cinco es el del fin del conflicto; se dice que el objetivo es sacar la violencia de la política, propiciando un tránsito para que todas las fuerzas políticas actúen dentro de los principios “de un auténtico estado social de derecho, que facilite el paso del ELN a la política legal”.

En ese sentido, destacan la importancia del reconocimiento político y jurídico al ELN por parte del Gobierno, condiciones y garantías de seguridad para el ejercicio de la política.

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“Erradicar todas formas del paramilitarismo para que no se repita, dinámicas y acciones humanitarias, cese del fuego y hostilidades de carácter bilateral hacia la generación de condiciones para la superación del conflicto armado. Ajustes institucionales y procedimientos requeridos por ambas partes para la implementación de este punto”.

El punto seis trata el tema de cómo se ejecutará cada uno de los acuerdos: “Incluirá mecanismos de control, seguimiento, verificación y ajustes que contarán con la participación de la sociedad la comunidad internacional, el Gobierno nacional y el ELN; contemplará dimensiones jurídicas, políticas, social, económica, ambiental y diplomática”.

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Para ello, habrá una participación también se la sociedad civil que validará si los mecanismos contemplados son los adecuados.

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