La Fiscalía General de la Nación confirmó un nuevo golpe a las estructuras financieras del Clan del Golfo mediante una operación conjunta con la Guardia Civil Española, Europol y la Policía Nacional, a través del grupo GRAOS II de la Dipol-Dijin. La ofensiva permitió impactar una red transnacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico hacia Europa.
De acuerdo con la delegada para las Finanzas Criminales, las investigaciones permitieron identificar un entramado de empresas fachada y movimientos financieros simulados, con los cuales se habrían blanqueado al menos 182.000 millones de pesos obtenidos del envío de cocaína desde los puertos de Turbo, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Guayaquil (Ecuador) hacia Bélgica, Francia, Holanda y España.
El esquema financiero era liderado por los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones, conocidos como 'Black Jack' y 'Marcos', junto con Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias 'Cejas'. Estos hombres coordinaban las operaciones de lavado a través de inversiones en sectores inmobiliarios, tecnológicos y de construcción, además de transacciones con billeteras virtuales y cuentas de difícil rastreo.
En Colombia, la Fiscalía capturó y judicializó a Brenda Yineth Pineda Bedoya, alias 'La Contadora', y Jimmy García Solarte, presuntos articuladores financieros de la red, quienes fueron detenidos en Medellín y Pereira. Ambos fueron presentados ante un juez de control de garantías por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.
Paralelamente, en España fueron aprehendidos los hermanos Prada Moriones y alias Cejas, en atención a notificaciones rojas de Interpol emitidas por las autoridades colombianas. Los tres están a la espera del trámite de extradición hacia Colombia, donde enfrentarán los procesos penales correspondientes.
Como parte de las medidas patrimoniales, la Fiscalía ocupó bienes avaluados en más de 53.000 millones de pesos, entre ellos 17 inmuebles rurales, 8 urbanos, 15 vehículos, 5 sociedades y 4 establecimientos de comercio ubicados en Bogotá, Cartagena y Pereira. Además, se afectaron activos por 2.200 millones de pesos con fines de comiso.
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