Investigaciones a campañas: por qué se repiten y qué diferencia el caso Petro, según la MOE

El escrutinio sobre la financiación de las campañas presidenciales en Colombia vuelve a tomar relevancia tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de imponer una sanción administrativa a directivos de la campaña de Gustavo Petro en 2022. Aunque investigaciones similares han acompañado a procesos electorales anteriores, esta vez el alcance de la indagación ha sido mayor, lo que abre un debate sobre las causas de estas reiteradas irregularidades.En conversación con Mañanas Blu 10:30 Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), explicó que las denuncias en torno a campañas presidenciales no son nuevas y suelen responder tanto a la complejidad de su financiación como a la disputa posterior entre candidaturas. “Siempre las candidaturas perdedoras tratarán de buscar algún argumento para que la electa no salga avante”, señaló, al destacar que la fiscalización se vuelve más intensa en procesos nacionales.¿Qué diferencia al caso Petro?Según Muñoz, una característica clave del caso Petro es la mayor trazabilidad en las facturas y movimientos financieros, en contraste con campañas donde han circulado recursos presuntamente ilícitos. “Aquí la trazabilidad era mucho más fácil”, afirmó, agregando que el proceso se aceleró debido a la necesidad de resolverlo antes de la fusión de movimientos políticos implicados.Además, recordó que los procesos sancionatorios del CNE caducan en tres años, por lo que esta vez hubo presión para evitar ese vencimiento.Muñoz también subrayó que la debilidad institucional persiste. “El Consejo Nacional Electoral no tiene presencia a nivel territorial”, indicó, lo que impide verificar de manera rigurosa el origen y uso de los recursos en municipios y departamentos. Esto deja el sistema dependiente de la buena fe de los candidatos, quienes reportan sus ingresos y gastos sin una verificación suficiente.Topes electorales que no reflejan la realidadEl subdirector recordó que la distancia entre los topes oficiales y los gastos reales alimenta la desconfianza. Ejemplificó con el caso de Aida Merlano: “Tenía un tope cerca de 900 millones y se encontraron gastos por encima de 11 mil millones”. Para Muñoz, esta brecha evidencia que las campañas suelen operar por fuera de los límites legales, dificultando cualquier control efectivo.Muñoz aclaró que la ley exige reportar todo tipo de ingreso, sin importar si se trata de aportes personales, donaciones, créditos o contribuciones de partidos. “Absolutamente todo tiene que ser reportado”, enfatizó, incluyendo bienes entregados en especie.¿Donación o aporte? Todo debe reportarseAl cierre, el subdirector de la MOE reiteró que el sistema ha mostrado avances, especialmente desde 2011, pero aún requiere “dientes” para garantizar controles reales y evitar que cada elección presidencial termine, nuevamente, bajo sospecha.Escuche la entrevista completa acá: