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A través de una Actuación Especial de Fiscalización realizada durante el segundo semestre de 2024, la Contraloría General de la República estableció hallazgos fiscales por $160 mil millones, por presuntas irregularidades en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, especialmente en el la adquisición y adjudicación de predios del Fondo de Tierras, para la Reforma Rural Integral.
La auditoría fue realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, abarcó el período comprendido entre el año 2022 y el 30 de abril de 2024 y se identificaron 14 hallazgos administrativos, de los cuales 10 tienen posible incidencia disciplinaria y 6 con presunto alcance fiscal.
La Contraloría General de la República dio a conocer un listado con los principales hallazgos que surgieron de la auditoría a la Agencia Nacional de Tierras.
Predios comprados con suelos inadecuados para la producción agropecuaria
Identificaron adquisiciones de predios en diferentes regiones, muchos de los cuales presentan suelos clasificados con una categoría que los hace inadecuados para cultivos y ganadería debido a severas limitaciones.
Ocupaciones ilegales de predios adquiridos
Evidenciaron que varios predios comprados para las comunidades campesinas fueron invadidos ante la falta de control y custodia adecuada. La falta de diligencia de la ANT para su recibo material genera un posible detrimento patrimonial por cuantía de $5.646 millones de pesos y un impacto social para las poblaciones sujetos de derecho de ordenamiento social de la propiedad.
En varios casos, los predios adquiridos no fueron entregados de manera oportuna, afectando la implementación de proyectos productivos en las zonas rurales. Según los datos analizados, solo el 18,5% de los predios ingresados al Fondo de Tierras han sido transferidos oficialmente y registrados en el folio de matrícula.
De los 205 predios disponibles, apenas el 12,2% fueron entregados a la población campesina, el 5,3% a comunidades indígenas y tan solo el 1% a comunidades negras. Según el ente de control, esta falta de celeridad no solo incumple las metas de la Reforma Rural Integral, sino que genera costos adicionales para la ANT por el mantenimiento de tierras ya adquiridas, pero no entregadas.
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