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Cuarenta años después de la tragedia, Armero sigue sin conocer con precisión el número de víctimas que dejó la erupción del volcán Nevado del Ruiz y que arrasó la ciudad colombiana, reconoció este miércoles la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz.
"Hoy en día desconocemos las cifras precisas del desastre", admitió Marín durante la presentación del estudio 'Armero ¿40 años de vulneración de derechos?', un informe sobre las persistentes vulneraciones de derechos humanos derivadas de aquel desastre.
La rueda de prensa se llevó a cabo en el municipio de Honda, a pocos kilómetros de las ruinas del antiguo Armero, la ciudad del departamento del Tolima que desapareció bajo una avalancha de lodo y escombros tras la erupción del Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985.
Armero estaba ubicada en el norte de ese departamento, en el valle del río Lagunilla, y fue arrasada por completo en cuestión de minutos.
La defensora recordó que la erupción provocó la muerte de unas 25.000 personas, el desplazamiento de 8.000 sobrevivientes y la separación de cerca de 500 niños de sus familias, y subrayó que "el reto de la reunificación familiar sigue siendo otra deuda pendiente".
Según el informe, la tragedia no ha concluido, pues persisten la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos en los municipios donde fueron reubicadas las familias, además de graves secuelas psicológicas y la "ausencia de atención psicosocial integral".
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"El 70 % de los sobrevivientes reconoce impactos psicológicos y más del 80 % asegura no haber recibido acompañamiento especializado", denunció Marín.
El documento advierte también que no existe un censo único ni datos consolidados sobre las ayudas otorgadas o las viviendas entregadas, y que el registro único de propietarios de Armero, previsto por ley para reconocer derechos sobre los predios destruidos, sigue inconcluso.
Marín calificó el desastre como una "herida abierta" que evidencia omisiones del Estado en la prevención del riesgo y en la reparación de las víctimas.
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"La tragedia de Armero no es un hecho concluido en el pasado, sino una problemática viviente con efectos acumulativos y estructurales", afirmó.
El informe de la Defensoría plantea además la necesidad de fortalecer la institucionalidad local para la gestión del riesgo con un enfoque de derechos humanos y de reconocer la historia de Armero como un caso de desplazamiento forzado causado por un desastre natural.
"Las pérdidas no solo fueron materiales, económicas y culturales, sino de vidas humanas, de familias rotas y de una memoria colectiva que aún busca reconstruirse", concluyó Marín.
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