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La Contraloría General de la República lanzó una alerta grave sobre la situación de acceso a servicios básicos en Colombia, donde más de 5 millones de personas carecen de agua potable, cerca de 12,5 millones no cuentan con alcantarillado sanitario y 8,6 millones no tienen servicio de recolección de basuras. Estos datos, presentados durante el Foro 30 años de la Ley 142, revelan un panorama desalentador en materia de desigualdad en agua y saneamiento básico en algunas zonas, especialmente rurales, del territorio nacional.
La cobertura del acueducto urbano ha aumentado solo un 3,2 % entre 1993 y 2024, mientras que el alcantarillado ha crecido un 11,8 % y la recolección de basuras un 16,1 %. Sin embargo, la brecha urbano-rural sigue siendo abismal, con un 36% de diferencia en acueducto, 78,4 % en alcantarillado y 67,5 % en aseo.
La situación es especialmente crítica en la Amazonía, donde la cobertura de acueducto apenas alcanza el 46,8 %, en contraste con el 93,6 % en la Región Andina. Esta inequidad territorial es una de las principales deficiencias identificadas por la Contraloría.
Frente a este escenario en el que ya se presentas grandes brechas de desigualdad, llega la reducción presupuestal para 2026, que se convierte en otro motivo de preocupación. El presupuesto general de la nación 2026 contempla una disminución del 53 % en los recursos de inversión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio destinados a agua, saneamiento y gestión integral de residuos. Esto representa una caída de 800.000 millones de pesos.
El 60 % de los proyectos que se generan de saneamiento, agua potable y alcantarillado tienen retrasos por problemas de planeación y de desfinanciación. A septiembre de 2025, el Ministerio de Vivienda solo había ejecutado el 23 % de su inversión, y el 22 % para el componente de agua, saneamiento y basura cero. Lo que afecta directamente la capacidad institucional para garantizar cobertura, continuidad y calidad en los servicios públicos.
La Contraloría ha realizado un seguimiento riguroso a los recursos del Sistema General de Participaciones, los Planes Departamentales de Agua y el Sistema General de Regalías. Los resultados son preocupantes para la prestación de diferentes servicios: solo el 39 % de las plantas de tratamiento de aguas residuales opera efectivamente, y se han identificado hallazgos fiscales por más de $443.232 millones.
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