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A seis semanas de que termine el año, la Contraloría General de la República lanzó una advertencia sobre los riesgos fiscales y jurídicos que enfrenta el Estado por la falta de pago del reajuste a la bonificación de 59.000 servidores judiciales, un derecho establecido desde 2013 y que, para 2025, aún no ha sido actualizado.
La delegada para el sector Justicia alertó que el Gobierno nacional no ha expedido el decreto que fija el reajuste anual, pese a que han transcurrido once meses. Esa omisión ha impedido que los funcionarios reciban su salario completo, pues la bonificación, creada por el Decreto 383 de 2013, debe actualizarse cada año con base en el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La falta de este ajuste, señala el organismo de control, afecta directamente los derechos salariales y prestacionales de los empleados de la rama judicial, quienes pueden acudir a reclamaciones administrativas, demandas o tutelas “ya sea por constitución de pasivos por el retroactivo y presiones sobre las apropiaciones de gasto de personal vigentes y el reajuste en los pagos de parafiscales y del sistema general de seguridad social”.
Asimismo, distintas entidades del sector justicia han solicitado en repetidas ocasiones al Ministerio de Hacienda y al Gobierno nacional que definan el reajuste y dispongan los recursos necesarios para iniciar los trámites administrativos y financieros que permitan pagar la deuda acumulada.
La Contraloría advirtió que la no expedición oportuna del decreto puede generar pasivos contingentes y ciertos, pues la acumulación de una obligación económica no reconocida durante todo el año podría obligar al Estado a asumir pagos retroactivos elevados, afectando el equilibrio presupuestal de vigencias futuras.
Desde el enfoque del control fiscal, esta situación implica un riesgo de gestión de pasivos no revelados oportunamente en los estados financieros, lo que afecta la transparencia y precisión del reporte contable del sector público.
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El eventual pago retroactivo también ejercería presión sobre las apropiaciones del gasto de personal. Una vez se expida el decreto, las entidades deberán reconocer y cancelar la bonificación acumulada, lo que requeriría recursos adicionales y podría significar un incumplimiento de los principios de planeación y anualidad presupuestal definidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Leyes 38 de 1989 y 179 de 1994).
A esto se suma un impacto al principio de sostenibilidad fiscal, dado que la acumulación de obligaciones no reconocidas crea una brecha entre lo presupuestado y las obligaciones reales, poniendo en riesgo las metas de gasto público e incluso afectando la regla fiscal aplicable al sector.
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