A la Secretaría de la Comisión Séptima del Senado fue entregado en la mañana de este miércoles por parte del Ministerio de Hacienda un documento de análisis macroeconómico y de impacto fiscal del proyecto de reforma laboral que iniciará su tercer debate en esta célula legislativa.
El documento de apoyo a la iniciativa señala que "los beneficios económicos derivados de una mejora en las condiciones del mercado laboral producto de la reforma compensarían los costos fiscales potenciales".
Inicialmente, el documento señala que "la propuestas del proyecto de ley no tendrían injerencia directa sobre los gastos del personal financiado a través del Presupuesto General de la Nación (PGN)", pero habla de varios artículos que podrían tener impacto fiscal pero no determina el costo y que esta dependerá de la reglamentación de la reforma.
Frente a algunos artículos como el que establece una remuneración económica mensual a los estudiantes de medicina que realicen su internado médico, y que será financiada con recursos de la ADRES, el MinHacienda señala que “su implementación representaría un costo anual estimado entre de $149.466 y $233.664 millones de pesos, a precios de 2025”.
“Este ministerio se permite señalar que los costos fiscales de la presente iniciativa, en la medida que se sujeten a las disponibilidades presupuestales de cada sector y entidad ejecutora cumplen con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003”, finaliza el documento.
“Este no es un aval fiscal”: presidenta del Comisión Séptima
Ante la presentación de este documento, la senadora conservadora y presidenta de la Comisión Séptima, Nadia Blel Scaff, señaló que lo entregado por el Gobierno no constituye el requisito de aval fiscal que establece la ley y la Constitución.
“Un aval fiscal, primero, debe establecer claramente las fuentes de financiación. Y nosotros vemos con gran preocupación que desde ese mismo aval fiscal supeditan el respaldo económico de este proyecto de reforma al recaudo, y hemos visto cómo ha caído el recaudo en los últimos años; y también lo supeditan a la disponibilidad presupuestal de las entidades y muchas están en déficit. Por lo tanto, ese documento no es un aval fiscal como lo establece la ley”, sostuvo la senadora Blel Scaff.
Por su parte, la senadora del Partido de la U, Norma Hurtado, señaló que aunque se mantiene en su ponencia alternativa, el documento es un “concepto” no un “aval”.
“Más que avales, son conceptos. Más que aval fiscal, son conceptos. Así se trabajó la reforma pensional, así se trabajó la reforma a la salud, y ahora vemos que la reforma laboral también. No lo hemos terminado de leer, acaba de llegar. Y creo que los colombianos merecen conocer que esa reforma laboral que garantiza tantos derechos para un millón cuatrocientos mil colombianos, pues el aval fiscal salió más un concepto”, señaló Hurtado.
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