La Procuraduría pidió al alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, cumplir con la suspensión de la cabalgata San Juanera prevista para las fiestas del folclor, ordenada por el Tribunal Administrativo del Tolima. La petición del Ministerio Público obedece a la falta de reglamentación clara y precisa por parte del municipio de Ibagué.
La capital de Tolima realiza la versión 49 del Festival Folclórico Colombiano del 15 junio al 2 julio, el evento cultural más grande del centro del país, para este 2023 contará con cerca de 80 eventos que son gratuitos, entre los que se incluyen conciertos, desfiles, ferias, encuentros artísticos, danza y mucho folclor.
Desde el pasado 11 de junio se generó una gran polémica e incluso afirmaciones malintencionadas en Ibagué cuando un fallo del Tribunal Administrativo del Tolima, calendado el 8 de junio, en el que se ordena a la Alcaldía de Ibagué abstenerse de realizar los tradicionales desfiles en el marco del Festival Folclórico Colombiano, por la carrera quinta y la realización de la cabalgata San Juanera del 25 de junio, acogiendo los argumentos del abogado ambientalista Juan Felipe Rodríguez.
Para el día 13 de junio, el alcalde de la cuidad en rueda de prensa se pronunció y dijo que el evento, a través de un decreto, se reglamentó como lo estipula la ley, esperando que el magistrado haga la respectiva revisión dentro de los términos de tiempo, certificando que se cumplen con todos los protocolos de seguridad tanto para los equinos, como para jinetes y asistentes al espectáculo, "Esperamos que la revisión del nuevo decreto que realice el honorable magistrado se desarrolle antes del 25 de junio o de lo contrario tocaría correr la fecha del evento, ya que dicha determinación no depende de la Administración Local", dijo Andrés Fabián Hurtado Barrera.
De igual manera Andrés García, a vicepresidente de la Asociación de Caballistas del Tolima Asocatol, hizo referencia al impacto económico de muchas familias. "Tengamos en cuenta que todas estas personas hicieron una compra para tener los insumos y venderle a los caballistas y expectantes y faltando cinco días tengamos este inconveniente, es un descalabro económico grandísimo para la ciudad, hoteles, gastronomía y pequeños transportadores, herreros, veterinarios y sus familias", afirmó
El pronunciamiento de La Procuraduría
Procuraduría pidió al alcalde de Ibagué cumplir con la suspensión de la cabalgata prevista para las fiestas del folclor, ordenada por el Tribunal Administrativo del Tolima.
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La petición del Ministerio Público obedece a la falta de reglamentación clara y precisa por parte del municipio de Ibagué.
La Procuraduría General de la Nación instó al alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, a cumplir la medida cautelar ordenada por el Tribunal Administrativo del Tolima de suspender la cabalgata del próximo 25 de junio de 2023 por falta de reglamentación clara y precisa por parte del municipio de Ibagué.
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La orden judicial establece la suspensión del evento programado en el marco de las fiestas del folclor hasta tanto se garantice la expedición de un acto administrativo, previo el cumplimiento de unos requisitos ambientales, técnicos y logísticos que no fueron satisfechos con la reglamentación exprés que expidió la administración municipal.
El ente de control solicitó asegurar la participación ciudadana para garantizar al público asistente el acceso a información completa y precisa sobre el proyecto de regulación de la cabalgata como una manifestación de la identidad cultural propia de los tolimenses, otorgando un plazo razonable de intervención, en desarrollo de los principios de participación, transparencia y publicidad que deben guiar la actuación administrativa.
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Al respecto, señaló la Procuraduría que los diferentes grupos interesados pueden aportar insumos para la construcción de una reglamentación integral de aspectos como la protección de la salud y vida los equinos participantes, la salvaguarda de la salud y la vida de los jinetes y de los espectadores de la cabalgata, y el desarrollo de una política de prevención para evitar la generación de daños que puedan ser atribuidos al ente territorial.
Por último, el ente de control manifestó en su escrito que esta actuación se inició en ejercicio de las funciones asignadas a la Procuraduría General de la Nación de vigilar el cumplimento de las decisiones judiciales, así como proteger los derechos e intereses colectivos y de la sociedad.
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