Como una persecución política calificó el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, la decisión de la Fiscalía de imputarle cargos por presuntos hechos de corrupción en el contrato de consultoría que tenía como objetivo la elaboración y evaluación técnico-ambiental, financiera y jurídica para la implementación de las nuevas tecnologías en el sitio de disposición de residuos en El Carrasco, en medio del escándalo conocido como Vitalogic.
El exalcalde afirmó que el procurador general de la Nación está presionando a la Fiscalía para que lo envíen a la cárcel.
“Tengo información que el procurador estuvo a principios de enero en la Fiscalía, pidiéndole al fiscal general de la Nación encargado a que me meta en la cárcel. Es un sinvergüenza, un descarado, como yo voy a ser competidor de él (candidato presidencial) pretende sacarme por la puerta de atrás, o asustarme, pero no me susto, no me les arrodillo, mi alma está limpia, por eso no tengo ningún miedo”, aseveró Rodolfo Hernández.
El empresario y político dijo que no le teme ir a la Fiscalía a responder por el presunto delito de celebración indebida de contratos sin los requisitos legales por el caso Vitalogic.
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“Estoy tranquilo, todavía sigue la politiquería encabezada por el carga maletas del procurador general de la Nación mirando a ver cómo me meten a la cárcel (…) que saquen a ver que delito cometí, esos son encaramapendejos, no me he robado ni un centavo”, manifestó el polémico exalcalde.
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Luis Carlos Hernández, hijo de Hernández, también fue llamado a la audiencia de imputación de cargos el 7 de febrero, donde deberá responder por el delito de tráfico de influencias en persona particular tras haber firmado un contrato de corretaje para lograr que la empresa Vitalogic se quedara con el negocio del manejo de la nueva tecnología para la disposición de basuras en El Carrasco.
Se conoció, además, que el Juzgado 10 Penal del Circuito de Bucaramanga programó audiencia de acusación para el 23 de abril de 2020 contra el exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Jose Manuel Barrera, el contratista de la Emab, Jorge Alarcón y EL jefe de disposición final de la Emab, Rubén Amaya.
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