Un informe de inteligencia militar permitió destapar a dos poderosos narcotraficantes que, desde las sombras, estarían detrás de la operación criminal de las estructuras ‘Carlos Patiño’ y ‘Martín Villa’, brazos armados de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Se trata de alias ‘Cheli’ y alias ‘Toro’, de 35 y 40 años respectivamente, dos hombres oriundos del norte del Cauca que comenzaron en el negocio de la marihuana y hoy manejan complejas redes de tráfico internacional de cocaína.¿A dónde envían droga estos capos?El informe señala que estos dos capos envían mensualmente más de cinco toneladas de droga hacia Centroamérica, con cargamentos que tienen como principales compradores al Cártel de Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa. Recientemente, también se detectaron despachos menores hacia la Nueva Familia Michoacana, organización que atraviesa un proceso de reacomodo en México y que ha encontrado en la cocaína colombiana un salvavidas para sostener su aparato criminal.La riqueza de ‘Cheli’ y ‘Toro’, amasada durante más de una década en el narcotráfico, ha sido invertida a través de testaferros en fincas, balnearios, ganadería, apartamentos y vehículos de carga, lo que les ha permitido lavar capitales y mantenerse en la clandestinidad. Parte de esas fortunas financian directamente a las disidencias: proveen fusiles M16, Tavor, AK-47, explosivos, municiones y equipos de comunicaciones, además de dinero en efectivo para sostener operaciones armadas.¿Qué negocio tienen con estructuras de 'Iván Mordisco?A cambio, la ‘Carlos Patiño’ en el Cauca y la ‘Martín Villa’ en el Meta deben garantizar la protección de cultivos ilícitos, cristalizaderos y rutas del narcotráfico que permiten sacar la cocaína hacia el exterior. Este engranaje asegura dividendos millonarios para ambas partes, consolidando un pacto criminal que refuerza el poder de alias ‘Iván Mordisco’ en regiones estratégicas.Las investigaciones también revelaron que ‘Cheli’ y Toro mantenían negocios con alias ‘Kevin’, segundo cabecilla de la ‘Carlos Patiño’, quien se entregó a las autoridades en agosto pasado en zona rural de El Estrecho, Cauca. Sin embargo, los dos narcos lograron evadir operativos recientes gracias a una amplia red de informantes dentro de la población civil, que los alerta cada vez que la fuerza pública inicia movimientos en sus corredores de movilidad.Aunque las autoridades cuentan con fotografías y huellas dactilares de ambos, sus nombres aún no han podido ser confirmados. Aun así, quedaron rastros en trámites notariales realizados con identidades falsas, los cuales ya fueron detectados y están siendo rastreados por la Dijín y el Ejército.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó directamente al Gobierno nacional del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y de las condiciones que permitieron el ataque de las disidencias de las Farc en Amalfi, Antioquia, que dejó varios uniformados muertos y heridos.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, el mandatario lamentó la lentitud en la reacción del Estado frente al hostigamiento. “A las 11:30 de la mañana ya teníamos un saldo lamentable de seis uniformados muertos y otro tanto heridos. Y no puede ser que 30 bandidos hayan puesto en jaque casi durante 24 horas a la institucionalidad en su conjunto”, afirmó.Rendón aclaró que su crítica no es contra la Policía ni contra los soldados, sino contra el Gobierno. “Es una falta de determinación del Gobierno nacional, de una conducción eficiente de las capacidades en su conjunto”, aseguró.¿Fracasó política de paz total?El gobernador señaló que la política de paz total ha fortalecido a las estructuras criminales en Antioquia. “Por cuenta de esa política equívoca de Petro, las disidencias Farc han crecido en Antioquia un 70 %, el Clan del Golfo un 60 %. Municipios que habían sido declarados libres de coca hoy son de nuevo enclaves cocaleros”, indicó.A esto se suma, según Rendón, la bonanza del oro ilegal. “Todo eso ha engrosado las rentas criminales, que los tienen estrenando uniformes riquísimos con tecnología como esta que pusieron infortunadamente ayer, al servicio del terror y con la que no cuenta la fuerza pública”, denunció.¿Qué pasa con los recursos para la fuerza pública?Uno de los señalamientos más fuertes del mandatario fue contra la reducción de inversión en seguridad. “¿Cómo se explica usted que una brigada como la Cuarta en Antioquia, que tiene bajo su jurisdicción más de 90 municipios, este año haya recibido apenas 32 millones de pesos para inversión? Con eso no tanquea ni los vehículos de un pelotón ni las motocicletas en un par de meses”, dijo.Rendón comparó esa cifra con el esfuerzo que hizo su administración para imponer la tasa de seguridad y recaudar un billón de pesos. “No lo hacíamos por capricho, sino porque entendíamos la precariedad dotacional, de infraestructura, de equipamiento en la que estaban soldados y policías. El Gobierno nacional desmanteló la capacidad de inversión que debía tener rutinariamente la fuerza pública”, aseguró.El gobernador agregó que “lo único que llega oportunamente a soldados y policías es su salario”, y denunció que buena parte de los helicópteros Black Hawk están en tierra por falta de mantenimiento.Rendón también criticó la liberación de jefes de las disidencias bajo la figura de “gestores de paz”. Recordó la captura de alias Calarcá y otros cabecillas en Barbosa, Antioquia, en 2023, quienes posteriormente fueron liberados. “Petro y su fiscal de bolsillo, la fiscal Camargo, los declararon gestores de paz y los liberaron. ¿Qué le puede quedar en el corazón a un soldado o un policía cuando recuerda eso?”, cuestionó.Para el mandatario, esas decisiones equivocadas hoy tienen consecuencias en departamentos como Valle y Antioquia. “Cuánto dolor nos hubiésemos evitado si ese criminal estuviera tras las rejas”, afirmó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, advirtió tras el atentado con carro bomba ocurrido en la ciudad que lo sucedido no puede verse como un hecho aislado, sino como una amenaza que puede expandirse a otras regiones de Colombia si no hay una respuesta rápida y contundente de las autoridades nacionales.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, Eder explicó que la situación en Cali es “estable”, con presencia permanente del ministro de Defensa y de la cúpula militar, quienes permanecen en la capital del Valle del Cauca para coordinar las acciones tras la emergencia.El mandatario confirmó que en las próximas horas se pondrá en marcha un Puesto de Mando Unificado permanente entre la Nación, la Alcaldía, la Gobernación y la fuerza pública con el objetivo de recuperar la zona de Jamundí.“Venimos advirtiendo desde hace 20 meses que Jamundí es la principal amenaza para Cali. Es inaceptable tener 2.000 hectáreas de coca a 15 kilómetros de la Universidad del Valle. Eso es como si en Bogotá estuvieran sembradas al lado de la Universidad de La Sabana”, señaló Eder.¿Cuál era el objetivo del atentado en Cali?El alcalde fue enfático en que el ataque con carro bomba buscaba causar una masacre. “Uno no pone un camión bomba a las 2:50 de la tarde por la carrera Octava, que es una calle principal de Cali que tiene trancón a esa hora, si no es para matar. Querían asesinar, querían sembrar terror”, afirmó.Sobre el segundo vehículo cargado con explosivos que no estalló, explicó que se trató de una falla de los atacantes. “Gracias a Dios no explotó, pero no quiero decir que por chambones. Son grupos de traquetos que están aprendiendo, pero que tienen que ser atendidos ya porque su objetivo es asesinar colombianos y reclutar niños en barrios marginados”, agregó.Eder reconoció que la fuerza pública mantiene su profesionalismo, pero insistió en que enfrenta limitaciones de recursos. “La capacidad de inteligencia que teníamos hace algunos años, la que permitió operaciones como Jaque o la caída de Cano, hoy está desfinanciada. Se han recortado hasta en un 30 % los recursos para seguridad, afectando capacidades estratégicas como la aérea. Eso es lo que se debe recuperar”, indicó.El mandatario aseguró que desde la Alcaldía se han duplicado los recursos de seguridad, al igual que en otras ciudades del país, pero recalcó que los municipios no tienen cómo financiar inteligencia, helicópteros ni aumentar pie de fuerza. “Eso lo debe hacer el Gobierno nacional”, sostuvo.El alcalde comparó a los actuales disidentes con los exguerrilleros con los que alguna vez negoció en La Habana. Recordó la captura de alias 'Sebastián', uno de los responsables del ataque, a quien describió como un joven que tenía brackets. “En más de una década nunca vi un desmovilizado con frenos. Eso quiere decir que tienen tiempo y comodidad para entrar a la ciudad y hacerse ese tipo de procedimientos. Estos no son guerrilleros, son delincuentes traquetos”, señaló.¿Cómo frenar el terrorismo en Cali?Eder insistió en que no se debe hablar de paz con estos grupos. “Con esta gente no hay nada que hablar, son delincuentes. Se puede hablar de sometimiento a la justicia, pero lo más importante ahora es empoderar a la fuerza pública para que recobre el control territorial”, dijo.El mandatario reiteró que lo ocurrido en Cali no es solo un problema local. “Esto no es aceptable para los caleños y no puede ser aceptable para Colombia, porque ese deterioro se está viviendo en todo el país. Si no hay un actuar contundente y rápido, lo que estamos viviendo aquí próximamente se vivirá en otras ciudades e intermedias de Colombia”, advirtió.Finalmente, valoró que el presidente Gustavo Petro calificara a estos grupos como “organizaciones terroristas” y que diera instrucciones claras para recuperar el territorio. “Ese es un paso importante, pero ahora necesitamos que se materialicen los recursos y se ejecute lo acordado. Aquí está en juego la vida de los caleños y de todos los colombianos”, concluyó.Escuche la entrevista completa en el audio completo:
Las comunidades rurales del sur de Bolívar emitieron una alerta a las autoridades denunciado constantes amenazas, desplazamientos y enfrentamientos armados como consecuencia de la presencia de criminales del ELN y el Clan del Golfo que se disputan el control del territorio, los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico.En respuesta a este llamado ciudadano, el Ejército, a través de la Brigada 19 y la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9, desplegó una ofensiva militar para contrarrestar la expansión y el accionar de estos grupos ilegales.Cabecillas ELNUno de los principales objetivos de esta operación son los cabecillas del frente de Guerra ‘Darío Ramírez Castro’ del ELN, quienes han impuesto el terror en la zona. Se trata de Jesús Navarro Robles, alias ‘Omar’ o ‘Casinga’, máximo jefe de esta estructura. Bajo su mando se han ordenado ataques armados y hostigamientos contra tropas del Ejército, así como acciones de intimidación a pobladores en la serranía de San Lucas.Le sigue alias ‘Ernesto’, líder de la subregión Sur-Norte del mismo frente, señalado como autor de múltiples atentados contra la fuerza pública y la comunidad. Según inteligencia militar, este cabecilla dirige a sus hombres desde las zonas altas de la serranía, donde ha instalado campamentos para coordinar emboscadas y amedrentamientos.Otro de los hombres más buscados por las autoridades es alias ‘Harold’, responsable de operar la Compañía Tito Marín, y quien ha introducido el uso de drones con explosivos como forma de ataque a las tropas en terreno, generando preocupación por la capacidad tecnológica y el poder destructivo que ha adquirido la estructura criminal bajo su mando.Cabecillas Clan del GolfoPero la amenaza no termina ahí. En paralelo al accionar criminal del ELN, el Clan del Golfo también tiene fuerte presencia en esta región. Al mando de la estructura ‘Arístides Mesa Páez’, aparece Roineiro David Jiménez, conocido como alias ‘Jefferson’, un hombre que es considerado uno de los jefes más violentos de esa organización en el sur de Bolívar, con un largo prontuario por extorsión, tráfico de armas y coordinación de redes criminales en zona rural.A su lado delinque Luis Alberto Henao Cardozo, alias ‘Bejuco’, cabecilla de la subestructura ‘Euclides Arley Pérez Góez’, quien ha liderado enfrentamientos directos contra el ELN en la Serranía del Guamocho, buscando ampliar su dominio y controlar corredores estratégicos para el transporte de cocaína. Completa la cúpula alias ‘Piña’, jefe de la subestructura ‘Erlín Pino Duarte’, también implicado en homicidios selectivos y alianzas con redes ilegales para sostener el poder territorial de su grupo.La confrontación entre estos grupos armados deja a las comunidades rurales atrapadas en medio del fuego cruzado, por lo que el objetivo de la operación militar en curso es neutralizar las capacidades criminales de estas estructuras, impedir que continúen expandiéndose y garantizar la seguridad de miles de familias afectadas por años de abandono estatal y violencia sistemática.Las tropas del Ejército intensificaron patrullajes, aseguramiento de veredas, instalación de puntos de control y ofensivas en áreas montañosas de difícil acceso. Además, se reforzó la inteligencia en coordinación con la Fiscalía y otras autoridades, buscando golpear las finanzas y las redes de apoyo de estos grupos, al tiempo que se brinda protección a líderes sociales y campesinos que han sido amenazados por denunciar.
Dos audios revelados por inteligencia militar confirman que las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ estarían obligando a campesinos e indígenas Nukak a participar en el bloqueo del puente Nowen, la vía que desde hace más de una semana mantiene incomunicado al departamento del Guaviare con el Meta.En las grabaciones, cuyos emisores transmiten órdenes bajo amenaza, se evidencia cómo las comunidades son presionadas para aumentar su presencia en el punto de bloqueo, incluso ante un eventual choque directo con la Fuerza Pública. Los audios circularon entre veredas rurales, reforzando el ambiente de miedo que ya había sido documentado por inteligencia: visitas nocturnas de hombres armados, listas por finca y advertencias de represalias para quienes no se unan a la protesta.En el primer audio, una voz masculina informa que la situación “se ha puesto más pesada” y que ya no basta con la asistencia inicial, por lo que la instrucción es clara. “Se necesita que salga más gente. Yo no me voy a poner a estar nombrando que venga usted, que venga el otro, porque ya la situación se salió de las manos. Entonces, el que no venga, uno por finca, por casa, que atengan a sus consecuencias".La amenaza directa coincide con lo que la Fuerza Pública ha venido documentando: hombres en motocicleta, armados con pistolas, recorriendo fincas y asentamientos Nukak para exigir presencia obligatoria en el bloqueo. Las fuentes oficiales aseguran que quienes no han querido asistir han recibido disparos cerca de sus viviendas o panfletos intimidatorios.El segundo audio alerta sobre un posible choque con el Ejército. El mensaje asegura que ya no habrá paso vehicular cada dos o tres horas, como inicialmente se estaba permitiendo, porque llegó una nueva orden: cerrar completamente la vía.La voz del hombre que transmite la instrucción es explícita: “La orden es que sí o sí toca cerrar la vía… mañana vamos a entrar en confrontamiento con ellos, porque van a querer abrir la vía para dejar paso, y, pues, la orden es que no nos podemos dejar sacar”.Más adelante, insiste en que la orden proviene de actores armados ilegales: “No es mentira… es una orden que viene directa de, pues, de ya sabemos quiénes. Los que no quieran meterse en problemas más adelante… puede que tomen represalias contra las personas que no vengan. Ya queda en la conciencia de cada quien”, agrega.De acuerdo con inteligencia militar, la presión de estos grupos no busca reivindicaciones sociales, sino expulsar la base militar ubicada en el Cerro Macusito, instalada desde 2007 y considerada clave para cortar rutas utilizadas por las disidencias para el narcotráfico, tráfico de armas y extorsión.Un reporte de inteligencia advierte que se han podido establecer situaciones muy delicadas respecto a las verdaderas razones ocultas alrededor de la protesta. La narrativa pública que intenta justificar el retiro de la base, según la cual afecta la espiritualidad de los Nukak, no tiene sustento. “Esa dificultad nunca ha existido. La base está fuera de las zonas habitadas por los Nukak”, explicaron fuentes oficiales.
La movilidad en Bogotá volvió a verse afectada tras un siniestro que generó una fuerte congestión en el sur de la ciudad, específicamente en el sector conocido como la Y de Yomasa, en la localidad de Usme.Según las autoridades, las molestias en la zona comenzaron luego de que un camión que se desplazaba por la avenida Boyacá habría quedado sin frenos y terminó llevándose por delante a un vehículo particular. El Chevrolet Spark gris quedó totalmente destruido en su parte delantera tras el impacto.Pese al choque inicial, el camión continuó su recorrido y también alcanzó a una motocicleta, cuyo conductor sobrevivió de manera milagrosa. En uno de los videos que circula en redes, se observa al motociclista intentando gatear tras el fuerte golpe. Lamentablemente, un peatón que transitaba por la zona fue arrollado y perdió la vida de manera inmediata en el lugar.En este momento, autoridades de tránsito y equipos de emergencia permanecen en el punto. Tanto el conductor del carro particular como el motociclista resultaron heridos y están siendo atendidos. Además, unidades de criminalística adelantan el levantamiento del cuerpo del peatón y recopilan información para esclarecer lo ocurrido este miércoles 10 de diciembre de 2025.En cuanto al servicio de alimentadores del Portal Usme, este se encuentra suspendido. La situación ha generado un fuerte trancón que afecta la avenida Caracas y la avenida Boyacá en ambos sentidos, complicando aún más la movilidad para cientos de conductores.Movilidad Bogotá Yomasa: recomendaciones para los usuariosDesde la cuenta oficial de Movilidad Bogotá en X, se informó que el Grupo Guía, los Agentes Civiles y los equipos de emergencia ya atienden la situación en la Y de Yomasa. La entidad recomendó a los conductores y peatones transitar con precaución, atender las indicaciones del personal en la vía y, de ser posible, tomar rutas alternas mientras avanzan las labores de atención del siniestro.Accidente en Yomasa Bogotá: congestión y afectaciones vialesLa suspensión temporal del servicio de alimentadores y la presencia de autoridades en la zona han generado un considerable represamiento de vehículos. Por ahora, se espera que la movilidad mejore una vez finalicen los procedimientos de criminalística y se retire el camión involucrado en el siniestro.
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, habría salido de Venezuela en una operación de alto secreto, viajando en una embarcación o bote con destino a Curazao, según reportes recientes del diario Wall Street Journal. Este desplazamiento, que ocurrió presuntamente el martes pasado, se presume como un escape del país para poder llegar a Noruega, posiblemente Oslo, en un contexto relacionado con el premio Nobel de la Paz.El Wall Street Journal basa esta información en una fuente directa: un funcionario de la administración de los Estados Unidos. De confirmarse, esta salida desmentiría las sugerencias del régimen de Nicolás Maduro de que Machado ya no se encontraba en territorio venezolano.Operativo secreto con presunto respaldo de EEUUEl viaje de Machado fue catalogado como "secreto", manteniéndose así para evitar torpedear el desplazamiento de la líder opositora. Aunque los detalles de la operación no han sido compartidos, el hecho de que la información provenga de una fuente gubernamental de los Estados Unidos sugiere que la administración estaba enterada y que pudo haber existido algún tipo de asistencia o seguimiento.La experiencia de Estados Unidos asistiendo la salida de figuras de la oposición venezolana ya tiene precedentes, como fue el caso del conocido grupo de las guacamayas, cuya partida fue descrita en su momento como una "operación precisa". Además, el mar Caribe está fuertemente vigilado por Estados Unidos, lo que hace suponer que cualquier movimiento de una lancha es conocido. Esta suposición se refuerza dado que la fuente que confirma la información es del gobierno estadounidense.De Caracas al CaribeLa salida de Machado confirma que estaba en Venezuela, posiblemente en la clandestinidad, y que su movimiento hasta la costa requirió una compleja logística. El operativo, calificado como de "película," implicó moverse por tierra desde Caracas hasta una zona costera para abordar la embarcación.Si Machado se encontraba en Caracas, la ruta más corta por tierra era hacia la costa del estado La Guaira, a unos 30 minutos de la capital, aunque la distancia marítima desde allí hasta Curazao es mayor, estimándose en unas 50 millas náuticas. Otra opción era el estado Falcón, el punto más cercano a Curazao (unas 30 millas náuticas), pero que implica un recorrido terrestre mucho más largo, de unas 4 o 5 horas por carretera desde Caracas.Escuche aquí la entrevista:
En medio de una operación ofensiva en el sector La Casona, vereda Montañita, en Valledupar, Cesar, tropas del Batallón de Ingenieros N.º 70 de la Décima Brigada del Ejército sostuvieron fuertes enfrentamientos contra integrantes del Clan del Golfo. El resultado, según confirmó la institución, la muerte en desarrollo de operaciones militares de un miembro de la Subestructura Francisco José Morelo Peñate y la captura de dos más.De acuerdo con el Ejército, uno de los capturados habría resultado herido durante el combate y, al parecer, sería cabecilla de zona dentro de esta estructura criminal. El hombre recibió primeros auxilios por parte de los enfermeros de combate y luego fue trasladado a un centro médico del departamento, donde permanece bajo custodia y fue puesto a disposición de las autoridades competentes.En la zona de operaciones, los soldados incautaron un significativo arsenal: dos fusiles AK-47, una pistola con su proveedor, seis escopetas, munición de diversos calibres, diez proveedores para fusil y tres equipos de campaña. Según la institución, este material era empleado para intimidar a la población y apoyar las economías ilícitas del Clan del Golfo en esta región del Cesar.Este resultado se suma, según el Ejército, a las más de 18 capturas realizadas por la Décima Brigada en los últimos diez días en Valledupar. La unidad militar reiteró que continuará con operaciones permanentes para desarticular los grupos que afectan la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) indicó que los procesos de licenciamiento para proyectos de energía renovable en La Guajira avanzan dentro de los tiempos establecidos y negó que existan retrasos, como lo afirmó la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez. La entidad señaló que dichas afirmaciones “no se ajustan a los hechos verificados”.De acuerdo con la Anla, en este departamento ya fueron aprobados tres proyectos eólicos durante el actual gobierno: el Proyecto Eólico EO200i (224 MW), el Parque Eólico Trupillo (100 MW) y los Parques Eólicos Las Camelias (436,6 MW), que suman 760 MW y hacen parte de los 2500 MW licenciados en la zona. La entidad añadió que, aunque algunos proyectos han requerido suspensiones por procesos de consulta previa, se han implementado mecanismos como el Comité Tripartito de La Guajira para garantizar el acompañamiento interinstitucional y los derechos de las comunidades.La autoridad ambiental resaltó que ha fortalecido su capacidad institucional para apoyar la Transición Energética Justa. Entre estos cambios se encuentra la creación del Grupo de Transición Energética Justa mediante la Resolución 968 de 2025 y la expedición de los decretos LaSolar y LaEólica, orientados a agilizar los tiempos de evaluación.Según la Anla, estas acciones han contribuido a incrementar el número de licencias otorgadas y a cumplir con una “oportunidad de respuesta del 100 % dentro de los tiempos legales” en los proyectos del sector energético.Frente a las declaraciones de Acolgen, la entidad calificó como “desafortunado” el desconocimiento del proceso de licenciamiento y solicitó la “revisión y rectificación” de la información, al considerar que puede generar percepciones erróneas.
El país vivió en relativa calma otra jornada de paro nacional que ya completa 16 días. De las 170 movilizaciones registradas por las autoridades en 11 fue necesaria la intervención de las autoridades. El balance lo entregó el ministro de Defensa, Diego Molano. De acuerdo con el Gobierno, el Esmad se activó en ciudades como Popayán, Pasto, Neiva, Medellín, Barranquilla, Pereira y Bogotá, donde al final de la jornada se presentaron enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Bogotá volvió a ser epicentro enfrentamientos en el sector del Portal Américas, Usme y el monumento a Los Héroes en donde cerca de 8.000 personas se concentraron para manifestarse. En este último sector, en inmediaciones de la calle 80 con autopista Norte, hubo enfrentamientos con la Policía, al parecer, protagonizados por personas en estado de ebriedad.En la capital del país, un patrullero fue agredido, al parecer, con una sustancia química que le afectó los ojos. El uniformado pero se encuentra estable y en proceso de recuperación.En total, en Bogotá se registraron 44 eventos entre marchas, plantones y manifestaciones. Se estima que unas 33.000 personas salieron a manifestarse en las calles de la ciudad.Hubo bloqueos en la vía al Llano. De acuerdo con los reportes, el corte de vías se produjo en el kilómetro 85, en el sector Llano Lindo, donde manifestantes impidieron el paso en las dos calzadas. En el kilómetro 42, sector de Puente Quetame, continúa el cierre total. En Cundinamarca, el gobernador Nicolás García denunció en Twitter que el CAI del barrio Serrezuelita en Funza fue incendiado. Además, manifestantes se tomaron la vía que conecta a esta población con Mosquera. El vandalismo y los saqueos empañaron las movilizaciones en Neiva, donde encapuchados incendiaron una buseta y un CAI. En la capital huilense, hubo ataques a la sede de la Alcaldía. Un hombre que disparó a la multitud fue grabado en video. En Pasto, los ataques se concentraron en el centro de la ciudad en donde por lo menos una sede bancaria fue vandalizada y varios edificios públicos resultaron afectados. En Barranquilla y Pereira, ciudades donde anoche hubo fútbol internacional, los manifestantes intentaron impedir que estos compromisos de la Conmebol se llevaran a cabo. En Cali, de los seis bloqueos a vías de acceso solo quedan dos por resolver. En Bucaramanga, se registraron algunos altercados sin mayores consecuencias.De acuerdo con el ministro de Defensa, en el país persisten 80, por lo que se habilitaron 210 rutas especiales. Según el balance del funcionario, la Fuerza Pública acompañó 3.000 vehículos que movilizaron 120.000 toneladas de alimentos y medicinas.
Roberto Pizarro, presidente de la Junta de Acción Comunal de Parcelaciones de Pance, habló sobre los problemas de orden público en el sur de Cali y del enfrentamiento entre manifestantes de la Minga Indígena y supuestos residentes del sector en el que se presentaron disparos. "Ayer hacia el mediodía recibimos un llamado desde una comunidad cercana, el sector El Casquillo, pidiendo un SOS. Estaban reportando vandalismo, que se les estaba vulnerando los derechos", sostuvo"Se coordinó el bloqueo de las entradas de la comuna, no para la Minga, no para nadie en específico, simplemente como un acto de defensa", añadió. El líder comunal aseguró que se pidió a los moradores salir en jean, con camiseta blanca, sin armas y con un celular. "Se le pidió a la gente que fueran pacíficos. Es en ese instante donde llegan, en el puente de Comfandi, actores, dentro de ellos los indígenas y otras personas, a tratar de pasar y las personas no lo permitieron", indicó. "Se empezaron a subir los ánimos, se caldearon y llegó un momento en donde las personas que querían pasar empezaron a accionar contra la población", complementó. Pizarro denunció que en corredor que comunica a Cali con Jamundí, los manifestantes que hacen bloqueos cobran altas sumas de dinero para permitir el paso. "Por la vía a Jamundí piden $ 100.000 si se va en carro, 200.000 si va en camioneta, 10.000 si va en moto. Le piden carné y le empiezan a decir también que no vuelva a pasar porque es que también va a haber paro armado y vamos a recibir consecuencias sobre eso. La población no está preparada para el caos, está preparada para trabajar, para producir, salir adelante y dialogar", afirmó. “Cali tiene una crisis institucional bastante alta con el Gobierno local. La gente se siente sobrepasada en sus derechos”, agregó. Escuche al líder comunitario Roberto Pizarro en entrevista con Mañanas BLU:
Este martes se conoció el caso de una embarazada que perdió su bebé en una ambulancia que fue atacada por manifestantes en la población de Gachancipá, Cundinamarca, cuando se desplazaba hacia Bogotá para el parto. Jennifer González, médica que estaba atendiendo el caso, reveló la crudeza de la situación en Mañanas BLU.“Lo primero que me pidieron fue que abriera la ambulancia. Uno de los manifestantes me dijo: 'o abren la ambulancia o la quemamos'. Se colgaron de la ambulancia y rompieron varias partes de ella", denunció. Según González, el vehículo fue detenido varias oportunidades más por quienes llevaban a cabo los bloqueos y se perdieron minutos valiosos, que podrían haber salvado la vida del bebé."Nuevamente les pedía el favor, les abría la ambulancia y les decía todo otra vez. Fue muy complicado el paso. Les repetía que nos dejaran pasar, porque estaba embarazada, que necesitaba atención en un centro de mayor complejidad", añadió. En medio del duro trance, tanto los padres del bebé como el personal médico vivió momentos de gran angustia. "La manifestación adelantó completamente el parto", sostuvo. La denuncia la hizo el martes la Gobernación de Cundinamarca en un video, en el que Gilberto Álvarez Uribe, secretario de Salud del departamento, lamentó los hechos.“Es inadmisible que una ambulancia sea atacada en cualquier manifestación. Quiero rechazar de manera contundente y rotunda este ataque. La Misión Médica está constituida para salvar vidas, pero esta situación impidió que en esta ocasión cumpliera con su cometido. Reitero el llamado a los manifestantes a respetar la Misión Médica siempre”, dijo.Escuche a Jennifer González en entrevista con Mañanas BLU:
Bogotá vivió una nueva noche de terror. Más de 20 Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía fueron destruidos, con un saldo de 18 uniformados heridos, uno de ellos miembro del Esmad que recibió un disparo y se encuentra entre la vida y la muerte en un centro asistencial del occidente de la capital. Los desmanes empezaron hacia las 7:30 de la noche, cuando un grupo de vándalos se acercó al CAI de La Candelaria, donde sacaron a los policías y después de regar gasolina en la instalación prendieron fuego. Posteriormente, cerca del lugar, los desadaptados incineraron un bus del SITP. En el CAI de la Aurora, Usme, varios policías se resguardaban en la instalación, pero delincuentes abrieron un hueco en la pared por donde metieron gasolina y prendieron fuego. Uno de los policías cayó en medio de la huida y fue golpeado por manifestantes. Cinco policías resultaron lesionados en los hechos. Ante la violencia desbordada, la alcaldesa Claudia López le pidió al ministro de Defensa, Diego Molano, que la fuerza pública "ayude a custodiar" los centros de detención de la Policía donde hay 2.825 personas detenidas para "evitar que pongan en riesgo la vida de los privados de la libertad".Las protestas violentas comenzaron el pasado 28 de abril y hasta este miércoles han dejado, según la Defensoría del Pueblo, 19 muertos, una cifra que organizaciones sociales como la Temblores elevan a 31.Igualmente el organismo denunció que han desaparecido al menos 89 personas, de las cuales solo dos han sido encontradas.La asonada en Bogotá se produce en vísperas de una nueva jornada de protestas convocada para este miércoles por sindicatos y organizaciones sociales contra al política económica del Gobierno.Escuche este informe del Ojo de la Noche en Mañanas BLU:
Una nueva noche de violencia se vivió en la comuna 20 de Cali, Siloé, donde habitantes denunciaron en redes que se cortaron los servicios de energía e internet. De acuerdo con testimonios y videos publicados en Twitter y Facebook, se oyeron ráfagas de fusil en el suroriente de la capital vallecaucana. Hasta el momento no hay un consolidado de víctimas. En redes también se reportaron llamas en un almacén de La 14, en la avenida Circunvalar. fue En la estación de San Francisco, en cercanías de la ladera de Siloé, se registraron denuncias de un incendio al interior de la instalación policial. La noche del lunes hubo también graves disturbios en Cali, militarizada desde el viernes y donde persisten disturbios hasta la madrugada de este miércoles. La acción de la fuerza pública fue cuestionada por ataques a manifestantes y a organismos observadores como la ONU y la Procuraduría. .Según la alcaldía local, cinco personas murieron y 33 fueron heridas en la noche de lunes. La Defensoría del Pueblo (Ombudsman) no ha corroborado estas cifras.Las principales vías de la región fueron bloqueadas, causando desabastecimiento de gasolina y preocupación por el paso de camiones con oxígeno e insumos médicos en plena pandemia.
Una operación militar puso fin a la carrera criminal de alias ‘Libardo’, uno de los hombres más buscados del país, cabecilla principal de la estructura ‘Ismael Ruiz’ y ficha clave del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.La operación se llevó a cabo en la vereda Las Delicias, zona rural del municipio de Páez, Cauca. En una casa camuflada en medio de las montañas, alias ‘Libardo’ se escondía junto a varios miembros de su estructura, entre ellos menores reclutados a la fuerza que estaban siendo adoctrinados. El lugar funcionaba como un centro de entrenamiento ideológico y militar.Su trayectoria delictiva es extensa. Según inteligencia militar, este peligroso criminal participó activamente en las filas de la extinta guerrilla de las Farc y luego en las disidencias bajo el mando de ‘Iván Mordisco’. En 2022 fue el responsable de la emboscada en San Luis, Neiva, que dejó siete policías muertos.Desde entonces, su nombre estuvo ligado a múltiples ataques contra tropas del Ejército, secuestros, asesinatos de excombatientes firmantes del acuerdo de paz, y actos de terrorismo con drones, como el ataque a la base militar de Casaverde en julio de 2024.Alias ‘Libardo’ era más que un cabecilla armado. De acuerdo con su perfil criminal, ejercía control territorial en varios municipios del Tolima y el Huila, extorsionaba al sector comercio, cafetero y transportador, y lideraba la instrumentalización de menores para nutrir sus filas armadas.Su caída representa, según el almirante Francisco Cubides, comandante general de las FFMM, un golpe estratégico que debilita la expansión criminal del bloque ‘Isaías Pardo’ y reduce la amenaza contra civiles, líderes sociales y la Fuerza Pública.Este hombre era requerido por la Fiscalía por homicidio, extorsión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, y sobre él pesaba una recompensa de más de 1.600 millones de pesos. En apenas tres años, pasó de guerrillero raso a ser el sucesor de alias ‘Cholinga’ y se convirtió en el hombre de confianza de alias ‘Iván Mordisco’.La muerte de este criminal marca un antes y un después en la ofensiva militar contra las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. Las FFMM sostienen que se han registrado más de 340 combates en lo corrido del año, con un incremento del 40 % en operaciones ofensivas. Ahora, el objetivo son alias ‘Marlon Vásquez’ y alias ‘Chapolo’, quienes heredaron estructuras debilitadas, sin el liderazgo violento de ‘Librado’.
Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía permitió recuperar un millonario cargamento de café que había sido robado en el sur del país. El hecho se registró en zona rural del municipio de Cajibío, Cauca, donde tropas de la brigada 29, en coordinación con unidades de la división de Policía del Cauca, ubicaron una tractomula que transportaba más de 32 toneladas de café tipo exportación. Según estimaciones, el valor de la carga supera los 1.000 millones de pesos.El hallazgo se dio tras una maniobra de inteligencia que permitió interceptar el vehículo antes de que la mercancía fuera movilizada fuera del departamento. Durante el operativo fueron capturadas dos personas, señaladas por las autoridades de pertenecer al grupo armado residual estructura Jaime Martínez, una organización criminal con injerencia en esa región y con antecedentes en el robo sistemático de mercancías de alto valor.Además de recuperar el café, los uniformados incautaron un equipo de comunicación y un inhibidor de señal, elementos que, según las autoridades, iban a ser utilizados por los delincuentes para evitar el rastreo satelital de la tractomula y así dificultar su ubicación tras el robo.Tanto los capturados como el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones para establecer la totalidad de la red criminal involucrada. Las autoridades destacan que este tipo de acciones afectan directamente las finanzas de los grupos ilegales que operan en el suroccidente colombiano.
El Frente de Guerra Occidental del ELN amenaza con la ejecución de un nuevo paro armado en todo el departamento del Chocó que se extenderá durante dos días, desde las 00:00 horas del viermes 25 de julio hasta la medianoche del sábado 26.La declaración, difundida por medios locales y redes sociales, advierte a la población sobre restricciones totales en la movilidad terrestre y fluvial, lo que dejaría a miles de personas confinadas en sus viviendas durante el fin de semana.El grupo armado ilegal hace un llamado directo a la ciudadanía, incluyendo transportadores de carga y pasajeros, para que se abstengan de circular durante el tiempo estipulado. “Nuestras unidades estarán presentes en los corredores de movilidad para dar cumplimiento a dicha orden”, se lee en el mensaje de amenaza.Este tipo de paros armados generan afectaciones directas a la población civil, no solo por el confinamiento forzado, sino por el impacto en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y servicios esenciales. Comerciantes, viajeros y comunidades indígenas que dependen de la movilidad diaria para sus actividades se verán especialmente afectados.La Defensoría del Pueblo ya ha emitido alertas tempranas sobre la presencia de actores armados en el territorio y el riesgo que representan para la vida e integridad de las comunidades. Se espera pronunciamiento oficial por parte del Gobierno y de las FFMM, que deberán coordinar una respuesta ante esta amenaza que, de concretarse, pondría en jaque la seguridad y el desarrollo de actividades básicas en gran parte del departamento.
El grupo de la Mesa Nacional Cacaotera se pronunció hoy en contra de los precios del cacao en el país y pidieron a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, abrir la conversación para construir un acuerdo que permita estabilizar los precios del grano a los productores en ciertas regiones del país.La tonelada de cacao se paga a 8.300 dólares en el exterior, pero en Colombia se paga el kilo a $22.000 cuando, según los cacaoteros, deberían pagarlo a más de 30.000 pesos.Ederson Niño Navarro, presidente de la Mesa Nacional Cacaotera en Santander, aseguró que si antes del 30 de julio el Gobierno no da una respuesta, harán un paro en las principales vías del país, como la Panamericana y la troncal del Magdalena medio. “Lo que corresponde a la mesa nacional cacaotera, que agrupa a una gran parte de las familias cacaoteras del país, tendríamos que generar un paro nacional haciendo la legítima protesta para defender el sector productivo del país”, anunció Niño.A través de un comunicado, la Mesa Nacional Cacaotera de Colombia denunció que las políticas públicas en torno al cacao no se han abordado de manera correcta por este Gobierno, por lo que esperan una respuesta de la ministra Carvajalino, a más tardar en la tarde de este martes 22 de julio.“Denunciamos las prácticas desplegadas por las grandes industrias y exportadores que ejercen el monopolio sobre la producción, el comercio, la transformación y la exportación del cacao en sus diferentes formas, así como la falta de actuación por parte de los órganos rectores del gremio cacaotero”, se lee en el comunicado firmado por representantes de las mesas cacaoteras de Santander, Huila, Tolima, Bolívar, Arauca y la Asociación Campesina Agropecuaria y Piscícola de Santander.La propuesta de los cacaoteros al Gobierno es que se reúnan este 24 de julio para hablar de las necesidades del sector.Sin embargo, la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) informó, a través de un comunicado, que ellos no están convocando a ningún tipo de manifestación, paro cacaotero, y que mantienen un diálogo abierto y constante con el Ministerio de Agricultura.
El director general de la Policía, general Carlos Fernando Triana, llegó al departamento de Arauca para asumir personalmente el seguimiento del caso del subintendente y patrullero secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tame.Los secuestrados son el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Fabián Pérez Mendoza, ambos adscritos al cuerpo élite de investigación de la Dijin, quienes fueron interceptados y privados de la libertad en medio de su labor cotidiana que es investigar ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en concordancia con el acuerdo de paz de la Habana en 2016.El general Triana se reunió con autoridades locales y la cúpula policial de la región para coordinar acciones de búsqueda y protección a sus vidas.“El ELN es absolutamente responsable por la integridad y la vida de nuestros policías”, afirmó el director, quien destacó que los uniformados cumplían funciones orientadas al esclarecimiento de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, en el marco del acuerdo de paz firmado en La Habana.Triana anunció que el secuestro será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por representar una violación grave al Derecho Internacional Humanitario. Además, expresó su solidaridad institucional con las familias de los policías retenidos y exigió su liberación inmediata y sin condiciones.“No es solo un ataque a dos servidores públicos, es un ataque directo al trabajo de protección de líderes sociales en el país. Gracias a ellos se han logrado esclarecer 26 homicidios de líderes sociales en Arauca en los últimos tres años”, destacó el general.
El ELN confirmó en las últimas que tiene en su poder a los dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía, secuestrados durante una operación de “control territorial” en el departamento de Arauca.Según la información del ELN, los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2025, cuando los dos policías se movilizaban por la vía que conecta el municipio de Tame con la ciudad de Arauca, en ese momento fueron interceptados por hombres fuertemente armados.Los secuestrados fueron identificados como Franki Esley Hoyos Murcia, subintendente con 17 años de servicio Y Yordin Fabián Pérez Mendoza, patrullero con más de 10 años en la institución.El ELN afirmó haberles incautado dos pistolas 9mm, un computador y documentos. En el comunicado, el ELN asegura que los agentes están “sanos y salvos” y responsabiliza al Estado de cualquier daño que sufran, especialmente en caso de intentos de rescate militar.
Fue en medio de patrullajes de control que un perro antiexplosivos de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1 de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército logró ubicar un artefacto explosivo improvisado junto a unas viviendas en una de las vías por donde se iba a realizar el desfile militar del 20 de julio.Este artefacto, dicen las autoridades, se encontraba dentro de bolsas de basura y había sido dejado en medio de las viviendas y cerca de un jardín infantil, zona de la inspección La Julia, del municipio de Uribe, Meta.Tras la verificación, un equipo de explosivos, detonaciones y eliminación de artefactos, siguiendo todos los protocolos establecidos, procedió a despejar la zona con el apoyo de la Policía, y posteriormente realizó la destrucción de este artefacto de manera controlada.“Con esta acción, se neutralizaron las acciones del enemigo que buscaba atentar contra la vida e integridad de la población civil y las tropas desplegadas durante la conmemoración de los 215 años de Independencia”, destacó el Ejercito.La Fuerza de Tarea Omega rechazó este acto que pudo afectar muchas vidas y anunció el refuerzo de las operaciones ofensivas en la zona para combatir los grupos armados organizados, por lo que invitó a la población a denunciar todo acto sospechoso a través de la línea 107 antiterrorismo.
La Cuarta División del Ejército confirmó que tropas desplegadas en zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, fueron blanco de un ataque con artefacto explosivo improvisado lanzado mediante un dron por las disidencias de las Farc, en hechos ocurridos el pasado 3 de julio de 2025.De acuerdo con el comunicado oficial, los responsables del ataque serían integrantes de la las disidencias de las Farc, quienes emplearon un dron para arrojar una granada de fabricación artesanal contra las instalaciones del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 General Camacho Leyva, adscrito a la Vigésima Segunda Brigada de Selva.El artefacto detonó en el costado oriental externo del puesto de mando, donde se encontraba personal militar del dispositivo avanzado de combate. Sin embargo, gracias a las medidas de protección activadas por los soldados, no se presentaron afectaciones en el personal ni daños a la infraestructura militar.Tras la detonación, las tropas activaron el plan de reacción y contrataque, que incluyó el despliegue de medios aéreos no tripulados para asegurar el perímetro en un radio de 360 grados. Las unidades en la zona fueron alertadas y el dispositivo de seguridad permanece en máximo alistamiento para prevenir nuevos ataques.El Ejército Nacional calificó este hecho como una violación al derecho internacional humanitario y anunció que se adelantarán las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. Asimismo, la Cuarta División reiteró su compromiso con la seguridad del suroriente colombiano, la defensa de la población civil y el respeto por los derechos humanos, manteniendo su presencia activa y contundente en la región.
Este martes, se desató una ola violenta por parte de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' en diferentes zonas del Cauca y el Valle, incluida Cali. Los hechos dejan hasta el momento cinco personas heridas y cuatro más fueron asesinadas. Dese la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, rechazaron los ataques advirtiendo que la política de paz ha fallado."Estas acciones, ocurridas en el suroccidente del país, son consecuencia del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y del fortalecimiento de organizaciones criminales, cuyo accionar se ha visto facilitado por una política de paz fallida, la ausencia de una estrategia clara de seguridad y lucha contra el crimen, la reducción del presupuesto en defensa, y la expansión acelerada de economías ilegales en centros urbanos y zonas rurales"; señala en un comunicado Asocapitales.Por otro lado, hicieron un llamado para que se tomen medidas urgentes con el fin de garantizar la seguridad en Colombia."La ocupación permanente de los territorios controlados por economías criminales, el combate al tráfico de armas y explosivos, la finalización inmediata de cualquier zona afectada por ceses al fuego, la reconstrucción del pie de fuerza y de las capacidades operativas de la fuerza pública, así como el fortalecimiento de la acción judicial contra el crimen y las organizaciones terroristas, son medidas urgentes e inaplazables", dice el documento.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó el atentado terrorista que iba a a ser llevado a cabo en Miraflores, Guaviare, a las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’. De acuerdo con el jefe de la cartera, esto confirma que la voluntad de alias ‘Mordisco’ nunca ha sido la paz.“Gracias a la capacidad de anticipación de nuestra Fuerza Pública, neutralizamos un plan criminal del Frente 1 del Bloque Amazonas que buscaba aterrorizar a nuestra población que transita en el área de Miraflores, Guaviare”, indicó el ministro de Defensa sobre el frustrado atentado terrorista.Un lancha cargada con explosivos fue abandonada en inmediaciones del puerto de Miraflores y, según el ministro, fue por la intervención oportuna de técnicos antiexplosivos que se evitó una tragedia. En la lancha, destaca la autoridad, fueron encontrados los siguientes elementos:4 cilindros con 20 kg de explosivos cada uno.Potencial destructivo de 200 metros a la redonda“Nuestros equipos ejecutaron una detonación controlada en zona segura, protegiendo la vida de soldados y civiles. En este momento se desarrollan operaciones para capturara los terroristas. No vamos a permitir que el terrorismo regrese a nuestros territorios”, agregó el ministro.Sánchez agregó además que el Estado colombiano tiene un programa de atención humanitaria al desmovilizado. “Desmovilícense. No le sigan haciendo daño a nuestros campesinos y a Colombia”.