Un informe de inteligencia militar permitió destapar a dos poderosos narcotraficantes que, desde las sombras, estarían detrás de la operación criminal de las estructuras ‘Carlos Patiño’ y ‘Martín Villa’, brazos armados de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Se trata de alias ‘Cheli’ y alias ‘Toro’, de 35 y 40 años respectivamente, dos hombres oriundos del norte del Cauca que comenzaron en el negocio de la marihuana y hoy manejan complejas redes de tráfico internacional de cocaína.¿A dónde envían droga estos capos?El informe señala que estos dos capos envían mensualmente más de cinco toneladas de droga hacia Centroamérica, con cargamentos que tienen como principales compradores al Cártel de Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa. Recientemente, también se detectaron despachos menores hacia la Nueva Familia Michoacana, organización que atraviesa un proceso de reacomodo en México y que ha encontrado en la cocaína colombiana un salvavidas para sostener su aparato criminal.La riqueza de ‘Cheli’ y ‘Toro’, amasada durante más de una década en el narcotráfico, ha sido invertida a través de testaferros en fincas, balnearios, ganadería, apartamentos y vehículos de carga, lo que les ha permitido lavar capitales y mantenerse en la clandestinidad. Parte de esas fortunas financian directamente a las disidencias: proveen fusiles M16, Tavor, AK-47, explosivos, municiones y equipos de comunicaciones, además de dinero en efectivo para sostener operaciones armadas.¿Qué negocio tienen con estructuras de 'Iván Mordisco?A cambio, la ‘Carlos Patiño’ en el Cauca y la ‘Martín Villa’ en el Meta deben garantizar la protección de cultivos ilícitos, cristalizaderos y rutas del narcotráfico que permiten sacar la cocaína hacia el exterior. Este engranaje asegura dividendos millonarios para ambas partes, consolidando un pacto criminal que refuerza el poder de alias ‘Iván Mordisco’ en regiones estratégicas.Las investigaciones también revelaron que ‘Cheli’ y Toro mantenían negocios con alias ‘Kevin’, segundo cabecilla de la ‘Carlos Patiño’, quien se entregó a las autoridades en agosto pasado en zona rural de El Estrecho, Cauca. Sin embargo, los dos narcos lograron evadir operativos recientes gracias a una amplia red de informantes dentro de la población civil, que los alerta cada vez que la fuerza pública inicia movimientos en sus corredores de movilidad.Aunque las autoridades cuentan con fotografías y huellas dactilares de ambos, sus nombres aún no han podido ser confirmados. Aun así, quedaron rastros en trámites notariales realizados con identidades falsas, los cuales ya fueron detectados y están siendo rastreados por la Dijín y el Ejército.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó directamente al Gobierno nacional del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y de las condiciones que permitieron el ataque de las disidencias de las Farc en Amalfi, Antioquia, que dejó varios uniformados muertos y heridos.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, el mandatario lamentó la lentitud en la reacción del Estado frente al hostigamiento. “A las 11:30 de la mañana ya teníamos un saldo lamentable de seis uniformados muertos y otro tanto heridos. Y no puede ser que 30 bandidos hayan puesto en jaque casi durante 24 horas a la institucionalidad en su conjunto”, afirmó.Rendón aclaró que su crítica no es contra la Policía ni contra los soldados, sino contra el Gobierno. “Es una falta de determinación del Gobierno nacional, de una conducción eficiente de las capacidades en su conjunto”, aseguró.¿Fracasó política de paz total?El gobernador señaló que la política de paz total ha fortalecido a las estructuras criminales en Antioquia. “Por cuenta de esa política equívoca de Petro, las disidencias Farc han crecido en Antioquia un 70 %, el Clan del Golfo un 60 %. Municipios que habían sido declarados libres de coca hoy son de nuevo enclaves cocaleros”, indicó.A esto se suma, según Rendón, la bonanza del oro ilegal. “Todo eso ha engrosado las rentas criminales, que los tienen estrenando uniformes riquísimos con tecnología como esta que pusieron infortunadamente ayer, al servicio del terror y con la que no cuenta la fuerza pública”, denunció.¿Qué pasa con los recursos para la fuerza pública?Uno de los señalamientos más fuertes del mandatario fue contra la reducción de inversión en seguridad. “¿Cómo se explica usted que una brigada como la Cuarta en Antioquia, que tiene bajo su jurisdicción más de 90 municipios, este año haya recibido apenas 32 millones de pesos para inversión? Con eso no tanquea ni los vehículos de un pelotón ni las motocicletas en un par de meses”, dijo.Rendón comparó esa cifra con el esfuerzo que hizo su administración para imponer la tasa de seguridad y recaudar un billón de pesos. “No lo hacíamos por capricho, sino porque entendíamos la precariedad dotacional, de infraestructura, de equipamiento en la que estaban soldados y policías. El Gobierno nacional desmanteló la capacidad de inversión que debía tener rutinariamente la fuerza pública”, aseguró.El gobernador agregó que “lo único que llega oportunamente a soldados y policías es su salario”, y denunció que buena parte de los helicópteros Black Hawk están en tierra por falta de mantenimiento.Rendón también criticó la liberación de jefes de las disidencias bajo la figura de “gestores de paz”. Recordó la captura de alias Calarcá y otros cabecillas en Barbosa, Antioquia, en 2023, quienes posteriormente fueron liberados. “Petro y su fiscal de bolsillo, la fiscal Camargo, los declararon gestores de paz y los liberaron. ¿Qué le puede quedar en el corazón a un soldado o un policía cuando recuerda eso?”, cuestionó.Para el mandatario, esas decisiones equivocadas hoy tienen consecuencias en departamentos como Valle y Antioquia. “Cuánto dolor nos hubiésemos evitado si ese criminal estuviera tras las rejas”, afirmó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, advirtió tras el atentado con carro bomba ocurrido en la ciudad que lo sucedido no puede verse como un hecho aislado, sino como una amenaza que puede expandirse a otras regiones de Colombia si no hay una respuesta rápida y contundente de las autoridades nacionales.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, Eder explicó que la situación en Cali es “estable”, con presencia permanente del ministro de Defensa y de la cúpula militar, quienes permanecen en la capital del Valle del Cauca para coordinar las acciones tras la emergencia.El mandatario confirmó que en las próximas horas se pondrá en marcha un Puesto de Mando Unificado permanente entre la Nación, la Alcaldía, la Gobernación y la fuerza pública con el objetivo de recuperar la zona de Jamundí.“Venimos advirtiendo desde hace 20 meses que Jamundí es la principal amenaza para Cali. Es inaceptable tener 2.000 hectáreas de coca a 15 kilómetros de la Universidad del Valle. Eso es como si en Bogotá estuvieran sembradas al lado de la Universidad de La Sabana”, señaló Eder.¿Cuál era el objetivo del atentado en Cali?El alcalde fue enfático en que el ataque con carro bomba buscaba causar una masacre. “Uno no pone un camión bomba a las 2:50 de la tarde por la carrera Octava, que es una calle principal de Cali que tiene trancón a esa hora, si no es para matar. Querían asesinar, querían sembrar terror”, afirmó.Sobre el segundo vehículo cargado con explosivos que no estalló, explicó que se trató de una falla de los atacantes. “Gracias a Dios no explotó, pero no quiero decir que por chambones. Son grupos de traquetos que están aprendiendo, pero que tienen que ser atendidos ya porque su objetivo es asesinar colombianos y reclutar niños en barrios marginados”, agregó.Eder reconoció que la fuerza pública mantiene su profesionalismo, pero insistió en que enfrenta limitaciones de recursos. “La capacidad de inteligencia que teníamos hace algunos años, la que permitió operaciones como Jaque o la caída de Cano, hoy está desfinanciada. Se han recortado hasta en un 30 % los recursos para seguridad, afectando capacidades estratégicas como la aérea. Eso es lo que se debe recuperar”, indicó.El mandatario aseguró que desde la Alcaldía se han duplicado los recursos de seguridad, al igual que en otras ciudades del país, pero recalcó que los municipios no tienen cómo financiar inteligencia, helicópteros ni aumentar pie de fuerza. “Eso lo debe hacer el Gobierno nacional”, sostuvo.El alcalde comparó a los actuales disidentes con los exguerrilleros con los que alguna vez negoció en La Habana. Recordó la captura de alias 'Sebastián', uno de los responsables del ataque, a quien describió como un joven que tenía brackets. “En más de una década nunca vi un desmovilizado con frenos. Eso quiere decir que tienen tiempo y comodidad para entrar a la ciudad y hacerse ese tipo de procedimientos. Estos no son guerrilleros, son delincuentes traquetos”, señaló.¿Cómo frenar el terrorismo en Cali?Eder insistió en que no se debe hablar de paz con estos grupos. “Con esta gente no hay nada que hablar, son delincuentes. Se puede hablar de sometimiento a la justicia, pero lo más importante ahora es empoderar a la fuerza pública para que recobre el control territorial”, dijo.El mandatario reiteró que lo ocurrido en Cali no es solo un problema local. “Esto no es aceptable para los caleños y no puede ser aceptable para Colombia, porque ese deterioro se está viviendo en todo el país. Si no hay un actuar contundente y rápido, lo que estamos viviendo aquí próximamente se vivirá en otras ciudades e intermedias de Colombia”, advirtió.Finalmente, valoró que el presidente Gustavo Petro calificara a estos grupos como “organizaciones terroristas” y que diera instrucciones claras para recuperar el territorio. “Ese es un paso importante, pero ahora necesitamos que se materialicen los recursos y se ejecute lo acordado. Aquí está en juego la vida de los caleños y de todos los colombianos”, concluyó.Escuche la entrevista completa en el audio completo:
Las comunidades rurales del sur de Bolívar emitieron una alerta a las autoridades denunciado constantes amenazas, desplazamientos y enfrentamientos armados como consecuencia de la presencia de criminales del ELN y el Clan del Golfo que se disputan el control del territorio, los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico.En respuesta a este llamado ciudadano, el Ejército, a través de la Brigada 19 y la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9, desplegó una ofensiva militar para contrarrestar la expansión y el accionar de estos grupos ilegales.Cabecillas ELNUno de los principales objetivos de esta operación son los cabecillas del frente de Guerra ‘Darío Ramírez Castro’ del ELN, quienes han impuesto el terror en la zona. Se trata de Jesús Navarro Robles, alias ‘Omar’ o ‘Casinga’, máximo jefe de esta estructura. Bajo su mando se han ordenado ataques armados y hostigamientos contra tropas del Ejército, así como acciones de intimidación a pobladores en la serranía de San Lucas.Le sigue alias ‘Ernesto’, líder de la subregión Sur-Norte del mismo frente, señalado como autor de múltiples atentados contra la fuerza pública y la comunidad. Según inteligencia militar, este cabecilla dirige a sus hombres desde las zonas altas de la serranía, donde ha instalado campamentos para coordinar emboscadas y amedrentamientos.Otro de los hombres más buscados por las autoridades es alias ‘Harold’, responsable de operar la Compañía Tito Marín, y quien ha introducido el uso de drones con explosivos como forma de ataque a las tropas en terreno, generando preocupación por la capacidad tecnológica y el poder destructivo que ha adquirido la estructura criminal bajo su mando.Cabecillas Clan del GolfoPero la amenaza no termina ahí. En paralelo al accionar criminal del ELN, el Clan del Golfo también tiene fuerte presencia en esta región. Al mando de la estructura ‘Arístides Mesa Páez’, aparece Roineiro David Jiménez, conocido como alias ‘Jefferson’, un hombre que es considerado uno de los jefes más violentos de esa organización en el sur de Bolívar, con un largo prontuario por extorsión, tráfico de armas y coordinación de redes criminales en zona rural.A su lado delinque Luis Alberto Henao Cardozo, alias ‘Bejuco’, cabecilla de la subestructura ‘Euclides Arley Pérez Góez’, quien ha liderado enfrentamientos directos contra el ELN en la Serranía del Guamocho, buscando ampliar su dominio y controlar corredores estratégicos para el transporte de cocaína. Completa la cúpula alias ‘Piña’, jefe de la subestructura ‘Erlín Pino Duarte’, también implicado en homicidios selectivos y alianzas con redes ilegales para sostener el poder territorial de su grupo.La confrontación entre estos grupos armados deja a las comunidades rurales atrapadas en medio del fuego cruzado, por lo que el objetivo de la operación militar en curso es neutralizar las capacidades criminales de estas estructuras, impedir que continúen expandiéndose y garantizar la seguridad de miles de familias afectadas por años de abandono estatal y violencia sistemática.Las tropas del Ejército intensificaron patrullajes, aseguramiento de veredas, instalación de puntos de control y ofensivas en áreas montañosas de difícil acceso. Además, se reforzó la inteligencia en coordinación con la Fiscalía y otras autoridades, buscando golpear las finanzas y las redes de apoyo de estos grupos, al tiempo que se brinda protección a líderes sociales y campesinos que han sido amenazados por denunciar.
La Corte Suprema de Justicia tomó una importante decisión relacionada con Arturo Char: el alto tribunal resolvió acusarlo por presunta corrupción y compra de votos.La decisión de hoy tiene un contexto. Los hechos por los cuales Arturo Char es investigado se relacionan con un supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual, posiblemente, se materializó en octubre de 2017 y en el que habrían intervenido varias personas.Entre ellos, Arturo Char y la excongresista Aída Merlano, quien fue condenada en primera y segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por estos hechos de corrupción electoral que se fraguaron desde la sede política Casa Blanca.En septiembre de 2023, la propia Sala de Instrucción ordenó la captura de Char, quien posteriormente fue dejado en libertad. El presunto concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, en la medida en que, supuestamente, buscaba conseguir la elección de Aída Merlano en el Senado, de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara y la reelección del propio Arturo Char en el Senado.Presuntamente, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática a través de la compra de votos para estos tres candidatos. Esta fue una agitada discusión, en la que dos magistrados salvaron su voto, es decir, tuvieron una posición contraria al resto de sus colegas.
Cinco de los siete aspirantes que harán parte de la lista de candidatos de Cambio Radical a la Cámara de Representantes por el Atlántico se inscribieron este jueves en la sede de la Registraduría que está en el centro de Barranquilla y allí estuvieron acompañados del líder de este partido, Fuad Char, y su hijo Arturo.Tras ser consultado por una posible candidatura de Arturo, Fuad Char aseguró que ya está definida la lista con una apuesta hacia varios "jovencitos", partiendo de la "reestructuración" que propuso su otro hijo Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. En esa lista, dejó claro, no figura el nombre de Arturo Char.“Fue idea de Alex hacer una restructuracion y metimos a todos estos jovencitos. Hoy Arturo estará acompañándonos. Si estuvimos considerándolo (registrarlo), pero ya la decisión está tomada”, expresó Fuad Char.Eso sí, a Fuad y a Arturo Char se les vio entre abrazos y muestras de afecto, como para acallar los rumores sobre una división o confrontación al interior de la casa política, de hecho, el mismo Arturo reconoció que ha habido "diferencias", pero que nada distinto a lo que suele ocurrir entre las familias y que justamente por querer estar cerca de su padre es que está decidido a acompañar al partido, sin importar si es fuera o dentro de la cancha, lo que dejaría abierta la posibilidad de una inscripción a último minuto."Extrañando mucho estar cerca del viejo y estoy aquí, quiero estar al lado de él desde cualquier posición, adentro de la cancha, afuera de la cancha, como espectador o en la tribuna, donde sea (...) todavía no me han convocado. En la convocatoria no estoy", dijo Arturo.Las cuentas para Cambio Radical todavía siguen moviéndose, pues aún está pendiente la renuncia de Welfran Mendoza y Gonzalo Baute, para postularse a la lista de Cámara y Senado, respectivamente. Estas, según conoció Blu Radio, se darían el viernes para la posterior inscripción.Las visitas para los próximos días continuarán, siendo que el 5 de diciembre estaría arribando Centro Democrático a las 9 de la mañana y luego a las 11 de la mañana el partido de la U con sus candidatos. También mañana, pero a las 3:00 de la tarde, llegarán los miembros del partido Conservador con su candidato a Cámara y candidato a Senado. Para el sábado asistirán Pacto Histórico y Coalición Verde, en marcha, ASI, renaciente y Vamos Juntos.Lista de candidatosLos aspirantes que este jueves inscribieron formalmente su candidatura a la Cámara de Representantes fueron, en su orden, Doris Ebrat, Samir Radi, Darlys Rodríguez, Yolanda Herrera Peña y Estefanel Gutiérrez.Sin embargo, hubo dos ausentes, quienes tendrán hasta la próxima semana para inscribir oficialmente su candidatura: Welfran Torres y el influencer Andrés Camargo González, este último más conocido en redes sociales como Saruma.
Hasta Barranquilla arribaron los 20 nuevos articulados de Transmetro que apoyarán el servicio troncal y alimentador de este sistema de transporte masivo en la ciudad, enfrentando así las dificultades de movilidad para los barranquilleros.La gerente de ciudad, Ana María Aljure, habla de un grupo total de 40 buses. Sin embargo, los otros 20 llegarán entre finales del presente mes y enero de 2026.“Contamos con cámaras de reconocimiento facial y de seguridad que tienen la capacidad de detectar cualquier fatiga que pueda tener el conductor. Algo muy importante es que vienen con disponibilidad para internet, lo que permitirá trabajar o ir resolviendo cosas de la casa con el Wi-Fi. Los usuarios podrán conectar todo lo que es cargadores, entre otros”, declaró ante los medios de comunicación.Con esta entrega, Transmetro completa 60 buses nuevos vinculados en 2025, distribuidos entre la operación troncal y alimentadora, “reafirmando el compromiso con una ciudad que apuesta por un transporte más seguro y alineado con el desarrollo urbano que lidera la Alcaldía Distrital de Barranquilla”.Del mismo modo, manifestó Aljure que para la compra de estos articulados se necesitó una inversión de 65 mil millones de pesos, teniendo en cuenta que son vehículos con capacidad para 160 pasajeros y seis puertas que agilizarán el flujo.Además, con la entrada en operación de estos vehículos, la flota blanca de buses articulados salió definitivamente del servicio troncal, dando paso a una operación 100% renovada, más moderna y equipada con tecnología de última generación.Características de nuevos buses del Transmetro en BarranquillaLos nuevos buses incorporan tecnología de última generación que mejora la seguridad, optimiza la experiencia de viaje y fortalece la operación troncal.Cuentan con seguridad inteligente, cámara frontal con alerta de colisión, cámara orientada al operador, que detecta fatiga o distracción y envía alertas al Centro de Control, cámaras internas y trasera para monitoreo continuo; y sistema de conteo de pasajeros.Al tiempo, tienen botón de pánico que activa alertas inmediatas al Centro de Control, tecnología limpia a gas Euro 6, espacio exclusivo para usuarios con silla de ruedas, con área delimitada y segura, espacio destinado para usuarios con perro guía (lazarillo), garantizando independencia y accesibilidad durante el viaje; e iluminación y señalización renovadas.
La adopción de animales se ha convertido en una práctica recurrente en Medellín, no obstante, las autoridades le han puestos los ojos a varios casos específicos en donde hogares sobrepasan su capacidad y entran en el fenómeno de la acumulación compulsiva de animales, misma situación que ocurre en los lugares de paso en donde perros y gatos esperan encontrar una familia.Según la Personería de Medellín se ha podido determinar que hay un incremento sostenido en la acumulación de animales, por lo que se emitió una alerta institucional para atender la situación que podría causar graves peligros para la salud pública, la salud mental, la convivencia y el bienestar de los animales que en muchas ocasiones no son tenidos en condiciones salubres.La personera delegada Caterine Vélez, explicó que entre 2023 y 2025 se lograron atender más de 800 animales involucrados en situaciones de acumulación y con riesgos estructurales o deficiencias de atención sanitaria."A pesar de que no ha finalizado el año 2025, ya se conocen dieciséis casos en el que están involucrados más de trescientos animales. Es por esto que esta entidad hace un llamado a la administración para que se cree una mesa interinstitucional", explicó Vélez.Lo que explican desde el Ministerio Público es que entre las visitan que pudieran hacer se determinó que el 90 % de los hogares de paso tenían problemas de acumulación y el 86 % de las personas que fueron identificadas con la problemática no tenían una red de apoyo que les permitiera darle mejores condiciones a los animales.Finalmente, la Personería de Medellín advirtió que muchas veces la acumulación deriva en maltrato por omisión y que, además, la respuesta institucional tendría una fragmentación que genera que haya un subregistro y falta de protocolos de atención a los animales afectados.
Después de las revisiones realizadas por el grupo antiexplosivos de la Policía, se confirmó que el cilindro abandonado en la vía que comunica a Florida, Valle, con Miranda, Cauca, no contenía explosivos. Aunque el cilindro estaba vacío, en el área cercana fueron hallados 10 kilos de material explosivo.El aviso oportuno de la comunidad permitió que las autoridades llegaran al lugar para iniciar la inspección y evitar posibles riesgos para los usuarios de la vía, donde el cilindro había sido dejado desde las primeras horas de la mañana.“Una persona se acerca a este puesto de control e informa sobre la colocación de un cilindro, al parecer, con una carga explosiva, sobre la vía hacia Miranda. De esta manera, las unidades antiexplosivos se acercan al lugar, se hace la verificación y este cilindro no contiene ningún tipo de carga explosiva. Sin embargo, en la exploración realizada por nuestros técnicos se encuentran dos cajas de PVC, las cuales contenían 10 kilos de carga explosiva de nitrato de amonio”, informó la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca.El personal especializado llevó a cabo una detonación controlada del material hallado para prevenir una posible tragedia, teniendo en cuenta que los explosivos habían sido dejados sobre una vía principal que comunica a los dos municipios.“Nuestros técnicos realizaron la detonación controlada y, de esta manera, estamos garantizando la seguridad en los corredores viales. Solicitamos a la ciudadanía informar cualquier situación que ponga en riesgo las vías del Valle del Cauca”, agregó la oficial.La vía permaneció cerrada durante varias horas mientras se adelantaban las inspecciones, lo que afectó el flujo vehicular. Esta tarde se restableció la movilidad y mientras personal del Ejército y de la Policía mantiene controles en la zona.
Una operación militar puso fin a la carrera criminal de alias ‘Libardo’, uno de los hombres más buscados del país, cabecilla principal de la estructura ‘Ismael Ruiz’ y ficha clave del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.La operación se llevó a cabo en la vereda Las Delicias, zona rural del municipio de Páez, Cauca. En una casa camuflada en medio de las montañas, alias ‘Libardo’ se escondía junto a varios miembros de su estructura, entre ellos menores reclutados a la fuerza que estaban siendo adoctrinados. El lugar funcionaba como un centro de entrenamiento ideológico y militar.Su trayectoria delictiva es extensa. Según inteligencia militar, este peligroso criminal participó activamente en las filas de la extinta guerrilla de las Farc y luego en las disidencias bajo el mando de ‘Iván Mordisco’. En 2022 fue el responsable de la emboscada en San Luis, Neiva, que dejó siete policías muertos.Desde entonces, su nombre estuvo ligado a múltiples ataques contra tropas del Ejército, secuestros, asesinatos de excombatientes firmantes del acuerdo de paz, y actos de terrorismo con drones, como el ataque a la base militar de Casaverde en julio de 2024.Alias ‘Libardo’ era más que un cabecilla armado. De acuerdo con su perfil criminal, ejercía control territorial en varios municipios del Tolima y el Huila, extorsionaba al sector comercio, cafetero y transportador, y lideraba la instrumentalización de menores para nutrir sus filas armadas.Su caída representa, según el almirante Francisco Cubides, comandante general de las FFMM, un golpe estratégico que debilita la expansión criminal del bloque ‘Isaías Pardo’ y reduce la amenaza contra civiles, líderes sociales y la Fuerza Pública.Este hombre era requerido por la Fiscalía por homicidio, extorsión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, y sobre él pesaba una recompensa de más de 1.600 millones de pesos. En apenas tres años, pasó de guerrillero raso a ser el sucesor de alias ‘Cholinga’ y se convirtió en el hombre de confianza de alias ‘Iván Mordisco’.La muerte de este criminal marca un antes y un después en la ofensiva militar contra las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. Las FFMM sostienen que se han registrado más de 340 combates en lo corrido del año, con un incremento del 40 % en operaciones ofensivas. Ahora, el objetivo son alias ‘Marlon Vásquez’ y alias ‘Chapolo’, quienes heredaron estructuras debilitadas, sin el liderazgo violento de ‘Librado’.
Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía permitió recuperar un millonario cargamento de café que había sido robado en el sur del país. El hecho se registró en zona rural del municipio de Cajibío, Cauca, donde tropas de la brigada 29, en coordinación con unidades de la división de Policía del Cauca, ubicaron una tractomula que transportaba más de 32 toneladas de café tipo exportación. Según estimaciones, el valor de la carga supera los 1.000 millones de pesos.El hallazgo se dio tras una maniobra de inteligencia que permitió interceptar el vehículo antes de que la mercancía fuera movilizada fuera del departamento. Durante el operativo fueron capturadas dos personas, señaladas por las autoridades de pertenecer al grupo armado residual estructura Jaime Martínez, una organización criminal con injerencia en esa región y con antecedentes en el robo sistemático de mercancías de alto valor.Además de recuperar el café, los uniformados incautaron un equipo de comunicación y un inhibidor de señal, elementos que, según las autoridades, iban a ser utilizados por los delincuentes para evitar el rastreo satelital de la tractomula y así dificultar su ubicación tras el robo.Tanto los capturados como el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones para establecer la totalidad de la red criminal involucrada. Las autoridades destacan que este tipo de acciones afectan directamente las finanzas de los grupos ilegales que operan en el suroccidente colombiano.
El Frente de Guerra Occidental del ELN amenaza con la ejecución de un nuevo paro armado en todo el departamento del Chocó que se extenderá durante dos días, desde las 00:00 horas del viermes 25 de julio hasta la medianoche del sábado 26.La declaración, difundida por medios locales y redes sociales, advierte a la población sobre restricciones totales en la movilidad terrestre y fluvial, lo que dejaría a miles de personas confinadas en sus viviendas durante el fin de semana.El grupo armado ilegal hace un llamado directo a la ciudadanía, incluyendo transportadores de carga y pasajeros, para que se abstengan de circular durante el tiempo estipulado. “Nuestras unidades estarán presentes en los corredores de movilidad para dar cumplimiento a dicha orden”, se lee en el mensaje de amenaza.Este tipo de paros armados generan afectaciones directas a la población civil, no solo por el confinamiento forzado, sino por el impacto en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y servicios esenciales. Comerciantes, viajeros y comunidades indígenas que dependen de la movilidad diaria para sus actividades se verán especialmente afectados.La Defensoría del Pueblo ya ha emitido alertas tempranas sobre la presencia de actores armados en el territorio y el riesgo que representan para la vida e integridad de las comunidades. Se espera pronunciamiento oficial por parte del Gobierno y de las FFMM, que deberán coordinar una respuesta ante esta amenaza que, de concretarse, pondría en jaque la seguridad y el desarrollo de actividades básicas en gran parte del departamento.
El grupo de la Mesa Nacional Cacaotera se pronunció hoy en contra de los precios del cacao en el país y pidieron a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, abrir la conversación para construir un acuerdo que permita estabilizar los precios del grano a los productores en ciertas regiones del país.La tonelada de cacao se paga a 8.300 dólares en el exterior, pero en Colombia se paga el kilo a $22.000 cuando, según los cacaoteros, deberían pagarlo a más de 30.000 pesos.Ederson Niño Navarro, presidente de la Mesa Nacional Cacaotera en Santander, aseguró que si antes del 30 de julio el Gobierno no da una respuesta, harán un paro en las principales vías del país, como la Panamericana y la troncal del Magdalena medio. “Lo que corresponde a la mesa nacional cacaotera, que agrupa a una gran parte de las familias cacaoteras del país, tendríamos que generar un paro nacional haciendo la legítima protesta para defender el sector productivo del país”, anunció Niño.A través de un comunicado, la Mesa Nacional Cacaotera de Colombia denunció que las políticas públicas en torno al cacao no se han abordado de manera correcta por este Gobierno, por lo que esperan una respuesta de la ministra Carvajalino, a más tardar en la tarde de este martes 22 de julio.“Denunciamos las prácticas desplegadas por las grandes industrias y exportadores que ejercen el monopolio sobre la producción, el comercio, la transformación y la exportación del cacao en sus diferentes formas, así como la falta de actuación por parte de los órganos rectores del gremio cacaotero”, se lee en el comunicado firmado por representantes de las mesas cacaoteras de Santander, Huila, Tolima, Bolívar, Arauca y la Asociación Campesina Agropecuaria y Piscícola de Santander.La propuesta de los cacaoteros al Gobierno es que se reúnan este 24 de julio para hablar de las necesidades del sector.Sin embargo, la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) informó, a través de un comunicado, que ellos no están convocando a ningún tipo de manifestación, paro cacaotero, y que mantienen un diálogo abierto y constante con el Ministerio de Agricultura.
El director general de la Policía, general Carlos Fernando Triana, llegó al departamento de Arauca para asumir personalmente el seguimiento del caso del subintendente y patrullero secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tame.Los secuestrados son el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Fabián Pérez Mendoza, ambos adscritos al cuerpo élite de investigación de la Dijin, quienes fueron interceptados y privados de la libertad en medio de su labor cotidiana que es investigar ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en concordancia con el acuerdo de paz de la Habana en 2016.El general Triana se reunió con autoridades locales y la cúpula policial de la región para coordinar acciones de búsqueda y protección a sus vidas.“El ELN es absolutamente responsable por la integridad y la vida de nuestros policías”, afirmó el director, quien destacó que los uniformados cumplían funciones orientadas al esclarecimiento de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, en el marco del acuerdo de paz firmado en La Habana.Triana anunció que el secuestro será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por representar una violación grave al Derecho Internacional Humanitario. Además, expresó su solidaridad institucional con las familias de los policías retenidos y exigió su liberación inmediata y sin condiciones.“No es solo un ataque a dos servidores públicos, es un ataque directo al trabajo de protección de líderes sociales en el país. Gracias a ellos se han logrado esclarecer 26 homicidios de líderes sociales en Arauca en los últimos tres años”, destacó el general.
El ELN confirmó en las últimas que tiene en su poder a los dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía, secuestrados durante una operación de “control territorial” en el departamento de Arauca.Según la información del ELN, los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2025, cuando los dos policías se movilizaban por la vía que conecta el municipio de Tame con la ciudad de Arauca, en ese momento fueron interceptados por hombres fuertemente armados.Los secuestrados fueron identificados como Franki Esley Hoyos Murcia, subintendente con 17 años de servicio Y Yordin Fabián Pérez Mendoza, patrullero con más de 10 años en la institución.El ELN afirmó haberles incautado dos pistolas 9mm, un computador y documentos. En el comunicado, el ELN asegura que los agentes están “sanos y salvos” y responsabiliza al Estado de cualquier daño que sufran, especialmente en caso de intentos de rescate militar.
Fue en medio de patrullajes de control que un perro antiexplosivos de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1 de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército logró ubicar un artefacto explosivo improvisado junto a unas viviendas en una de las vías por donde se iba a realizar el desfile militar del 20 de julio.Este artefacto, dicen las autoridades, se encontraba dentro de bolsas de basura y había sido dejado en medio de las viviendas y cerca de un jardín infantil, zona de la inspección La Julia, del municipio de Uribe, Meta.Tras la verificación, un equipo de explosivos, detonaciones y eliminación de artefactos, siguiendo todos los protocolos establecidos, procedió a despejar la zona con el apoyo de la Policía, y posteriormente realizó la destrucción de este artefacto de manera controlada.“Con esta acción, se neutralizaron las acciones del enemigo que buscaba atentar contra la vida e integridad de la población civil y las tropas desplegadas durante la conmemoración de los 215 años de Independencia”, destacó el Ejercito.La Fuerza de Tarea Omega rechazó este acto que pudo afectar muchas vidas y anunció el refuerzo de las operaciones ofensivas en la zona para combatir los grupos armados organizados, por lo que invitó a la población a denunciar todo acto sospechoso a través de la línea 107 antiterrorismo.
La Cuarta División del Ejército confirmó que tropas desplegadas en zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, fueron blanco de un ataque con artefacto explosivo improvisado lanzado mediante un dron por las disidencias de las Farc, en hechos ocurridos el pasado 3 de julio de 2025.De acuerdo con el comunicado oficial, los responsables del ataque serían integrantes de la las disidencias de las Farc, quienes emplearon un dron para arrojar una granada de fabricación artesanal contra las instalaciones del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 General Camacho Leyva, adscrito a la Vigésima Segunda Brigada de Selva.El artefacto detonó en el costado oriental externo del puesto de mando, donde se encontraba personal militar del dispositivo avanzado de combate. Sin embargo, gracias a las medidas de protección activadas por los soldados, no se presentaron afectaciones en el personal ni daños a la infraestructura militar.Tras la detonación, las tropas activaron el plan de reacción y contrataque, que incluyó el despliegue de medios aéreos no tripulados para asegurar el perímetro en un radio de 360 grados. Las unidades en la zona fueron alertadas y el dispositivo de seguridad permanece en máximo alistamiento para prevenir nuevos ataques.El Ejército Nacional calificó este hecho como una violación al derecho internacional humanitario y anunció que se adelantarán las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. Asimismo, la Cuarta División reiteró su compromiso con la seguridad del suroriente colombiano, la defensa de la población civil y el respeto por los derechos humanos, manteniendo su presencia activa y contundente en la región.
Este martes, se desató una ola violenta por parte de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' en diferentes zonas del Cauca y el Valle, incluida Cali. Los hechos dejan hasta el momento cinco personas heridas y cuatro más fueron asesinadas. Dese la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, rechazaron los ataques advirtiendo que la política de paz ha fallado."Estas acciones, ocurridas en el suroccidente del país, son consecuencia del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y del fortalecimiento de organizaciones criminales, cuyo accionar se ha visto facilitado por una política de paz fallida, la ausencia de una estrategia clara de seguridad y lucha contra el crimen, la reducción del presupuesto en defensa, y la expansión acelerada de economías ilegales en centros urbanos y zonas rurales"; señala en un comunicado Asocapitales.Por otro lado, hicieron un llamado para que se tomen medidas urgentes con el fin de garantizar la seguridad en Colombia."La ocupación permanente de los territorios controlados por economías criminales, el combate al tráfico de armas y explosivos, la finalización inmediata de cualquier zona afectada por ceses al fuego, la reconstrucción del pie de fuerza y de las capacidades operativas de la fuerza pública, así como el fortalecimiento de la acción judicial contra el crimen y las organizaciones terroristas, son medidas urgentes e inaplazables", dice el documento.
El Secretario General del Congreso envió un oficio a los cuerpos de protección del Capitolio para incrementar la seguridad en la sede legislativa.En respuesta a la reciente incautación de explosivos y armamento que se presumen serían utilizados en un atentado contra el Palacio de Justicia, por cuenta de una maqueta encontrada en el lugar; el Presidente del Congreso, el senador conservador Efraín Cepeda, manifestó su profunda preocupación por el hecho e hizo un llamado de urgencia para reforzar las medidas de seguridad tanto en la sede de la Rama Judicial como en el Capitolio Nacional, sede del Legislativo, y el Palacio Liévano, sede de la Alcaldía de Bogotá.Cepeda expresó su alarma tras conocer la noticia, recordando el grave episodio de la toma y retoma del Palacio de Justicia ocurrido en septiembre de 1985. "Recibo esta alerta con suma preocupación. Ya se vivió un gravísimo episodio en el pasado sobre el Palacio de Justicia, y pues, yo veo que hay indicios muy fuertes de que se puede estar planeando algo", señaló el presidente del Congreso.El líder del legislativo hizo un llamado a las autoridades para que se refuercen las medidas de seguridad del Palacio de Justicia y se garantice la tranquilidad de los magistrados y los funcionarios que allí trabajan. Además, enfatizó la importancia de proteger las instalaciones cercanas a la Plaza de Bolívar. En ese sentido, informó que se ha enviado una comunicación oficial por parte del Secretario General del Senado, Gregorio Eljach, solicitando un incremento en las medidas de seguridad en los accesos del Capitolio, el Edificio Nuevo del Congreso, tanto en la Calle Décima como en la Carrera Sexta, centro de Bogotá."Las alarmas están encendidas, fundamentalmente para el Palacio de Justicia, pero por supuesto, para todas las instalaciones de alrededor", afirmó Cepeda, quien destacó la necesidad de una labor intensa de inteligencia por parte del Estado. Subrayó que la máxima prioridad es preservar la vida de los magistrados y evitar una repetición del trágico episodio histórico.
La Gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, alertó que la presentación de las pruebas Saber 11 o ICFES en seis municipios está en riesgo por cuenta del paro armado ordenado por el ELN.La jornada de pruebas está prevista para este fin de semana y la preocupación es principalmente con 38 instituciones ubicadas en esos territorios. En total hay 22.000 estudiantes citados tanto de la zona urbana como rural.Según la mandataria, al tratarse de un evento masivo que implica desplazamientos aumentan las probabilidades de que los jóvenes sean blanco de ataques o intimidaciones.A esto se le suma que ya llegaron los primeros reportes de desabastecimiento por cuenta de las restricciones que comenzaron hace cuatro días.“Hemos hecho las verificaciones en los escenarios de ley, y mantenemos la alerta de afectación generalizada y el riesgo próximo de desabastecimiento en las zonas rurales de 6 municipios del San Juan, y municipios aledaños a estos con presencia activa del ELN”, denunció Córdoba.La Defensoría ha señalado que las comunidades afro e indígenas de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan son las más afectadas por las amenazas del ELN.Al menos 85 comunidades, conformadas por 45.000 personas, están confinadas por la disputa de los ilegales.
Ya fue entregado a las autoridades colombianas el principal cabecilla de la estructura Urías Rondón del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc, un delincuente conocido con el alias de ‘Wilmer’ o ‘Mono’, que fue capturado con apoyo de la policía de Ecuador.La detención, de quien también es conocido por su historial de homicidios, extorsiones y actos de terrorismo, tuvo lugar en el sector de Tulcán en el país de Ecuador, área cercana a la frontera de ambos países.De acuerdo con las autoridades, este delincuente cometió varios asesinatos colectivos, homicidios de menores y detonaciones de artefactos explosivos en la vía que conduce de Pasto hacia el municipio de Tumaco, Nariño.Además, se le atribuyen múltiples asesinatos a miembros de la Policía, como también es responsable de distintas acciones terroristas contra vehículos de esta misma institución y del Ejército.‘Wilmer’ fue cabecilla de subcomisión, segundo cabecilla de comisión, cabecilla principal de la Estructura Alan Rodríguez y actualmente era el cabecilla principal de la estructura Urías Rondón de las disidencias de las Farc. También se le acusa de realizar extorsiones a comerciantes en la ruta binacional y de estar involucrado en el tráfico ilegal de flora y fauna, contribuyendo a las finanzas delictivas de su grupo criminal.Este cabecilla fue entregado a las autoridades colombianas en el Puente Internacional Rumichaca en Ipiales, Nariño y ahora se encuentra en proceso de judicialización por la Fiscalía General de la Nación.
Altas fuentes oficiales confirmaron que el principal cabecilla fuerte que está detrás de la nueva 'Junta directiva del narcotráfico' sería Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, jefe del Clan del Golfo y quien se va a sentar a negociar la paz con el Gobierno.Llega a ser el cabecilla ya que le heredó el poder a alias ‘Otoniel’ tras su captura y extradición. Las autoridades, hay que decir, tenían pistas dispersas y vagas, nada concreto, sobre posibles alianzas entre la está junta directiva y otros grupos ilegales diferentes al Clan del Golfo y se hablaba de nexos con las Autodefensas de la Sierra Nevada; sin embargo, ahora se confirmaría alianza también con las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’.Todas las alianzas entre estos delincuentes no son por intereses políticos ni de poder, sino que todo se resume en los intereses por el negocio del narcotráfico.Cabe recordar que el presidente Petro puso sobre la mesa el nombre de alias ‘Iván Mordisco', principal cabecilla de las disidencias de las Farc, quien según él también estaría aliado con la junta directiva para ordenar su asesinato con sicarios y francotiradores.La junta directiva del narcotráfico funciona como una empresa que compra la droga en Colombia y la vende a mercados que poseen en Estados Unidos, España, Portugal, Italia, Inglaterra, Paises Bajos, Francia, entre otros. En sus inicios negoció droga en simultanea con las Farc, Los Rastrojos y otras organizaciones internacionales.
Continúa la complicada situación de orden público en el Cauca, donde en la madrugada de este viernes se registró un fuerte hostigamiento en el municipio de San Sebastián, sur del departamento, por parte de hombres armados que atacaron a la Policía.De acuerdo con las versiones preliminares, el ataque, perpetrado sobre las 3:30 de la mañana, sería responsabilidad de la guerrilla del ELN y, en medio del hostigamiento, también habrían robado un banco. Se desconoce, de momento, la suma de dinero que habría sido hurtada y si el hostigamiento deja personas muertas o heridas.Este ataque llega, además, luego del fin del cese al fuego el pasado domingo. Cabe recordar igualmente que, recientemente, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció que se ha perdido el control territorial de la fuerza pública en varios municipios y departamentos del país.Noticia en desarrollo...
Las Fuerzas Militares de Colombia y Perú se unieron para lanzar una operación en contra de la explotación ilícita de yacimientos mineros y el narcotráfico en la región amazónica de ambos países.Navegando por el río Putumayo, en inmediaciones de las áreas de Puerto Alegría, El Encanto, Puerto Arica y Tarapacá, las autoridades encontraron dos laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca. En sitios, distantes el uno del otro, las autoridades hallaron más de 1.300 galones de droga en proceso.Además, en otro sector, fueron encontrados cerca de 100 kilos de insumos sólidos, alrededor de 300 galones de insumos líquidos así como insumos, materiales y equipos empleados para el procesamiento del alcaloide.De acuerdo con información preliminar, en estos dos laboratorios, que al parecer pertenecerían a la Estructura 48 de los autodenominados Comandos de Frontera de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, tendrían la capacidad para producir al menos 3 toneladas de pasta base de coca mensuales.En el mismo esfuerzo operacional, las Fuerzas Militares localizaron dos dragas y elementos que eran empleados para la explotación ilícita de yacimientos mineros los cuales venían realizando una grave afectación a la flora, fauna y fuentes hídricas de la zona.Las tropas, hallaron la maquinaria sobre aguas del río Putumayo, en donde empleaban, de manera indiscriminada y sin ninguna clase de control ni cuidado al medioambiente, químicos como mercurio, cianuro, ácido sulfúrico y disolventes para separar los minerales de la tierra y el barro, generando graves daños a este importante afluente tan vital para la subsistencia de las comunidades ribereñas.De acuerdo al reporte de las autoridades el valor del oro que era extraído de manera ilegal era de casi 5.000 millones de pesos mensuales, los cuales ingresaban a las finanzas ilegales de la Estructura 48 de los autodenominados Comandos de Frontera de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.