Un informe de inteligencia militar permitió destapar a dos poderosos narcotraficantes que, desde las sombras, estarían detrás de la operación criminal de las estructuras ‘Carlos Patiño’ y ‘Martín Villa’, brazos armados de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Se trata de alias ‘Cheli’ y alias ‘Toro’, de 35 y 40 años respectivamente, dos hombres oriundos del norte del Cauca que comenzaron en el negocio de la marihuana y hoy manejan complejas redes de tráfico internacional de cocaína.¿A dónde envían droga estos capos?El informe señala que estos dos capos envían mensualmente más de cinco toneladas de droga hacia Centroamérica, con cargamentos que tienen como principales compradores al Cártel de Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa. Recientemente, también se detectaron despachos menores hacia la Nueva Familia Michoacana, organización que atraviesa un proceso de reacomodo en México y que ha encontrado en la cocaína colombiana un salvavidas para sostener su aparato criminal.La riqueza de ‘Cheli’ y ‘Toro’, amasada durante más de una década en el narcotráfico, ha sido invertida a través de testaferros en fincas, balnearios, ganadería, apartamentos y vehículos de carga, lo que les ha permitido lavar capitales y mantenerse en la clandestinidad. Parte de esas fortunas financian directamente a las disidencias: proveen fusiles M16, Tavor, AK-47, explosivos, municiones y equipos de comunicaciones, además de dinero en efectivo para sostener operaciones armadas.¿Qué negocio tienen con estructuras de 'Iván Mordisco?A cambio, la ‘Carlos Patiño’ en el Cauca y la ‘Martín Villa’ en el Meta deben garantizar la protección de cultivos ilícitos, cristalizaderos y rutas del narcotráfico que permiten sacar la cocaína hacia el exterior. Este engranaje asegura dividendos millonarios para ambas partes, consolidando un pacto criminal que refuerza el poder de alias ‘Iván Mordisco’ en regiones estratégicas.Las investigaciones también revelaron que ‘Cheli’ y Toro mantenían negocios con alias ‘Kevin’, segundo cabecilla de la ‘Carlos Patiño’, quien se entregó a las autoridades en agosto pasado en zona rural de El Estrecho, Cauca. Sin embargo, los dos narcos lograron evadir operativos recientes gracias a una amplia red de informantes dentro de la población civil, que los alerta cada vez que la fuerza pública inicia movimientos en sus corredores de movilidad.Aunque las autoridades cuentan con fotografías y huellas dactilares de ambos, sus nombres aún no han podido ser confirmados. Aun así, quedaron rastros en trámites notariales realizados con identidades falsas, los cuales ya fueron detectados y están siendo rastreados por la Dijín y el Ejército.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó directamente al Gobierno nacional del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y de las condiciones que permitieron el ataque de las disidencias de las Farc en Amalfi, Antioquia, que dejó varios uniformados muertos y heridos.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, el mandatario lamentó la lentitud en la reacción del Estado frente al hostigamiento. “A las 11:30 de la mañana ya teníamos un saldo lamentable de seis uniformados muertos y otro tanto heridos. Y no puede ser que 30 bandidos hayan puesto en jaque casi durante 24 horas a la institucionalidad en su conjunto”, afirmó.Rendón aclaró que su crítica no es contra la Policía ni contra los soldados, sino contra el Gobierno. “Es una falta de determinación del Gobierno nacional, de una conducción eficiente de las capacidades en su conjunto”, aseguró.¿Fracasó política de paz total?El gobernador señaló que la política de paz total ha fortalecido a las estructuras criminales en Antioquia. “Por cuenta de esa política equívoca de Petro, las disidencias Farc han crecido en Antioquia un 70 %, el Clan del Golfo un 60 %. Municipios que habían sido declarados libres de coca hoy son de nuevo enclaves cocaleros”, indicó.A esto se suma, según Rendón, la bonanza del oro ilegal. “Todo eso ha engrosado las rentas criminales, que los tienen estrenando uniformes riquísimos con tecnología como esta que pusieron infortunadamente ayer, al servicio del terror y con la que no cuenta la fuerza pública”, denunció.¿Qué pasa con los recursos para la fuerza pública?Uno de los señalamientos más fuertes del mandatario fue contra la reducción de inversión en seguridad. “¿Cómo se explica usted que una brigada como la Cuarta en Antioquia, que tiene bajo su jurisdicción más de 90 municipios, este año haya recibido apenas 32 millones de pesos para inversión? Con eso no tanquea ni los vehículos de un pelotón ni las motocicletas en un par de meses”, dijo.Rendón comparó esa cifra con el esfuerzo que hizo su administración para imponer la tasa de seguridad y recaudar un billón de pesos. “No lo hacíamos por capricho, sino porque entendíamos la precariedad dotacional, de infraestructura, de equipamiento en la que estaban soldados y policías. El Gobierno nacional desmanteló la capacidad de inversión que debía tener rutinariamente la fuerza pública”, aseguró.El gobernador agregó que “lo único que llega oportunamente a soldados y policías es su salario”, y denunció que buena parte de los helicópteros Black Hawk están en tierra por falta de mantenimiento.Rendón también criticó la liberación de jefes de las disidencias bajo la figura de “gestores de paz”. Recordó la captura de alias Calarcá y otros cabecillas en Barbosa, Antioquia, en 2023, quienes posteriormente fueron liberados. “Petro y su fiscal de bolsillo, la fiscal Camargo, los declararon gestores de paz y los liberaron. ¿Qué le puede quedar en el corazón a un soldado o un policía cuando recuerda eso?”, cuestionó.Para el mandatario, esas decisiones equivocadas hoy tienen consecuencias en departamentos como Valle y Antioquia. “Cuánto dolor nos hubiésemos evitado si ese criminal estuviera tras las rejas”, afirmó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, advirtió tras el atentado con carro bomba ocurrido en la ciudad que lo sucedido no puede verse como un hecho aislado, sino como una amenaza que puede expandirse a otras regiones de Colombia si no hay una respuesta rápida y contundente de las autoridades nacionales.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, Eder explicó que la situación en Cali es “estable”, con presencia permanente del ministro de Defensa y de la cúpula militar, quienes permanecen en la capital del Valle del Cauca para coordinar las acciones tras la emergencia.El mandatario confirmó que en las próximas horas se pondrá en marcha un Puesto de Mando Unificado permanente entre la Nación, la Alcaldía, la Gobernación y la fuerza pública con el objetivo de recuperar la zona de Jamundí.“Venimos advirtiendo desde hace 20 meses que Jamundí es la principal amenaza para Cali. Es inaceptable tener 2.000 hectáreas de coca a 15 kilómetros de la Universidad del Valle. Eso es como si en Bogotá estuvieran sembradas al lado de la Universidad de La Sabana”, señaló Eder.¿Cuál era el objetivo del atentado en Cali?El alcalde fue enfático en que el ataque con carro bomba buscaba causar una masacre. “Uno no pone un camión bomba a las 2:50 de la tarde por la carrera Octava, que es una calle principal de Cali que tiene trancón a esa hora, si no es para matar. Querían asesinar, querían sembrar terror”, afirmó.Sobre el segundo vehículo cargado con explosivos que no estalló, explicó que se trató de una falla de los atacantes. “Gracias a Dios no explotó, pero no quiero decir que por chambones. Son grupos de traquetos que están aprendiendo, pero que tienen que ser atendidos ya porque su objetivo es asesinar colombianos y reclutar niños en barrios marginados”, agregó.Eder reconoció que la fuerza pública mantiene su profesionalismo, pero insistió en que enfrenta limitaciones de recursos. “La capacidad de inteligencia que teníamos hace algunos años, la que permitió operaciones como Jaque o la caída de Cano, hoy está desfinanciada. Se han recortado hasta en un 30 % los recursos para seguridad, afectando capacidades estratégicas como la aérea. Eso es lo que se debe recuperar”, indicó.El mandatario aseguró que desde la Alcaldía se han duplicado los recursos de seguridad, al igual que en otras ciudades del país, pero recalcó que los municipios no tienen cómo financiar inteligencia, helicópteros ni aumentar pie de fuerza. “Eso lo debe hacer el Gobierno nacional”, sostuvo.El alcalde comparó a los actuales disidentes con los exguerrilleros con los que alguna vez negoció en La Habana. Recordó la captura de alias 'Sebastián', uno de los responsables del ataque, a quien describió como un joven que tenía brackets. “En más de una década nunca vi un desmovilizado con frenos. Eso quiere decir que tienen tiempo y comodidad para entrar a la ciudad y hacerse ese tipo de procedimientos. Estos no son guerrilleros, son delincuentes traquetos”, señaló.¿Cómo frenar el terrorismo en Cali?Eder insistió en que no se debe hablar de paz con estos grupos. “Con esta gente no hay nada que hablar, son delincuentes. Se puede hablar de sometimiento a la justicia, pero lo más importante ahora es empoderar a la fuerza pública para que recobre el control territorial”, dijo.El mandatario reiteró que lo ocurrido en Cali no es solo un problema local. “Esto no es aceptable para los caleños y no puede ser aceptable para Colombia, porque ese deterioro se está viviendo en todo el país. Si no hay un actuar contundente y rápido, lo que estamos viviendo aquí próximamente se vivirá en otras ciudades e intermedias de Colombia”, advirtió.Finalmente, valoró que el presidente Gustavo Petro calificara a estos grupos como “organizaciones terroristas” y que diera instrucciones claras para recuperar el territorio. “Ese es un paso importante, pero ahora necesitamos que se materialicen los recursos y se ejecute lo acordado. Aquí está en juego la vida de los caleños y de todos los colombianos”, concluyó.Escuche la entrevista completa en el audio completo:
Las comunidades rurales del sur de Bolívar emitieron una alerta a las autoridades denunciado constantes amenazas, desplazamientos y enfrentamientos armados como consecuencia de la presencia de criminales del ELN y el Clan del Golfo que se disputan el control del territorio, los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico.En respuesta a este llamado ciudadano, el Ejército, a través de la Brigada 19 y la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9, desplegó una ofensiva militar para contrarrestar la expansión y el accionar de estos grupos ilegales.Cabecillas ELNUno de los principales objetivos de esta operación son los cabecillas del frente de Guerra ‘Darío Ramírez Castro’ del ELN, quienes han impuesto el terror en la zona. Se trata de Jesús Navarro Robles, alias ‘Omar’ o ‘Casinga’, máximo jefe de esta estructura. Bajo su mando se han ordenado ataques armados y hostigamientos contra tropas del Ejército, así como acciones de intimidación a pobladores en la serranía de San Lucas.Le sigue alias ‘Ernesto’, líder de la subregión Sur-Norte del mismo frente, señalado como autor de múltiples atentados contra la fuerza pública y la comunidad. Según inteligencia militar, este cabecilla dirige a sus hombres desde las zonas altas de la serranía, donde ha instalado campamentos para coordinar emboscadas y amedrentamientos.Otro de los hombres más buscados por las autoridades es alias ‘Harold’, responsable de operar la Compañía Tito Marín, y quien ha introducido el uso de drones con explosivos como forma de ataque a las tropas en terreno, generando preocupación por la capacidad tecnológica y el poder destructivo que ha adquirido la estructura criminal bajo su mando.Cabecillas Clan del GolfoPero la amenaza no termina ahí. En paralelo al accionar criminal del ELN, el Clan del Golfo también tiene fuerte presencia en esta región. Al mando de la estructura ‘Arístides Mesa Páez’, aparece Roineiro David Jiménez, conocido como alias ‘Jefferson’, un hombre que es considerado uno de los jefes más violentos de esa organización en el sur de Bolívar, con un largo prontuario por extorsión, tráfico de armas y coordinación de redes criminales en zona rural.A su lado delinque Luis Alberto Henao Cardozo, alias ‘Bejuco’, cabecilla de la subestructura ‘Euclides Arley Pérez Góez’, quien ha liderado enfrentamientos directos contra el ELN en la Serranía del Guamocho, buscando ampliar su dominio y controlar corredores estratégicos para el transporte de cocaína. Completa la cúpula alias ‘Piña’, jefe de la subestructura ‘Erlín Pino Duarte’, también implicado en homicidios selectivos y alianzas con redes ilegales para sostener el poder territorial de su grupo.La confrontación entre estos grupos armados deja a las comunidades rurales atrapadas en medio del fuego cruzado, por lo que el objetivo de la operación militar en curso es neutralizar las capacidades criminales de estas estructuras, impedir que continúen expandiéndose y garantizar la seguridad de miles de familias afectadas por años de abandono estatal y violencia sistemática.Las tropas del Ejército intensificaron patrullajes, aseguramiento de veredas, instalación de puntos de control y ofensivas en áreas montañosas de difícil acceso. Además, se reforzó la inteligencia en coordinación con la Fiscalía y otras autoridades, buscando golpear las finanzas y las redes de apoyo de estos grupos, al tiempo que se brinda protección a líderes sociales y campesinos que han sido amenazados por denunciar.
El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón oficializó su intención de ir a una consulta interpartidista en marzo con diferentes sectores y candidatos opositores al Gobierno Petro. Pinzón asegura que los dos partidos que avalan su candidatura, Oxígeno y ADA, presentarán ante el Consejo Nacional Electoral la carta de intención para participar en la consulta."El objetivo es construir una Gran Coalición Democrática, que defienda el orden, la seguridad, la democracia, las instituciones, y proteja los derechos de nuestras familias. Esta consulta es indispensable. Colombia necesita un candidato fuerte, legítimo, respaldado por la mayoría de los ciudadanos. Un liderazgo capaz de ganar en primera vuelta y de cerrar definitivamente el camino al continuismo y a quienes pretenden imponer en Colombia una narco-régimen que amenaza con destruir nuestro país", dijo Pinzón.Es importante recordar que esta semana el partido Liberal le ofreció a Héctor Olimpo avalar su candidatura presidencial, en el documento enviado al exgobernador de Sucre el partido señalaba que la idea es participar en la consulta de marzo."En el marco de los diálogos adelantados con diversas colectividades para realizar una Consulta Popular Interpartidista en marzo de 2026 —mecanismo democrático que permitirá escoger un candidato único presidencial— el Partido Liberal considera indispensable contar en ese proceso con liderazgos que inspiren confianza, construyan unidad y representen una alternativa renovada para Colombia", decía la carta enviada a Olimpo.Es importante recordar que en las últimas horas el abogado Abelardo de la Espriella descartó las posibilidad de ir a la consulta de marzo. Por otro lado, Sergio Fajardo, quien aparece de tercero en la intención de voto de la encuesta Invamer, ha descartado alianzas con De la Espriella.Mientras que desde le Centro Democrático han dicho que es importante ir a la consulta de marzo, incluso, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha planteado la idea de buscar una alianza desde Fajardo hasta De la Espriella.
Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por 82.700 millones de dólares, anunciaron este viernes las dos compañías en un comunicado conjuntoLa oferta final de Netflix ha sido de 27,75 dólares por acción de WBD, frente a los 24 que había propuesto Paramount, que junto a Cromcast eran los tres interesados en la adquisición de Warner Bros. Discovery.Se espera que la transacción se cierre tras la anunciada separación de Discovery Global, la compañía centrada en la televisión, que englobará a CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales en abierto en Europa. Se espera que esta operación se complete en el tercer trimestre de 2026.Las ofertas por la totalidad o parte de WBD comenzaron en octubre con una oferta de Paramount de 27 dólares por acción por el cien por cien de la compañía.Netflix y Comcast se sumaron después a la pujas, que ha tenido dos rondas, la última el pasado 1 de diciembre. Pero sus ofertas eran solo por una parte de la compañía, sin incluir Discovery Global.Paramount denunció ayer en una carta abierta parcialidad en el proceso, alegando que favorecía a Netflix.¿Cómo será la fusión de Netflix y HBO?La compra de WBD por Netflix supone la fusión de dos de las principales compañías de entretenimiento audiovisual.El catálogo incluirá producciones de HBO como 'The Big Bang Theory', 'The Soprano' o 'Game of Thrones', o películas como 'The Wyzard of Oz' y del universo DC, que se unirán a series de Netflix como 'Wednesday', 'Money Heist', 'Bridgerton' o 'Adolescence'."Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo", afirmó en el comunicado Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix. "Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. -desde clásicos atemporales como 'Casablanca' y 'Ciudadano Kane' hasta clásicos modernos como la saga de Harry Potter- con títulos que definen la cultura como 'Stranger Things', 'KPop Demon Hunters' y 'The Squid Game'".Mientras que el presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, aseguró que "el anuncio de hoy une a dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan"
El Centro Internacional de Especialistas (CIE), ubicado en la capital santandereana, en alianza con la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), inauguró este viernes el primer monumento en Santander dedicado a los trabajadores de la salud que perdieron la vida durante la pandemia de Covid-19. La obra busca rendir un homenaje permanente a quienes enfrentaron, en la primera línea, la emergencia sanitaria más desafiante del siglo.Durante el acto, representantes del sector salud y líderes empresariales destacaron la valentía y entrega del personal médico, de enfermería y de apoyo asistencial que trabajó sin descanso en los momentos de mayor incertidumbre. También hubo espacio para reconocer a las familias que acompañaron, muchas veces en silencio, las largas jornadas y la carga emocional que dejaron aquellos meses críticos.El monumento, una escultura de 3,5 metros de altura tallada en piedra Villanueva, pretende simbolizar la solidez, resistencia y dignidad del personal homenajeado. Su elaboración tomó tres meses y requirió la colaboración de artistas y artesanos de Villanueva y Barichara, quienes aportaron técnicas tradicionales y una lectura sensible de lo que representó la pandemia para el país y el mundo.La estatua, nombrada como ‘Eco de la vocación’, representa a un profesional de la salud, quien incluso usa un tapabocas. En el fondo se divisan unas alas y en la parte inferior hay una placa, también tallada, que dice “En memoria de quienes sanaron hasta el final. Su entrega no se olvida”.Ubicada en el campus del Centro Internacional de Especialistas, la obra se convierte en un nuevo punto de memoria para Santander, una región que, como el resto del país, vivió de cerca el impacto de la crisis sanitaria. Con esta iniciativa, las instituciones organizadoras buscan preservar el legado de quienes dieron su vida en el cumplimiento de su labor y mantener vivo el reconocimiento social hacia el personal de salud.
El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella confirmó que no participará en la consulta interpartidista de marzo, decisión que atribuye a lo que denomina un “mandato popular” derivado de los más de cinco millones de firmas que respaldaron su aspiración. Durante una extensa entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el también abogado insistió en que su candidatura constituye un fenómeno ciudadano que no puede someterse —según afirmó— a “los mecanismos tradicionales de la política”.“Yo no puedo traicionar a esos millones de compatriotas que firmaron por mí”, sostuvo, descartando cualquier posibilidad de medirse en una consulta oficial. Su negativa contrasta con las expectativas dentro de sectores de centroderecha que buscan una unificación antes de la primera vuelta.Un respaldo simbólico que supera lo legalDe la Espriella destacó que, pese a que la ley exige 650.000 firmas para inscribir una candidatura presidencial, su movimiento presentó casi ocho veces ese número. Aseguró que la recolección fue completamente voluntaria y sin recursos económicos de por medio.“No he pagado un peso por esas firmas, aquí no hay dádivas, no hay castas políticas, es fervor popular”, afirmó. Según él, los kits se agotaron en todo el país y las planillas llegaron de manera espontánea desde “todos los rincones de Colombia”.Para el precandidato, ese masivo respaldo no es solo un requisito administrativo sino una señal política contundente: “Esto no es una candidatura, es un fenómeno popular”.La discusión sobre la consulta de marzo: coherencia vs. estrategiaUno de los puntos más polémicos de la entrevista giró en torno a la consulta interpartidista de marzo, mecanismo que busca unificar candidaturas del sector no afín al petrismo. Morales le preguntó si participar no le daría un mayor impulso electoral. De la Espriella respondió con firmeza: “Yo no tengo cálculos políticos (…) así supiera que me voy a ganar sobrado la consulta, no lo haría bajo ninguna circunstancia”.Según explicó, su alternativa era una encuesta pagada por los propios precandidatos, “rápida, verificable y sin costos para el Estado”. Aseguró que esta propuesta fue ignorada y que dejar solo durante cinco meses al candidato de izquierda, Iván Cepeda, representaría un error estratégico similar al que —según él— permitió el triunfo de Petro en 2022.Relación de la Espriella con el expresidente Uribe y tensiones internasEl expresidente Álvaro Uribe ha insistido públicamente en la necesidad de un mecanismo de unidad. De la Espriella aseguró respetarlo profundamente, pero reiteró que ya le comunicó su negativa.“Debo honrar ese mandato popular. Se lo dije con todo el respeto al mejor presidente de la historia de Colombia”, expresó tras afirmar que su decisión no obedece a cálculos políticos sino a convicción personal.El precandidato también abordó el episodio con Miguel Uribe Londoño, a quien dijo haber ofrecido la vicepresidencia hace tres meses. Aunque Uribe Londoño lo negó, De la Espriella enfatizó que se trató de una propuesta auténtica que luego perdió vigencia: “Él reconsideró, pero ya esa posibilidad no estaba”.Acusaciones de persecución y seguridad personalEn otro segmento, reaccionó al señalamiento del expresidente Uribe sobre presuntos intentos de sectores afines a Cepeda para afectar jurídica o físicamente a ambos. De la Espriella afirmó: “Tengo claro que están tratando de armarme un expediente judicial. Y sí, también hay un plan para asesinarme”.Sin embargo, recalcó que no busca victimizase: “Llegué tarde a la repartición del miedo”.Propuestas de Abelardo de la EspriellaSeguridad, economía, juventud y reducción del EstadoConsultado por el momento para presentar propuestas concretas, el precandidato afirmó que la campaña formal comienza en enero, pero que ya ha planteado las líneas generales: seguridad, recuperación del sistema de salud, lucha contra la corrupción, reducción del tamaño del Estado, oportunidades para jóvenes, programas sociales como “Colombia País de Propietarios” y “Matemos el Hambre”.“Lo que hay es propuestas, todo en su momento”, dijo, defendiendo que su equipo programático y electoral “funciona como un relojito”.También rechazó etiquetas ideológicas: “No puede ser extrema derecha alguien que cree en el imperio de la ley (…) Lo que defiendo es extrema coherencia”.Relación con otros líderes políticosFajardo, vetos y posibilidades de unidadEl precandidato aseguró no tener inconvenientes en dialogar con Sergio Fajardo, pese a la lejanía política evidente: “Me parece un hombre respetable; yo me sentaría con él”. No obstante, señaló que varios actores políticos lo han vetado: “Me han dicho que conmigo ni a la esquina”.
La reconocida chef Leonor Espinosa confirmó su incursión en la política, asumiendo la cabeza de lista a la Cámara de Representantes por la circunscripción de Bogotá, en representación del Partido Liberal.Al ser consultada sobre si su nuevo rol significaría abandonar sus restaurantes y los fogones, Espinosa fue enfática en que por supuesto que no lo hará. La chef aclaró que puede seguir siendo la creativa del restaurante y que, de hecho, todo lo que realiza a través de la cocina ya es, de cierta manera, política. Este oficio es inherente a ella y cohabita en sí misma.Gastronomía y PolíticaLa motivación de Espinosa para entrar en el ámbito político se basa en su profunda conexión territorial con la gastronomía. La chef ha trabajado durante 17 años con comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Esta extensa experiencia le ha permitido conocer de primera mano cómo se produce, transforma y circula el alimento.Su visión culinaria siempre se ha fundamentado en una cocina que busca plantear una solución a la problemática de la cultura gastronómica de Colombia. Ella promueve una cocina que da solución a la necesidad de reconectar ingredientes de la biodiversidad con nuevos productores, buscando siempre una dinámica justa. Para Espinosa, la gastronomía es un motor de desarrollo, además de ser cultura.Su experiencia territorial le permite pensar políticas que puedan fortalecer la cadena alimentaria y que demuestren cómo la gastronomía puede generar empleo y bienestar. Además, la gastronomía le ha enseñado a identificar las historias detrás de cada ingrediente y oficio, dándole la sensibilidad necesaria para comprender la diversidad cultural de Bogotá.La llegada al Partido LiberalEspinosa mencionó que el "bichito" de la política lo lleva por dentro, pero recibió una comunicación directa del Partido Liberal. Confirmó que recibió un mensaje del secretario del Partido Liberal. Este proceso se inició tras consultarlo con una persona de su confianza, Héctor Olimpo Espinoza, quien es paisano de la chef y con quien mantiene una relación familiar.Posteriormente, la candidatura se afianzó a través de María Paz Gaviria, quien es candidata al Senado en el número 100. Leonor Espinosa se considera una especie de fórmula de Maripaz Gaviria, ya que ambas coinciden en la importancia de la cultura para el desarrollo del país.Aunque las banderas específicas de su campaña aún están en proceso de definición, el proyecto se está construyendo sobre pilares que buscan que la gastronomía sea entendida como un elemento clave para Bogotá. La chef busca que la ciudadanía comprenda que la gastronomía es economía, que es dignidad, que es cultura y que es un derecho.Escuche aquí la entrevista:
Una operación militar puso fin a la carrera criminal de alias ‘Libardo’, uno de los hombres más buscados del país, cabecilla principal de la estructura ‘Ismael Ruiz’ y ficha clave del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.La operación se llevó a cabo en la vereda Las Delicias, zona rural del municipio de Páez, Cauca. En una casa camuflada en medio de las montañas, alias ‘Libardo’ se escondía junto a varios miembros de su estructura, entre ellos menores reclutados a la fuerza que estaban siendo adoctrinados. El lugar funcionaba como un centro de entrenamiento ideológico y militar.Su trayectoria delictiva es extensa. Según inteligencia militar, este peligroso criminal participó activamente en las filas de la extinta guerrilla de las Farc y luego en las disidencias bajo el mando de ‘Iván Mordisco’. En 2022 fue el responsable de la emboscada en San Luis, Neiva, que dejó siete policías muertos.Desde entonces, su nombre estuvo ligado a múltiples ataques contra tropas del Ejército, secuestros, asesinatos de excombatientes firmantes del acuerdo de paz, y actos de terrorismo con drones, como el ataque a la base militar de Casaverde en julio de 2024.Alias ‘Libardo’ era más que un cabecilla armado. De acuerdo con su perfil criminal, ejercía control territorial en varios municipios del Tolima y el Huila, extorsionaba al sector comercio, cafetero y transportador, y lideraba la instrumentalización de menores para nutrir sus filas armadas.Su caída representa, según el almirante Francisco Cubides, comandante general de las FFMM, un golpe estratégico que debilita la expansión criminal del bloque ‘Isaías Pardo’ y reduce la amenaza contra civiles, líderes sociales y la Fuerza Pública.Este hombre era requerido por la Fiscalía por homicidio, extorsión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, y sobre él pesaba una recompensa de más de 1.600 millones de pesos. En apenas tres años, pasó de guerrillero raso a ser el sucesor de alias ‘Cholinga’ y se convirtió en el hombre de confianza de alias ‘Iván Mordisco’.La muerte de este criminal marca un antes y un después en la ofensiva militar contra las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. Las FFMM sostienen que se han registrado más de 340 combates en lo corrido del año, con un incremento del 40 % en operaciones ofensivas. Ahora, el objetivo son alias ‘Marlon Vásquez’ y alias ‘Chapolo’, quienes heredaron estructuras debilitadas, sin el liderazgo violento de ‘Librado’.
Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía permitió recuperar un millonario cargamento de café que había sido robado en el sur del país. El hecho se registró en zona rural del municipio de Cajibío, Cauca, donde tropas de la brigada 29, en coordinación con unidades de la división de Policía del Cauca, ubicaron una tractomula que transportaba más de 32 toneladas de café tipo exportación. Según estimaciones, el valor de la carga supera los 1.000 millones de pesos.El hallazgo se dio tras una maniobra de inteligencia que permitió interceptar el vehículo antes de que la mercancía fuera movilizada fuera del departamento. Durante el operativo fueron capturadas dos personas, señaladas por las autoridades de pertenecer al grupo armado residual estructura Jaime Martínez, una organización criminal con injerencia en esa región y con antecedentes en el robo sistemático de mercancías de alto valor.Además de recuperar el café, los uniformados incautaron un equipo de comunicación y un inhibidor de señal, elementos que, según las autoridades, iban a ser utilizados por los delincuentes para evitar el rastreo satelital de la tractomula y así dificultar su ubicación tras el robo.Tanto los capturados como el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones para establecer la totalidad de la red criminal involucrada. Las autoridades destacan que este tipo de acciones afectan directamente las finanzas de los grupos ilegales que operan en el suroccidente colombiano.
El Frente de Guerra Occidental del ELN amenaza con la ejecución de un nuevo paro armado en todo el departamento del Chocó que se extenderá durante dos días, desde las 00:00 horas del viermes 25 de julio hasta la medianoche del sábado 26.La declaración, difundida por medios locales y redes sociales, advierte a la población sobre restricciones totales en la movilidad terrestre y fluvial, lo que dejaría a miles de personas confinadas en sus viviendas durante el fin de semana.El grupo armado ilegal hace un llamado directo a la ciudadanía, incluyendo transportadores de carga y pasajeros, para que se abstengan de circular durante el tiempo estipulado. “Nuestras unidades estarán presentes en los corredores de movilidad para dar cumplimiento a dicha orden”, se lee en el mensaje de amenaza.Este tipo de paros armados generan afectaciones directas a la población civil, no solo por el confinamiento forzado, sino por el impacto en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y servicios esenciales. Comerciantes, viajeros y comunidades indígenas que dependen de la movilidad diaria para sus actividades se verán especialmente afectados.La Defensoría del Pueblo ya ha emitido alertas tempranas sobre la presencia de actores armados en el territorio y el riesgo que representan para la vida e integridad de las comunidades. Se espera pronunciamiento oficial por parte del Gobierno y de las FFMM, que deberán coordinar una respuesta ante esta amenaza que, de concretarse, pondría en jaque la seguridad y el desarrollo de actividades básicas en gran parte del departamento.
El grupo de la Mesa Nacional Cacaotera se pronunció hoy en contra de los precios del cacao en el país y pidieron a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, abrir la conversación para construir un acuerdo que permita estabilizar los precios del grano a los productores en ciertas regiones del país.La tonelada de cacao se paga a 8.300 dólares en el exterior, pero en Colombia se paga el kilo a $22.000 cuando, según los cacaoteros, deberían pagarlo a más de 30.000 pesos.Ederson Niño Navarro, presidente de la Mesa Nacional Cacaotera en Santander, aseguró que si antes del 30 de julio el Gobierno no da una respuesta, harán un paro en las principales vías del país, como la Panamericana y la troncal del Magdalena medio. “Lo que corresponde a la mesa nacional cacaotera, que agrupa a una gran parte de las familias cacaoteras del país, tendríamos que generar un paro nacional haciendo la legítima protesta para defender el sector productivo del país”, anunció Niño.A través de un comunicado, la Mesa Nacional Cacaotera de Colombia denunció que las políticas públicas en torno al cacao no se han abordado de manera correcta por este Gobierno, por lo que esperan una respuesta de la ministra Carvajalino, a más tardar en la tarde de este martes 22 de julio.“Denunciamos las prácticas desplegadas por las grandes industrias y exportadores que ejercen el monopolio sobre la producción, el comercio, la transformación y la exportación del cacao en sus diferentes formas, así como la falta de actuación por parte de los órganos rectores del gremio cacaotero”, se lee en el comunicado firmado por representantes de las mesas cacaoteras de Santander, Huila, Tolima, Bolívar, Arauca y la Asociación Campesina Agropecuaria y Piscícola de Santander.La propuesta de los cacaoteros al Gobierno es que se reúnan este 24 de julio para hablar de las necesidades del sector.Sin embargo, la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) informó, a través de un comunicado, que ellos no están convocando a ningún tipo de manifestación, paro cacaotero, y que mantienen un diálogo abierto y constante con el Ministerio de Agricultura.
El director general de la Policía, general Carlos Fernando Triana, llegó al departamento de Arauca para asumir personalmente el seguimiento del caso del subintendente y patrullero secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tame.Los secuestrados son el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Fabián Pérez Mendoza, ambos adscritos al cuerpo élite de investigación de la Dijin, quienes fueron interceptados y privados de la libertad en medio de su labor cotidiana que es investigar ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en concordancia con el acuerdo de paz de la Habana en 2016.El general Triana se reunió con autoridades locales y la cúpula policial de la región para coordinar acciones de búsqueda y protección a sus vidas.“El ELN es absolutamente responsable por la integridad y la vida de nuestros policías”, afirmó el director, quien destacó que los uniformados cumplían funciones orientadas al esclarecimiento de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, en el marco del acuerdo de paz firmado en La Habana.Triana anunció que el secuestro será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por representar una violación grave al Derecho Internacional Humanitario. Además, expresó su solidaridad institucional con las familias de los policías retenidos y exigió su liberación inmediata y sin condiciones.“No es solo un ataque a dos servidores públicos, es un ataque directo al trabajo de protección de líderes sociales en el país. Gracias a ellos se han logrado esclarecer 26 homicidios de líderes sociales en Arauca en los últimos tres años”, destacó el general.
El ELN confirmó en las últimas que tiene en su poder a los dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía, secuestrados durante una operación de “control territorial” en el departamento de Arauca.Según la información del ELN, los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2025, cuando los dos policías se movilizaban por la vía que conecta el municipio de Tame con la ciudad de Arauca, en ese momento fueron interceptados por hombres fuertemente armados.Los secuestrados fueron identificados como Franki Esley Hoyos Murcia, subintendente con 17 años de servicio Y Yordin Fabián Pérez Mendoza, patrullero con más de 10 años en la institución.El ELN afirmó haberles incautado dos pistolas 9mm, un computador y documentos. En el comunicado, el ELN asegura que los agentes están “sanos y salvos” y responsabiliza al Estado de cualquier daño que sufran, especialmente en caso de intentos de rescate militar.
Fue en medio de patrullajes de control que un perro antiexplosivos de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1 de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército logró ubicar un artefacto explosivo improvisado junto a unas viviendas en una de las vías por donde se iba a realizar el desfile militar del 20 de julio.Este artefacto, dicen las autoridades, se encontraba dentro de bolsas de basura y había sido dejado en medio de las viviendas y cerca de un jardín infantil, zona de la inspección La Julia, del municipio de Uribe, Meta.Tras la verificación, un equipo de explosivos, detonaciones y eliminación de artefactos, siguiendo todos los protocolos establecidos, procedió a despejar la zona con el apoyo de la Policía, y posteriormente realizó la destrucción de este artefacto de manera controlada.“Con esta acción, se neutralizaron las acciones del enemigo que buscaba atentar contra la vida e integridad de la población civil y las tropas desplegadas durante la conmemoración de los 215 años de Independencia”, destacó el Ejercito.La Fuerza de Tarea Omega rechazó este acto que pudo afectar muchas vidas y anunció el refuerzo de las operaciones ofensivas en la zona para combatir los grupos armados organizados, por lo que invitó a la población a denunciar todo acto sospechoso a través de la línea 107 antiterrorismo.
La Cuarta División del Ejército confirmó que tropas desplegadas en zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, fueron blanco de un ataque con artefacto explosivo improvisado lanzado mediante un dron por las disidencias de las Farc, en hechos ocurridos el pasado 3 de julio de 2025.De acuerdo con el comunicado oficial, los responsables del ataque serían integrantes de la las disidencias de las Farc, quienes emplearon un dron para arrojar una granada de fabricación artesanal contra las instalaciones del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 General Camacho Leyva, adscrito a la Vigésima Segunda Brigada de Selva.El artefacto detonó en el costado oriental externo del puesto de mando, donde se encontraba personal militar del dispositivo avanzado de combate. Sin embargo, gracias a las medidas de protección activadas por los soldados, no se presentaron afectaciones en el personal ni daños a la infraestructura militar.Tras la detonación, las tropas activaron el plan de reacción y contrataque, que incluyó el despliegue de medios aéreos no tripulados para asegurar el perímetro en un radio de 360 grados. Las unidades en la zona fueron alertadas y el dispositivo de seguridad permanece en máximo alistamiento para prevenir nuevos ataques.El Ejército Nacional calificó este hecho como una violación al derecho internacional humanitario y anunció que se adelantarán las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. Asimismo, la Cuarta División reiteró su compromiso con la seguridad del suroriente colombiano, la defensa de la población civil y el respeto por los derechos humanos, manteniendo su presencia activa y contundente en la región.
Este martes, se desató una ola violenta por parte de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' en diferentes zonas del Cauca y el Valle, incluida Cali. Los hechos dejan hasta el momento cinco personas heridas y cuatro más fueron asesinadas. Dese la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, rechazaron los ataques advirtiendo que la política de paz ha fallado."Estas acciones, ocurridas en el suroccidente del país, son consecuencia del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y del fortalecimiento de organizaciones criminales, cuyo accionar se ha visto facilitado por una política de paz fallida, la ausencia de una estrategia clara de seguridad y lucha contra el crimen, la reducción del presupuesto en defensa, y la expansión acelerada de economías ilegales en centros urbanos y zonas rurales"; señala en un comunicado Asocapitales.Por otro lado, hicieron un llamado para que se tomen medidas urgentes con el fin de garantizar la seguridad en Colombia."La ocupación permanente de los territorios controlados por economías criminales, el combate al tráfico de armas y explosivos, la finalización inmediata de cualquier zona afectada por ceses al fuego, la reconstrucción del pie de fuerza y de las capacidades operativas de la fuerza pública, así como el fortalecimiento de la acción judicial contra el crimen y las organizaciones terroristas, son medidas urgentes e inaplazables", dice el documento.
El alcalde de Puerto Guzmán, Putumayo, Edison Gerardo Mora, reveló detalles de los enfrentamientos entre dos grupos disidentes en ese municipio que dejaron 18 personas muertas. Las dantescas imágenes de los cuerpos tirados desde una volqueta le dan la vuelta al mundo y reflejan el horror de un conflicto que no cede en su crueldad. El mandatario de la población putumayense, duramente golpeada por el conflicto armado, clamó ayuda para recoger los cadáveres y darles una sepultura digna. Además, aseguró que en el lugar no había presencia de las fuerzas armadas y que los uniformados hicieron presencia ya cuando la masacre estuvo consumada. "Desconozco las gestiones que esté haciendo el comisionado de Paz, pero los resultados no se ven. El resultado son estos 18 muertos, que están en estos momentos en en el cementerio. Aprovecho la oportunidad para solicitar de manera inmediata que por favor, nos recojan esto estos cadáveres que ya están en un estado de de descomposición", pidió el mandatario. El mandatario pidió al Gobierno que se envíe una comisión de paz para que se logre un acercamiento entre ambos grupos. "Estos dos años hemos vivido esta guerra en nuestro municipio y la verdad estamos muy preocupados, porque día a día se va aumentando esta ola de homicidios", sostuvo Mora. El choque armado entre los bandos se registró el pasado sábado en jurisdicción de las veredas Las Delicias y Los Pinos. "Hubo una confrontación entre dos grupos, los llamados Comandos de frontera y disidencias de las Farc Carolina Ramírez. Han venido presentándose enfrentamientos entre ellos. A raíz de eso, personas civiles llevamos trasladadas en ese momento más de 40 personas muertas, más estos 18, ya se sacarán las cuentas", reveló. Según InSight Crime los Comandos de la Frontera, o La Mafia, como se les conocía anteriormente, son un grupo compuesto por disidencias de las FARC y desmovilizados de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que buscan mantener el control sobre el narcotráfico en el bajo Putumayo y la frontera con Ecuador.El Frente Carolina Ramírez, también llamado Frente Uno, está compuesto por disidentes de la misma guerrilla que no aceptaron el acuerdo de paz firmado en 2016.
La Defensoría del Pueblo reveló este viernes que en Colombia, entre los meses de enero y septiembre de este año, se registraron 157 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Esta cifra es superior a la registrada en el mismo periodo del 2021, cuando se presentaron 109 casos."Hago un nuevo llamado a los grupos armados ilegales para que respeten la vida e integridad de los líderes y lideresas y personas defensoras de los derechos humanos, ellos cumplen un papel fundamental para garantizar los derechos de las comunidades y fortalecer la democracia en las regiones”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.El 81% de los homicidios se presentaron en zonas donde la Defensoría del Pueblo ha emitidos alertas tempranas, es decir, municipios del país en los cuales se ha advertido sobre el riesgo para los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Nariño, Cauca, Putumayo, Antioquia y Valle del Cauca son los departamentos donde más casos se presentan."Los sectores más afectados por esta conducta durante estos meses son líderes y lideresas comunales con 51 casos, 32 indígenas, 26 comunitarios, 14 campesinos entre otros", explicó Camargo.Justamente este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia pública sobre las medidas que ha tomado el Estado para proteger a los líderes sociales en Colombia, allí la oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló que han logrado confirmar 58 casos de homicidios, de las 202 denuncias que han recibido en lo corrido del año.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y por qué la alcaldesa Claudia López no asume su responsabilidad por la situación de Bogotá:
El Congreso debate el proyecto que prorroga la ley 418 de orden público con la que se busca darle facultades especiales al Presidente Petro. Este miércoles, en Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, se analizará qué tan conveniente resulta que el mandatario tenga dichas potestades y si en virtud de esas facultades podrían los narcotraficantes terminar incluidos en la JEP. Sobre el tema habló monseñor Rubén Darío Jaramillo, Obispo de Buenaventura, quien aseguró que "cualquiera puede entrar", sin distingo de bandas criminales. "No podemos pensar en cerrar la puerta desde el principio. Aquí se está afectando a todas las ciudades de nuestro país unas bandas criminales que se van organizando cada vez más y van respondiendo a estructuras. Ese desmonte es muy importante. Nosotros sabemos que no está construida, pero elaborarla no es nada fácil", declaró. Según monseñor Jaramillo, la clave es generar un clima de confianza. "Hay que crear un clima de confianza. Saben que no vamos bajo un interés ni político ni económico, el único interés es la paz. Si queremos bajar la criminalidad, tenemos que pensar que el Estado tiene que bajar al nivel de poder ofrecer alternativas; nadie se va a entregar gratis”, dijo. “El Estado debe asumir el control de los territorios (...) ha fallado y ha dejado los territorios solos. Queremos que los jóvenes tengan otra alternativa distinta a tomar un arma e ir a cobrar una extorsión”, agregó el obispo de Buenaventura. Así avanzan los acercamientosEsta semana el grupo conocido como "Segunda Marquetalia" bajo el mando de alias 'Iván Márquez' manifestó su intención de sumarse a las negociaciones. Se trata uno de los grupos a los que el Gobierno busca incluir en esta política, aunque, como pasa con el otro gran grupo de disidencias, el Estado Mayor Central comandado por 'Iván Mordisco', hay críticas de cierta parte de la sociedad que considera que ellos ya tuvieron su acuerdo de paz -el de 2016- y no quisieron acogerse a él, por lo que no ven con buenos ojos una segunda oportunidad.Sin embargo, estas posibles negociaciones, tanto con las disidencias como con los paramilitares Clan del Golfo y otros grupos armados y narcotraficantes, no podrán lanzarse hasta que el Congreso apruebe el proyecto de ley de "paz total" que reforma algunas leyes para permitir un sometimiento a la justicia o la negociación política con ellos, que es lo que pretende el Gobierno.Las conversaciones con el ELN, un diálogo que el Gobierno piensa retomar el mes que viene formalmente, quedan fuera de esa ley, pues las bases ya fueron sentadas por la Administración de Juan Manuel Santos (2010-2018) y se busca retomar desde el punto en que las negociaciones se cayeron.
El Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac) publicó un informe frente a las acciones violentas que se presentaron en el mes de septiembre e involucrarían a la guerrilla del ELN. Allí, se reflejó una disminución de las acciones armadas que se presentaron en los departamentos de Norte de Santander y Arauca, zona de frontera. En el mismo sentido, el documento reveló que, en lo corrido de este año han bajado las acciones violentas atribuidas a esa guerrilla, si se compara con el 2021.Una de las personas asesinadas fue un soldado en zona rural de El Zulia, Norte de Santander, el 1 de septiembre. En Tibú, el 28 de septiembre, tres personas fueron secuestrados y les hurtaron el vehículo en el que se transportaban. Mientras que, en Arauca, durante un combate entre fuerza pública y ELN murió otro soldado; cinco más resultaron heridos."En septiembre, el ELN liberó a un civil y a un soldado del Ejército a quienes esa guerrilla había secuestrado en septiembre de 2021 y en agosto de 2022, respectivamente. Las víctimas fueron entregadas a comisiones humanitarias en Arauca y Norte de Santander", agregan.Sobre las operaciones de las Fuerzas Armadas contra esta guerrilla, el Cerac tiene registrado un operativo en el que no se usó la fuerza y se logró la captura de un guerrillero, en Norte de Santander."En septiembre, se registraron siete acciones ofensivas violentas que no fueron atribuidas a un grupo armado, pero que ocurrieron en municipios en los que Cerac registró reciente presencia violenta del ELN. En esas acciones violentas hubo reporte de víctimas: cuatro civiles murieron", señalan.Es importante recordar que el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, reveló que en las regiones donde delinque esta guerrilla se ha registrado una disminución de los hechos violentos y que esto demostraría la voluntad de esa guerrilla para entablar los diálogos de paz que van a empezar en noviembre.
A pesar del anuncio del cese unilateral del fuego, por parte de las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’, en el departamento del Cauca persisten choques armados que involucran a ese grupo ilegal. En el más reciente enfrentamiento, comunidades indígenas quedaron en medio de las balas.Los enfrentamientos se presentaron en el centro poblado de Pioyá, ubicado en zona rural de Caldono, donde hombres armados, al parecer de las disidencias, buscaron refugio y trinchera para responder al ataque que recibieron desde una zona montañosa por parte de guerrilleros del ELNGerardo Trochez, gobernador indígena resguardo La Aguada de Caldono, dijo que sus comunidades quedaron en medio del fuego cruzado."Lo rechazamos, quien lleva del bulto es la comunidad que nada tiene que ver con esta guerra. La comunidad indígena está quedando en medio del fuego cruzado, estos grupos están enfrentados y lo que hacen es refugiarse en los centros educativos, en las casas de las familias. Se perjudica no solo a la familia sino a la población civil”, sostuvo el líder indígena.El asesor de paz de la Gobernación del Cauca, Gustavo Andrés González, dijo que es importante que los grupos al margen de la ley respeten el derecho internacional humanitario y saquen a la población civil de los enfrentamientos"Que se estudie si los anuncios que hacen los diferentes grupos se están cumpliendo. Las otras organizaciones armadas deben entender que hay un intento de desescalamiento del conflicto y que a la vez sus acciones en contra estos grupos promueven otras situaciones que terminan dejando a la población civil en medio de acciones violentas", dijo el funcionario.Los enfrentamientos entre disidencias y ELN, que se disputan el control del territorio, se desplazan hacia la zona montañosa del norte del Cauca.
En medio de un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, respondió los cuestionamientos de los congresistas quienes le preguntaron por la afirmación del director de la Policía, general Henry Sanabria, de que detrás de las invasiones a predios en el país estarían grupos ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.Además, el ministro también se refirió a las preocupaciones que existen por la creación de grupos de defensa de ganaderos que se han unido para proteger sus predios por miedo a las invasiones.“Hemos sido enfáticos en el señalamiento de qué no habrá ninguna tolerancia con la posibilidad de la aparición de fuerzas paramilitares. Ni siquiera el ejercicio de mecanismos propios de defensa. Esto de justicia por mano propia, ni siquiera eso es admisible porque el Estado tiene que cumplir su responsabilidad de brindar la seguridad la población”, aseguró el ministro ante los congresistas.Durante su intervención, el ministro Velásquez trató temas de seguridad nacional, la política de paz y del nuevo relacionamiento de la fuerza pública y las FF. MM. con los ciudadanos.El ministro aseguró que, de los 70 procedimientos de desalojo, que se han hecho en los cerca de 45 días que lleva el gobierno Petro, tres fueron este miércoles. Puntualmente, en el de corregimiento de San Sebastián de Lorica, Córdoba, que estaban invadidos desde el 22 de julio.Además, dijo que se tergiversó sus palabras del martes 20 de septiembre de que él habría sugerido la reducción de los hombres de la fuerza pública, aclaró que, por el contrario, él a lo que se refería es que en la medida que se tenga una fuerza pública más especializada no se necesitaba tantos hombres. Ratifica que, por ahora, se necesita más.Le puede interesar: ¿Qué es la paz total? En #BluLeExplica le contamos los detallesEscuche y siga el podcast Diagnóstico Criminal