Palacio de Justicia: sin consenso en víctimas sobre placa de responsabilidad del Ejército
La JEP aplazó el acto del viernes 30 de mayo en el que se iba a instalar en el Palacio Liévano, de Bogotá, la placa que menciona la responsabilidad del Ejército en la retoma del Palacio de Justicia.
Un hombre herido es evacuado del Palacio de Justicia de Bogotá el 6 de noviembre de 1985, ocupado por un comando guerrillero del movimiento M19.
La JEP se encuentra evaluando una solicitud de Helena Urán, hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, para proteger tres lugares de memoria histórica relacionados con la toma y retoma del Palacio de Justicia, en noviembre del 1985. Sin embargo, en el marco de este proceso, la JEP le ordenó a la alcaldía de Bogotá retirar una placa que hay en el Palacio Liévano que hace referencia al holocausto del Palacio de Justicia, pero no menciona la responsabilidad de las Fuerzas Militares.
Esa jurisdicción citó a las víctimas y la alcaldía para abrir espacios y lograr un consenso sobre la nueva placa que se iba a instalar. El texto, en una primera medida, se propuso de la siguiente forma:
"El 6 y 7 de noviembre de 1985, Colombia vivió una brutal ruptura del orden constitucional, la guerrilla del M–19 asaltó el Palacio de Justicia, sede principal del poder judicial, manteniendo como rehenes a magistrados, servidores, trabajadores de la rama y visitantes. La “retoma” por parte de las Fuerzas Militares se realizó con exceso de fuerza y violencia, causando la destrucción del Palacio de Justicia y dejando como resultado casi una centena de muertos y más de una decena de personas desaparecidas forzadamente. Como resultado de la persistencia de los familiares, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos condenó en el 2014 al Estado colombiano y determinó su responsabilidad en las desapariciones forzadas, ejecución extrajudicial y torturas, ejecutadas por la fuerza pública. Con esta placa se honra a todas las víctimas: a quienes sobrevivieron el horror, a quienes les arrebataron su vida, a quienes desaparecieron forzadamente, a quienes torturaron. Se reconoce el dolor, la pérdida y la dignidad de sus familias. Se reconoce el dolor, la pérdida y la dignidad de sus familias. Se hace memoria para exigir: ¡Nunca más!", diría, en un principio, el texto.
Palacio de Justicia en Bogotá
Foto: AFP
Sin embargo, un grupo de familiares consideró que era importante incluir en la placa la mención a las familias, pero otro grupo argumentó que no lo esencial era destacar a las víctimas. Además, según argumentaron algunos de ellos, se estaba haciendo un énfasis en el grupo de víctimas de personas desaparecidas reconocidas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La JEP planteó algunas ideas para resolver las diferencias y se realizaron reuniones con la Alcaldía de Bogotá y las víctimas; sin embargo, todavía hay algunas diferencias en cuanto al texto de la placa y el título que debería llevar. Es por esto que el acto previsto para el próximo 30 de mayo, en el que se iba a instalar la placa en el Palacio Liévano, quedó aplazado y ahora el magistrado Raúl Eduardo Sánchez invitó a las víctimas del Palacio de Justicia a entregar sus observaciones frente al tema para poder lograr un consenso.
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"Es imperativo destacar que elementos aparentemente formales como el título de la placa poseen un profundo valor simbólico en el marco de los procesos de reparación y construcción de memoria histórica. La definición consensuada de estos aspectos garantizará la legitimidad del acto reparador y su capacidad para dignificar a todas las víctimas. Proceder sin haber agotado las posibilidades de consenso vulnerarían el principio de centralidad de las víctimas que ha guiado todo este proceso, pudiendo generar revictimizaciones y afectar la dimensión restaurativa que se pretende alcanzar con esta medida cautelar", señala Sánchez en su decisión.
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