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La Defensoría del Pueblo alertó sobre la agudización del conflicto armado y el aumento de riesgos para la población civil en los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Puerto Rondón, Cravo Norte y Cubará (Boyacá).
La entidad emitió una alerta temprana para advertir a las autoridades nacionales y locales sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes de prevención y protección ante la persistencia de enfrentamientos, amenazas, homicidios y desplazamientos forzados.
De acuerdo con el análisis de la Defensoría, la confrontación entre el Frente de Guerra Oriental del ELN y las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central sigue teniendo graves repercusiones humanitarias. Las comunidades rurales se encuentran atrapadas entre los actores armados ilegales, que disputan el control de rutas del narcotráfico, la extorsión, el contrabando y el cobro de rentas. Esta situación ha derivado en confinamientos, asesinatos selectivos y restricciones a la movilidad, especialmente en zonas fronterizas.
La alerta también advierte sobre el reclutamiento forzado de menores de edad, el uso de minas antipersonal y el riesgo para líderes sociales, docentes, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos. En varios municipios, las estructuras armadas han impuesto toques de queda y normas de comportamiento a la población civil, afectando las actividades productivas y educativas.
La Defensoría señaló que, a pesar de los esfuerzos institucionales, las respuestas del Estado no han sido suficientes para garantizar la protección efectiva de las comunidades. En este contexto, recomendó fortalecer la presencia de la Fuerza Pública, avanzar en la implementación de los planes de prevención y activar los mecanismos de articulación interinstitucional para atender las emergencias humanitarias.
El organismo insistió en que el departamento de Arauca continúa siendo uno de los más críticos del país en materia de derechos humanos y alertó sobre la posibilidad de un incremento de las violencias durante los próximos meses si no se adoptan acciones coordinadas. La Defensoría reiteró su llamado a las autoridades civiles, militares y de policía, así como a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para garantizar la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes de la región.
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