El Bajo Cauca, atrapado entre el oro y la guerra

En el Bajo Cauca antioqueño se libra una batalla que trasciende lo militar: es una pugna por la gobernanza territorial legítima. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), junto con el Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT), la región enfrenta una ausencia estatal efectiva que ha permitido a grupos armados y redes criminales consolidar control sobre la minería ilegal y otros mecanismos de coerción.La magnitud del problema es alarmante. El análisis de la FIP indica que la minería informal e ilegal domina cerca del 85 % del mercado aurífero regional y que el negocio mueve más de 5.000 millones de dólares anuales. Las consecuencias ambientales y sociales son devastadoras: deforestación masiva (más de 200.000 árboles), contaminación con mercurio y pérdida de fuentes hídricas que sustentan comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.En términos de violencia, la FIP reporta que en 2024 se registraron 195 homicidios, y en el primer semestre de 2025 ya van 104, proyectando una tasa de 52,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi el doble del promedio nacional. La ausencia del Estado se ve reflejada también en decisiones estructurales: la centralización administrativa, la pérdida de delegaciones mineras para Antioquia, la paralización de proyectos como el Distrito Agrominero y la limitación del diálogo técnico con los actores locales.Sin embargo, no todo está perdido. La FIP identifica iniciativas de gobernanza local que resisten la expansión del poder criminal: el Comité Universidad-Empresa-Estado y Sociedad (CUEES), la Región de Planificación y Gestión (RPG), procesos de formalización minera con respaldo local y espacios de articulación territorial basados en la legitimidad comunitaria. Estas experiencias muestran que, pese al escenario adverso, es posible reconstruir presencia estatal significativa mediante coordinación entre niveles de gobierno y dinámicas sociales arraigadas.El reto pendiente, advierte la FIP, es que la presencia del Estado no sea simbólica ni fragmentada: debe recuperar funciones estratégicas cedidas, fortalecer la institucionalidad, garantizar servicios básicos, agilizar la formalización minera y comprometerse con resultados palpables en el territorio. En resumen, la cuartilla demanda una acción estatal más sustantiva, que vaya más allá de los operativos y apueste por la reconstrucción de legitimidad y oportunidades en el Bajo Cauca.

El Bajo Cauca, atrapado entre el oro y la guerra

La FIP advierte que la minería ilegal domina el 85 % del oro en la región y fortalece el control de grupos armados ante la débil presencia.

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