La FIP advierte: el crimen en Colombia pasó de carteles a un modelo en red
Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz revela que el crimen en Colombia ya no responde a grandes carteles, sino a estructuras flexibles y fragmentadas que dominan rentas ilegales en todo el país.
El crimen organizado en Colombia ya no se explica en los términos de los grandes carteles de los años ochenta y noventa. Hoy, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en alianza con el Diálogo Interamericano, el país enfrenta la cuarta generación del crimen organizado, caracterizada por un modelo en red, más horizontal y dinámico, en el que múltiples estructuras criminales controlan diferentes eslabones de las rentas ilegales.
La FIP advierte que Colombia vive un contexto de seguridad híbrido, donde la línea entre grupos insurgentes y crimen organizado es cada vez más difusa. Estas organizaciones han aprendido a adaptarse a los cambios políticos y sociales, pero también a las formas de acción del Estado.
La violencia en el Catatumbo en el 2025
Foto: AFP
De los carteles al crimen en red
La investigación explica que de los carteles de Medellín y Cali se pasó a “cartelitos” como el del Norte del Valle y La Oficina de Envigado. Luego surgieron las Bacrim, tras la desmovilización de las AUC, herederas del paramilitarismo. Hoy, la cuarta generación está integrada por grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y bandas urbanas como La Oficina, El Mesa, los Costeños o los Pepes, que han consolidado un modelo en red con alcance nacional, regional y local.
Rasgos de la nueva criminalidad
De acuerdo con la FIP, el crimen actual en Colombia tiene al menos nueve características centrales:
Modelo en red: estructuras flexibles que colaboran o compiten en mercados ilegales.
Reciclaje criminal: reclutamiento de excombatientes y miembros de otros grupos, lo que garantiza resiliencia.
Gobernanza criminal: algunas estructuras ejercen funciones de autoridad local, imponen normas y cobran tributos.
Especialización: no buscan controlar toda la cadena, sino participar como proveedores en segmentos específicos.
Violencia “domesticada”: reducen ataques a la Fuerza Pública, pero aumentan las amenazas, confinamientos y desplazamientos.
Proveedores más que distribuidores: su protagonismo en el mercado internacional de cocaína ha disminuido, dejando espacio a intermediarios centroamericanos.
Relaciones indirectas con mafias extranjeras: los carteles mexicanos y europeos no operan directamente en Colombia.
Instrumentalización del Estado: usan corrupción y cooptación para que las instituciones sean funcionales a sus intereses.
Uso de tecnología: emplean drones, plataformas digitales y comunicaciones avanzadas para operaciones y control social.
El rezago del Estado
El informe subraya que, aunque el Estado colombiano ha desplegado estrategias contra el crimen por más de cinco décadas, su capacidad de adaptación ha sido limitada. Las políticas siguen concentradas en acciones militares y policiales reactivas, sin suficiente articulación institucional ni enfoque estructural. Para la FIP, combatir el crimen “no es solo una cuestión de fuerza”, sino de combinar represión con fortalecimiento institucional, lucha anticorrupción y alternativas socioeconómicas para las comunidades más golpeadas por la violencia.
Recomendaciones de la FIP
La Fundación propone una agenda de diez puntos para enfrentar el fenómeno:
Un marco legal realista de sometimiento a la justicia.
Reformar la arquitectura institucional para mayor flexibilidad y coordinación.
Atacar de manera sistemática la corrupción.
Mejorar la caracterización y comprensión del crimen organizado.
Cambiar los indicadores de éxito hacia resultados estratégicos.
Priorizar la investigación y judicialización de macrocriminalidad.
Generar información pública y confiable sobre seguridad.
Fortalecer capacidades de alcaldíasy gobernaciones.
Reformar el sistema penitenciario.
Abordar el reciclaje criminal para frenar la recomposiciónde grupos.