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En vilo reforma agraria: según estudio de la Contraloría, SAE no sabe cuántos bienes tiene realmente

De acuerdo con un informe que parece engavetado, la SAE desconoce el total de sus bienes, así como ubicación, avalúo y, sobre todo, el estado físico en que se encuentran realmente.

Sociedad de Activos Especiales (SAE)
Sociedad de Activos Especiales (SAE)
Foto: Facebook SAE S.A.S.

La Contraloría General de la República realizó un estudio sobre la gestión de la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S. Revisó la productividad y rentabilidad de los recursos del Frisco, el Fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado; responsable de administrar los bienes especiales que se encuentran en proceso o que se les haya decretado la extinción de dominio.

La revisión quedó plasmada en un informe de 126 páginas que conoció Mañanas Blu, en el que se desmenuza la gestión de la SAE de 2019 a 2021.

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El informe, fechado el 22 de Julio de, 2022 concluye algunos puntos preocupantes y más teniendo en cuenta que el gobierno Petro pretende entregarle todos estos bienes a quienes los necesiten; es decir, los bienes incautados hacen parte de la columna vertebral del punto uno del acuerdo de paz.
Sobre el tema, se han pronunciado en días recientes la ministra de Agricultura, Cecilia López, quien habló de 7 millones de hectáreas y que se había iniciado con 600.000.

También ha hecho referencia el senador Humberto de la Calle, exnegociador de paz con las Farc, así como el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, quien considera que dichos se pueden usar porque es mucha tierra.

Sin embargo, el problema surge por una de las conclusiones más contundentes de la Contraloría en el estudio, que por alguna extraña razón permanece guardado bajo llave por así decirlo, porque no se hizo público: es que la entrega del inventario de bienes por parte de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes DNE a la Sociedad de activos especiales SAE, fue de manera formal documental y no real y material, lo cual implica, de acuerdo con la Contraloría, un desconocimiento del total de bienes, su ubicación, su avalúo y sobre todo, el estado físico en el que se encuentran realmente.

Sin articulación

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A esto se suma que no existe articulación interinstitucional efectiva porque existen demasiadas entidades que participan en la ejecución de la política de extinción de dominio, esas instituciones del estado no cuentan con un sistema de información centralizado que permita hacer ágil el proceso de verificación de bienes, o por lo menos conocer lo que hacen las demás frente a cada bien.

Entonces, cada entidad tiene su propio sistema de información, que no es compatible con las demás. Por ejemplo, la SAE usa SIGMA, la Rama Judicial SIERJU y la Fiscalía General usa el SPOA. Entonces una información es la que usted encuentra en Fiscalía, otra en la rama y otra en la propia SAE.

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Sin embargo, los líos no paran ahí: La figura de justicia premial, incorporada en el código de extinción de dominio desde 2017, que pretendía que en etapa de juicio el afectado negociara sentencia anticipada a cambio de la entrega efectiva de bienes, estaría siendo subvalorada de acuerdo con el informe, porque poco se aplica, siendo una herramienta útil para disminuir tiempos y costos procesales. Luego de 8 años de su expedición, durante el período 2019-2021 que es el que revisó la Contraloría, o sea en dos años, solo se presentaron 16 sentencias anticipadas.

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Demoras en procesos y corrupción

El presidente Petro habló en Villavicencio sobre las demoras de los procesos y la corrupción que hay en muchos casos, pues la Contraloría junto con el Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad del Rosario, promediaron un estimado de un costo procesal promedio para proferir una Sentencia y se encontró con que cada año de proceso le cuesta a los colombianos entre 26 y 60 millones de pesos de acuerdo a la ley por la que lo desarrollen (la 1708 de 2014 o la 793 de 2002) por proceso.

Esto, para establecer la magnitud real, debería multiplicarse por los más de 1.000 procesos en curso que se pueden demorar entre 8 y 20 años en ser resueltos.

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Y como si fuera poco, hay que agregar que el Consejo Superior de la Judicatura de los 37 despachos que debe crear por ley, solo ha creado 15, o sea un 41%, lo que evidentemente limita el acceso a la justicia.

Congestión judicial

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Otro tema importante que se evidencia es la congestión presentada tanto en la Fiscalía que, a corte de diciembre de 2021, estaba en 1.282 procesos activos. En la Rama Judicial para el mismo periodo de tiempo el Índice de Congestión Efectivo alcanzó el 72,07%, un porcentaje superior en 13,81 puntos al presentado por toda la administración de justicia que es del 58,26%. Esos porcentajes evidencian el desequilibrio presentado en relación con la cantidad de funcionarios designados para su trámite, mientras en la FGN se contaba con 78 Fiscales Especializados en Extinción de Dominio a nivel nacional, la Rama Judicial solo contaba con 15 jueces o magistrados, para esa misma especialidad.

Sobre la entrega del inventario de bienes por parte de la DNE que desapareció después de que se evidenciara que era el fortín del partido Conservador y pasaron estos bienes a manos de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS el estudio asegura que no correspondió a una entrega real y material, se realizó en forma documental, lo que implicó desconocimiento del total de bienes, su ubicación, avalúo y estado físico. Lo peor que es que aún, ahora, luego de 8 años de haber recibido esos bienes, se siguen presentando casos, en 141 actas revisadas se relacionan 509 bienes sin aclarar.

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Inventario incompleto

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Actualmente el inventario de los bienes incautados, tienen información incompleta y desactualizada. El 57,5% de los bienes inmuebles (16.283) no reporta estado físico, o sea no se sabe ni dónde ni cómo están.

En total, 29.109 registros carecen de avalúo comercial o sea no existe peritazgo del precio en el 48% del total de los inmuebles, pero lo más grave, tampoco tienen depositario según el estudio, lo que conlleva a que no sea confiable la información, se dificulte su control y lo más grave, no se permita una adecuada administración.

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En resumen, en Colombia no se está cumpliendo el objetivo de que esos bienes sean productivos y rentables o por lo menos evitar su deterioro. Tampoco se puede contribuir con los programas sociales que es el fin último de la política de incautación de bienes, definida por el Gobierno.

El presidente Petro afirmó que no hay políticas públicas con estos bienes, y el problema es que si las hay, pero no se aplican y al no existir un inventario real de bienes se concluye que la información de la SAE no es idónea, no aporta elementos reales para la acertada toma de decisiones, así́ como para el ejercicio de un control efectivo de los bienes que administra, lo que obviamente está generando corrupción y el incumplimiento de las principales funciones por las que la SAE fue elegida: “Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes y velar por su correcta administración”.

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Así las cosas, se ponen en riesgo el cumplimiento del punto uno del acuerdo de La Habana para lograr la llamada paz total que proyecta el Gobierno nacional como su hoja de ruta.

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