La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó en audiencia a exintegrantes del Ejército involucrados en graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra la comunidad arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta en 1990. Aunque algunos reconocimientos fueron presentados, los mamos y familiares de las víctimas manifestaron su inconformidad por considerar que aún persisten silencios y evasivas frente a la verdad plena.
El coronel (r) Luis Fernando Urrego aceptó su responsabilidad en la tortura de los hermanos Amado y Vicente Villafañe, así como en el asesinato de tres líderes espirituales de la comunidad. Este reconocimiento se dio en la última oportunidad de aporte a la verdad ante la JEP, que deberá definir si el exmilitar mantiene su permanencia en la justicia transicional o es remitido a la justicia ordinaria.
Por su parte, el mayor (r) Hernán Carrera también reconoció su participación en los hechos, señalando además al entonces capitán Pedro Antonio Fernández como uno de los involucrados directos en las torturas, pese a que este ha negado su responsabilidad. Sin embargo, para los mamos arhuacos, las versiones entregadas por los comparecientes siguen siendo insuficientes, pues consideran que no se ha esclarecido en su totalidad cómo y porqué se ejecutaron estos crímenes, ni se ha señalado con claridad la cadena de mando que los permitió.
La JEP, de hecho, ha verificado un posible incumplimiento de los exmilitares dentro del régimen de condicionalidad, al identificar contradicciones y vacíos en los aportes hechos en la audiencia dialógica. Según el tribunal, las omisiones podrían poner en riesgo los beneficios judiciales que los comparecientes reciben en la justicia transicional.
En este escenario, la voz de las víctimas sigue reclamando verdad y coherencia en los relatos de quienes participaron en los crímenes.
“No estamos satisfechos con las versiones que entregaron los militares”, afirmaron los líderes arhuacos, insistiendo en que sin un aporte pleno y sincero no habrá garantías de no repetición ni reparación real para la comunidad.