Petro aceptó uso de recursos públicos para defenderse por inclusión en la Lista Clinton

La Presidencia de la República firmó un contrato por cerca de 10.000 millones de pesos con la firma de abogados Amadeus Consultancy Limited para la defensa jurídica internacional de Gustavo Petro frente a las sanciones financieras de Estados Unidos, luego de su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como la Lista Clinton.El mandatario defendió el uso de recursos públicos y lanzó duros señalamientos contra sectores de la oposición, mientras la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación para establecer la legalidad del proceso.A través de su cuenta en X, Petro afirmó que el contrato es consecuencia de gestiones de la oposición en el exterior, es decir, él señala que las sanciones fueron por diligencias de críticos en Estados Unidos que llevaron a su inclusión en la lista.“Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, escribió Petro.El pronunciamiento se dio en medio de cuestionamientos por la contratación y tras responder a críticas de la periodista Salud Hernández Mora sobre el contrato y el monto.El contrato fue suscrito a inicios de enero por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) bajo la modalidad de contratación directa, con cargo al Presupuesto General de la Nación. El objeto del acuerdo es “prestar servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, orientada al análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales aplicado por autoridades extranjeras”. La ejecución del contrato está prevista entre el 9 de enero y el 30 de abril de 2026.La oposición ha advertido que los servicios contratados corresponden a una defensa personal del presidente y su núcleo familiar, lo que, a su juicio, no debería financiarse con recursos públicos.En respuesta a las quejas, la Procuraduría General abrió una indagación previa contra el Dapre para verificar si en la celebración del contrato se cumplieron los principios y requisitos de la contratación estatal. El Ministerio Público solicitó copias del contrato y de los estudios previos, y busca establecer si hubo o no irregularidades o un eventual detrimento patrimonial.La actuación disciplinaria se activó tras una denuncia presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien cuestionó que un servicio que, según versiones previas, habría sido ofrecido de manera gratuita por el abogado Daniel Kovalik, terminara convertido en un contrato multimillonario financiado con recursos del Estado.“Se suscribió un contrato por $10.000 millones sin una explicación clara sobre su necesidad, su cuantía ni el procedimiento de contratación”, sostuvo la congresista.El Gobierno insiste en que la contratación responde a un asunto de interés institucional frente a sanciones internacionales, mientras la oposición mantiene que se trata de una defensa personal pagada con recursos públicos.