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El representante a la Cámara por el Centro Democrático Juan Espinal pidió la nulidad de las resoluciones del Inpec que permitieron el traslado de los cabecillas de las bandas de Medellín desde la cárcel de Itagüí al polémico ‘tarimazo’.
Este fue el evento en el que estuvo presidente Gustavo Petro en Medellín el pasado 21 de junio.
“Dichas resoluciones carecen de fundamento jurídico válido y contravienen lo dispuesto en la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario) y la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), al permitir traslados con fines ajenos a los previstos por la ley”, explicó Espinal.
Este evento se desarrolló en la plazoleta de La Alpujarra y allí estuvieron los nueve cabecillas de la mesa de paz de la cárcel del Itagüí.
“El traslado se realizó a solicitud de la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien supuestamente actuó como 'coordinadora para la Construcción de la Paz Urbana', figura que no está contemplada en el ordenamiento jurídico ni entre los sujetos legalmente facultados para solicitar traslados de personas privadas de la libertad”, agregó Espinal.
Esta acción, según el congresista, busca que se reafirme la competencia exclusiva de la rama judicial en la ejecución de penas y evitar que se repitan actuaciones que, según el representante, comprometan la institucionalidad penitenciaria del país.
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“Estas decisiones del Inpec vulneran principios esenciales del Estado de Derecho, como la separación de poderes, la reserva judicial y el principio de legalidad: el sistema penitenciario colombiano no puede ser instrumentalizado con fines políticos. El Inpec debe mantener su naturaleza técnica y jurídica, alejada de cualquier interferencia externa”, dijo el congresista.
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