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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló desde el Congreso de Fenalco, que envió una carta al FBI y a la DEA, autoridades de Estados Unidos, donde hace énfasis al “tarimazo” en La Alpujarra, que evidencia la relación entre bandas delincuenciales y el Gobierno de Gustavo Petro.
El episodio polémico en donde se reunió a los jefes de las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá, responsables del 80 % de la violencia en el área metropolitana de Medellín, en la Alpujarra, encabezado por el presidente Gustavo Petro y algunos de sus ministros y congresistas del Pacto Histórico, sigue generando enfrentamientos con el gobierno de la capital antioqueña.
Y es que fue delante de los alcaldes de Cali, Bogotá, Cartagena, Manizales y los empresarios reunidos en Fenalco, en Plaza Mayor Medellín, que aseguró que a pesar de las críticas del Gobierno Nacional, Federico Gutiérrez envió una carta el pasado 2 de julio, a las autoridades de los Estados Unidos, para que analicen las relaciones que tiene el presidente Gustavo Petro con alias Tom o Chatas, alias Douglas, alias Vallejo, alias Carlos Pesebre, alias Juan 23, alias Grande Pa, alias El Indio, alias Lindolfo, entre otros, que estuvieron en la tarima de la Alpujarra, el pasado 21 de junio, en medio de la mal llamada Paz Total.
Según el alcalde Gutiérrez, algunos de esos cabecillas son requeridos por autoridades de ese país norteamericano acusados de hechos delictivos, por lo que en la misiva, aseguró que debe investigar esos actos de presunta connivencia.
“Unas quejas disciplinarias frente a congresistas, frente a la gente que estuvo en la tarima y como hay algunos de esos mafiosos que estaban ahí, que en su momento eran pedidos en extradición por los Estados Unidos por tráfico de drogas, pues yo ya le mandé la cartica al FBI y a la DEA mostrándoles quiénes estaban en la tarifa y al lado de quién. Que respondan”, dijo el mandatario local.
Hay que recordar que Blu Radio conoció en exclusiva el documento de cuatro páginas en el que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que reveló que la instrucción de salida de la Cárcel de Itaguí de los cabecillas, fue emitida directamente por el presidente de la República, a quien el documento identifica como la “suprema autoridad administrativa” del Inpec. La solicitud fue gestionada por la senadora Isabel Cristina Zuleta, funcionaria designada por el Gobierno como encargada de coordinar los acercamientos con estructuras criminales en el marco del proceso de paz urbana, en articulación con la oficina del alto comisionado para la Paz.
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