“Presidente, ¿cuántos muertos necesita para parar la crisis de la salud?: gremios tras aumento UPC

Este martes, el Ministerio de Salud definió cuál será el aumento para la Unidad de Pago Por Capitación para 2026 y son varias las reacciones de preocupación entre aseguradores, prestadores y sectores críticos, quienes advierten que los recursos asignados no son suficientes para cubrir la operación del sistema, especialmente tras el reciente ajuste del salario mínimo.Para el 2026, el incremento se definió en un 9% para el régimen contributivo y un 16.5% para el régimen subsidiado, lo que representa un agregado superior al 12% para todo el sistema.Si bien desde gremios como ACEMI se reconoce que el aumento en el régimen subsidiado cumple con la orden de la Corte Constitucional de igualar los regímenes y podría ser un "alivio para más de la mitad de la población", la cifra para el contributivo es vista como un retroceso técnico.Según Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ACEMI, este aumento del 9% representa, en términos reales, sólo un "4-5% sobre la base de la inflación para el año 2025", ignorando que en este régimen se concentra la mayor proporción del gasto en salud.“Estos cálculos que se hicieron para plantear la necesidad de UPC para el 2026 no contenían el incremento del salario mínimo decretado el día de ayer por el Gobierno Nacional. Cuando más del 40% del gasto en salud del sistema está expresado en nóminas y buena parte de esa población trabajadora tiene el salario mínimo o está cerca al salario mínimo, pues desde luego este incremento afecta y va a afectar de manera material el gasto en salud durante el año 2025”, detalló Vesga.El "desfase" con el salario mínimo y la crisis de liquidezUno de los puntos más críticos señalados por Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, es la desconexión entre el aumento de la UPC y las obligaciones laborales."Existe un desfase importante que hay entre el incremento del salario mínimo y las cifras del incremento de la UPC", señaló Giraldo, añadiendo que esperaban una correlación más estrecha para cubrir sus gastos obligatorios. Esta situación se agrava al considerar que más del 40% del gasto en salud está expresado en nóminas.Ante este panorama, la Asociación solicitó al Gobierno expedir circulares que obliguen a trasladar este incremento a las tarifas con las IPS, buscando mantener un "equilibrio" en un sector que ya sufre por el mal flujo de recursos y la disfunción del sistema, particularmente en las entidades intervenidas.Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, indicó que la cifra del 9.03% dista mucho de los análisis técnicos que sugerían la necesidad de un aumento superior a los 15 puntos y por ello lamentó que la cifra se haya "impuesto" tras mesas de concertación fallidas, advirtiendo que los únicos afectados serán los usuarios:"Seguimos aumentando una brecha que seguramente, fundamentalmente, perjudicará la vida de los colombianos”, sentenció.Y uno de los pronunciamientos más fuerte llegó desde Pacientes Colombia, la asociación que reúne a los afiliados del sistema de salud y que en múltiples momentos ha denunciado el deterioro en la atención y entrega de medicamentos.Denis Silva, su vocero, envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro al señalar que estaba priorizando una línea ideológica sobre la financiación debida del sistema incumpliendo todos las órdenes de la Corte Constitucional.“Presidente Petro, ¿cuántos muertos más necesita usted para parar la crisis de la salud? ¿Cuántos muertos más necesita para entender que un sistema de salud hay que financiarlo debidamente? Libere al sistema de salud, presidente Petro, de su línea ideológica. La salud es un derecho fundamental, no un favor”, pidió Silva.Todos los sectores coinciden en que esta decisión del Gobierno agravará el rezago en solucionar los problemas financieros, cerrando la puerta a una solución técnica concertada. Por ello, los aseguradores han anunciado que volverán a la Corte Constitucional para buscar una conclusión técnica que garantice la transparencia y la sostenibilidad del sistema, mientras los prestadores exigen un "plan extraordinario de liquidez" para evitar el colapso de la atención debida a la comunidad.