Presidente Petro solicita revocar fallo que regula alocuciones presidenciales
Según la defensa de Petro, esta decisión convierte a la CRC en un “censor previo” de las declaraciones del presidente.
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El presidente Gustavo Petro, por medio de su abogado Pedro Alejandro Carranza, solicitó al Consejo de Estado revocar la sentencia que impuso controles a las alocuciones presidenciales y que otorgó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) la facultad de autorizar y supervisar sus intervenciones en televisión.
Según la defensa del mandatario, esta decisión convierte a la CRC en un “censor previo” de las declaraciones del presidente, a su consideración, incompatible tanto con la Constitución Política como con la Convención Americana de Derechos Humanos.
En el recurso presentado, el abogado sostiene que la sentencia condiciona el ejercicio de la libertad de expresión del presidente a la autorización previa de un órgano administrativo y lo expone “al riesgo permanente de que su voz sea interrumpida en vivo por una entidad técnica”. A juicio de la defensa, el fallo termina sometiendo una función esencial del —comunicar, explicar y rendir cuentas al país— al permiso de una autoridad no elegida por voto popular.
La defensa también cuestiona que el fallo se sustente en un presunto “uso desmedido” de las alocuciones presidenciales, sin aportar estudios comparativos, antecedentes históricos o análisis sobre el ecosistema informativo actual que respalden dicha afirmación.
Asegura que no está demostrado que las intervenciones del presidente hayan afectado el pluralismo informativo, ni que la CRC tenga competencias para determinar límites o autorizaciones sobre contenidos de carácter político.
“No está demostrado que conferir a la CRC poderes de veto previo e interrupción en vivo sea un medio idóneo para garantizar pluralismo. Por el contrario, el riesgo de que la entidad se convierta en un árbitro del contenido político es evidente, y nada indica que ello aumente la pluralidad de fuentes; puede, incluso, mermarla si desestimula el uso del canal institucional por temor a la censura”, asegura el documento presentado por el abogado Carranza.