Presidente del Consejo de Estado responde a críticas de Petro por fallo de alocuciones
Tras las fuertes críticas del presidente Petro al fallo que declaró indebido el uso de alocuciones presidenciales, el presidente del Consejo de Estado, magistrado Luis Alberto Álvarez, respondió aclarando que la decisión no constituye censura.
El reciente pronunciamiento del Consejo de Estado generó una nueva tensión entre el Gobierno y la justicia. La alta corte determinó que el presidente Gustavo Petrohizo un uso inadecuado de las alocuciones presidenciales al convertir estos espacios, destinados a informar sobre asuntos de interés nacional, en escenarios de opinión política. El mandatario respondió calificando la decisión como un acto de censura y una limitación a su libertad de expresión.
Ante estas afirmaciones, el magistrado Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado, salió al paso de las críticas. En declaraciones a los medios, afirmó que la decisión judicial no tiene un carácter restrictivo ni busca silenciar al jefe de Estado.
“Creo que las garantías ciudadanas las tiene el primer mandatario y, por supuesto, todos los ciudadanos”, señaló, enfatizando que el fallo busca equilibrar el acceso a la información y evitar el monopolio del discurso oficial en los medios públicos.
El Consejo de Estado recordó que las alocuciones deben tener un carácter excepcional y justificado, dirigidas a comunicar temas de interés nacional y no a promover posturas políticas o confrontaciones con otros poderes. La sentencia también ordenó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) establecer reglas claras sobre el uso de estos espacios antes de finalizar el año.
Presidente Gustavo Petro
Foto: Presidencia de la República
Con esta decisión, el alto tribunal marcó un precedente en la regulación del uso de los medios oficiales por parte del Ejecutivo. Aunque el presidente Petro mantiene su desacuerdo y advierte que el fallo afecta su capacidad de comunicarse con la ciudadanía, la Corte insiste en que su objetivo es garantizar un debate público equilibrado y plural, en el que el acceso a la información no dependa de la voz exclusiva del Gobierno. La controversia, sin embargo, deja claro que la tensión entre el poder político y la justicia seguirá siendo un tema central en el escenario colombiano.
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