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En medio de la implementación de la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, crecen los cuestionamientos sobre una de sus principales herramientas, la suspensión de órdenes de captura a miembros de grupos armados en el marco de negociaciones.
Para Gerson Arias, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz, los resultados hasta ahora evidencian fallas estructurales que han terminado favoreciendo el fortalecimiento de estos grupos ilegales.
Según explica, uno de los principales problemas radica en que estas decisiones se adoptaron sin condiciones claras ni mecanismos efectivos de verificación.
“Se suspendieron órdenes de captura sin ningún tipo de de condicionamiento. Es decir, los grupos siguieron ampliando su dominio territorial, expandiéndose a zonas donde no estaban, siguieron reclutando niños, siguieron extorsionando, ordenando homicidios, y por tanto, en términos de la no existencia de condiciones, pues básicamente lo que tenemos hoy son procesos sin métodos, sin visión, y sin ningún tipo de líneas rojas que permita, digamos, a la ciudadanía creer o legitimar estos procesos”, señaló Arias.
A su juicio, lejos de frenar la violencia, estas medidas han sido aprovechadas por las organizaciones ilegales para fortalecerse sin asumir compromisos reales. El análisis se evidencia en casos concretos como el de alias ‘Calarcá’, miembro de disidencias de las Farc, cuyas órdenes de captura fueron suspendidas en 2024.
De acuerdo con información conocida públicamente, y que ha sido reconocida por la Fiscalía, ‘Calarcá’ habría continuado vinculado a homicidios de líderes sociales y firmantes de paz, además de prácticas como el reclutamiento forzado, secuestros y extorsiones, pese a su condición de representante en una mesa de diálogo.
Un panorama similar se observa en Medellín, donde recientemente se suspendieron órdenes de captura contra 23 integrantes de estructuras criminales.
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“Increíblemente encontramos que 16 de ellas estaban aún presas, entonces ahí pensamos que hubo un error inducido de la oficina del comisionado de paz y su jefe de delegación, la senadora Zuleta, o quizás una falta de capacidad de la fiscalía o ambas. El hecho es que se generara una suspensión de órdenes de captura que hoy afortunadamente fue revocada, que no entendemos, porque si bien, digamos, estas personas estaban en la cárcel y continuaban, digamos, un proceso de acercamiento, no había necesidad de esa suspensión de órdenes de captura, y por tanto, en el tema de las bandas de Medellín, hoy tenemos todavía activas 7 órdenes de suspensión de órdenes de captura, digamos, con personas con de altísima peligrosidad”, subrayó.
Arias advierte tambien sobre el crecimiento de las estructuras armadas en el marco de esta política. Según sus estimaciones, algunas disidencias pasaron de tener cerca de 1.400 integrantes en 2022 a alrededor de 3.000 en la actualidad, con presencia en más de 100 municipios de al menos 10 departamentos. “A pesar de la suspensión, este grupo se ha seguido expandiendo y fortaleciendo”, enfatiza.
Desde su perspectiva, estas situaciones responden a una serie de errores en la implementación de la política. Entre ellos, menciona la falta de una conducción estratégica clara, la debilidad institucional para verificar el cumplimiento de condiciones, y la desarticulación entre el Gobierno, la Fiscalía y la fuerza pública.
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“Vemos un aprovechamiento, digamos, muy concreto de los comandantes de estos grupos y de estas bandas por forzar al gobierno Petro a más seguir manteniendo estas mesas, a pesar de que a 4 meses de cerrar este gobierno no vemos un resultado tangible. Es decir, hay una suerte, digamos, de idea de extorsionar al gobierno garantizando la existencia de estas mesas a pesar de los múltiples problemas y denuncias que hoy en día, digamos, pues son muy obvias en términos del no compromiso de estos de estos grupos, es decir, de una u otra manera estos grupos están condicionando al gobierno de mantener estas mesas”.
Adicionalmente señaló que “de fondo hay una intencionalidad de tipo político y electoral para garantizar que estas mesas, a pesar de que no llevan ningún tipo de avance, pues, puedan mantenerse y de cierta manera delegar este problema tan gigante al próximo gobierno o al próximo presidente o presidenta”.
Las consecuencias, advierte, son especialmente visibles en los territorios. Arias describe un impacto humanitario crítico, con comunidades que siguen enfrentando confinamientos, desplazamientos y ataques, incluso en medio de negociaciones. “Las consecuencias son muy dramáticas”, afirma, al señalar que la violencia no solo persiste, sino que en algunos casos se ha intensificado.
“Estos grupos, como las disidencias o estas bandas en particular, están sentados en la mesa, pero en efecto estas comunidades siguen siendo hoy amenazadas, siguen siendo hoy atacadas, con drones, por ejemplo, siguen soportando confinamiento, desplazamiento y amenazas”.
Además, alerta sobre la pérdida de legitimidad de las organizaciones comunitarias tradicionales, como las juntas de acción comunal, que en algunos territorios han sido desplazadas por estructuras sociales promovidas por los mismos grupos armados.
“En términos de esas comunidades, también muchos de estos grupos, en especial las disidencias, han conformado organizaciones sociales, digamos, reemplazando la institucionalidad de esos territorios que son las juntas de acción comunal”.
A esto se suma, asegura, un escenario de disputa entre organizaciones ilegales en al menos 14 zonas del país, donde la ausencia de intervención estatal ha incrementado la zozobra de la población.
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En este contexto, el investigador concluye que la política enfrenta un punto crítico, en el que decisiones como la revocatoria de suspensiones de órdenes de captura y el fortalecimiento de los controles institucionales serán determinantes para evitar que los procesos de diálogo sigan siendo instrumentalizados por los grupos armados.
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