Procuraduría cuestiona a Registraduría por contrato para elecciones juveniles

La Procuraduría llamó la atención a la Registraduría sobre la contratación que hizo para la realización de las elecciones juveniles que fueron aplazadas para marzo del próximo año.

Le pide que revise el valor del contrato por 120.000 millones de pesos ya que corresponde al que ofreció un único oferente, una unión de empresas encabezada por Thomas Greg & Sons, y cuestiona por qué califican los comicios como un proceso de seguridad nacional cuando sus fines son otros.

El llamado lo hizo Liliana Caballero, la procuradora delegada para la vigilancia preventiva de la función pública, que envió una comunicación al registrador Alexander Vega en la que le dice que la justificación que da para hacer un proceso de selección abreviada, argumentando que es un asunto de seguridad y defensa no está justificado correctamente, ya que los objetivos de estas elecciones son otros como visibilizar el talento de los jóvenes colombianos. El proceso de selección abreviada permite elegir rápidamente un proponente específico y reducir los tiempos de contratación.

"No es clara tal justificación, en la medida en que los objetivos de los Consejos de Juventud, son: canalizar los acuerdos de los y las jóvenes sobre las alternativas de solución a las necesidades y problemáticas de sus contextos, visibilización de sus potencialidades y propuestas para su desarrollo social, político y cultural; y generar propuestas para su desarrollo. En ese sentido, ¿Cuáles son las razones jurídicas y técnicas que justifican que la Registraduría Nacional del Estado Civil enfoque este proceso dentro de los necesarios para la defensa y seguridad nacional?", pregunta la Procuraduría.

Adicionalmente, el ente de control le pide al despacho del registrador Alex Vega que reporte qué información se tuvo en cuenta para estructurar el estudio de mercado de esta contratación, las condiciones de participación y los criterios de evaluación ya que el valor de las elecciones es el que propuso la unión temporal encabezada por Thomas Greg por 120mil millones de pesos.

En un tercer punto, la Procuraduría pide a la Registraduría analizar los tiempos y plazos establecidos en el cronograma, ya que la respuesta a las observaciones del pliego de condiciones tenía la misma fecha del de vencimiento del plazo máximo para expedir adendas. En otra observación cuestiona por qué las observaciones de otras empresas como LInkTIc, interesadas en el proceso, no están publicadas en el sistema SECOPII, como establece la ley.

Finalmente, la procuradora Liliana Caballero le solicita a la Registraduría responder a las empresas que hicieron observaciones sobre la contratación, las inquietudes que han presentado que hasta el momento no han sido atendidas. En el mismo sentido le solicita al registrador Vega responder en tres días estas observaciones planteadas, antes de continuar con el proceso de contratación y precisamente aclarar si el plan es continuar con la licitación.