Abogados piden no haya medida privativa contra exdirectoras del AMVA en caso de presunta corrupción

Sigue la expectativa en Medellín por conocer el futuro judicial del exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio y dos exsubdirectoras de la misma entidad, quienes están siendo procesados por presunta corrupción en contratos con el Cuerpo de Bomberos del municipio de Itagüí.Y es que una vez más la audiencia de medida de aseguramiento se extendió y continuará este 16 de febrero, tras haber escuchado los argumentos de cada una de las defensas de los imputados.En la más reciente sesión tuvieron la palabra los abogados de la exsubdirectoras Ambientales de la entidad, Diana María Montoya y Ana María Roldán, quienes según la Fiscalía serían responsables de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación de más de cuatro mil millones de pesos en los seis contratos en cuestión que superaron los 17.000 millones de pesos.La argumentación de los apoderados se basó en las razones que debería tener en cuenta el juez de control de garantías para evitar imponer alguna medida de aseguramiento, incluso privativa de la libertad, contra las exfuncionarias.Por ejemplo, Luis Carlos Villegas, abogado de Ana María Roldán, cuestionó la falta de precisión en la imputación por parte de la Fiscalía sobre el aprovechamiento que su defendida habría tenido y sacado de esos contratos."En esta audiencia, su señoría, la Fiscalía General de la Nación no identificó un beneficio patrimonial o un enriquecimiento o una ventaja funcional o un incentivo económico que pudieran hacer que la señora Ana María Roldán se interesase en la adjudicación de los contratos a bomberos Itagüí", aseguró el abogado.Al igual que la defensa de Montoya, el abogado reiteró que buscan atribuirse delitos no por actos cometidos por parte de las investigadas, sino por presunciones a partir del cargo que ocupaban en la autoridad ambiental. También solicitó al juzgado que no fueran tenidas en cuenta para la decisión material probatorio presentado por partes diferentes a la Fiscalía General."Se edifica sobre cargo, contexto, estructura, modalidad contractual, asociaciones narrativas, pero no sobre actos concretos individualizados atribuibles a la doctora Ana María porque no se identificó interés personal, no se demostró dominio del hecho, no se acreditó beneficio", explicó Villegas.Tras escuchar a las defensas de los procesados, se espera que en la reanudación de la diligencia de este 16 de febrero intervengan sobre esos argumentos tanto la Fiscalía como la Procuraduría para que finalmente el despacho se pronuncie de fondo en el caso y defina si existe o no cabida para imponer alguna medida de aseguramiento a estos exfuncionarios que hicieron parte de la administración de Daniel Quintero.