En las últimas horas la Procuraduría abrió investigación contra el vicepresidente encargado de estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, Iván Humberto Baquero, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato por más de 8.000 millones de pesos con la Sociedad Colombiana de Ingenieros –SCI para asesorar los proyectos ferroviarios de pasajeros y de carga en el país.
La firma del millonario contrato por más de 8.000 millones de pesos también tiene en la lupa a los gerentes de proyecto de la misma entidad, Libardo Alfonso Celis y Adriana Bareño. La investigación trata de establecer si con ese contrato se podría impactar proyectos ferroviarios como la primera y segunda línea del metro, el tren del río en Antioquia, el tren de cercanía en el Valle del Cauca, el tren regional del Caribe y los Regiotram en Cundinamarca.
Es posible que el alcance del contrato analizado desborde las competencias propias de la ANI y que, en últimas, no sirvan de insumo para la toma de decisiones reales y efectivas al interior de la agencia ni mucho menos de las entidades territoriales
El ente de control también investiga si se incumplió la ley de contratación, teniendo en cuenta que los trabajos se habrían entregado directamente a la Sociedad de Ingenieros, cuando el proceso debe convocar un concurso de méritos por las obligaciones y fines de la actividad.
En la indagación también se trata de determinar si existió falta de planeación que justificará el valor del millonario contrato y el concepto administrativo por más de 1800 millones de pesos, que habría sido establecida por el contratista, según la Procuraduría.
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