La Procuraduría pide a las entidades públicas el cumplimiento de la Ley de Garantías, esto en medio de la polémica por el decreto del Gobierno nacional que anuncia la creación de 1.141 nuevos empleos temporales en el Ministerio de Trabajo. El organismo de control recordó que la norma prohíbe contrataciones estatales durante los cuatro meses previos a las elecciones presidenciales y legislativas, período que empezó a regir desde el 8 de noviembre por los comicios para Congreso.
“Estas medidas no implican la creación de nuevos requisitos, autorizaciones previas ni ampliaciones del período de aplicación de la Ley de Garantías, y la autonomía y discrecionalidad de los nominadores deben ejercerse conforme a la Constitución y la ley, sin afectar indebidamente la gestión del talento humano”, insistió la entidad.
En este sentido, el ente de control solicitó a las entidades públicas, especialmente a los jefes de control interno, fortalecer las acciones de verificación y acompañamiento con el fin de evitar posibles sanciones que podrían desencadenar investigaciones y sanciones a la administración actual.
Cabe resaltar que fuentes del Ministerio de Trabajo dijeron a Blu Radio que el objetivo es lograr el nombramiento de 300 a 500 personas antes del 31 de enero, cuando empieza a regir la Ley de Garantías por las elecciones presidenciales. Sin embargo, la postura es polémica porque, de acuerdo con actores políticos, el Gobierno podría estar buscando “prebendas” ad portas de las elecciones, aunque la cartera insiste en que esta no es una decisión política.