Luego de que la Procuraduría hiciera las respectivas verificaciones de la situación de 315 indígenas Wiwa, desplazados por combates entre grupos armados ilegales en el corregimiento Juan y Medio en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, pidieron una intervención urgente por parte de las entidades regionales y nacionales responsables de la atención a víctimas.
Hay cerca de 1.000 personas entre indígenas y afrocolombianos desplazados, quienes se encuentran en situación de desplazamiento desde el pasado 25 de febrero de 2024. Asimismo, el ente de control indica que no hay prioridad para esta población y que la escasez de agua, hacinamiento, las malas condiciones para dormir y los brotes de enfermedades respiratorias están afectando a menores de edad, mujeres gestantes y lactantes.
El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, afirmó que la atención que se le está prestando a estas víctimas es precario e insuficiente por parte de las autoridades locales, e inexistente por parte del Estado. Así las cosas, Sarmiento hizo una llamada a las entidades nacionales para hacer presencia y capacitar correctamente a las nuevas administraciones sobre la normatividad y procedimientos de atención, con el fin de que el trato a esta población sea adecuado y regido bajo sus costumbres.
Por último, pidió ayuda a la fuerza públicaen el territorio para restablecer el orden y así evitar más casos de reclutamiento de menores, delitos sexuales para que se puedan generar condiciones de seguridad óptimas para el retorno de estas comunidades lo antes posible.
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