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En un evento en el que participaron el ministro del Interior, Alfonso Prada; el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y los presidentes de Senado y Cámara, Roy Barreras y David Racero, respectivamente, finalmente fue radicado el proyecto de ley de sometimiento que establece el marco jurídico para que grupos criminales de alto impacto como el Clan del Golfo, los Shottas, los Espartanos y los Pachenca puedan someterse colectivamente a la justicia con beneficios penales.
Según el ministro Osuna, esta propuesta de ley es solo para organizaciones sin estatus político, las cuales tendrán dos años a partir de la entrada en vigencia de la ley para suscribir el acta de sometimiento, y de allí tendrán una pena que constará de entre 6 y 8 años de cárcel y 4 años de penas restaurativas en libertad condicional.
“Con la radicación de este proyecto, el Gobierno le cumple a la sociedad colombiana, con ese propósito firme de poner todos sus esfuerzos para la construcción de una convivencia pacífica. La paz se construye con distintas estrategias”, recalcó Osuna.
Cabe resaltar que la caracterización y calificación de estas estructuras recae en el presidente de la República y la Instancia de Alto Nivel creada en la Ley 2272 de 2022, ley de paz total, la cual está conformada por el Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia y el Alto Comisionado para la Paz.
El proyecto señala que el principio de oportunidad se establecería para quienes hayan incurrido en los delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal. El texto también sostiene que al principio de oportunidad no podrán acceder los jefes de la estructura ni quienes, tratándose del delito de concierto para delinquir agravado, hayan participado en hechos constitutivos de graves infracciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.
Frente a los reparos del fiscal general, Francisco Barbosa, el proyecto creará un fondo que se destinará a la reparación de las víctimas y programas de justicia restaurativa, conformado por los bienes entregados por la estructura.
De igual manera, dispone que los procesados podrán obtener un beneficio por la entrega anticipada de bienes, de hasta el 6 % del valor de lo entregado, sin exceder de 10.000 salarios mínimos legales vigentes.
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