Mediante una carta enviada al presidente del Congreso, Lidio García, y a los integrantes de la Comisión de Administración, la directora administrativa del Senado de la República, Astrid Salamanca, advirtió sobre la crítica situación presupuestal que enfrentará la corporación durante la vigencia 2026, tras la asignación de recursos establecida en el Decreto 1477, con el que se adopta el Presupuesto General de la Nación (PGN).
Según el documento, el presupuesto aprobado asciende a $486.548 millones, cifra que representa una reducción del 2 % frente al presupuesto final de 2025 y del 35 % frente a lo solicitado en el anteproyecto presentado al Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con la comunicación, el Senado había solicitado para 2026 un presupuesto total de $656.321 millones, que incluía recursos para funcionamiento, gastos de personal, inversión y servicio de la deuda. Sin embargo, la asignación final no solo fue inferior a lo requerido, sino que tampoco contempla incrementos frente a la vigencia anterior, pese a que los costos de funcionamiento se incrementarán entre el 5,1 %, correspondiente al IPC de 2025, y hasta el 23 % por el aumento del salario mínimo. Según Salamanca, esta situación impediría cubrir la totalidad de los gastos de funcionamiento del Senado.
El panorama resulta aún más preocupante en materia de inversión, ya que los $60.435 millones asignados fueron destinados en su totalidad a un único proyecto de seguridad y movilidad de servidores públicos, dejando sin financiación iniciativas clave relacionadas con la modernización tecnológica y el fortalecimiento del sistema integrado de seguridad del Congreso.
Entre los proyectos que quedarían sin recursos se encuentran la actualización de los sistemas de información, la modernización del recinto de la plenaria, la renovación de equipos tecnológicos, la mejora de la infraestructura eléctrica y de iluminación del Edificio Nuevo del Congreso, así como la adquisición y renovación de sistemas de seguridad como rayos X, arcos detectores de metales, equipos antiexplosivos, sistemas antidrones y plataformas de videovigilancia, entre otros.
Ante este escenario, la entidad informó que solicitó al Departamento Nacional de Planeación un concepto favorable para realizar un traslado presupuestal mediante decreto que permita garantizar, al menos, servicios esenciales en tecnología y seguridad. No obstante, advirtió que, si este trámite no se aprueba antes del inicio de la ley de garantías electorales, el 31 de enero de 2026, el Senado quedaría sin estos servicios, sin apoyo operativo a la Policía Nacional y sin contrato para cerca de 70 personas que prestan apoyo técnico y de seguridad, muchas de ellas en condición de discapacidad.
Finalmente, la Dirección General Administrativa manifestó que, de no resolverse estos problemas presupuestales por parte del Ministerio de Hacienda y del DNP, se comprometería la sostenibilidad de los sistemas tecnológicos, la seguridad física y la operación institucional del Senado durante la vigencia 2026.
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