Desde el Gobierno Petro se dieron cuenta que el cambio de la flota de aviones Kfir tendrá que ser un hecho y ahora tienen varias propuestas para la compra; la mejor oferta para que Colombia no se quede sin las aeronaves de combate vienen de Dinamarca y de EEUU. El presidente Petro insiste en que deben ser nuevos, pero su entrega demoraría cinco años.
Las alarmas están encendidas por la forma como están negociando la adquisición, particularmente con la empresa SAAB, de Suecia. Otros gobiernos involucrados en las ofertas están preocupados por el proceso con Suecia.
La flota de aviones de combate Kfir deberían ser cambiados, pues su vida útil llegará a su fin en 2023. Actualmente, Colombia tiene 21 aviones de este tipo, de los cuales 13 son operacionales y sólo nueve pueden volar. El problema con los Kfir es que tienen una vida útil de entre 30 y 40 años y ese plazo se cumple en el 2023. Ningún país, ni siquiera su fabricante, Israel, hace mantenimiento ni provee repuestos.
En abril de 2022, el entonces presidente Iván Duque y su ministro de Defensa, Diego Molano, dejaron listo un CONPES por un valor de 1.200 millones de dólares para comprar nuevos aviones de combate.
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Expertos de la Fuerza Aérea Colombiana evaluaron varios tipos de aviones en el mundo y concluyeron que por la complejidad del orden público del país, las amenazas regionales, distancia de cobertura, reabastecimiento, pistas de aterrizaje y operaciones de interdicción y combate, las aeronaves que más se acomodaban a las necesidades colombianas son:
- F16, de Lockheed Martin (EEUU))
- Gripen, de SAAB (Suecia)
- Dassault Rafale (Francia)
- Eurofighter Typhon (Consorcio europeo)
Fuentes cercanas a la negociación dijeron a Blu Radio que la mejor propuesta fue hecha por el Gobierno de Dinamarca: la Real Fuerza Aérea de ese país planea cambiar su actual flota de aviones F16 por F35. Por ello necesita depurar sus hangares y ofreció a Colombia 36 aviones F16 usados a un costo de entre 2.5 y 6.5 millones de dólares. Pero, debido a esta ganga, entraron a la puja otros países, como Polonia y ya no le venderían a Colombia 36 aviones, sino 24.
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Sin embargo, Colombia sigue teniendo prioridad en la compra, debido a que ambos países empezaron a hablar de esta negociación desde años atrás. Una delegación colombiana ya visitó Dinamarca y revisó el estado de los aviones dos veces este año, en marzo y junio, y dieron el visto bueno.
Blu Radio conoció en exclusiva los detalles de las propuestas danesa y estadounidense de los F16:
Seis aviones F16 Block 10 a un precio, cada uno, de 2.5 millones de dólares, para un total de $15 millones. 30 aviones entre F16 Block 15, Modelo A y modelo B, a un precio, cada uno, de entre 5.5 y 6.5 millones de dólares, para un total de $254 millones por todos los 36 aparatos.
Sin embargo, el Gobierno del presidente Petro insiste en que Colombia necesita nuevos aviones. Lockheed Martin, la empresa estadounidense que fabrica los F-16, no tiene aviones listos para entrega y habría que fabricarlos; este proceso llevaría años.
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La oferta directa de Estados Unidos varía según el número de aviones nuevos que Colombia este dispuesta a comprar. Como se trataría de una venta militar extranjera (Foreign Military Sale - FMS) entre el Gobierno estadounidense y Colombia, el costo se presenta como un paquete total. Esto incluye el costo del avión junto con los costos de apoyo para el sostenimiento, apoyo de ingeniería, infraestructura y tecnología, así como otros elementos.
La compra mínima sería de cuatro aviones y la máxima (por encargo) 24.
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Con el CONPES aprobado, Colombia tendría la capacidad económica de poder comprar los 36 aviones F16 ofrecidos por Dinamarca, los que serían entregados a partir de enero del 2024 y tendrían capacidad operativa inicial (IOC, Inicial Operating Capability, por sus siglas en inglés) de un par de meses después de que aterricen en el país. Colombia tiene la última palabra y podría comprar la cantidad que quiera de esos 36 aviones.
Otra de las ventajas es que Colombia, al ser aliado estratégico no miembro de la OTAN, podría ser invitado a operaciones militares a cualquier país de la alianza y recibiría una compensación económica. Vale aclarar que este beneficio lo tendría con cualquier otro avión avalado por la OTAN.
La segunda oferta viene desde Francia y se trata del avión Rafele. Se trata de ocho aeronaves con un precio, cada uno, de 115-120 millones de dólares e incluye que el Gobierno colombiano no tiene que pagar un solo dólar durante cinco años y un OFFSETS de 1.100 millones de dólares. Los presidentes Petro y Emmanuelle Macron discutieron el asunto el 10 de noviembre en París.
La otra opción viene desde Suecia y su avión Gripen: ofrece 10 aviones nuevos a 85 millones de dólares cada uno, aproximadamente. Al tratarse de aviones nuevos, su entrega se demoraría más, cinco años. Esta es la mayor preocupación por parte del Gobierno colombiano, pues se tardarían en fabricarlos, no hay usados disponibles a la venta y ante el fin de la vida útil de los Kfir en el 2023, Colombia no puede quedarse sin aviones de combate durante tanto tiempo.
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Los negociadores involucrados han lanzado alertas porque la empresa SAAB, que ya ha estado involucrada en varios escándalos de corrupción en el mundo. En Brasil, en el 2015, la Fuerza Aérea de ese país cambió su flota de aviones por los Gripen suecos, pero un fiscal brasilero empezó la Operação Zelotes y acusó al entonces presidente Luiz Inacio Lula da Silva de haber presionado para que dicha compañía se ganara el contrato.
Analistas militares consultados por Blu Radio dijeron que SAAB tiene un gran avión, el Gripen, pero algunas de sus prácticas para conseguir contratos no son tan claras y esto ha impedido que esta aeronave de combate sea la más vendida del mundo: “el mejor caza del mundo, que nadie quiere comprar”, es uno de los titulares de portales especializados en defensa.
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Otros escándalos en los que SAAB ha estado involucrado fueron en Sudáfrica y República Checa en 2007. La empresa reconoció en su momento que algunos de sus intermediarios cobraron comisiones y sobornaron a funcionarios para hacerse con los contratos, pero que ningún funcionario contratado directamente con la empresa, había participado en hechos de corrupción.
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