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En las últimas horas, se conoció un documento firmado por tres magistrados de la Sala de Reconocimiento de la JEP en el que le proponen a la Sala de Amnistía e Indulto, de la misma jurisdicción, una amnistía para los casos de secuestro contra la fuerza pública que no constituyeron crímenes de guerra.
Es decir, no serán amnistiados los casos de secuestro que se dieron buscando el intercambio humanitario o los casos en los que hubo malos tratos, entre otros.
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La Corporación Mil Víctimas se pronunció al respecto, asegurando que en esta decisión la JEP estaría negando el secuestro como una estrategia de las Farc.
“La Corporación Mil Víctimas rechaza categóricamente la posición de la JEP al negar que las Farc utilizaron el secuestro de militares y policías, como en la toma de Las Delicias, como un mecanismo de intercambio humanitario. Esta postura no solo minimiza la instrumentalización y cosificación de los uniformados, quienes fueron usados como fichas de negociación, sino que también desconoce la evidencia histórica que demuestra cómo esta práctica se convirtió, desde los años 90, en una estrategia sistemática de presión política”, señala un comunicado de la organización.
En el mismo sentido aseguran que el sufrimiento de las víctimas fue utilizado como una moneda de cambio para forzar concesiones del Estado.
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“Es especialmente preocupante que la JEP afirme que la privación de la libertad de militares y policías no era una política sistemática de las Farc antes de 1997. Esta afirmación contradice testimonios y hechos ampliamente documentados en expedientes judiciales, como el caso de la toma de Las Delicias, donde 60 militares fueron secuestrados en 1996. Incluso el Dr. Camilo Gómez, negociador de esos secuestros, ha señalado que los militares fueron intercambiados por milicianos de las Farc detenidos, un hecho notorio y documentado en los procesos judiciales”, se lee en el comunicado.
Por último, aseguran que estos debates reflejan una tensión entre las necesidades de reconciliación y la justicia plena para las víctimas advirtiendo que la percepción de que se están "desligando" crímenes graves puede generar desconfianza en las víctimas y en quienes consideran que la JEP no está siendo justa con los militares y policías.
“Esta situación no solo socava la credibilidad del proceso de justicia transicional, sino que también pone en riesgo la confianza en la búsqueda de una paz verdadera y sostenible. Desde la Corporación Mil Víctimas le solicitamos a la SRVR del Macro caso 01 rectifique su posición y reconozca la verdad histórica: el secuestro fue una herramienta sistemática de las Farc para ejercer presión política y obtener beneficios, causando un daño irreparable a las víctimas y sus familias”, agrega el documento de Mil Víctimas.
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