"Sí murió un civil en operativo en Guaviare, según información que tenemos": defensora del Pueblo

Guaviare sigue siendo epicentro de tensión entre Fuerza Pública, disidencias y comunidades locales. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó que en el reciente operativo militar habría fallecido un campesino civil, hecho que agudizó la crisis humanitaria y derivó en la retención de 33 soldados.Contexto del operativo y la liberación de militaresEl departamento del Guaviare, en especial el municipio de El Retorno, vive desde hace años bajo la presión de las disidencias de las FARC. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, recordó que en enero se había emitido una alerta temprana que advertía sobre la creciente confrontación entre las estructuras al mando de alias Mordisco y alias Calarcá.En entrevista con Mañanas Blu, Marín explicó que durante el operativo militar del pasado domingo murieron presuntos miembros de esas disidencias, pero también un civil identificado por la comunidad como Ramiro Antonio Correa.“Según la información que tenemos, sí habría sido un civil, pero eso lo tiene que determinar la justicia”, subrayó la defensora, reiterando que la Fiscalía es la entidad encargada de esclarecer las circunstancias del hecho.La indignación por esta muerte derivó en que cerca de 500 personas se movilizaran para impedir la salida de los uniformados, reteniéndolos durante más de 105 horas. La mediación de la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales como la Misión de Apoyo de la OEA permitió finalmente la liberación de los 33 militares.Gobernanza ilegal en El RetornoUno de los aspectos más críticos señalados por Marín es la fuerte gobernanza ilegal de las disidencias en El Retorno. Según explicó, estas estructuras ejercen un control social que incluye carnetización obligatoria, restricciones de movilidad, imposición de horarios y control de bienes de primera necesidad.“Las disidencias de Mordisco tienen un fuerte control hegemónico en la zona. Se trata de una gobernanza ilegal que somete a la población civil”, afirmó Marín. La Defensoría advirtió que la baja presencia institucional del Estado ha permitido que estas dinámicas se fortalezcan, dejando a las comunidades en una situación de vulnerabilidad extrema.La polémica sobre el “secuestro” de militaresLa retención de los soldados abrió un debate jurídico y político sobre la calificación de los hechos. Mientras el Gobierno y sectores de la opinión pública insisten en que se trató de un secuestro, la Defensora del Pueblo llamó a un análisis más complejo.“No estoy diciendo que no haya sido un secuestro. Lo que planteo es que corresponde a la Fiscalía y a los jueces de la República hacer esa calificación penal”, puntualizó.Según Marín, debe tenerse en cuenta el contexto de sometimiento en el que viven las comunidades: “No es lo mismo actuar en condiciones de plena libertad que bajo el dominio armado de un grupo ilegal”.Derecho Internacional Humanitario y protección de civilesOtro de los puntos centrales de la entrevista fue la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Marín recordó que los civiles nunca pueden ser considerados objetivos militares, incluso en operaciones legítimas contra grupos armados.“El principio principal del DIH es la protección de la población civil. Por consiguiente, toda operación militar debe evitar daños incidentales a civiles y a bienes de carácter civil”, enfatizó.En este sentido, insistió en que la muerte de Ramiro Correa debe ser investigada con rigurosidad para determinar si hubo una violación de este principio.El papel del Estado y la urgencia de una respuesta integralLa Defensora del Pueblo fue clara en señalar que la sola acción militar no es suficiente para enfrentar la crisis del Guaviare.“Es insuficiente la sola entrada de las Fuerzas Armadas. La respuesta de fondo debe ser una presencia institucional integral: justicia, servicios sociales, prevención del reclutamiento y fortalecimiento comunitario”, explicó. De acuerdo con Marín, mientras no exista una acción coordinada del Estado, las comunidades seguirán expuestas a la presión de los grupos ilegales y a la desprotección en momentos de crisis.Vea también: