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A propósito, la Procuraduría General de la Nación se pronunció ratificando que “la justicia transicional debe ajustarse al Estatuto de Roma, lo que exige penas proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos” (Lea también: Álvaro Leyva invitó a Álvaro Uribe a respaldar los acuerdos de paz).
El Ministerio Público explicó que ya lo había advertido en el documento de “Mínimos Penales para Máximos Responsables”, asegurando que en el acuerdo de Justicia alcanzado entre el Gobierno y las Farc “no existen penas adecuadas, ni proporcionales a la gravedad del crimen cometido, sino sanciones simbólicas y manifiestamente groseras”, reiterando que es un acuerdo de impunidad.
Además, enfatizó en que las penas agentes del Estado y miembros de Farc no contemplan una pena de reclusión adecuada y proporcional, por lo que los acuerdos carecerán de seguridad jurídica (Lea también: Farc califica plebiscito como imposición contraria al acuerdo general de 2012).
“La Procuraduría reitera una vez más el llamado al Gobierno Nacional y a las FARC para que se ajusten a los estándares internacionales y no pretendan imponer en Colombia un Acuerdo de intercambio de impunidades”, manifestó el procurador general Alejandro Ordóñez.
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