"Si no tomamos medidas urgentes estamos en riesgo de repetir el apagón del 92": Acolgen

"Si no tomamos medidas urgentes, estaremos ad portas de repetir un racionamiento como el vivido en el año 1992", con estas palabras la presidente de Acolgen, Natalia Gutiérrez alertó en una carta a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) sobre la crítica situación que puede vivir el sector en medio de las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno sobre el funcionamiento del cargo por confiabilidad.¿Qué es lo que pasa con la energía en Colombia?El margen de maniobra del mercado eléctrico se está agotando y cada vez hay menos diferencia entre la energía que producimos y la que necesitamos. Incluso, la Contraloría ha venido advirtiendo sobre el riesgo de un agotamiento del sistema si no entran a operar nuevos proyectos de generación de energía.El Gobierno ya convocó a una subasta de cargo por confiabilidad para que nuevos proyectos entren a operar, pero esas subastas se van a dar bajo nuevas reglas que han sido ampliamente criticadas por la industria y que, según Acolgen, pueden comprometer el éxito de la subasta. Por ejemplo, el hecho de que el valor de los pagos del cargo no es el mismo para todo el mundo, sino que depende del tipo de tecnología, entre otras medidas."Expertos Comisionados de la CREG, el regulador tiene hoy una responsabilidad histórica. Corregir estas decisiones antes de la subasta no solo es técnicamente lo correcto, sino que es la vía para garantizar solvencia, dar señales coherentes a la inversión, y permitir la continuidad del servicio sin sobresaltos para los usuarios", señaló Gutiérrez.Acolgen pide que exista un solo cargo por confiabilidad, que se retire la propuesta de una remuneración diferenciada entre plantas existentes y nuevas y que se publiquen los análisis de impacto normativo. Una de las críticas centrales sobre las nuevas medidas para la industria es que se tomaron sin tener en cuenta los impactos sobre el sector y sin análisis robustos que demostraran técnicamente su conveniencia.Las medidas hacen parte de la estrategia del Gobierno para el sector eléctrico que incluye limitar las ganancias del sector privado en un contexto en el que la administración actual cree que las generadoras de electricidad y las grandes empresas del sector se han estado enriqueciendo a costillas de los usuarios.