Hasta el lunes 4 de marzo, era el último plazo para firmar el contrato de pasaportes que fue adjudicado por el exsecretario de la Cancillería, José Antonio Salazar, Thomas Greg & Sons. Sin embargo, el Gobierno aseguró que no firmaría este contrato hasta que se haga una evaluación, por eso elevaron consultas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a Colombia compra Eficiente.
Mientras esto ocurre, la empresa a la que se le adjudicó el contrato, Thomas Greg & Sons, envió a la Cancillería un derecho de petición mediante el cual pide explicaciones a la decisión de no firmar el contrato, pese a que las resoluciones expedidas por Salazar lo exigen. En el documento se lee: “En ese sentido, se reitera la disposición de la Unión Temporal Pasaportes 2023 de proceder con la suscripción del contrato, la cual es tan cierta que ya ejecutamos las tareas que se derivan del acto de adjudicación”.
También piden “efectuar de manera inmediata los movimientos presupuestales que viabilicen la celebración y ejecución del contrato” de pasaportes, que ha generado bastante polémica en el país.
En medio de la novela por esta licitación, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, aseguró que no hay problemas con el suministro de los pasaportes y que, durante siete meses, cuando se vence el contrato firmado en el marco de la urgencia manifiesta, será garantizada la producción. En este tiempo la Cancillería planea resolver el lío, y una de las propuestas que hay sobre la mesa es fortalecer la producción nacional de los documentos a través de la Imprenta Nacional.
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Canciller sobre pasaportes
El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, anunció que por ahora no se firmaría el contrato con Thomas Greg & Sons para la producción de pasaportes en Colombia, que tenía plazo para ser firmado hasta el 4 de marzo.
El argumento es que no firmarán contratos que se hayan presentado en situaciones irregulares. La Cancillería, de esta manera evalúa con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y con Colombia Compra Eficiente el futuro de esta polémica licitación y pronto se conocerá una posición del Gobierno sobre el tema.
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Para Murillo, el proceso se dio en medio de cuestionamientos por falta de pluralidad en los oferentes y transparencia en los pliegos, pero, aunque está en revisión el proceso, la promesa es que no se pondrá el riesgo en suministro de estos documentos, al menos en los próximos siete meses, es decir, hasta octubre de este año.
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