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La Procuraduría hizo un llamado al Ministerio de Hacienda, al Departamento Nacional de Planeación y a la Unidad de Víctimas, a adoptar medidas efectivas y de manera oportuna para que las víctimas del conflicto armado puedan acceder a la indemnización y, en general, a la reparación integral.
El Ministerio Público considera que, al paso que va, los pagos terminarán en 62 años de acuerdo con las proyecciones efectuadas por la Unidad de Víctimas.
De acuerdo con esto, entre junio de 2011 y julio de 2020 solo el 10,5% del total de las víctimas recibieron el pago de indemnización, lo cual es muy inferior a lo proyectado.
En el informe presentado por la Procuraduría se alertó que, de continuar con la dinámica de pagos efectuados en 2020, que ascendió a $805.120’463.201, se requerirá mucho tiempo para indemnizar a las 9.090.995 de víctimas. Lo que también preocupa porque, en la propuesta de documento Conpes publicada por el Gobierno Nacional, no se incluyen cambios para acelerar el pago de esta medida de reparación.
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