La presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), María Elena Ospina, afirmó que su organización mantiene una interlocución activa con el Gobierno nacional, en medio de la controversia generada por la renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), tras 13 años al frente del gremio.En entrevista con Mañanas Blu, Ospina explicó que Acopi sostiene reuniones periódicas con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como con ministros y viceministros, para establecer estrategias orientadas a atender las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país.La dirigente gremial señaló que, pese a las diferencias que puedan existir entre las organizaciones empresariales y el Ejecutivo, los gremios deben conservar su independencia y ejercer su papel como representantes legítimos de los empresarios ante las instituciones del Estado.“Realmente los gremios tenemos independencia, somos independientes y somos los interlocutores legítimos de los empresarios ante el Gobierno nacional”, manifestó Ospina al ser consultada sobre la renuncia de Mac Master y las posibles dificultades de interlocución entre la Andi y el Ejecutivo.Acopi defiende la autonomía de los gremios tras la salida de Mac MasterDurante la conversación radial, la presidenta de Acopi se refirió a la salida de Bruce Mac Master de la presidencia de la Andi, una decisión que calificó como un asunto autónomo de la organización empresarial.Ospina evitó atribuir directamente la renuncia a posibles presiones del Gobierno nacional y sostuvo que cada gremio tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones, de acuerdo con sus dinámicas internas y su independencia institucional: “Nuestra lectura como gremio es que se toma una decisión de un líder gremial y de un gremio autónomo, independiente. Todo es una decisión autónoma del gremio”, expresó.Al ser interrogada sobre el papel de las organizaciones empresariales como puentes entre el sector privado y el Gobierno, Ospina reiteró que la interlocución institucional constituye una de las funciones fundamentales de los gremios. En ese sentido, señaló que la Andi ha desempeñado históricamente esa labor y que debe continuar ejerciéndola, independientemente de los cambios en su dirección o de las relaciones con el Gobierno de turno.Reuniones con el Ministerio de Comercio y agenda para las mipymesOspina destacó que Acopi mantiene una agenda de trabajo con el Ministerio de Comercio, enfocada en identificar soluciones a los principales desafíos que enfrentan los pequeños y medianos empresarios. Entre las prioridades mencionó el acceso a financiación, la simplificación de los trámites y las normas, la apertura de mercados y la incorporación de nuevas tecnologías.“Venimos en reuniones permanentes con el Ministerio de Comercio, que es el ministerio afín al desarrollo empresarial. Con el ministro, con los viceministros, venimos trabajando en unas rutas que nos permitan realmente atender las necesidades que tienen nuestros empresarios, la micro, pequeña y mediana empresa del país”, explicó.La presidenta de Acopi indicó que estos asuntos también fueron abordados durante el congreso conmemorativo de los 75 años de la organización, un espacio en el que se plantearon las necesidades del sector productivo y las acciones que podrían contribuir a fortalecer la competitividad empresarial.Acopi pide mayor participación de las mipymes en el Plan Nacional de DesarrolloOtro de los puntos centrales de la entrevista fue la participación de las pequeñas y medianas empresas en las políticas públicas y en la construcción de la agenda legislativa. Ospina aseguró que Acopi busca que las necesidades específicas de este segmento empresarial sean tenidas en cuenta tanto por el Gobierno nacional como por el Congreso de la República.Al ser consultada sobre las solicitudes que el Ejecutivo habría planteado a los gremios a cambio de mantener los espacios de diálogo, la dirigente afirmó que no han recibido exigencias de ese tipo y que las reuniones se han concentrado en identificar alternativas de trabajo conjunto.“No, no nos ha pedido nada. El Gobierno lo que ha hecho en este momento es, obviamente, reunirnos, mirar rutas. Qué podemos hacer dentro del Plan de Desarrollo que empieza a construirse, que va a ser muy importante”, sostuvo.En este escenario, Acopi adelanta conversaciones con congresistas para promover iniciativas que reconozcan las diferencias entre las empresas según su tamaño y capacidad económica. La organización considera que las micro, pequeñas y medianas empresas requieren condiciones regulatorias y tributarias diferenciadas frente a las grandes compañías.Ospina insistió en que las cargas impositivas no deberían afectar de la misma manera a empresas con capacidades financieras y operativas tan distintas. “En este país tiene que haber una diferenciación en el tema regulatorio, una en el tema tributario para la micro, pequeña, mediana y la gran empresa, porque no puede seguir siendo que la pequeña empresa, la microempresa, tenga los, o pague los mismos tributos que una gran compañía”, afirmó.
Sigue la preocupación en el sector empresarial del Valle del Cauca por las afectaciones que dejó el terremoto. Rafael Muñoz, director ejecutivo de Acopi, confirmó que más de 120 empleos estarían en riesgo debido a las dificultades que enfrentan varias empresas para continuar con sus operaciones.Según Muñoz, cerca del 25 % de las empresas afectadas, unas 1.097 compañías en el departamento, estarían solicitando al Ministerio del Trabajo autorización para suspender los contratos laborales, una medida que refleja la compleja situación económica que atraviesan los negocios afectados.Ante este panorama, se estudian diferentes alternativas para evitar que la emergencia termine despidiendo personal. Una de las propuestas consiste en que las empresas y negocios que presenten dificultades puedan trasladar temporalmente sus operaciones a sedes de Acopi mientras logran superar la contingencia."Es un panorama muy sensible y delicado las afectaciones que han recibido muchas empresas de Acopi Valle, casi un 25 % de las empresas recibieron de verdad muchas afectaciones, lo que me preocupa es que muchas de ellas están solicitando ya la autorización al Ministerio de Trabajo para suspender los contratos laborales, estamos esperando en este momento las ayuda locales, departamentales y obviamente el gobierno nacional para que esto no empiece a suceder", dijo Rafael Muñoz, director ejecutivo de Acopi.Para contribuir a la recuperación económica, también se adelantan estrategias dirigidas a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entre ellas se encuentra la convocatoria “Mi Primera Exportación”, una iniciativa que busca generar alianzas y desarrollar planes encaminados a fortalecer la competitividad empresarial, conservar y generar empleos y abrir nuevas oportunidades de ingresos para el talento caleño.“Nuestra prioridad es que el progreso económico vuelva a sentirse directamente en el bolsillo y en oportunidades para las familias. Este programa es una demostración clara de que no nos detenemos”, señaló Laura Loreto Arias Medina, secretaria de Desarrollo Económico de Cali.La convocatoria comenzará el próximo 17 de septiembre y se desarrollará de manera virtual. En esta primera etapa podrán participar 100 empresas, sin costo para los empresarios.Los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos para acceder al proceso de formación y acompañamiento, que busca brindar nuevas herramientas a las empresas para ampliar sus mercados y encontrar oportunidades de crecimiento, incluso en escenarios internacionales.
Con la entrada en vigor de la jornada laboral de 42 horas semanales en Colombia, el sector empresarial insiste en que el principal reto no será el incremento de la nómina, sino el impacto que la medida podría tener sobre la productividad. Así lo aseguró María Elena Ospina, presidenta de Acopi, quien afirmó que, aunque el salario de los trabajadores no se modifica, el valor de la hora ordinaria de trabajo sí aumenta.Durante una entrevista en Recap Blu, la dirigente gremial explicó que la reducción de la jornada representa un desafío para las empresas, especialmente en sectores que operan de manera continua y deben mantener sus niveles de producción.Acopi advierte sobre el aumento del costo por horaOspina aclaró que el cambio de 44 a 42 horas semanales no implica un incremento en la nómina mensual, pero sí un mayor costo por cada hora trabajada.“La reducción de la jornada laboral de 44 a 42 horas no va a aumentar ni los costos de la empresa ni la nómina que se paga mensual. Pero lo que sí aumenta es el costo de la hora ordinaria de trabajo, que aumenta aproximadamente en el 4,76 %. Entonces vamos a pagar más salarios, más costos laborales por menos horas de trabajo”, afirmó.La presidenta de Acopi sostuvo que la discusión no debe centrarse únicamente en la reducción de la jornada, sino en la baja productividad del país. Según indicó, este indicador cerró el año pasado en 0,91, una cifra que, a su juicio, refleja la necesidad de impulsar medidas adicionales para fortalecer la competitividad.“La productividad no ha subido. No ha aumentado. Entonces eso es lo que nosotros estamos revisando, analizando y realmente colocando sobre la mesa”, señaló.Productividad, tecnología y financiamientoPara la dirigente gremial, mejorar la productividad requiere acciones que van más allá de las horas trabajadas. Consideró necesario fortalecer el acceso a la tecnología, al financiamiento y al reentrenamiento laboral para que las empresas puedan producir más sin depender exclusivamente del tiempo de trabajo.“Las empresas necesitan tecnología, necesitan acceso a financiamiento, necesitan reentrenamiento laboral. En fin, son una cantidad de situaciones que hacen que la productividad no aumente en el país”, manifestó.Ospina aseguró que estas propuestas serán presentadas al próximo Gobierno, con el objetivo de abrir una mesa de diálogo enfocada en la competitividad empresarial. No obstante, descartó que Acopi esté planteando revertir la reducción de la jornada laboral.“No, esa opción no está sobre la mesa. Lo que tenemos que hablar es de cómo sostener a las empresas y cómo mejorar la productividad de las empresas”, dijo.Manufactura, comercio, aseo y vigilancia, entre los sectores más afectadosLa presidenta de Acopi afirmó que las empresas manufactureras, el comercio, el aseo y la vigilancia serían algunos de los sectores que enfrentarán mayores dificultades con la reducción de la jornada laboral, debido a que muchas de ellas operan las 24 horas del día.Explicó que, para mantener la producción, las compañías deberán reemplazar turnos, contratar más personal o pagar horas extras, lo que incrementa los costos laborales.“La empresa manufacturera, el comercio son de los más afectados… las empresas de vigilancia tienen una situación demasiado delicada con la reducción de la jornada laboral y los otros costos laborales”, indicó.Finalmente, reiteró que el principal desafío es lograr que las empresas sean más productivas para poder competir. “Para que el país sea competitivo, primero tiene que ser productivo”, concluyó.Escuche la entrevista completa acá:
El inesperado aumento del salario mínimo, las subidas inflacionarias y la falta de seguridad han sumido al departamento del Atlántico en una grave realidad para las pequeñas y medianas empresas, donde sus ventas e inversiones se han reducido a más de la mitad generando la posibilidad de cierre o despidos para muchas de ellas.De esa manera fue explicado desde Barranquilla por la presidenta de Acopi Atlántico, Rosmery Quintero, quien declaró desde el foro “Gestión inteligente en tiempos retadores” que se viven momentos de incertidumbre y que el mayor reto para los empresarios es mantener la estructura empresarial sana y estable o, por el contrario, acogerse a la ley de salvamento, antes de entrar en una total insolvencia.“Cuando nosotros ventas, realmente más del 53% de los empresarios han disminuido sus ventas y cuando revisamos inversión estamos aproximadamente en un 57% de disminución de inversión. Hay un alto nivel de preocupación por el tema de la seguridad, es uno de los factores que más preocupa y pesa mucho sobre la estructura de costos. Hay que hablar del tema de las extorsiones que ya no solo afecta al nivel gerencial, sino también a muchos trabajadores”, dijo inicialmente Rosmery.“Trabajar con seguridad en un entorno tan complejo no es fácil, pero hay que seguir perseverando para mantenernos estables porque somos un motor de generación de empleo, quiere decir de desarrollo económico para el país.En temas de seguridad, Rosmery indicó que los más afectados son los tenderos por su cercanía con las calles, aunque los bloqueos registrados este año están impactando negativamente a los empresarios por la inseguridad en las vías del país y los retrasos para la entrega de insumos.Así las cosas, Quintero indicó que el próximo Gobierno deberá ajustar lo más pronto posible la estructura de costos, controlar el desperdicio de recursos y solventar a las compañías.
La entrada en vigor de un arancel del 50 % por parte de Ecuador a productos colombianos encendió las alarmas del sector empresarial. Los pequeños y medianos empresarios aseguran que el impacto es fuerte y se traduce en riesgo para contratos vigentes, pérdida de competitividad y posibles afectaciones al empleo formal.Según el gremio, un gravamen de esta magnitud encarece los productos colombianos en territorio ecuatoriano, reduce su capacidad de competir frente a otros proveedores y altera las cadenas logísticas, especialmente en las zonas fronterizas. Además, advierten que la incertidumbre comercial puede frenar inversiones y afectar la planeación financiera de empresas que dependen en gran medida de ese mercado.Ecuador ha sido históricamente uno de los principales socios comerciales de Colombia en la región. Una parte importante de lo que Colombia vende a ese mercado corresponde a bienes no minero-energéticos como manufacturas, agroalimentos, textiles, productos químicos, cosméticos, medicamentos y alimentos procesados. En estos sectores la participación de las MiPymes es clave y el empleo es intensivo, por lo que cualquier sobrecosto arancelario repercute de manera inmediata en la estabilidad de miles de trabajadores.Ante este panorama, Acopi pidió a ambos gobiernos desescalar la medida mediante una moratoria temporal mientras se activan canales de diálogo técnico. También propuso la creación de una mesa bilateral de alto nivel con autoridades comerciales y aduaneras, la evaluación de exclusiones temporales para bienes esenciales o de alto impacto en empleo MiPyme, el uso de mecanismos regionales de solución de controversias y, del lado colombiano, la implementación de un plan urgente de mitigación que incluya créditos especiales, apoyo para diversificar mercados y acompañamiento en inteligencia comercial.“La estabilidad del comercio regional es fundamental para la sostenibilidad de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. Un conflicto comercial no puede trasladar su costo al empleo formal ni a quienes cumplen la ley y generan desarrollo. Es momento de privilegiar el diálogo, la proporcionalidad y las soluciones técnicas”, señaló el gremio en su comunicado.Acopi se comprometió a aportar información sectorial y análisis técnico que permitan generar propuestas reales para salvaguardar el empleo y la integración económica en la región.
El Consejo de Estado ordenó la suspensión cautelar del decreto que incrementó el salario mínimo en un 23% para 2026, otorgando al Gobierno Nacional un plazo de ocho días para expedir una nueva norma. La decisión judicial se fundamenta en la presunta falta de rigor técnico y el desconocimiento de variables macroeconómicas esenciales durante la concertación.Representantes de los principales gremios económicos del país han reaccionado con cautela, señalando que el aumento desmedido ya está generando impactos negativos en la sostenibilidad de las empresas y en los niveles de informalidad laboral.Impacto en las pequeñas y medianas empresasMaría Ospina, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), calificó la cifra del 23 % como una decisión “sacada del sombrero” sin sustento técnico. Según la dirigente, este incremento ha golpeado severamente la caja de las empresas que generan el 80 % del empleo formal en Colombia.Ospina reveló que la incertidumbre jurídica ya se traduce en despidos. “Hay empresas que han sacado hasta 50 empleados porque no les da la caja para sostener estos empleos”, afirmó. Desde ACOPI proponen que el nuevo ajuste se base estrictamente en la suma de productividad e inflación, lo que arrojaría un incremento cercano al 7.2 %.Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, enfatizó que el salario mínimo funciona como un ancla macroeconómica. Su incremento excesivo afecta indexadores en pensiones, servicios de administración y contratos de infraestructura, elevando el riesgo de informalidad.Respecto a la operatividad de la medida, Gutiérrez explicó que las empresas están a la espera del nuevo decreto. “Es una sentencia que le pide al gobierno que bajo criterios técnicos vuelva y revise el valor”, señaló, subrayando que muchos contratos y subcontratos dependen de esta cifra de referencia.
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi, advirtió que el reciente aumento del salario mínimo configura una política incompleta que está elevando de manera significativa los costos laborales sin que exista un incremento en la productividad, lo que estaría llevando a un panorama crítico para las mipymes durante este año.Según el gremio, el impacto del ajuste salarial ya comenzó a sentirse en las 1.650.000 micro, pequeñas y medianas empresas que operan en el país, las cuales representan cerca del 97 % del tejido empresarial colombiano. Acopi alertó que los recortes de personal, ya están en marcha y que muchos contratos a término fijo podrían no ser renovados debido a que el incremento real en los costos no se limita al 23,7 %, sino que alcanza cerca del 30 % al sumar los costos no salariales y otros valores indexados al salario mínimo.La presidenta de Acopi, María Elena Ospina, señaló que las empresas, especialmente las micro y pequeñas, han comenzado a revisar los ajustes en planta. Además, indicó que los empresarios están evaluando despidos y ajustes en sus plantas de personal, y que incluso se está optando por la tercerización de servicios como alternativa para reducir costos, advirtiendo que esta situación también podría afectar a quienes apenas inician su vida laboral, como los practicantes.Ospina explicó que el desbalance entre el incremento de los costos laborales y la productividad está profundizando las dificultades financieras de las empresas. Como ejemplo, mencionó el caso del sector educativo, donde los colegios solo tienen autorización para aumentar las matrículas entre un 7 % y un 8 %, mientras deben asumir incrementos salariales cercanos al 30 %, lo que genera un desfase que pone en riesgo su sostenibilidad.¿Alivios para mipymes?Desde Acopi reiteraron que enero y febrero serán meses clave para que las mipymes realicen ajustes internos. La asociación confirmó que ya se llevó a cabo una primera reunión con el Gobierno nacional, en la que se comenzaron a analizar alternativas como alivios tributarios y créditos blandos para mitigar el impacto del aumento salarial.Finalmente, el gremio hizo un llamado a las micro y medianas empresas a revisar y ajustar sus presupuestos con el fin de evitar cierres, mientras se espera que en las próximas semanas continúen los diálogos con el Ministerio de Trabajo para buscar soluciones que protejan el empleo y la estabilidad empresarial.
El reciente anuncio del Gobierno nacional sobre el aumento del salario mínimo para 2026 ya genera un intenso debate entre trabajadores y empresarios. Aunque la medida fue recibida con optimismo por amplios sectores de la población, desde el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) advierten que el impacto podría traducirse en un riesgo directo para el empleo formal.Este lunes, el presidente Petro confirmó un incremento histórico del 23,7 % en el salario mínimo, que quedó fijado en 2.000.000 de pesos mensuales, suma que incluye el auxilio de transporte. Sin embargo, para Acopi, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el aumento resulta desproporcionado frente a la realidad financiera del sector productivo más amplio del país. Así lo expresó su presidenta, María Elena Ospina, en Mañanas Blu.“Es un aumento totalmente desproporcionado. No se tuvo en cuenta que el 99,7 % del tejido empresarial está conformado por micro, pequeñas y medianas empresas, que además generan cerca del 80 % del empleo formal”, señaló la dirigente gremial.Ospina enfatizó que las microempresas, que representan cerca del 90 % del tejido empresarial y emplean entre uno y diez trabajadores, serán las más afectadas. “Una microempresa con apenas tres empleados necesita alrededor de 10 millones de pesos mensuales en caja para soportar las cargas laborales. Es muy difícil que los pequeños negocios y los emprendedores puedan asumir una carga de esta magnitud”, advirtió.Desde Acopi alertan que el aumento del salario mínimo no puede analizarse de manera aislada. Según Ospina, a este incremento se suman otros factores que presionan los costos empresariales, como la posible declaratoria de emergencia económica, la implementación de la reforma laboral y los costos no salariales asociados a la contratación formal.“Todo este conjunto de costos pone en serio riesgo el empleo en las Mipymes”, afirmó.Aunque el gremio aún no tiene una cifra consolidada sobre cuántos puestos de trabajo podrían perderse, la presidenta de Acopi aseguró que ya hay señales preocupantes. “Una empresa nos llamó y nos dijo que tiene 460 empleados que ganan el salario mínimo y que, con este aumento, está considerando automatizar procesos y prescindir de cerca de 300 trabajadores. Eso da una idea de lo que están pensando muchos empresarios en este primer momento”, explicó.Otro de los efectos que anticipa el gremio es el aumento de precios al consumidor. Ospina indicó que, con un incremento del 23 % en el salario mínimo, el costo total de un trabajador para la empresa puede aumentar cerca de un 30 %. “Si suben los costos laborales, suben también los costos de producción y, en la misma proporción, terminarán subiendo los precios de los productos y servicios”, sostuvo.Desde Acopi también se advierte sobre un posible aumento de la informalidad y de la inflación, lo que podría profundizar la brecha social. “Solo alrededor de 2,4 millones de personas se benefician directamente del salario mínimo, pero hay más de 11 millones que ganan menos de ese ingreso y más de 10 millones que ganan apenas un poco más. Estas personas no solo no se verán beneficiadas, sino que podrían perder poder adquisitivo”, concluyó Ospina.
La negociación del salario mínimo para 2026 entra en su recta final en medio de profundas diferencias entre empresarios y centrales obreras, un escenario que vuelve a abrir la posibilidad de que el Gobierno termine definiendo el incremento por decreto.Actualmente, las centrales obreras, encabezadas por la CUT, proponen un incremento del 16 %, que llevaría el salario mínimo por encima de los 1.883.000 pesos, incluyendo el auxilio de transporte. Del lado empresarial, los gremios sugieren un aumento del 7,21 %, que ubicaría el salario en alrededor de 1.740.000 pesos. En medio de estas cifras, el Gobierno aún no ha presentado oficialmente su propuesta, aunque distintas declaraciones han alimentado la expectativa de un aumento cercano al $1.800.000.Para María Elena Ospina, presidenta de Acopi, un incremento de dos dígitos no es viable en el contexto económico actual. En entrevista con Recap Blu, la dirigente gremial insistió en la necesidad de ser “coherentes con la realidad del país” y subrayó que el objetivo principal debe ser proteger el empleo formal y la sostenibilidad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas. De hecho, recordó las cifras del Dane y el Ministerio de Comercio para evitar efectos colaterales como el aumento de la inflación.“Cuando se habla de un salario mínimo de 1.800.000 pesos, hay que sumarle todos los costos salariales y no salariales, lo que eleva el costo real de un trabajador a cerca de 2.800.000 pesos para una empresa”, explicó.Sobre la negociación para definir el porcentaje del aumento del salario mínimo, aseguró que el ambiente ha sido respetuoso y que los empresarios están dispuestos a revisar escenarios antes de la próxima reunión, aunque dejó claro que no avalarán cifras que, a su juicio, pongan en riesgo la estabilidad empresarial. ¿Qué dicen en la CUT sobre el salario?Desde la otra orilla, Fabio Arias, presidente de la CUT, sostuvo que la exigencia de un aumento de dos dígitos responde a criterios de justicia social y a la evidencia reciente. Para el dirigente sindical, los temores empresariales sobre desempleo, inflación e informalidad ya fueron desmentidos por los hechos que se han presentado en el actual Gobierno. “En los últimos tres años, con aumentos importantes del salario mínimo, el desempleo ha bajado, la inflación también y la informalidad ha tenido una leve reducción. Dato mata relato”, afirmó.Arias aseguró que las centrales obreras están dispuestas a moverse dentro de la negociación, pero ese movimiento dependerá de lo que hagan los empresarios y de la eventual postura del Gobierno. Desde su perspectiva, un mayor salario impulsa el consumo interno y dinamiza la economía, beneficiando también al sector productivo.Sobre el clima en la mesa de concertación, el presidente de la CUT habló de una “tensa calma” y consideró que la distancia entre las propuestas hace difícil un acuerdo. Por ello, no descartó que el proceso termine sin consenso y sea el presidente Gustavo Petro quien defina el aumento por decreto, como ha ocurrido en otros momentos de la historia reciente del país. En ese escenario, Arias confía en que el Gobierno adopte una decisión cercana a las peticiones sindicales y considere el salario mínimo como una forma de inversión social.Trabajadores y empresarios se reunirán este jueves, 11 de diciembre, en horas de la mañana para analizar las propuestas y empezar a trabajar en un acuerdo sobre el aumento del salario mínimo para el 2026.
Los principales líderes del sector empresarial, entre ellos Jorge Enrique Bedoya (SAC), Bruce MacMaster (Andi), Jairo Pulecio (Acopi) y otros presidentes de gremios nacionales, enviaron una carta al Consejo Gremial Nacional solicitando definir la presidencia de la organización para 2026.En el documento, los firmantes advierten que el próximo año será decisivo para el país por la contienda presidencial y por el cierre del gobierno de Gustavo Petro, un contexto que, según dicen, demanda unidad y un liderazgo firme dentro del sector empresarial.Los gremios señalan que en los últimos años se han intensificado las tensiones con el Gobierno en temas estratégicos como gas, petróleo y minería, sumadas al deterioro de la seguridad y a episodios diplomáticos que han generado incertidumbre económica. Aun así, recalcan que el empresariado ha mantenido su compromiso con el país, defendiendo la seguridad jurídica, la confianza inversionista y el papel del sector productivo.Frente a este panorama, los líderes proponen a Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, como candidata para asumir la presidencia del Consejo Gremial Nacional, y a Nicolás Pérez Marulanda, de Fedepalma, como vicepresidente para 2026.“Estamos convencidos de que su capacidad de liderazgo, su experiencia y su compromiso con la agenda gremial permitirán conducir al CGN con claridad estratégica en un año crucial para la inversión, la institucionalidad y el futuro económico del país”, menciona en la carta.
El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, condenó este sábado el ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, en Arabia Saudí, y pidió al grupo que ponga fin a estos ataques.Las autoridades saudíes anunciaron que 12 personas murieron, entre ellas 4 saudíes y un estadounidense, y otras 309 resultaron heridas, algunas de ellas graves, en el ataque con misiles de este sábado contra las instalaciones del aeropuerto."Esto se suma a los ataques perpetrados a principios de esta semana contra los aeropuertos de Riad y Abha, que también causaron víctimas mortales y heridos entre la población civil. Estos ataques suponen una grave escalada", lamentó Grundberg en un comunicado.El enviado especial aseguró que estos ataques suponen "una grave amenaza para la seguridad regional" y que no hacen más que perpetuar la violencia y complica los esfuerzos en Yemen."Reitero mi llamado a Ansar Allah (los hutíes) para que ponga fin a estos ataques. Asimismo, reitero mi llamado al respeto del Derecho internacional humanitario, incluida la prohibición de dirigir ataques contra civiles y bienes de carácter civil", concluyó.Por su parte, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se sumó a condenar el ataque en el que perdió la vida uno de sus connacionales. "Estos ataques reprensibles demuestran un flagrante desprecio por la vida de los civiles inocentes. Deben cesar de inmediato", aseveró Rubio en un mensaje en X.El jefe de la diplomacia estadounidense extendió su solidaridad con Arabia Saudí y su pueblo, al igual que sus condolencias a las víctimas y sus familias.
Dos ciudadanos ecuatorianos que habían llegado a Colombia con la promesa de realizar una inversión en dólares para actividades de minería fueron rescatados por las autoridades, luego de ser víctimas de un secuestro extorsivo en una zona rural de Putumayo.De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los dos extranjeros llegaron a Pasto, Nariño, el pasado 29 de septiembre. Posteriormente, fueron trasladados a una zona rural de Putumayo, donde habrían sido retenidos y agredidos por sus captores.Durante el secuestro, los responsables enviaron videos a los familiares de las víctimas para exigirles dinero a cambio de su liberación. En uno de los mensajes, uno de los ciudadanos ecuatorianos pidió ayuda a su familia para reunir los 50.000 dólares que le exigían como recompensa.“Mija, y me están pidiendo una recompensa de 50000 dólares. Por favor, trata de reunirles a la familia, que sean solidarios conmigo, colaboren. Ellos piden 50 mil”, dijo uno de los secuestrados en el video.Según explicó el coronel Carlos Eduardo Téllez, subdirector del Gaula de la Policía Nacional, uno de los secuestrados logró liberarse de las ataduras y llegar hasta la subestación de Policía más cercana. Allí alertó a las autoridades y entregó información sobre el lugar donde permanecía su compañero.Con estos datos, la Policía Nacional y el Ejército desplegaron un operativo para ubicar y rescatar al segundo ciudadano ecuatoriano, quien continuaba en poder de los responsables.“Fueron retenidos, heridos con armas cortopunzantes, encadenados a un árbol y abandonados para que fallecieran en el mismo lugar”, señaló el coronel Téllez.Tras el operativo, funcionarios del Gaula llegaron hasta Ipiales, Nariño, donde capturaron a tres personas que estarían presuntamente involucradas en estos hechos.Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía por los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado, y tentativa de homicidio.
El Consejo Superior de la Judicatura prorrogó hasta el 14 de diciembre de 2026 la urgencia manifiesta declarada tras el sismo del 10 de agosto, con el fin de reparar las sedes de la Rama Judicial afectadas. La medida permitirá agilizar la contratación de obras, bienes y servicios, realizar diagnósticos estructurales, adecuar instalaciones y reubicar despachos y equipos tecnológicos. El objetivo es garantizar la seguridad de funcionarios y ciudadanos, así como mantener la prestación del servicio de justicia.Según la entidad, 34 sedes judiciales de Risaralda, Quindío y Chocó presentan afectaciones. Además, de los 5.170 servidores judiciales incluidos en el reporte, más de 2.400 manifestaron haber sufrido algún tipo de afectación por el sismo. Aunque la atención presencial se ha restablecido en la mayoría de los despachos, algunas sedes continúan operando bajo esquemas de trabajo en casa y alternancia, mientras avanzan las reparaciones y reubicaciones. Por esta razón, el Consejo Superior de la Judicatura también extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 la autorización temporal para el trabajo en casa en las zonas afectadas.¿Cuál es el panorama de las sedes judiciales en las regiones afectadas tras dos meses del terremoto?En Risaralda, el Palacio de Justicia de Pereira sufrió daños severos que lo dejaron inoperable. Esta sede concentra el 86 % de los despachos del distrito judicial y cuenta con 447 servidores, quienes pasaron a la modalidad de teletrabajo.Para mantener la presencia institucional en el territorio, se implementó la estrategia de Justicia Móvil. Además, entre octubre y diciembre de 2026 se contempla el traslado de 519 puestos de trabajo: 332 al Complejo Judicial de la Calle 39, 130 a un inmueble arrendado para el sistema penal acusatorio, la Oficina Judicial y el archivo central, y 57 al Edificio Kronos, donde funcionarán los juzgados de familia y especializados.En Quindío, las sedes judiciales de Montenegro, Génova y Buenavista permanecen inhabitables, mientras que los edificios IBG y San Martín, en Armenia, requieren reparaciones. Allí se implementó el plan Pico y Despacho, que combina trabajo en casa, restricciones de acceso e ingresos escalonados, de acuerdo con las condiciones de seguridad.También se habilitó gradualmente la operación judicial en Salento, Córdoba, Pijao, Circasia, Filandia y Calarcá, así como en algunas áreas de la Torre Central del Palacio de Justicia Fabio Calderón Botero y en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial. Adicionalmente, se han brindado 834 atenciones directas a través de las oficinas y los centros de servicios judiciales de Armenia.En Caldas, la presencialidad se restableció progresivamente en 23 de los 29 municipios del distrito judicial de Manizales a partir del 24 de agosto, con base en evaluaciones técnicas de infraestructura, conectividad y servicios. Asimismo, se habilitaron un Punto de Atención al Usuario de la Justicia y una Oficina de Atención en Salud frente al Complejo Judicial San José, además de puntos de atención itinerantes.En Chocó, la entidad reportó daños en 12 sedes judiciales. Entre las estructuras más afectadas está el Edificio Adán Arriaga, donde laboran 184 servidores. Por su parte, la sede judicial de Alto Baudó presenta daños graves y está a la espera de reparaciones. Actualmente, se adelantan obras de recuperación en las sedes de Miraflores y Silencio, mientras que las intervenciones en el Juzgado de Infancia y Adolescencia ya concluyeron.Finalmente, en el Valle del Cauca se reanudó la atención presencial en las sedes judiciales de 29 municipios, luego de recibir conceptos técnicos favorables. En Cali y en los municipios de Roldanillo, Bolívar, Sevilla, Caicedonia, La Victoria, Ansermanuevo, Buenaventura y Tuluá se adelantan gestiones para disponer de inmuebles temporales. Además, requieren reubicación el Palacio Nacional de Cali, donde funcionan el Tribunal Superior, el Tribunal Administrativo y el Consejo Seccional de la Judicatura, y la Casa de Justicia de Los Mangos.
Un video de una cámara de seguridad se volvió viral en las redes sociales al mostrar el momento en que un hombre habría recibido una descarga eléctrica mientras se encontraba en una habitación inundada. Las imágenes registran la reacción de sus compañeros y los instantes posteriores al incidente.Según la información difundida por varios medios de comunicación, el hecho ocurrió en India el pasado 4 de octubre de 2026. El hombre fue identificado en versiones que circulan en internet como Anurag Yadav, aunque este dato no ha sido confirmado por las autoridades.¿Qué muestra el video del joven que habría muerto electrocutado?En la grabación aparecen cuatro hombres dentro de un espacio cerrado que, por sus características, parecería ser un lugar de trabajo. El piso se encuentra inundado y en diferentes puntos se observan cables extendidos, mientras los presentes aparentemente realizan labores de mantenimiento.Al comienzo de la grabación, uno de los hombres sostiene un objeto amarillo que podría ser un cable o una manguera y se acerca a la entrada. Entretanto, los otros tres permanecen dentro de la habitación, donde uno de ellos lleva un balde rojo en la mano.A medida que avanza el video, los tres hombres que están en el interior sostienen lo que parece ser un cable verde. Uno de ellos, vestido con una camisa blanca, se acerca a la cámara y, segundos después, aparentemente recibe una descarga eléctrica que provoca movimientos bruscos antes de que caiga al suelo.La reacción de sus compañeros es inmediata. Los hombres sueltan el cable y parecen intentar comprender lo sucedido. Mientras uno se dirige hacia lo que podría ser un interruptor, otro corre hacia la salida, en medio de la confusión que se observa en las imágenes.Así reaccionaron los compañeros tras la descarga eléctricaEl hombre que se encontraba cerca de la entrada también arroja al suelo el objeto que llevaba en la mano y se aleja de la zona. Entretanto, el trabajador que recibió la aparente descarga permanece tendido en el piso inundado, mientras sus compañeros intentan reaccionar ante la situación.Posteriormente, el hombre que se había acercado al posible interruptor regresa para revisar el estado de su compañero. En la grabación se observa cómo intenta levantarlo y moverlo, pero el afectado no muestra una respuesta evidente ante las acciones de quienes buscan auxiliarlo.Poco después, los demás hombres se acercan y entre varios toman al trabajador para sacarlo de la habitación. Durante estos momentos, la cámara registra destellos luminosos que aparecen en diferentes partes de la escena y que, podrían estar relacionados con cortos eléctricos.Aunque las imágenes muestran cómo se desarrollaron los hechos, no permiten confirmar las causas exactas de la descarga eléctrica ni las circunstancias en las que ocurrió el accidente.¿Qué se sabe sobre la muerte del trabajador en India?Las versiones que acompañan el video en redes sociales aseguran que el hombre perdió la vida tras recibir la descarga eléctrica. No obstante, hasta la información suministrada, las autoridades ni las entidades encargadas se han pronunciado públicamente para confirmar el fallecimiento o entregar detalles oficiales sobre lo ocurrido.Tampoco se confirmo de manera oficial la identidad de Anurag Yadav ni se establecen las condiciones en las que se desarrollaban las presuntas labores de mantenimiento.
La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró este sábado en Panamá que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, teme su retorno al país, pero advirtió que "nada" impedirá que los venezolanos sean libres."El régimen de Rodríguez no quiere que yo esté presente, teme mi regreso, porque sabe que hay un país entero que está unido y dispuesto a avanzar de manera cívica y firme para concretar nuestra tarea, que es una transición a la democracia", declaró Machado a la cadena local TVN."Pero Venezuela será libre y no hay nada que pueda hacer Delcy Rodríguez ni su régimen para impedirlo", agregó Machado cuando acudió este sábado a un centro de acopio instalado en la capital panameña tras el terremoto de 7,7 que sacudió a Panamá el viernes, sin registro de muertos pero sí de cerca de una treintena de heridos y daños materiales.Esta es la segunda vez que Machado ofrece declaraciones a medios panameños desde que se encuentra en el país, al que llama su "segundo hogar", y en el que está al menos desde el 29 de junio pasado, día en el que difundió un video en el que aseguró encontrarse en Panamá tras ver frustrada su intención de regresar a Venezuela luego del potente doblete sísmico que asoló el litoral central caribeño del país el día 24 de ese mes, dejando miles de muertos y desaparecidos.La primera fue el pasado 5 de julio, en el marco de una misa oficiada por el arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa, dedicada a las víctimas del doble terremoto en Venezuela.A finales de septiembre Machado intentó tres veces salir de Panamá sin éxito, ya que Curazao, Bonaire y Aruba - islas caribeñas muy cercanas a Venezuela - negaron el permiso de aterrizaje al vuelo privado que la llevaría a Venezuela, como dijo a EFE una persona que tuvo acceso a lo sucedido y que pidió el anonimato."Yo, como ustedes saben, estoy haciendo todo, todo, todo lo que está en mis manos para superar todos los obstáculos y regresar tan pronto como sea posible a mi país, que es donde mi deber es estar", declaró Machado.Al ser preguntada sobre cómo seguiría su plan de regreso a Venezuela, la líder opositora venezolana se limitó a responder: "Hasta ahora no ha sido posible, esa es la respuesta".Sobre Panamá, recalcó que el país centroamericano resguarda "las actas de la soberanía, de la libertad de Venezuela", en referencia a las actas de votación que la oposición venezolana considera una prueba de la victoria de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de julio de 2024."En la historia de Venezuela estará el nombre del Panamá y del presidente (José Raúl) Mulino, que se la ha jugado por la democracia y por la libertad", agregó.Si ha habido - continuó Machado - "un país que ha acogido con los brazos abiertos en su corazón a mis compatriotas ha sido Panamá, y lo ha hecho conmigo también" y tras el terremoto del viernes toca ahora a los venezolanos derramar su solidaridad con el país centroamericano, explicó.Este mismo sábado, el presidente Mulino reveló a periodistas, durante un recorrido por zonas del interior afectadas por el terremoto, que conversó con la presidenta interina de Venezuela."Hoy tuve una conversación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que me puso a disposición por toda la experiencia" del país, dijo brevemente Mulino, cuyo gobierno no ha reconocido oficialmente a la Administración interina venezolana.Rodríguez expresó el viernes en sus redes sociales su solidaridad y ofreció ayuda a Panamá tras el terremoto de magnitud 7.7 que generó daños de infraestructura en localidades cercanas al epicentro del temblor, situado en una zona costera del sur del país.
