En diálogo con Mañanas Blu, Rodolfo Correa, presidente de Acopi, habló sobre las propuestas de reforma laboral, pensional y de salud del gobierno del presidente Gustavo Petro. Correa enfatizó en la importancia de la transparencia y la participación en estas reformas que afectan directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. En ese sentido mencionó la necesidad de suspender el trámite legislativo para reflexionar y revisar los procedimientos, garantizando que se realicen en el marco de la legalidad y el interés general. "No queremos tener relaciones negativas con ningún Gobierno, queremos trabajar armónicamente y contribuir desde la independencia", aseguró.Además, destacó la falta de diálogo con Acopi y la importancia de incluir a los empresarios en la toma de decisiones. Sobre la reforma laboral, Correa señaló la importancia de adaptarla a la realidad socioeconómica del siglo XXI, reconociendo que las nuevas generaciones buscan relaciones laborales flexibles. Correa propuso revisar aspectos como la jornada laboral, las licencias de maternidad y paternidad, y los contratos a término indefinido. En cuanto a la financiación de estas reformas, Correa señaló que es necesario investigar posibles intereses oscuros y demostrar cualquier ilegalidad judicialmente. Finalmente enfatizó en que Acopi no tiene una posición política o ideológica, sino que busca defender los intereses de los micro y pequeños empresarios de manera objetiva."Acopi no es de izquierda, derecha, ni centro. Solo es una organización empresarial que busca la defensa objetiva de los intereses de este sector", dijo. Escuche aquí la entrevista completa:
Frente a las serias acusaciones de corrupción dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el presidente ejecutivo nacional de Acopi, Rodolfo Correa, anunció que convocará a todo el gremio para exigir de manera unificada la suspensión del proceso legislativo de las reformas promovidas por el Gobierno.El escenario político colombiano se encuentra en el ojo público por nuevas revelaciones sobre presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, implicando a altos funcionarios del Congreso. Ante estas acusaciones, el presidente ejecutivo Nacional de Acopi, Rodolfo Correa, ha tomado una postura exigiendo la suspensión del trámite legislativo de las reformas propuestas por el Gobierno.En declaraciones recientes, Correa ha anunciado su intención de convocar al gremio de la Asociación Colombiana de las micro, pequeñas y medianas empresas para solicitar de manera unificada la suspensión de las reformas en curso. Añade que es inaceptable que reformas de tal alcance puedan estar a la sombra de la corrupción y la falta de integridad ética en la clase política."Estas acusaciones son muy graves para el país y por eso en mi calidad de presidente ejecutivo nacional de Acopi, la Asociación Colombiana de las micro, pequeñas y medianas convocaré al gremio para proponerle a su junta que en pleno, desde el empresariado, se le solicite al Congreso y al Gobierno que se suspenda el trámite de las reformas legislativas hasta tanto se aclare si es o no cierto lo que se está denunciando, pues reformas como estas no pueden tener la duda de ser el fruto de la corrupción y la descomposición ética de la clase política" añadió Rodolfo Correa.Según Correa, las reformas en materia de salud, pensiones y laboral impactan directamente al sector empresarial que representa Acopi; sin embargo, este sector no ha sido debidamente consultado ni considerado en el proceso legislativo. Esta falta de transparencia y participación genera preocupaciones legítimas sobre la legitimidad de dichas reformas.El presidente Correa, subraya que la sociedad colombiana debe tomar una posición firme en su contra. La junta extraordinaria de la dirigencia gremial, convocada para este lunes 6 de mayo, se espera que emita una posición clara y contundente frente al escándalo que ha generado consternación en el país.
En los hogares usamos la energía para estar más cómodos, no tener que lavar la ropa a mano, o simplemente ver la televisión, pero en las empresas se gasta energía para producir o para vender, es decir, para una actividad económica.Las pequeñas empresas en Bogotá están muy preocupadas con las nuevas multas al consumo de electricidad y dicen que esto puede ser un castigo a la actividad económica en un momento en que la industria lleva más de un año en negativo.“Nos preocupa esa sanción, pero además nos preocupa porque este es un problema de carácter estructural. Hoy el alto costo que estamos pagando en Colombia por las tarifas eléctricas cada vez se incrementa más. Lo estamos viendo ya la situación del sector productivo en la costa atlántica, en donde ya, sin tomarse esta medida y entrar en vigencia, lo que va a pasar es que muchas empresas tienen que tener en consideración si continúan su operación o no, porque la disyuntiva es por vender más tengo que entonces prácticamente vender para pagar el recibo de la luz. Es decir, que es hacer pan para vender pan. Eso no es viable bajo ninguna óptica en un negocio. Entonces la situación hoy es alarmante”, dijo Alejandra Osorio, presidenta de Acopi Bogotá.Según el plan de ahorro del Gobierno nacional, las compañías tendrán que pagar el doble por cada kilovatio extra que consuman por encima de su meta mensual. Esto quiere decir que quienes quieran ampliar sus operaciones o poner una nueva máquina en funcionamiento se lo pensarán dos veces.Acopi dice que la problemática es especialmente compleja en sectores como la salud y la distribución de alimentos, en los que se usan equipos especiales como refrigeradores, cadena de frío o sanitización.Además, los pequeños empresarios de Bogotá están preocupados por las multas al consumo de agua, un insumo clave en algunas actividades económicas. El gremio pide al Gobierno y a la alcaldía que las medidas sean temporales.“Ninguna medida de restricción, al igual que lo comprobamos en pandemia, puede ser permanente en el tiempo, tienen que ser todas medidas pensadas en un tiempo corto, porque de lo contrario las afectaciones ya al sector de la economía económico van a ser muy altas”, dijo Osorio.
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) aseguró que el incremento del salario mínimo de 12% para 2024, aprobado por el Gobierno Nacional, tendrá un impacto significativo en el sector.Según Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, el incremento representa un aumento del 62,9% en los costos indirectos para las empresas, lo que podría derivar en despidos, ajustes de precios o sustitución de importaciones."Si me aumenta el salario mínimo y tengo tantos trabajadores, entonces ¿cómo mantengo yo un mercado sano sin tener que ajustar precios?", se preguntó Quintero. "Hay que ser más eficientes y hay algo que no nos está acompañando el aporte al valor agregado de capital. Estamos colocando frente al mercado laboral. No se está generando el suficiente valor porque la productividad contribuyó negativamente", dijo.Según una encuesta de Acopi, por cada cinco trabajadores que se despiden en promedio se están vinculando cuatro empleados nuevos, lo que significa que hay una pérdida de un empleo.Quintero destacó que el sector empresarial ha hecho un esfuerzo por mantener los empleos a pesar de las circunstancias, pero que el incremento del salario mínimo podría dificultar esta tarea."El empleador sigue haciendo el esfuerzo, porque si hay algo que nosotros tenemos es un parte de nuestra los activos, el conocimiento de los trabajadores o colaboradores. Y en la medida que tú despides, es normalmente a iniciar un nuevo ciclo de aprendizaje. Y eso toma como unos tres o cuatro meses y te lleva en desventaja", dijo.Salario mínimo en Colombia en 2024El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó un aumento del salario mínimo de un 12 % para 2024, lo que lo llevará a 1.300.000 pesos. El auxilio de transporte también aumentó un 15 %, hasta 162.000 pesos.El aumento se produce después de que el Gobierno no llegara a un acuerdo con los trabajadores y los empresarios sobre el salario mínimo. El Ejecutivo argumenta que el incremento permitirá a los colombianos mantener su poder adquisitivo a pesar del aumento de la inflación, que este año será cercana al 10 %.El presidente Petro aseguró que el aumento del salario mínimo "va a haber el año entrante un crecimiento del salario real en términos del salario mínimo".La decisión del Gobierno se basa en varios factores, entre ellos:La baja del precio del dólar, que está cerca de los 3.800 pesos colombianos.La expectativa gubernamental de que la inflación será de un sólo dígito en 2023.La disminución del desempleo en noviembre, que bajó al 9,0 %.El aumento del salario mínimo beneficiará a más de 2,5 millones de trabajadores colombianos.
Aún continúan las labores de trabajo por la administración del municipio de Soledad, Atlántico, para superar la emergencia que se presentó en dos barrios aledaños al arroyo Villegas, el cual se desbordó y afectó la tranquilidad de 24 familias, quienes tienen sus casas inundadas y con daños en la mayoría de sus enceres. El cuerpo de Bomberos y equipos médicos de Soledad han estado atendiendo a los damnificados para poder corroborar la situación de estas familias y poder suplir sus necesidades.Desde La Oficina de Salud Pública, en cabeza de su directora Sindy Mejía, ha venido liderando brigadas entre los habitantes de estos sectores para valorar su estado de salud e igualmente brindó servicios de vacunación, higiene oral, medicina general y desparasitación. Así mismo, hizo presencia un equipo psicosocial con el ánimo de apoyar a las familias en este momento de vulnerabilidad.En Antioquia más de 230.000 animales han muerto por las lluviasEntre tanto, Alexis Rodríguez, coordinador de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, indicó que continúan haciendo el censo de los afectados para la entrega de ayudas humanitarias."Nos encontramos desarrollando la evaluación de daños y necesidades, con la Defensa Civil, haciendo la caracterización de esas personas y familias que fueron afectadas con esta tragedia natural", sostuvo el funcionario.Sumado a la temporada invernal, una de las razones que ha causado el desbordamiento de estos arroyos es que la comunidad persiste en desechar sus basuras, escombros de construcción y otros materiales cuando comienza la lluvia en los canales de estos cuerpos de agua. Es por eso que desde el gobierno de Soledad se reiteró el llamado a los ciudadanos que viven en los alrededores de los arroyos para que sean conscientes del impacto negativo que ocasionan arrojar basuras, colchonetas y cualquier tipo de escombro o elemento de gran tamaño en las calles y canalizaciones, pues todos estos desechos taponan los desagües y provocan emergencias por inundaciones durante las lluvias.
La Alianza Colombia Libre de Fracking hizo un plantón de protesta en Barrancabermeja y denunció la negativa de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes para permitir el avance del proyecto de ley, que busca la prohibición del fracking y la explotación de los yacimientos no convencionales.“Hoy denunciamos la indolencia de algunos representantes de la Comisión V, y la intención de dejar que se hunda el proyecto en el silencio que implica la ausencia de discusión, impidiendo un debate de cara al país y de frente a los riesgos que la implementación de esta técnica representa para los territorios y sus comunidades”, dice el comunicado de la protesta realizada por la Alianza Colombia Libre de Fracking.Los integrantes de la alianza denunciaron que el presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes se ha negado por más de un año a programar el tercer debate del proyecto de ley que busca la prohibición del fracturamiento hidráulico y, la explotación de yacimientos no convencionales, y ante el fin de la legislatura se tendría que archivar la iniciativa por cuarta vez.“Ante la situación actual de escasez de agua y la necesidad de actuar de manera urgente frente a la crisis climática que estamos viviendo en el país, convocamos a la sociedad civil para que se sume al cuidado de la vida y la defensa de los territorios que particularmente se ven amenazados por los proyectos de fracking y la explotación de Yacimientos No Convencionales (YNC)”, explica el comunicado de la Alianza.Entre los congresistas que han radicado ponencia negativa al proyecto de ley contra el fracking se encuentran Héctor Cuellar, Nicolás Barguil y Óscar Villamizar, entre otros. La Alianza Colombia Libre de Fracking lleva más de 6 años pidiéndole al Congreso de la República que prohíba esa técnica de explotación de hidrocarburos por la contaminación del agua que, al parecer, generaría.
Los labriegos e indígenas de la comunidad Awa aseguran que después de ocho meses de desplazamiento decidieron regresar a sus viviendas por su cuenta y riesgo, porque confían que se cumpla con el desminado humanitario que está contemplado en el marco de los diálogos regionales de paz entre el Gobierno nacional, la Gobernación de Nariño y el frente Comuneros del Sur.Para llegar al resguardo del Sande, en Nariño, donde habitan más de 2.000 familias de campesinos, afros e indígenas de la comunidad Awa, hay que recorrer más de 14 horas desde Pasto hasta Samaniego y de ahí por vías destapadas, que son las únicas que hay para entrar y salir de esta región.Jesús Gerardo García, habitante del Sande, dijo a Blu Radio que da “gracias a Dios por retornar al resguardo”, ubicado exactamente en la zona rural de Santacruz de Guachaves en Nariño, pero dice que, por ahora, no puede ir su finca a trabajar por temor a los campos minados.En su rostro se refleja la incertidumbre y casi que murmurando en voz baja asegura que llevan décadas esperando que el Gobierno se acuerde de ellos. Dice, además, que con la puesta en marcha de los diálogos regionales de paz tienen la esperanza que su territorio se transforme de una zona de guerra a un sector de progreso y paz.Nelson Eduardo Getial, profesor de la única escuela que hay en esta población, afirmó que “está cansado de esperar por las ayudas” y manifestó que de los 60 alumnos que había hasta agosto del 2023, antes de que comenzara la confrontación entre grupos armados ilegales, solo han regresado 25 y que no sabe que pudo suceder con los otros 35 estudiantes, ya que sus padres decidieron no enviarlos más.El profesor está dispuesto a seguir luchando y con recursos propios comenzó a buscar uno a uno a los estudiantes que en los cuatro meses del 2024 no han regresado; solo pidió que dejen en paz a su comunidad.“Me asusta la deserción escolar y por más que hacemos llamados al Gobierno nacional esto no ha sido fácil”, advirtió el docente Getial, quien no pudo esconder su tristeza y pidió del Gobierno que los apoye ahora que están en diálogos de paz con el frente Comuneros del Sur.Ramiro Torres, exgobernador del resguardo indígena del Sande de la comunidad Awa, dijo que el mayor reto a superar esta centrado en recuperar la economía de la región, la cual ha caído en un 70 % por culpa del conflicto armado.Este líder indígena aseguró que encontró un pueblo decidió apoyar los diálogos territoriales de paz, pero pidió al Gobierno nacional que cumpla con los proyectos productivos y obras de infraestructura que les han prometido desde hace más de tres décadas.Delegados del Comité para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), aseguran que en Nariño, en 21 de los 64 municipios, los habitantes dicen que están seguros que han detectado la presencia de artefactos explosivos no convencionales que ponen en riesgo la vida de las comunidades.Le puede interesar:
A través de la red social X, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, dio a conocer el más reciente reporte del estado de los embalses del sistema Chingaza.Este domingo 12 de mayo, se alcanzó la cifra de 21.14 % en estos embalses, lo cual representa que nuevamente está subiendo respecto en comparación al día anterior.Se registró que el consumo promedio fue de 15.14 m3 por segundo, lo que deja ver una caída con el consumo del día sábado, que fue de 15.91 m3 por segundo.El alcalde Galán envió un mensaje motivando a los bogotanos a seguir aportando en el ahorro de agua. “Vamos bien, sigamos manteniendo la tendencia de reducir nuestro consumo”, aseguró el funcionario.Racionamiento de agua en Bogotá no es solo por mal clima sino por malas decisiones: SuperserviciosLo anterior ya que esta cifra se encuentra cada vez más cerca de la meta propuesta por la Alcaldía de Bogotá, que cabe recalcar que es de 15 m3 por segundo.Por otro lado, la cuarta ronda del racionamiento de agua en Bogotá está cerca de llegar a su fin. El séptimo turno, programado en dos localidades de la capital del país y tres municipios de Cundinamarca, se realizará este martes 14 de mayo.Se espera que la meta que está planteada para el mes de diciembre se cumpla, la cual consiste en lograr un nivel de los embalses de 70 %.Dicho nivel mencionado anteriormente sería el requerido para que se pueda dar por terminado el racionamiento en la capital colombiana. Ya que, con el fin de asegurar el suministro de agua en la ciudad, el alcalde Galán espera que, para finales de 2024, los embalses estén operando en 75 % de su capacidad.Si nivel de embalses subió, ¿por qué racionamiento de agua seguirá en Bogotá?
Tres civiles, dos de ellos fiscales, y un soldado que estaban secuestrados por las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca, fueron dejados en libertad."Han sido dejados en libertad los miembros de la fiscalía y un soldado secuestrados por el EMC (Estado Mayor Central, principal disidencia de las Farc) en el Cauca", escribió Petro en la red social X, en la que publicó una foto de estas personas con miembros del frente Dagoberto Ramos.Los civiles habían sido secuestrados el mes pasado en una carretera rural del Cauca y desde entonces sus familiares habían pedido a las autoridades suspender las operaciones militares para no comprometer la seguridad de estas personas, dos de las cuales son investigadoras del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.En diálogo con Noticias de la Mañana, Camilo Gonzalez Posso, jefe negociador del Gobierno con las disidencias de las Farc, habló sobre la liberación. Enfatizó la importancia de respetar el derecho internacional humanitario y rechazó el uso del secuestro como arma de guerra. Destacó que esta liberación es un gesto significativo que debe ser seguido por un diálogo fructífero con las comunidades indígenas y otros sectores afectados por la violencia en el Cauca. Asimismo, González Posso comentó sobre la situación de salud de los liberados, señalando que aunque han estado sometidos a una tortura psicológica, no presentan problemas graves desde el punto de vista físico. Agregó que es necesario esperar informes médicos más detallados para conocer su estado de salud completo. El jefe negociador también hizo referencia a la situación actual de las negociaciones de paz con las disidencias de las Farc. Explicó que ha habido un fraccionamiento en la delegación que conformaba la mesa de diálogo, con un sector que se ha alejado de la mesa y otro que continúa cumpliendo con los acuerdos establecidos. En ese sentido, hizo un llamado a que se cumplan los acuerdos de respeto a la población civil y se proteja a las comunidades en el Cauca. Destacó que se deben buscar variables de conversación y suspender el fuego en caso de que haya un compromiso firme por parte de las disidencias de respetar el derecho humanitario. El Ejército ha intensificado sus operaciones ofensivas en los últimos meses en el departamento del Cauca, en especial en el cañón del Micay, que se ha convertido en uno de los escollos de las negociaciones de paz entre el Gobierno y el EMC.Escuche aquí la entrevista: