El inesperado aumento del salario mínimo, las subidas inflacionarias y la falta de seguridad han sumido al departamento del Atlántico en una grave realidad para las pequeñas y medianas empresas, donde sus ventas e inversiones se han reducido a más de la mitad generando la posibilidad de cierre o despidos para muchas de ellas.De esa manera fue explicado desde Barranquilla por la presidenta de Acopi Atlántico, Rosmery Quintero, quien declaró desde el foro “Gestión inteligente en tiempos retadores” que se viven momentos de incertidumbre y que el mayor reto para los empresarios es mantener la estructura empresarial sana y estable o, por el contrario, acogerse a la ley de salvamento, antes de entrar en una total insolvencia.“Cuando nosotros ventas, realmente más del 53% de los empresarios han disminuido sus ventas y cuando revisamos inversión estamos aproximadamente en un 57% de disminución de inversión. Hay un alto nivel de preocupación por el tema de la seguridad, es uno de los factores que más preocupa y pesa mucho sobre la estructura de costos. Hay que hablar del tema de las extorsiones que ya no solo afecta al nivel gerencial, sino también a muchos trabajadores”, dijo inicialmente Rosmery.“Trabajar con seguridad en un entorno tan complejo no es fácil, pero hay que seguir perseverando para mantenernos estables porque somos un motor de generación de empleo, quiere decir de desarrollo económico para el país.En temas de seguridad, Rosmery indicó que los más afectados son los tenderos por su cercanía con las calles, aunque los bloqueos registrados este año están impactando negativamente a los empresarios por la inseguridad en las vías del país y los retrasos para la entrega de insumos.Así las cosas, Quintero indicó que el próximo Gobierno deberá ajustar lo más pronto posible la estructura de costos, controlar el desperdicio de recursos y solventar a las compañías.
La entrada en vigor de un arancel del 50 % por parte de Ecuador a productos colombianos encendió las alarmas del sector empresarial. Los pequeños y medianos empresarios aseguran que el impacto es fuerte y se traduce en riesgo para contratos vigentes, pérdida de competitividad y posibles afectaciones al empleo formal.Según el gremio, un gravamen de esta magnitud encarece los productos colombianos en territorio ecuatoriano, reduce su capacidad de competir frente a otros proveedores y altera las cadenas logísticas, especialmente en las zonas fronterizas. Además, advierten que la incertidumbre comercial puede frenar inversiones y afectar la planeación financiera de empresas que dependen en gran medida de ese mercado.Ecuador ha sido históricamente uno de los principales socios comerciales de Colombia en la región. Una parte importante de lo que Colombia vende a ese mercado corresponde a bienes no minero-energéticos como manufacturas, agroalimentos, textiles, productos químicos, cosméticos, medicamentos y alimentos procesados. En estos sectores la participación de las MiPymes es clave y el empleo es intensivo, por lo que cualquier sobrecosto arancelario repercute de manera inmediata en la estabilidad de miles de trabajadores.Ante este panorama, Acopi pidió a ambos gobiernos desescalar la medida mediante una moratoria temporal mientras se activan canales de diálogo técnico. También propuso la creación de una mesa bilateral de alto nivel con autoridades comerciales y aduaneras, la evaluación de exclusiones temporales para bienes esenciales o de alto impacto en empleo MiPyme, el uso de mecanismos regionales de solución de controversias y, del lado colombiano, la implementación de un plan urgente de mitigación que incluya créditos especiales, apoyo para diversificar mercados y acompañamiento en inteligencia comercial.“La estabilidad del comercio regional es fundamental para la sostenibilidad de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. Un conflicto comercial no puede trasladar su costo al empleo formal ni a quienes cumplen la ley y generan desarrollo. Es momento de privilegiar el diálogo, la proporcionalidad y las soluciones técnicas”, señaló el gremio en su comunicado.Acopi se comprometió a aportar información sectorial y análisis técnico que permitan generar propuestas reales para salvaguardar el empleo y la integración económica en la región.
El Consejo de Estado ordenó la suspensión cautelar del decreto que incrementó el salario mínimo en un 23% para 2026, otorgando al Gobierno Nacional un plazo de ocho días para expedir una nueva norma. La decisión judicial se fundamenta en la presunta falta de rigor técnico y el desconocimiento de variables macroeconómicas esenciales durante la concertación.Representantes de los principales gremios económicos del país han reaccionado con cautela, señalando que el aumento desmedido ya está generando impactos negativos en la sostenibilidad de las empresas y en los niveles de informalidad laboral.Impacto en las pequeñas y medianas empresasMaría Ospina, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), calificó la cifra del 23 % como una decisión “sacada del sombrero” sin sustento técnico. Según la dirigente, este incremento ha golpeado severamente la caja de las empresas que generan el 80 % del empleo formal en Colombia.Ospina reveló que la incertidumbre jurídica ya se traduce en despidos. “Hay empresas que han sacado hasta 50 empleados porque no les da la caja para sostener estos empleos”, afirmó. Desde ACOPI proponen que el nuevo ajuste se base estrictamente en la suma de productividad e inflación, lo que arrojaría un incremento cercano al 7.2 %.Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, enfatizó que el salario mínimo funciona como un ancla macroeconómica. Su incremento excesivo afecta indexadores en pensiones, servicios de administración y contratos de infraestructura, elevando el riesgo de informalidad.Respecto a la operatividad de la medida, Gutiérrez explicó que las empresas están a la espera del nuevo decreto. “Es una sentencia que le pide al gobierno que bajo criterios técnicos vuelva y revise el valor”, señaló, subrayando que muchos contratos y subcontratos dependen de esta cifra de referencia.
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi, advirtió que el reciente aumento del salario mínimo configura una política incompleta que está elevando de manera significativa los costos laborales sin que exista un incremento en la productividad, lo que estaría llevando a un panorama crítico para las mipymes durante este año.Según el gremio, el impacto del ajuste salarial ya comenzó a sentirse en las 1.650.000 micro, pequeñas y medianas empresas que operan en el país, las cuales representan cerca del 97 % del tejido empresarial colombiano. Acopi alertó que los recortes de personal, ya están en marcha y que muchos contratos a término fijo podrían no ser renovados debido a que el incremento real en los costos no se limita al 23,7 %, sino que alcanza cerca del 30 % al sumar los costos no salariales y otros valores indexados al salario mínimo.La presidenta de Acopi, María Elena Ospina, señaló que las empresas, especialmente las micro y pequeñas, han comenzado a revisar los ajustes en planta. Además, indicó que los empresarios están evaluando despidos y ajustes en sus plantas de personal, y que incluso se está optando por la tercerización de servicios como alternativa para reducir costos, advirtiendo que esta situación también podría afectar a quienes apenas inician su vida laboral, como los practicantes.Ospina explicó que el desbalance entre el incremento de los costos laborales y la productividad está profundizando las dificultades financieras de las empresas. Como ejemplo, mencionó el caso del sector educativo, donde los colegios solo tienen autorización para aumentar las matrículas entre un 7 % y un 8 %, mientras deben asumir incrementos salariales cercanos al 30 %, lo que genera un desfase que pone en riesgo su sostenibilidad.¿Alivios para mipymes?Desde Acopi reiteraron que enero y febrero serán meses clave para que las mipymes realicen ajustes internos. La asociación confirmó que ya se llevó a cabo una primera reunión con el Gobierno nacional, en la que se comenzaron a analizar alternativas como alivios tributarios y créditos blandos para mitigar el impacto del aumento salarial.Finalmente, el gremio hizo un llamado a las micro y medianas empresas a revisar y ajustar sus presupuestos con el fin de evitar cierres, mientras se espera que en las próximas semanas continúen los diálogos con el Ministerio de Trabajo para buscar soluciones que protejan el empleo y la estabilidad empresarial.
El reciente anuncio del Gobierno nacional sobre el aumento del salario mínimo para 2026 ya genera un intenso debate entre trabajadores y empresarios. Aunque la medida fue recibida con optimismo por amplios sectores de la población, desde el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) advierten que el impacto podría traducirse en un riesgo directo para el empleo formal.Este lunes, el presidente Petro confirmó un incremento histórico del 23,7 % en el salario mínimo, que quedó fijado en 2.000.000 de pesos mensuales, suma que incluye el auxilio de transporte. Sin embargo, para Acopi, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el aumento resulta desproporcionado frente a la realidad financiera del sector productivo más amplio del país. Así lo expresó su presidenta, María Elena Ospina, en Mañanas Blu.“Es un aumento totalmente desproporcionado. No se tuvo en cuenta que el 99,7 % del tejido empresarial está conformado por micro, pequeñas y medianas empresas, que además generan cerca del 80 % del empleo formal”, señaló la dirigente gremial.Ospina enfatizó que las microempresas, que representan cerca del 90 % del tejido empresarial y emplean entre uno y diez trabajadores, serán las más afectadas. “Una microempresa con apenas tres empleados necesita alrededor de 10 millones de pesos mensuales en caja para soportar las cargas laborales. Es muy difícil que los pequeños negocios y los emprendedores puedan asumir una carga de esta magnitud”, advirtió.Desde Acopi alertan que el aumento del salario mínimo no puede analizarse de manera aislada. Según Ospina, a este incremento se suman otros factores que presionan los costos empresariales, como la posible declaratoria de emergencia económica, la implementación de la reforma laboral y los costos no salariales asociados a la contratación formal.“Todo este conjunto de costos pone en serio riesgo el empleo en las Mipymes”, afirmó.Aunque el gremio aún no tiene una cifra consolidada sobre cuántos puestos de trabajo podrían perderse, la presidenta de Acopi aseguró que ya hay señales preocupantes. “Una empresa nos llamó y nos dijo que tiene 460 empleados que ganan el salario mínimo y que, con este aumento, está considerando automatizar procesos y prescindir de cerca de 300 trabajadores. Eso da una idea de lo que están pensando muchos empresarios en este primer momento”, explicó.Otro de los efectos que anticipa el gremio es el aumento de precios al consumidor. Ospina indicó que, con un incremento del 23 % en el salario mínimo, el costo total de un trabajador para la empresa puede aumentar cerca de un 30 %. “Si suben los costos laborales, suben también los costos de producción y, en la misma proporción, terminarán subiendo los precios de los productos y servicios”, sostuvo.Desde Acopi también se advierte sobre un posible aumento de la informalidad y de la inflación, lo que podría profundizar la brecha social. “Solo alrededor de 2,4 millones de personas se benefician directamente del salario mínimo, pero hay más de 11 millones que ganan menos de ese ingreso y más de 10 millones que ganan apenas un poco más. Estas personas no solo no se verán beneficiadas, sino que podrían perder poder adquisitivo”, concluyó Ospina.
La negociación del salario mínimo para 2026 entra en su recta final en medio de profundas diferencias entre empresarios y centrales obreras, un escenario que vuelve a abrir la posibilidad de que el Gobierno termine definiendo el incremento por decreto.Actualmente, las centrales obreras, encabezadas por la CUT, proponen un incremento del 16 %, que llevaría el salario mínimo por encima de los 1.883.000 pesos, incluyendo el auxilio de transporte. Del lado empresarial, los gremios sugieren un aumento del 7,21 %, que ubicaría el salario en alrededor de 1.740.000 pesos. En medio de estas cifras, el Gobierno aún no ha presentado oficialmente su propuesta, aunque distintas declaraciones han alimentado la expectativa de un aumento cercano al $1.800.000.Para María Elena Ospina, presidenta de Acopi, un incremento de dos dígitos no es viable en el contexto económico actual. En entrevista con Recap Blu, la dirigente gremial insistió en la necesidad de ser “coherentes con la realidad del país” y subrayó que el objetivo principal debe ser proteger el empleo formal y la sostenibilidad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas. De hecho, recordó las cifras del Dane y el Ministerio de Comercio para evitar efectos colaterales como el aumento de la inflación.“Cuando se habla de un salario mínimo de 1.800.000 pesos, hay que sumarle todos los costos salariales y no salariales, lo que eleva el costo real de un trabajador a cerca de 2.800.000 pesos para una empresa”, explicó.Sobre la negociación para definir el porcentaje del aumento del salario mínimo, aseguró que el ambiente ha sido respetuoso y que los empresarios están dispuestos a revisar escenarios antes de la próxima reunión, aunque dejó claro que no avalarán cifras que, a su juicio, pongan en riesgo la estabilidad empresarial. ¿Qué dicen en la CUT sobre el salario?Desde la otra orilla, Fabio Arias, presidente de la CUT, sostuvo que la exigencia de un aumento de dos dígitos responde a criterios de justicia social y a la evidencia reciente. Para el dirigente sindical, los temores empresariales sobre desempleo, inflación e informalidad ya fueron desmentidos por los hechos que se han presentado en el actual Gobierno. “En los últimos tres años, con aumentos importantes del salario mínimo, el desempleo ha bajado, la inflación también y la informalidad ha tenido una leve reducción. Dato mata relato”, afirmó.Arias aseguró que las centrales obreras están dispuestas a moverse dentro de la negociación, pero ese movimiento dependerá de lo que hagan los empresarios y de la eventual postura del Gobierno. Desde su perspectiva, un mayor salario impulsa el consumo interno y dinamiza la economía, beneficiando también al sector productivo.Sobre el clima en la mesa de concertación, el presidente de la CUT habló de una “tensa calma” y consideró que la distancia entre las propuestas hace difícil un acuerdo. Por ello, no descartó que el proceso termine sin consenso y sea el presidente Gustavo Petro quien defina el aumento por decreto, como ha ocurrido en otros momentos de la historia reciente del país. En ese escenario, Arias confía en que el Gobierno adopte una decisión cercana a las peticiones sindicales y considere el salario mínimo como una forma de inversión social.Trabajadores y empresarios se reunirán este jueves, 11 de diciembre, en horas de la mañana para analizar las propuestas y empezar a trabajar en un acuerdo sobre el aumento del salario mínimo para el 2026.
Los principales líderes del sector empresarial, entre ellos Jorge Enrique Bedoya (SAC), Bruce MacMaster (Andi), Jairo Pulecio (Acopi) y otros presidentes de gremios nacionales, enviaron una carta al Consejo Gremial Nacional solicitando definir la presidencia de la organización para 2026.En el documento, los firmantes advierten que el próximo año será decisivo para el país por la contienda presidencial y por el cierre del gobierno de Gustavo Petro, un contexto que, según dicen, demanda unidad y un liderazgo firme dentro del sector empresarial.Los gremios señalan que en los últimos años se han intensificado las tensiones con el Gobierno en temas estratégicos como gas, petróleo y minería, sumadas al deterioro de la seguridad y a episodios diplomáticos que han generado incertidumbre económica. Aun así, recalcan que el empresariado ha mantenido su compromiso con el país, defendiendo la seguridad jurídica, la confianza inversionista y el papel del sector productivo.Frente a este panorama, los líderes proponen a Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, como candidata para asumir la presidencia del Consejo Gremial Nacional, y a Nicolás Pérez Marulanda, de Fedepalma, como vicepresidente para 2026.“Estamos convencidos de que su capacidad de liderazgo, su experiencia y su compromiso con la agenda gremial permitirán conducir al CGN con claridad estratégica en un año crucial para la inversión, la institucionalidad y el futuro económico del país”, menciona en la carta.
Este miércoles la CUT le madrugó a las negociaciones del salario mínimo y anunció que los trabajadores pedirán un aumento de dos dígitos en el salario mínimo para 2026. Es decir, al menos 10 % equivalentes a unos 142.000 pesos sin el subsidio de transporte."¿Cómo hace usted para sentarse a conversar cuando el árbitro o la persona que debe garantizar la negociación, pues, mostró ya una cifra? Vamos a asistir, vamos a participar, vamos a escuchar, pero va a ser muy difícil que logremos llegar seguramente a una cifra. Lo veo muy improbable", aseguró a Blu Radio el presidente de la Junta Directiva de Acopi, Jairo Pulecio.De momento, los empresarios no tienen una cifra concreta de contrapropuestas. Sin embargo, Pulecio resaltó que los estudios del gremio apuntan a que incrementos por encima del 7 % pueden afectar la inflación.Oficialmente la mesa de negociaciones sobre el salario mínimo este año debería instalarse el 12 de diciembre con la participación de las tres centrales obreras (CUT, CGT, CTC), la confederación de pensionados y los cinco gremios con mayores empleos: Asobancaria, SAC, Acopi, Fenalco y la Andi.Aunque el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, no ha querido hablar abiertamente de una cifra concreta, sí dejó ver que el interés del Gobierno es que se dé un incremento del ingreso real de los trabajadores."El Gobierno que se supone que era el participante neutro, se supone que era el árbitro en un proceso de conciliación y concertación que daba inicio el 1 de diciembre; al momento en que ya muestra sus cartas y nos demuestra a nosotros que él ya es un actor negociador, pues obviamente hace que el proceso de negociación vaya a ser muy complejo", concluyó Pulecio.
Se anticipa que el texto final de la reforma laboral contendrá alrededor de 75 artículos. Entre los puntos ya definidos y confirmados, se destaca la jornada nocturna, en empresas con más de 10 empleados pagarían recargo nocturno desde las 8:00 p.m. en 2026 y desde las 7:00 p.m. en 2027, según una propuesta que analizan los ponentes de la reforma laboral para incluir en el texto que será debatido en tercer debate.Adicionalmente, se prevé la inclusión de un diferencial para los sectores productivos más afectados por esta modificación, buscando mitigar posibles impactos negativos.La medida no aplicaría a las microempresas —aquellas con 10 empleados o menos, según la legislación vigente— a menos que la informalidad laboral en el país disminuya.En diálogo con Mañanas Blu, Rodolfo Correa, presidente de Acopi, habló sobre la reforma y la cual calificó como "mala". Señaló que las consecuencias para la economía serían graves. Correa expresó que, aunque es evidente que la situación actual requiere ajustes, la reforma sigue siendo negativa y, en sus palabras, "hemos escogido el mal menor". Destacó que muchas de las microempresas, que representan el 93.7% del total de empresas activas en el país, no pueden soportar las cargas adicionales que la reforma impone. Correa hizo un llamado a la sensatez a los legisladores, sugiriendo que se debe excluir a las microempresas de ciertas disposiciones, como el recargo nocturno, y enfatizó la necesidad de un enfoque gradual en la implementación de cualquier cambio que afecte el costo del trabajo. Correa expresó que, aunque es evidente que la situación actual requiere ajustes, la reforma sigue siendo negativa y, en sus palabras, "hemos escogido el mal menor". "No podemos celebrar la aprobación de esta reforma, pero la alternativa sería un desastre económico", afirmó. A lo largo de la conversación, Correa subrayó que la informalidad laboral en Colombia es alarmante, con cifras que indican que el 65% de la población laboral es informal, y argumentó que las reformas deberían enfocarse en formalizar este sector en lugar de poner en riesgo a las empresas que ya están en la formalidad. Escuche aquí la entrevista:
Una invitación a tomar decisiones que favorezcan tanto al empleado como al trabajador fue la que hizo este miércoles la presidenta del Observatorio Nacional de la Mipymes, Rosmery Quintero, una vez se hundió en el Senado la Consulta Popular que estaba promoviendo el Gobierno para sacar adelante la reforma laboral.Quintero, también presidenta de Acopi Atlántico, aseguró que esto que ha ocurrido en el Congreso “no hay que verlo como una derrota”, sino como una oportunidad para revisar a fondo qué artículos realmente se deben sacar adelante de manera responsable."Es apropiado siempre y cuando un presidente acepte la realidad y se dedique con su ministro a defender los artículos más importantes", dijo."Creo que sería responsable mirar unos artículos que generen mayor equilibrio en la relación empleado- trabajador, porque cada quien mira un artículo de manera individual y cada uno genera un impacto en la estructura de costos. Y cuando tú haces la sumatoria, eso termina destruyendo empleo antes que crearlo", agregó.Quintero también se refirió al nuevo llamado que está haciendo el presidente Gustavo Petro para que el pueblo se vuelque a las calles a manifestarle su respaldo de manera masiva. Frente a esto, la dirigente gremial aseguró que “el país no necesita más polarización” y que ahora lo que conviene es “dedicarnos a estudiar y a ser productivos” para “tener tranquilidad”."El país hoy no tiene las condiciones para estar desperdiciando tiempo y recursos de manera inapropiada, cuando estamos utilizando todos esos espacios como proselitismo. Eso hay que respetarlo. El país merece otras cosas, el país merece que las inversiones se den", afirmó.Insistió en que la realidad del mercado laboral “hoy es bastante crítica” y que por eso urge que el país se enfoque en “tener mayor estabilidad en las ventas, en las proyecciones de las empresas, en los relacionamientos internacionales, etcétera, para seguir generando empleo y mantener el empleo que hoy está contratado”.“También debemos tener la posibilidad de crear nuevo empleo formal, porque hoy la informalidad está alcanzando el 60% y eso no está bien, eso se refleja en el mismo crecimiento económico del país, un crecimiento económico bastante estancado”, advirtió.
Este sábado 16 de mayo de 2026, Travesía Blu propone un viaje sobre turismo, viajes y experiencias de hospedaje, comparando hoteles tradicionales con plataformas como Airbnb.Eduardo Pérez (actor y modelo):Habló sobre sus viajes favoritos, destacando a Italia como el país que más lo ha sorprendido y Medellín como su ciudad ideal. También contó experiencias de turismo en Colombia, gastronomía y sus sueños actorales.Walter Luengas (actor):Habló de las ventajas de Airbnb por su practicidad y precios, aunque resaltó la importancia de apoyar a los hoteles tradicionales y mejorar constantemente el servicio turístico.María Elena Döering (actriz):Dijo que, aunque entiende el auge de plataformas como Airbnb, personalmente sigue prefiriendo hospedarse en hoteles tradicionales.Susana Palazuelos y Eduardo Palazuelos (gastronomía de Acapulco):Conversaron sobre la cocina mexicana como una herramienta para promover el turismo y destacaron la gastronomía de Acapulco y Guerrero como parte esencial de la experiencia para los visitantes.Luis Carlos Rueda (Cinema Travel):Habló de la película Top Gun y aprovechó para recomendar San Diego, en California, como destino turístico por sus playas, el Comic-Con y el portaaviones USS Midway.Eduardo Klin (Ciclico):Explicó cómo su marca colombiana trabaja en moda sostenible mediante reciclaje textil, producción responsable y proyectos de impacto ambiental y social.Escuche el programa completo aquí:
Muchas veces, el miedo a una sanción o a enfrentar a la autoridad lleva a algunas personas a tomar decisiones impulsivas. Conductores sin licencia, con documentos vencidos o en situaciones irregulares pueden optar por huir de la policía, creyendo que así evitarán consecuencias legales.Sin embargo, este tipo de reacciones suele agravar la situación y, en casos extremos, poner vidas en riesgo.Ese fue precisamente el escenario que se vivió en Arkansas, Estados Unidos, donde una mujer protagonizó una peligrosa persecución policial mientras transportaba a su hijo.El hecho terminó en un accidente que, por fortuna, no dejó víctimas fatales, pero sí terribles daños al vehículo implicado.Niño resultó ileso tras volcarse el auto donde huía su madreUn niño resultó ileso luego de que el vehículo en el que viajaba junto a su madre se volcara durante la huida. La mujer intentó escapar de la policía y perdió el control del automóvil, desencadenando el siniestro.El video compartido en redes sociales muestra el momento en que un oficial persigue a una mujer que conducía un automóvil rojo. Durante la persecución, el policía golpea el vehículo por la parte trasera, pero la conductora acelera y pierde el control.El carro se desvió hacia el lado izquierdo de la vía y, al intentar regresar al carril, impactó contra lo que sería un buzón de correo. Después cruza nuevamente la carretera y, tras un movimiento brusco del volante, el vehículo terminó volcándose.Segundos más tarde, se observa al niño salir del automóvil visiblemente asustado, sin uno de sus zapatos, mientras corre hacia el oficial. Poco después, la mujer también logra salir del carro y se dirige hacia el menor aparentemente afectada por el accidente.Tras el accidente, un oficial confrontó a la conductora con evidente indignación por lo ocurrido y luego de conocer por qué huía la mujer le dijo: “¿Huiste de mí porque no tienes licencia?, casi matas a tu hijo, es la cosa más estúpida que has hecho en tu vida”, le reclamó el agente, indicando la gravedad de la decisión tomada.
En horas de la noche de este sábado, 16 de mayo, fue recibido Alex Saab por autoridades en Miami, en Estados Unidos, tras ser deportado por el Gobierno de Venezuela para que cumpla sus obligaciones pendientes con la ley en ese país, "en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria"."El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán, llevada a cabo este 16 de mayo de 2026 en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana (...) La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América", indicaron en un comunicado.El colombo venezolano fue recibido por agentes de la DEA en Miami, en donde quedará a disposición de las autoridades. Lo curioso de su llegada fue que llevaba una sudadera gris, mismo color que usó Nicolás Maduro el día de su captura por parte del Ejército de Estados Unidos. El empresario estuvo preso en EE.UU. entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, cuando regresó a Venezuela tras recibir un indulto del Gobierno del entonces presidente Joe Biden.Fue catalogado en 2020 como un diplomático por el Gobierno de Maduro, que lo designó en enero de 2024 presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).En octubre de 2024 fue nombrado ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por Delcy Rodríguez dos semanas después de la captura de Maduro, en enero pasado.
El sorteo 2.657 de Baloto y Revancha, realizado este sábado, 16 de mayo de 2026 en Colombia, dejó nuevos resultados que mantienen la expectativa entre los jugadores. Los acumulados continúan creciendo para el siguiente sorteo programado el lunes, 18 de mayo.Resultados Baloto: números ganadores del 16 de mayo de 2026Por su parte, el Baloto tradicional arrojó como números ganadores: y la superbalotaResultados Revancha: números ganadores del 16 de mayo de 2026En la modalidad Revancha, los números sorteados fueron: y la superbalotaBaloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, continúa consolidándose como una de las principales opciones de apuesta gracias a sus altos premios acumulados y frecuencia de sorteos.El próximo sorteo se realizará el lunes, 19 de mayo de 2026, donde los jugadores tendrán una nueva oportunidad de aspirar a los millonarios premios que siguen en juego.
Este sábado, 16 de mayo, se llevó a cabo el Gran Sorteo Dorado de la Lotería de Bogotá, que entregarán como premio mayor 18.000 millones de pesos. El número que cayó en el premio mayor fue el 4589 de la serie 412.Resultados del Gran Sorteo Dorado de Lotería de Bogotá - 16 de mayoRequisitos para reclamar premiosPara aquellos ganadores de premios iguales o inferiores a $1.000.000, el proceso de reclamación debe realizarse en un plazo máximo de tres meses posteriores al sorteo. Es necesario presentar:El billete o colilla con respaldo diligenciado.Copia del documento de identidad.Formato de identificación de ganadores firmado con huella digital.Certificación bancaria y autorización para consignación.