Seis personas que habían quedado atrapadas en la mina El Porvenir 1, en Cucunubá, Cundinamarca, fueron halladas sin vida tras culminar las labores de rescate, informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. La emergencia se registró luego de una explosión en la mina, ubicada en la vereda La Ramada. En el momento del incidente, seis personas quedaron atrapadas en el interior mientras que un séptimo trabajador logró salir por sus propios medios.Según el gobernador, la mina El Porvenir 1 hace parte de un Área de Reserva Especial para su formalización y recientemente había recibido una visita de fiscalización de la Agencia Nacional de Minería (ANM). Durante la inspección se encontraron aspectos de seguridad por mejorar y se ordenó la suspensión de las actividades mientras se adelantaba un plan de mejoramiento.La Agencia Nacional de Minería será la encargada de establecer las circunstancias que rodearon el accidente minero en Cucunubá y determinar por qué, pese a la suspensión, aparentemente había personal realizando labores de extracción de material en el lugar.Las víctimas fueron identificadas como Duván Ferney Rodríguez, Cristian de Jesús Contreras Latorre, Sebastián Contreras Latorre, Eduard Alexander Díaz, Yerson Mauricio Rojas y Jhon Mario Triviño Serna.Jorge Emilio Rey expresó su solidaridad con las familias de los seis mineros fallecidos y con la comunidad de Cucunubá: "Mis oraciones y solidaridad están con sus familias, amigos y con toda la comunidad cucunubense", escribió en su cuenta de X. Además, señaló que el equipo psicosocial de la Secretaría de Energía de Cundinamarca ya se encuentra en la zona para brindar acompañamiento a los familiares y allegados de las víctimas.
Colombia comenzó una nueva etapa de control y seguimiento sobre la cadena minera con la puesta en marcha del Sistema de Trazabilidad Minera, una herramienta con la que el Gobierno busca reforzar la legalidad, el control documental y la transparencia en la comercialización de minerales en el país.La estrategia, presentada por la Agencia Nacional de Minería (ANM) bajo el nombre “Trazabilidad de Minerales: la ruta legal del subsuelo a la comercialización”, arrancó su fase de transición el pasado 19 de mayo. Aunque desde ya comenzó a operar, su implementación será obligatoria en todo el territorio nacional a partir del 19 de noviembre de 2026.Durante estos seis meses de transición, empresas mineras, comercializadores, plantas de beneficio y actores del sector deberán ajustar procesos operativos, documentación y sistemas internos para cumplir con las nuevas exigencias regulatorias.Uno de los ejes de esta nueva etapa será MinTrace, una plataforma tecnológica desarrollada por la empresa colombiana Cuantico, habilitada oficialmente por la ANM como operador tecnológico de trazabilidad minera.El sistema fue diseñado para registrar y monitorear operaciones relacionadas con compra, transformación, comercialización y exportación de minerales como oro, carbón, coque, esmeraldas, arcillas, calizas y materiales de construcción, entre otros.Además, la plataforma busca integrar información con entidades financieras, sistemas contables, gestión documental e inteligencia de negocios, permitiendo que las empresas puedan reportar operaciones y verificar el origen legal de los minerales con mayor facilidad.Según Daniel Medina, Ceo de Cuantico, el objetivo es modernizar la cadena minera mediante herramientas digitales e inteligencia artificial. “MinTrace nace con la visión de convertirse en la infraestructura digital que conecte al sector minero con la ANM, el sistema financiero y los ERP de las empresas, permitiendo operaciones más transparentes, eficientes y competitivas”, afirmó.La Agencia Nacional de Minería aseguró que la trazabilidad busca fortalecer el seguimiento sobre la cadena de suministro y cerrar espacios a la ilegalidad dentro del sector extractivo. “La trazabilidad no viene a castigar a los que lo hacen bien, viene a protegerlos. Este no es un sistema administrativo, es una decisión de país”, señaló Lina Beatriz Franco, presidenta de la ANM.En paralelo, Cuantico anunció el lanzamiento del llamado “Plan Pionero”, una iniciativa con la que acompañará a las primeras compañías que implementen el nuevo sistema durante esta etapa de transición.
La tragedia ocurrida en una mina de carbón en Sutatausa, Cundinamarca, que dejó nueve mineros fallecidos, ha puesto en el centro del debate las condiciones de seguridad en la actividad minera. Aunque las causas exactas del accidente aún no han sido determinadas, autoridades, organismos de socorro y testimonios locales coinciden en que una explosión subterránea, posiblemente relacionada con acumulación de gases, habría desencadenado el desastre.De acuerdo con Jimmy Soto, vicepresidente de seguimiento y control de la Agencia Nacional de Minería (ANM) aún no hay conclusiones definitivas sobre lo ocurrido.Mina legal, pero con recomendaciones pendientesUno de los elementos que más ha generado controversia es que la mina contaba con título legal y, según la ANM, cumplía con los requisitos técnicos y ambientales exigidos. “Era un título minero que cumplía con todas las condiciones de orden técnico, con PTO aprobado y su instrumento ambiental aprobado”, explicó Soto.Sin embargo, una inspección realizada el pasado 9 de abril había dejado recomendaciones claras en materia de seguridad. Entre ellas, la necesidad de reforzar la inertización —proceso clave para reducir el riesgo de explosiones por polvo de carbón— y la hermetización de zonas abandonadas donde podrían acumularse gases como el metano.Aunque Soto aseguró que “la medición de gases estaba dentro de los límites permisibles”, también reconoció que se emitieron instrucciones para fortalecer las condiciones de seguridad. Este punto abre interrogantes sobre si dichas recomendaciones fueron implementadas a tiempo o de manera adecuada.Posible acumulación de gas metanoDesde el terreno, las primeras hipótesis apuntan a una explosión generada por acumulación de gas metano en las profundidades del socavón. El alcalde de Sutatausa, Jhonatan Ojeda, indicó que los mineros se encontraban a profundidades de hasta 600 metros bajo tierra y que “al parecer sí hubo una explosión”.Aunque el mandatario local reconoció no ser experto en minería, confirmó que entre los socorredores se mencionaba la posibilidad de gases acumulados como detonante del siniestro. “Eso era lo que uno escuchaba el día de ayer de los socorredores”, señaló.La combinación de polvo de carbón y gas metano es ampliamente conocida como uno de los mayores riesgos en minería subterránea, lo que refuerza la importancia de los sistemas de ventilación y control ambiental.Atención a los heridos: estado de saludTras la emergencia, seis mineros heridos fueron trasladados al Hospital de Ubaté. El gerente de la institución, Luis Alfredo Niño, confirmó que “cinco de ellos están estables y uno requirió traslado a la Fundación Santa Fe de Bogotá para atención de alta complejidad”.El equipo médico continúa evaluando la evolución de los pacientes, mientras las autoridades locales han desplegado apoyo psicosocial para las familias afectadas por la tragedia.Economía minera y riesgos estructuralesEl accidente también reabre el debate sobre la dependencia económica de la región frente a la minería. Según el alcalde Ojeda, cerca del 90% de la economía de la provincia de Ubaté gira en torno a esta actividad, lo que dificulta una transición hacia otros sectores productivos.“Las personas prefieren irse a ganar algo más para el sustento de sus familias en la mina que en el campo”, explicó, evidenciando la presión social y económica que mantiene vigente esta práctica pese a sus riesgos.Investigación en curso y responsabilidadesLa ANM anunció que ya prepara un equipo investigador que tendrá un plazo aproximado de 30 días para entregar conclusiones sobre las causas del accidente. Este informe será clave para determinar si hubo fallas en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas o negligencias en la operación de la mina.“Tenemos que adelantar la investigación para entender cuáles fueron las causas de la explosión”, reiteró Soto.Mientras tanto, la tragedia de Sutatausa deja en evidencia la delgada línea entre la legalidad de una operación minera y la efectividad real de sus medidas de seguridad, así como la necesidad urgente de reforzar los controles en un sector históricamente marcado por accidentes.
En medio de la polémica por la mina de oro ilegal en terrenos de una base militar en el Bajo Cauca antioqueño, la Agencia Nacional de Minería aseguró que ya había advertido hace varios meses sobre posibles actividades ilícitas en La MandingaLa Agencia Nacional de Minería -ANM- aseguró a través de un comunicado que ya había advertido desde 2025 sobre posibles actividades ilícitas en la mina de oro La Mandinga, ubicada en Cáceres y que estaría bajo el dominio del Clan del GolfoDe acuerdo con la ANM, el 10 de octubre de 2025 le pidió a la Alcaldía de Cáceres activar acciones de amparo administrativo, medidas que buscaban frenar la presencia de terceros no autorizados en la zona y evitar el avance de economías ilegales.La entidad precisó que, según el Código de Minas de Colombia, corresponde a autoridades locales y policiales verificar los hechos, así como ordenar la suspensión de cualquier actividad minera que no cuente con autorización en áreas tituladas.La Agencia Nacional de Minería también reiteró que el título minero continúa vigente y avanza en trámites técnicos y ambientales. Estas figuras de formalización permiten ejercer control, exigir obligaciones y garantizar la trazabilidad en la explotación de recursos.“La lucha contra la extracción ilícita no se combate abandonando los territorios”, señaló la ANM en su pronunciamiento y además enfatizó que el enfoque debe centrarse en la formalización minera y el fortalecimiento de la presencia institucional en el territorio.Frente a los hechos recientes, la Agencia anunció el traslado del expediente a su sede central en Bogotá con el objetivo de evaluar nuevas medidas y reforzar el seguimiento institucional sobre el caso de La Mandinga.
Luego de que el presidente Gustavo Petro firmara el decreto que declara la emergencia económica, el debate sobre el déficit fiscal en Colombia tomó un nuevo aire. Esta vez, el sector minero-energético reaccionó con fuerza frente a la posibilidad de que los impuestos a la exportación de carbón, petróleo y otros minerales, creados bajo esta figura excepcional, se conviertan en permanentes.La respuesta llegó desde uno de los gremios más representativos del sector. En entrevista con Blu Radio, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), lanzó una dura crítica al Gobierno por las consecuencias que, a su juicio, tendría esta medida sobre la minería formal y, en general, sobre la economía del país.Para Nariño, las decisiones anunciadas no solo afectan a un sector específico, sino que representan un golpe a la institucionalidad y terminan trasladando el costo a la ciudadanía. Según explicó, acudir de manera reiterada a figuras excepcionales para resolver problemas fiscales que ya eran previsibles abre un escenario complejo para el manejo de las finanzas públicas y la confianza en las reglas de juego.Nariño cuestiona impuestos decretados en emergencia económicaEl presidente de la ACM fue enfático en señalar que el debate no pasa únicamente por el cobro de impuestos, sino por a quiénes se les está exigiendo el esfuerzo fiscal. “La trampa aquí no está en cobrarle impuestos a un sector específicamente, sino a las empresas formales de minería”, afirmó durante la entrevista.En ese contexto, advirtió que mientras las compañías legales asumen mayores cargas, la minería ilegal se ve favorecida por los altos precios internacionales del oro y otros metales. Para Nariño, este desequilibrio genera un incentivo perverso. “Cuando los impuestos pasan un límite se convierte en un estímulo a la informalidad”, señaló, comparando el fenómeno con lo que ocurre históricamente con el contrabando.Desde su perspectiva, este escenario no solo debilita a las empresas que cumplen la ley, sino que fortalece estructuras criminales que operan al margen del Estado, sin controles ni obligaciones tributarias.Minería ilegal, impuestos y efectos en la economía colombianaOtro de los puntos que puso sobre la mesa fue el impacto ambiental y social de esta situación. Nariño recordó que las empresas formales están sujetas a estrictas normas técnicas y ambientales, algo que no ocurre con la minería ilegal. “Las empresas formales no usan mercurio, pero los beneficiaderos ilegales sí, porque nadie les pone el tate quieto”, aseguró.A esto se suma la caída en la producción y exportación de carbón. De acuerdo con sus estimaciones, Colombia cerraría 2025 con exportaciones cercanas a las 48 millones de toneladas, muy por debajo de las más de 60 millones que se alcanzaron en años anteriores. Para el dirigente gremial, esta reducción se traduce directamente en menos empleo, menos regalías para las regiones y un menor recaudo para el Estado.El impacto, advirtió, no se queda únicamente en el sector minero. “En el fondo lo que hay son familias, empleos y oportunidades en el territorio”, afirmó Nariño, al explicar que miles de comunidades dependen de la actividad minera legal. Además, señaló que encarecer el carbón termina afectando la matriz energética del país y el costo de vida. “Eso hace que los colombianos paguemos más, el de la tienda de la esquina y la pequeña industria”, concluyó.Mientras la Corte Constitucional será la encargada de revisar la legalidad y los alcances de la emergencia económica, el sector minero insiste en que las decisiones fiscales deberían enfocarse en fortalecer la legalidad, la estabilidad económica y la competitividad, y no en castigar a quienes operan dentro de las reglas.
Colombia da un paso clave para ponerle lupa a su minería. La Agencia Nacional de Minería (ANM) habilitó a MinTrace como el primer operador nacional de trazabilidad de minerales, una plataforma que comenzará a registrar, de punta a punta, el recorrido de los minerales que se extraen, transforman y venden en el país.La medida marca el arranque oficial del Sistema de Trazabilidad de Minerales, un nuevo esquema que busca cerrar el paso a la comercialización irregular y darle mayor transparencia a un sector históricamente golpeado por la informalidad y las economías ilegales. Con esta habilitación, cada operación minera dejará rastro digital, desde la compra hasta la exportación.MinTrace fue desarrollada por la empresa tecnológica colombiana Cuantico y permitirá registrar transacciones asociadas a minerales como oro, carbón, coque, esmeraldas, calizas, arcillas y materiales de construcción, entre otros. En la práctica, esto significa que el origen de cada mineral podrá verificarse y cruzarse con información oficial en tiempo real.El sistema contará con integración directa con la ANM, lo que permitirá un despliegue gradual en todo el territorio nacional. La trazabilidad comenzará a operar de forma progresiva a partir del 1 de enero y aplicará a comercializadores, titulares mineros, plantas de beneficio y operaciones de pequeña, mediana y gran minería.Detrás del nuevo modelo hay un respaldo jurídico claro. El sistema se apoya en el Decreto 2234 de 2023 y en la Resolución 0759 de 2024, normas que establecen los lineamientos técnicos y los mecanismos de control para verificar el origen lícito de los minerales, además de los estándares de reporte que deberán cumplir los actores del sector.En paralelo, MinTrace anunció el lanzamiento del Plan Pionero, una estrategia pensada para acompañar y reconocer a los primeros empresarios y operadores que adopten la trazabilidad desde su fase inicial, en un intento por acelerar la transición hacia la formalidad.“La trazabilidad minera fortalecerá la confianza, la transparencia y el crecimiento del sector minero colombiano. Hemos desarrollado un servicio integral que estará disponible para los empresarios del país desde mañana”, aseguró Daniel Medina, CEO de Cuantico, al confirmar que la plataforma ya puede consultarse en www.mintrace.co.
Una nueva emergencia minera se registró en la vereda Valparaíso, corregimiento de Miralindo, en el municipio de Landázuri, Santander, donde seis mineros resultaron gravemente heridos tras la explosión ocurrida entre las 11:00 a.m. y 12:00 m.El alcalde del municipio, Carlos Andrés Morales, expresó su preocupación por la reiteración de estos hechos y la complejidad del control institucional en las zonas mineras.“Para nosotros como autoridad es muy difícil estar pendientes de las bocatomas de las minas, hay muchas y la gran mayoría registran cierres preventivos y aun así la gente sigue arriesgando sus vidas. Por eso los invitamos a que se formalicen con la Agencia Nacional de Minería; estamos haciendo capacitaciones y pedimos que dejen de valorar el material de la tierra por encima de la vida”, señaló.Esta es la tercera explosión en menos de tres semanas en esta misma zona del departamento, una cadena de incidentes que ya deja tres trabajadores muertos y siete lesionados, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales y departamentales.De acuerdo con las primeras versiones, una acumulación de gases dentro del socavón habría provocado el estallido que generó una violenta deflagración. Las autoridades también confirmaron que la legalidad de la mina está en investigación, mientras se adelantan verificaciones técnicas y administrativas sobre su operación.Los mineros heridos son Luis Alberto Jerez Casas de 24 años, Andrés Felipe López Caro de 21 años, José Henrry López García de 52 años, Willian Edalio Galindo González de 43 años, José Wilson Buitrago de 43 años y Hernando Cañón de 48 años.Cinco de los trabajadores fueron trasladados a clínicas del área metropolitana de Bucaramanga, mientras que uno permanece bajo observación en el Hospital de Landázuri.El mandatario añadió que continúan articulando esfuerzos con la Agencia Nacional de Minería para reforzar las medidas de seguridad y reducir los riesgos en esta actividad.Las autoridades avanzan en la investigación para determinar si la mina cumplía o no con las normas exigidas para su funcionamiento.
De nuevo se conoce una decisión que involucra la minería en el Suroeste antioqueño. Esta vez, la Agencia Nacional de Minería (ANM) negó la solicitud presentada por Minera de Cobre Quebradona S.A.S. para suspender las obligaciones derivadas del título minero otorgado en los municipios de Jericó y Támesis, Antioquia.Según la autoridad minera, la decisión se tomó tras analizar los argumentos de la empresa, en los que se identificaron contradicciones y falta de congruencia. La Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM explicó que durante este año la compañía presentó dos solicitudes: una para prorrogar la etapa de exploración y otra para suspender las obligaciones del mismo título.De acuerdo con la resolución que resolvió negar la suspensión, “resulta jurídicamente contradictorio conceder de manera simultánea o consecutiva solicitudes contrarias en cuanto a la dinámica de ejecución del contrato de concesión minera”. El documento añade que la contradicción se evidencia al pedir la suspensión de obligaciones mientras, de forma paralela, se solicita la prórroga de la fase de exploración.La ANM también señaló que la empresa no aportó pruebas suficientes que demostraran la existencia de una situación de fuerza mayor o caso fortuito que justificara la suspensión solicitada. Por esa razón, la autoridad consideró que no había elementos que permitieran otorgar la medida excepcional.Con esta decisión, la Agencia Nacional de Minería ratificó la vigencia de las obligaciones contractuales establecidas en el título que ampara el proyecto de cobre Quebradona, que se encuentra en fase de evaluación técnica y ambiental.
El gremio turístico de San Gil, junto a ambientalistas y defensores de derechos humanos, expresaron su preocupación por la solicitud de licencias mineras para dragado en el río Fonce, un pilar fundamental para la economía de la provincia de Guanentá.La controversia se centra en tres títulos mineros que, según los denunciantes, se encuentran actualmente en trámite para dragar hasta 200 hectáreas del río Fonce. El área de impacto se extendería a jurisdicciones como el Valle de San José y El Páramo, con la intención de extraer material de arrastre usando maquinaria pesada.Empresarios del turismo y veedores ciudadanos han manifestado su rechazo, asegurando que esta actividad de dragado representa una amenaza no solo para el turismo de aventura y ecológico de San Gil, sino también para toda la economía local que depende del río.Alba Luz Salazar, representante de empresas de canotaje en San Gil, expresó la preocupación del sector.“Realmente muy preocupados por esos permisos que están dando. Ya están en la tercera fase, en la socialización. Nos enteramos por información de terceros en el Valle de San José que el río Fonce no tiene una prohibición minera. Nosotros todos los días entrenamos hasta el Parque Gallineral y vemos con preocupación los daños del dragado que cambia el color y la densidad del agua y eso es notorio”, señaló Salazar.Salazar hizo un llamado urgente a las autoridades locales: “Hemos pedido que los mandatarios en el Valle de San José, el señor alcalde Luis, y el alcalde Mauricio en El Páramo, tengan una postura más fuerte en cuanto al tema de la minería”.Ante los reclamos, la directora de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), Gloria Milena Durán, aseguró que la entidad no tienen ningún trámite de licencia ambiental.“Nos permitimos aclarar que actualmente en la corporación no tenemos ningún trámite de licencia ambiental sobre el río Fonce. Los contratos de concesión se deben tramitar, inicialmente, ante la Agencia Nacional Minera. Por eso queremos dar un parte de tranquilidad a la comunidad de que no hay ninguna solicitud de licencia, razón por la cual no tenemos ningún trámite a la fecha”, expresó Durán.A pesar de la aclaración de la CAS sobre la ausencia de trámites ambientales en su sede, el gremio turístico insiste en la preocupación por la existencia de los títulos mineros otorgados por la Agencia Nacional Minera y la posibilidad de que las licencias ambientales se soliciten en cualquier momento.Como respuesta a la amenaza de los títulos mineros y los trámites asociados, el gremio turístico, veedores y ambientalistas han convocado a la ciudadanía a una movilización pacífica para expresar su rechazo.La manifestación está programada para este jueves 2 de octubre a las 8:00 a.m. en el Malecón de San Gil, buscando que las autoridades nacionales y locales detengan cualquier tipo de actividad minera en el río Fonce.
En el Nordeste de Antioquia hay felicidad total por el rescate completo de los 23 mineros que estaban atrapados en la mina La Reliquia, y que ya fueron rescatados todos sanos y salvos todos. Un punto común en sus testimonios es que el apoyo emocional de sus familias afuera del socavón en Segovia fue vital y que nunca perdieron la fe de que iban a ser rescatados con vida.Oscar Arbey Cañas Chavarría fue uno de ellos y narró que en los duros momentos de tensión que se vivieron bajo tierra, donde estuvieron durante 48 horas, prefirió guardar la calma y dormir, confiando en el trabajo del personal de salvamento minero. "Gracias a Dios que ya vamos para la casa, ya el peligro pasó. Siempre estuvimos bien refugiados, con mucha atención. Sí, obviamente teníamos que tener mucha fe que hoy íbamos a volver a salir. Manejar la calma y dormir Porque eso fue lo que yo hice, dormir", contó."Gracias a Dios salimos, patrón. Volvimos a nacer. Todos ahí, manejando la tranquilidad, soy el apoyo de todos los muchachos aquí en la mina. Dios me los bendiga a los muchachos, todos, por el apoyo y todo", dijo otro de los trabajadores rescatados. Algunos mineros se han ido con sus familias y otros continúan en valoración médica pero nada de gravedad. Por eso, las familias aseguran que eso es un nuevo renacer para estas personas pero también los mineros aseguran que no dejarían la minería nosotros seguiremos muy atentos a todo el desarrollo de esta importante noticia desde el departamento de Antioquia.Vale la pena mencionar que el operativo de rescate, liderado por brigadistas de la empresa Aris Mining y el equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM, según esta entidad del Gobierno nacional, "demostró que los protocolos de prevención, seguridad y atención funcionan de manera efectiva, garantizando la integridad de cada uno de los mineros".
La actriz estadounidense Hayden Panettiere murió este domingo a los 36 años, según confirmó su padre, Skip Panettiere, en un comunicado difundido por ABC News. La familia solicitó privacidad mientras enfrenta la pérdida y asimila la muerte de la intérprete.Hasta el momento, no se han informado las causas del fallecimiento. De acuerdo con información publicada por TMZ, Panettiere se encontraba junto a su pareja, Brian Hickerson, al momento de su muerte.“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, expresó su padre en el comunicado.Una carrera que comenzó desde la infanciaPanettiere inició su trayectoria artística cuando tenía apenas 11 meses, participando en comerciales de televisión. Posteriormente obtuvo papeles en producciones televisivas y comenzó a consolidarse como actriz infantil.A lo largo de su carrera participó en películas como ‘Remember the Titans’, ‘Raising Helen’, ‘Ice Princess’, ‘Triunfos robados’ y ‘Scream 4’. También tuvo apariciones en series como ‘Malcolm in the Middle’, ‘La ley y el orden’ y ‘El toque de un ángel’.Uno de sus personajes más reconocidos llegó con ‘Heroes’, serie en la que interpretó a Claire Bennet. Más adelante, protagonizó el drama musical ‘Nashville’, donde dio vida a Juliette Barnes, otro de los papeles que marcó su trayectoria.Sus últimos años y sus memoriasLa actriz habló públicamente en diferentes momentos sobre las dificultades que enfrentó durante su vida y su experiencia como figura pública desde una edad temprana.En mayo había publicado sus memorias, ‘This Is Me: A Reckoning’, obra en la que abordó diferentes aspectos de su historia personal y profesional.La noticia de su muerte generó reacciones entre seguidores y personas vinculadas a su trayectoria. Por ahora, su familia ha pedido respeto y privacidad mientras atraviesa el duelo.
Tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto y que provocó graves daños en distintas zonas del país, continúan las labores de atención y recuperación.El fuerte movimiento dejó afectaciones en viviendas, edificaciones e infraestructura en cinco departamentos del país, además de numerosas víctimas y personas damnificadas.Ante este tipo de emergencias, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) recordó a la ciudadanía la importancia de revisar las redes de agua potable, alcantarillado y aguas lluvias de las viviendas después de un movimiento telúrico.¿Qué hacer con las redes de agua y alcantarillado de su vivienda tras un sismo?Con el propósito de prevenir fugas, filtraciones y otros problemas que puedan representar riesgos para la seguridad y la salud, la entidad recomienda lo siguiente:Las familias deben tener previamente identificado el lugar donde se encuentran los registros de cierre y apertura del agua.Una vez finalice el movimiento y se hayan cumplido los protocolos de evacuación e inspección de la vivienda, se deben revisar las tuberías para detectar posibles fugas o rupturas.Si se encuentra algún daño, se debe cerrar el registro de paso y hacer la reparación antes de restablecer el servicio.La EAAB también aconseja contar con tanques de almacenamiento con capacidad para cubrir 24 horas de consumo. Estos depósitos deben limpiarse por lo menos cada seis meses y, después de un sismo, es necesario comprobar que el agua almacenada no haya sido contaminada por objetos o materiales.Si se usa el agua del tanque debido a una suspensión del servicio, esta debe consumirse durante las primeras 24 horas para garantizar su potabilidad; después de ese periodo puede destinarse a otras actividades domésticas.Instalaciones sanitariasEn cuanto a las instalaciones sanitarias, la recomendación es no usar los aparatos cuando sus descargas no funcionen correctamente, hasta que sean revisados por un experto. Esto permite evitar problemas sanitarios y posibles filtraciones de aguas residuales.Los daños en las redes internas también deben ser informados a la administración de los edificios o conjuntos residenciales. Los daños que se detecten en las redes de agua y alcantarillado ubicadas en las vías públicas o en los medidores de las viviendas pueden ser reportados a la Acualínea 116.Para las redes internas, el Acueducto de Bogotá recomienda comprobar que los drenajes de baños, duchas, cocinas y zonas de ropas funcionen adecuadamente y que no existan fugas o filtraciones visibles. En caso de encontrar daños, estos deben ser corregidos con la intervención de un experto.Revisar los sistemas de aguas lluviasTambién es necesario revisar los sistemas de aguas lluvias. La entidad recomienda verificar el estado de canales, cubiertas y tuberías de bajantes, así como las cajas de inspección ubicadas generalmente en andenes, jardines o antejardines.En los conjuntos multifamiliares, la revisión debe incluir los equipos de bombeo y las cajas de inspección de sótanos y zonas exteriores. La EAAB recuerda que, al tratarse de redes internas, su revisión y mantenimiento corresponde directamente a los usuarios.Con estas recomendaciones, la empresa busca que, después de un terremoto, los ciudadanos actúen de manera preventiva y reduzcan los riesgos asociados con daños en las redes de agua y alcantarillado. La revisión oportuna de estas instalaciones puede contribuir a evitar desperdicio de agua, filtraciones y problemas sanitarios mientras avanzan las labores de recuperación.
La nueva administración de Inravisión anunció una transformación integral del Sistema de Medios Públicos de Colombia, con cambios en la programación, revisión de contratos y convenios y el acompañamiento de organismos de control para examinar la situación contractual y presupuestal de la entidad.Las medidas fueron definidas en una reunión extraordinaria realizada el sábado 15 de agosto entre la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y la gerente de Inravisión, Ángela Mora.De acuerdo con el Ministerio TIC, el propósito de esta reorganización es fortalecer el carácter público, plural e independiente del sistema y orientar sus contenidos hacia la cultura, el arte, la educación, la diversidad regional y el interés ciudadano.Una de las principales decisiones es la finalización de la franja noticiosa y de opinión que estuvo al aire hasta el pasado 6 de agosto, mientras la entidad era dirigida por Holman Morris, durante el gobierno de Gustavo Petro.Según la nueva administración, hasta esa fecha Inravisión mantenía una operación informativa entre las 6:00 de la mañana y las 10:00 de la noche, que representaba aproximadamente el 90 % de los recursos humanos y técnicos disponibles para actividades que la entidad califica como periodísticas.La administración ordenó además una revisión inmediata de los contenidos y formatos que permanecen al aire. El objetivo, según el Ministerio TIC, es que respondan a criterios de independencia, pluralidad, equilibrio, rigor informativo e interés público.La nueva programación tendrá como ejes la cultura, el arte y la educación, con contenidos orientados a reconocer la diversidad de las regiones, fortalecer la identidad nacional y ampliar el espacio para las distintas voces del país tanto en radio y televisión como en las plataformas digitales públicas.Revisarán más de mil contratosOtro de los puntos centrales de la reorganización será la revisión de los contratos y convenios actualmente vigentes.La nueva administración informó que durante 2026 se han suscrito más de 1.051 contratos por un valor superior a los $100.000 millones. Además, aseguró que solamente entre el 6 y el 7 de agosto fueron firmados 87 contratos por aproximadamente $4.000 millones.Estos acuerdos serán objeto de revisión, al igual que los convenios interadministrativos con ministerios y otras entidades nacionales relacionados con proyectos audiovisuales, radiales y de monitoreo de medios. También se revisarán los contratos de prestación de servicios suscritos durante este año.La administración de Inravisión anunció, además, que solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para examinar el estado contractual y presupuestal de la entidad.La revisión incluirá posibles incumplimientos relacionados con la legalización y ejecución de contratos, así como acuerdos relacionados con mantenimiento y operación de la red, logística y transporte aéreo y terrestre.Según la nueva administración, algunos de estos contratos habrían registrado incrementos superiores al 100 % frente a sus valores iniciales. La entidad aseguró que entregará la información a los organismos competentes para que sean estas autoridades las que establezcan si existen responsabilidades administrativas, fiscales o de otra naturaleza.El Gobierno plantea esta reorganización como el inicio de una nueva etapa para el Sistema de Medios Públicos, con el propósito de concentrar las capacidades de Inravisión en su misión de prestar un servicio de comunicación dirigido a todos los colombianos.La administración aseguró que busca construir un sistema "plural, independiente y transparente", en el que la información pública no esté subordinada a intereses políticos y en el que la cultura, la educación, el arte y la diversidad regional tengan un papel central.El proceso de reorganización comenzó el 7 de agosto de 2026. Sin embargo, Inravisión mantiene actualmente una programación especial relacionada con la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto, con contenidos destinados a acompañar e informar a las comunidades afectadas.
El Gobierno nacional anunció una inversión de 4.386 millones de pesos para fortalecer la infraestructura y la capacidad de atención del Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’, en Cali, como parte de las medidas adoptadas tras el sismo que afectó al departamento. También se anunciaron recursos para la reconstrucción del Hospital San Rafael de El Águila, que resultó afectado por el movimiento telúrico.Según el Ministerio de Salud, los 4.386 millones de pesos permitirán fortalecer la Unidad Funcional Oncológica del Hospital Universitario del Valle, en el marco de la Resolución 1080 de 2026. La institución es uno de los principales centros de referencia para la atención de pacientes en Cali, el Valle del Cauca y otros departamentos del suroccidente del país.De acuerdo con el Ministerio, la medida busca mantener la prestación de los servicios mientras avanzan las acciones de recuperación de la infraestructura afectada por la emergencia. El Hospital San Rafael de El Águila, por ejemplo, sufrió afectaciones como consecuencia del sismo y requiere intervención para restablecer su capacidad de atención.Las medidas anunciadas buscan responder al incremento en la demanda de servicios de salud generado por la emergencia y avanzar en la recuperación de los hospitales afectados.
Un terremoto de magnitud 5.7 sacudió este lunes la isla indonesia de Flores, en el este del país, sin que se activara la alerta de tsunami, dos días después de que la región fuera golpeada por un fuerte sismo de magnitud 7.7 que deja 53 muertos, 137 heridos y más de 5.000 evacuados.El nuevo temblor se produjo a las 8:46 hora local (00:46) a 35,6 kilómetros de profundidad, con su epicentro 42,1 kilómetros al nornoroeste de Ende, la localidad más poblada de Flores, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.El sábado golpeó Flores un fuerte terremoto de magnitud 7.7 con su epicentro a 62 kilómetros de Ende y al que sucedieron cerca de un millar de réplicas, 46 de ellas percibidas por la población, dejando un saldo de 53 muertos, 137 heridos y más 5.000 vecinos desplazados en polideportivos y otros puntos de evacuación.En respuesta a la magnitud del desastre desatado por el fuerte temblor de hace dos días, el Gobierno está tramitando un decreto para declarar el estado de emergencia en la región durante los próximos 14 días, con el objetivo de coordinar la ayuda con las autoridades centrales.Se calcula que alrededor de 2 millones de personas viven en la isla de Flores, con Ende (con unos 90.000 habitantes) entre sus principales ciudades.Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.