Fueron identificados los cuatro mineros que perdieron la vida en una emergencia registrada en una mina de carbón ubicada en la vereda El Carmen, en el municipio de Landázuri, Santander.Las víctimas fueron identificadas como Óscar Jhovanny Dávila Quiguanas, de 49 años, Michel Dávila Díaz, de 19, Jorge Mosquera, de 65, y Leonardo Antonio Vargas Hernández, de 21 años, de nacionalidad venezolana.Le puede interesar: Tragedia en Landázuri: dos mineros murieron tras derrumbe en socavón de carbónTras la emergencia, la comunidad y los bomberos voluntarios iniciaron las labores de rescate de los cuerpos, con el apoyo de un equipo de salvamento y seguridad minera de la Agencia Nacional de Minería y de la empresa Invercoa.El Cuerpo Técnico de Investigación dispuso el traslado de los cuerpos al municipio de Cimitarra, donde se adelantarán los actos urgentes y las diligencias judiciales correspondientes.Por su parte, el propietario de la mina asumió la responsabilidad y la logística del traslado de las víctimas, mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas técnicas de la detonación.Segundo accidente mineroEste es el segundo accidente minero mortal registrado en Landázuri durante 2026. El pasado 9 de junio, dos mineros murieron en un derrumbe ocurrido en el corregimiento de Plan de Armas, cerca del cementerio de este centro poblado ubicado en la Serranía Yaríguies. La situación de la minería de carbón en este municipio de Santander genera preocupación por la recurrencia de emergencias y las condiciones en las que se desarrollan algunas explotaciones.Entre el 8 de noviembre de 2023 y el 24 de septiembre de 2026 se han registrado al menos 11 incidentes en minas de carbón en Landázuri, que han dejado un saldo de 18 personas fallecidas y 15 heridas.De acuerdo con la información suministrada, casi la totalidad de las explotaciones de carbón en el municipio se realizaría de manera ilegal, sin títulos mineros ni licencia ambiental.Las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la emergencia en la vereda El Carmen y determinar las responsabilidades correspondientes.
En el marco del Congreso Nacional de Minería celebrado en Cartagena, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), envió un mensaje de optimismo frente a la hoja de ruta planteada por el Gobierno de De La Espriella. Según el dirigente gremial, el sector atraviesa un momento clave para revertir las cifras negativas registradas en los últimos años, periodo en el que el Producto Interno Bruto minero cayó un 18% y la inversión extranjera directa se contrajo un 88%.Nariño destacó que la actual administración ha mostrado una disposición favorable hacia la inversión privada, lo cual, sumado a la demanda global de minerales, genera un escenario de oportunidad. El gremio espera que esta coyuntura permita no solo dinamizar la economía, sino también consolidar a Colombia como un actor relevante en la geopolítica de minerales estratégicos.Tenemos la convicción de que tenemos que trabajar decididamente para revertir esas cifras y traer inversión al país, inversión que se traduzca en empleo, en oportunidades, que ese es el objetivo último de todo esto, afirmó el presidente de la ACM.Seguridad y lucha contra la minería criminalUno de los puntos centrales del discurso del sector minero es el fortalecimiento de la seguridad en los territorios. Nariño reconoció que las empresas han sentido un cambio positivo en la disposición de la Fuerza Pública desde el inicio del nuevo gobierno, subrayando que la celeridad en la atención de las alertas de seguridad es vital para el desarrollo de los proyectos.En cuanto a la minería ilegal, el dirigente fue enfático al calificar la extracción ilícita como uno de los mayores crímenes ambientales y sociales del país. Nariño señaló que la destrucción de ríos y parques naturales, muchas veces a manos de grupos armados, le roba a la nación recursos significativos en materia de regalías y empleo formal.El mayor crimen ambiental que hoy tiene el país es la extracción ilícita de minerales y es uno de los principales factores de degradación social en muchos municipios del territorio. Nosotros los colombianos no podemos seguir permitiendo que eso esté pasando, advirtió.El potencial del cobre y la meta de exploraciónEl sector minero tiene puestas sus esperanzas en el cobre, mineral que, según Nariño, cuenta con el mayor potencial en Colombia debido a la creciente demanda mundial para la transición energética. Con inversiones proyectadas cercanas a los 4.700 millones de dólares para los próximos años, el país busca posicionarse como un referente regional.Antioquia, Chocó y Córdoba se perfilan como los departamentos con los yacimientos más importantes. Nariño insistió en que el país debe adoptar un mantra para los próximos años: explorar, explorar y explorar. El directivo recordó que el 97% del territorio nacional aún está sin exploración y sin otorgamiento de títulos, una brecha que representa un riesgo, pero también una oportunidad de crecimiento fiscal.Si nosotros hacemos bien la tarea, traemos esos 4.700 millones de dólares para construir nuevas minas, podemos generar ese seguro de vida, esos ingresos fiscales estables por 20 años hacia adelante, explicó el gremialista, quien proyecta que los aportes del sector podrían ascender de 5 billones de pesos anuales a cerca de 12 billones para el año 2030.Reforma a las consultas previasEl dirigente gremial abordó la preocupación generalizada por la lentitud y los costos de las consultas previas, un factor que ha generado dificultades en sectores como el de hidrocarburos. Nariño respaldó la propuesta gubernamental de realizar procesos simultáneos, donde los trámites de licencias ambientales y las consultas con comunidades avancen en paralelo para acortar tiempos sin sacrificar garantías constitucionales.El sector privado lo que busca son tiempos claros, que no es mucho que pedir, son tiempos, certezas, claridad en el proceso. El mundo está avanzando en temas mineros en poder sacar una regulación que permita avanzar de manera simultánea, concluyó Nariño, abogando por un diálogo técnico y transparente que garantice la viabilidad de los proyectos de infraestructura minera en el país.
Cerraron una de las minas ilegales más grandes de Segovia, nordeste antioqueño, donde hace pocas semanas se generaron fuertes disturbios. Las autoridades, comunidad y minera llegaron a acuerdos para la clausura de la mina Frontera Gold, tras un acto administrativo de la Agencia Nacional de MineríaSin necesidad de confrontaciones entre mineros y comunidad con las autoridades, y en cumplimiento de una orden judicial, así como de un acto administrativo de la Agencia Nacional de Minería, fue clausurada la Mina Frontera Gold, considerada como una de las minas más grandes del municipio de Segovia.El cierre del socavón se realizó de forma pacífica, así lo afirmó la autoridad minera nacional a través de un comunicado: “El operativo fue exitoso y se desarrolló de manera pacífica, gracias a la articulación interinstitucional y a la disposición de los ciudadanos que se encontraban en el área, sin que se presentaran alteraciones del orden público", informaron.De acuerdo con el acto administrativo de la Agencia Nacional de Minería, el amparo que interpuso la multinacional minera Aris Mining quedó en firme, al demostrarse que Frontera Gold, con su mina, desarrollaba una actividad ilegal de extracción de minerales en su título minero.Por su parte, la Alcaldía de Segovia afirmó que, ante el cierre de la mina, se están buscando fórmulas de solución para el desarrollo de actividades económicas alternativas para los mineros que laboraban en el socavón de Frontera Gold.En un comunicado, la administración municipal resaltó que ha mantenido los espacios de diálogo y concertación con los actores involucrados, buscando alternativas que permitan avanzar hacia una solución: “Reiteramos nuestro compromiso con la actividad minera, con los mineros de Segovia y con la búsqueda de alternativas que permitan avanzar hacia la formalización y una coexistencia minera dentro del marco de la legalidad", señalaron.Según la directriz de la Agencia Nacional de Minería, las bocaminas ilegales encontradas en la denominada “Mina Frontera Gold” serán entregadas por la Alcaldía Municipal de Segovia a la multinacional Aris Mining, como dueña del título minero para que proceda con los correspondientes cierres técnicos.
La Agencia Nacional de Minería extendió hasta diciembre de 2027 la fase de exploración del proyecto de cobre Quebradona, a cargo de la multinacional AngloGold Ashanti entre los municipios de Jericó y Támesis. La decisión ha generado profunda inconformidad entre los habitantes de la subregión, quienes advierten sobre los riesgos ambientales para esta despensa agrícola y cafetera.De acuerdo con la entidad, este nuevo plazo permitirá a la compañía completar estudios geológicos, ambientales y de recursos hídricos, además de presentar una estrategia de relacionamiento con las comunidades. Sin embargo, en municipios como Jericó, las comunidades señalan que el proyecto ha representado un conflicto socioambiental de vieja data.Según Lina Velásquez, líder social de Jericó, esta iniciativa intensifica el conflicto socioambiental que afrontan desde hace 18 años y desdibuja la identidad agrícola de la región."Muy cuestionable este cambio tan abrupto de la Agencia Nacional de Minería, pues, como desconocer un conflicto socioambiental tan complejo que ha ocasionado la empresa minera Quebradona en Jericó, desde hace más de 18 años, en donde las comunidades enfáticamente han expresado la importancia de conservar la vocación agrícola y campesina", afirmó.Los pobladores y sectores defensores del territorio denuncian que la iniciativa nunca fue consultada adecuadamente, advirtiendo sobre posibles afectaciones a las aguas subterráneas y superficiales en una zona de tradición cafetera y agrícola."Para nosotros, habitantes del municipio de Jericó, Quebradona, ha sido desde hace cerca de 20 años un dolor de cabeza, porque nunca se consultó a las comunidades sobre la pertinencia de este proyecto que se vería afectado en la medida en que se afecten las aguas subterráneas y las aguas superficiales", manifestó Fernando Jaramillo, líder ambientalista de Jericó e integrante de la Mesa Ambiental del municipio.Asimismo, han cuestionado los plazos y trámites institucionales que rodearon la prórroga, señalando tensiones frente a la protección de los recursos naturales y la vocación productiva de las montañas del Suroeste antioqueño."Esos funcionarios que emitieron la resolución le concedieron al nuevo gobierno esta prórroga para favorecer la política del gobierno nacional. Son funcionarios irresponsables que hacían parte del gobierno anterior y que, al momento de presentarse al nuevo gobierno, entonces revocan sus propias medidas para favorecer la política del nuevo gobierno", afirmó jaramillo.Mientras la empresa minera avanza en los análisis especializados exigidos para definir los siguientes pasos del proyecto, las comunidades locales insisten en la defensa del agua y la vocación agrícola de la región, manteniendo la veeduría sobre el impacto de estas intervenciones en el territorio.
La Agencia Nacional de Minería autorizó la prórroga de la etapa de exploración del proyecto Quebradona de AngloGold Ashanti, que se extenderá hasta el 8 de diciembre de 2027. Con esta decisión, la entidad viabiliza y reactiva la continuidad del proyecto y de las actividades previstas para esta fase.A través de un comunicado, la Agencia señaló que la determinación se tomó después de revisar sus argumentos de manera integral la información técnica y jurídica del proyecto, pese a que en abril de 2022 la ANLA había ratificado su archivo.“Este análisis permitió establecer que aún deben realizarse actividades de exploración necesarias para conocer con mayor precisión las características del territorio y consolidar la información requerida para su desarrollo”, resaltó el comunicado.Durante este periodo, la compañía deberá completar los estudios geológicos, ambientales y del recurso hídrico, entre otros análisis especializados. Estos trabajos permitirán profundizar en el conocimiento del área y contar con información más completa para definir los siguientes pasos del proyecto.La Agencia Nacional de Minería continuará realizando el seguimiento al proyecto para verificar el cumplimiento de estas obligaciones.Así mismo, la compañía deberá presentar una estrategia de relacionamiento con las comunidades de Jericó y Támesis, con el propósito de fortalecer el diálogo, mantener informados a los habitantes y acompañar el desarrollo de las actividades en el territorio.“Esta decisión se enmarca en el propósito de la nueva administración de fortalecer la articulación con las empresas privadas del sector minero”, indicó el comunicado.Para la Agencia el trabajo coordinado con el sector empresarial es fundamental para impulsar proyectos responsables, generar empleo, atraer inversión y crear nuevas oportunidades de desarrollo para las regiones y el país.
Seis personas que habían quedado atrapadas en la mina El Porvenir 1, en Cucunubá, Cundinamarca, fueron halladas sin vida tras culminar las labores de rescate, informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. La emergencia se registró luego de una explosión en la mina, ubicada en la vereda La Ramada. En el momento del incidente, seis personas quedaron atrapadas en el interior mientras que un séptimo trabajador logró salir por sus propios medios.Según el gobernador, la mina El Porvenir 1 hace parte de un Área de Reserva Especial para su formalización y recientemente había recibido una visita de fiscalización de la Agencia Nacional de Minería (ANM). Durante la inspección se encontraron aspectos de seguridad por mejorar y se ordenó la suspensión de las actividades mientras se adelantaba un plan de mejoramiento.La Agencia Nacional de Minería será la encargada de establecer las circunstancias que rodearon el accidente minero en Cucunubá y determinar por qué, pese a la suspensión, aparentemente había personal realizando labores de extracción de material en el lugar.Las víctimas fueron identificadas como Duván Ferney Rodríguez, Cristian de Jesús Contreras Latorre, Sebastián Contreras Latorre, Eduard Alexander Díaz, Yerson Mauricio Rojas y Jhon Mario Triviño Serna.Jorge Emilio Rey expresó su solidaridad con las familias de los seis mineros fallecidos y con la comunidad de Cucunubá: "Mis oraciones y solidaridad están con sus familias, amigos y con toda la comunidad cucunubense", escribió en su cuenta de X. Además, señaló que el equipo psicosocial de la Secretaría de Energía de Cundinamarca ya se encuentra en la zona para brindar acompañamiento a los familiares y allegados de las víctimas.
Colombia comenzó una nueva etapa de control y seguimiento sobre la cadena minera con la puesta en marcha del Sistema de Trazabilidad Minera, una herramienta con la que el Gobierno busca reforzar la legalidad, el control documental y la transparencia en la comercialización de minerales en el país.La estrategia, presentada por la Agencia Nacional de Minería (ANM) bajo el nombre “Trazabilidad de Minerales: la ruta legal del subsuelo a la comercialización”, arrancó su fase de transición el pasado 19 de mayo. Aunque desde ya comenzó a operar, su implementación será obligatoria en todo el territorio nacional a partir del 19 de noviembre de 2026.Durante estos seis meses de transición, empresas mineras, comercializadores, plantas de beneficio y actores del sector deberán ajustar procesos operativos, documentación y sistemas internos para cumplir con las nuevas exigencias regulatorias.Uno de los ejes de esta nueva etapa será MinTrace, una plataforma tecnológica desarrollada por la empresa colombiana Cuantico, habilitada oficialmente por la ANM como operador tecnológico de trazabilidad minera.El sistema fue diseñado para registrar y monitorear operaciones relacionadas con compra, transformación, comercialización y exportación de minerales como oro, carbón, coque, esmeraldas, arcillas, calizas y materiales de construcción, entre otros.Además, la plataforma busca integrar información con entidades financieras, sistemas contables, gestión documental e inteligencia de negocios, permitiendo que las empresas puedan reportar operaciones y verificar el origen legal de los minerales con mayor facilidad.Según Daniel Medina, Ceo de Cuantico, el objetivo es modernizar la cadena minera mediante herramientas digitales e inteligencia artificial. “MinTrace nace con la visión de convertirse en la infraestructura digital que conecte al sector minero con la ANM, el sistema financiero y los ERP de las empresas, permitiendo operaciones más transparentes, eficientes y competitivas”, afirmó.La Agencia Nacional de Minería aseguró que la trazabilidad busca fortalecer el seguimiento sobre la cadena de suministro y cerrar espacios a la ilegalidad dentro del sector extractivo. “La trazabilidad no viene a castigar a los que lo hacen bien, viene a protegerlos. Este no es un sistema administrativo, es una decisión de país”, señaló Lina Beatriz Franco, presidenta de la ANM.En paralelo, Cuantico anunció el lanzamiento del llamado “Plan Pionero”, una iniciativa con la que acompañará a las primeras compañías que implementen el nuevo sistema durante esta etapa de transición.
La tragedia ocurrida en una mina de carbón en Sutatausa, Cundinamarca, que dejó nueve mineros fallecidos, ha puesto en el centro del debate las condiciones de seguridad en la actividad minera. Aunque las causas exactas del accidente aún no han sido determinadas, autoridades, organismos de socorro y testimonios locales coinciden en que una explosión subterránea, posiblemente relacionada con acumulación de gases, habría desencadenado el desastre.De acuerdo con Jimmy Soto, vicepresidente de seguimiento y control de la Agencia Nacional de Minería (ANM) aún no hay conclusiones definitivas sobre lo ocurrido.Mina legal, pero con recomendaciones pendientesUno de los elementos que más ha generado controversia es que la mina contaba con título legal y, según la ANM, cumplía con los requisitos técnicos y ambientales exigidos. “Era un título minero que cumplía con todas las condiciones de orden técnico, con PTO aprobado y su instrumento ambiental aprobado”, explicó Soto.Sin embargo, una inspección realizada el pasado 9 de abril había dejado recomendaciones claras en materia de seguridad. Entre ellas, la necesidad de reforzar la inertización —proceso clave para reducir el riesgo de explosiones por polvo de carbón— y la hermetización de zonas abandonadas donde podrían acumularse gases como el metano.Aunque Soto aseguró que “la medición de gases estaba dentro de los límites permisibles”, también reconoció que se emitieron instrucciones para fortalecer las condiciones de seguridad. Este punto abre interrogantes sobre si dichas recomendaciones fueron implementadas a tiempo o de manera adecuada.Posible acumulación de gas metanoDesde el terreno, las primeras hipótesis apuntan a una explosión generada por acumulación de gas metano en las profundidades del socavón. El alcalde de Sutatausa, Jhonatan Ojeda, indicó que los mineros se encontraban a profundidades de hasta 600 metros bajo tierra y que “al parecer sí hubo una explosión”.Aunque el mandatario local reconoció no ser experto en minería, confirmó que entre los socorredores se mencionaba la posibilidad de gases acumulados como detonante del siniestro. “Eso era lo que uno escuchaba el día de ayer de los socorredores”, señaló.La combinación de polvo de carbón y gas metano es ampliamente conocida como uno de los mayores riesgos en minería subterránea, lo que refuerza la importancia de los sistemas de ventilación y control ambiental.Atención a los heridos: estado de saludTras la emergencia, seis mineros heridos fueron trasladados al Hospital de Ubaté. El gerente de la institución, Luis Alfredo Niño, confirmó que “cinco de ellos están estables y uno requirió traslado a la Fundación Santa Fe de Bogotá para atención de alta complejidad”.El equipo médico continúa evaluando la evolución de los pacientes, mientras las autoridades locales han desplegado apoyo psicosocial para las familias afectadas por la tragedia.Economía minera y riesgos estructuralesEl accidente también reabre el debate sobre la dependencia económica de la región frente a la minería. Según el alcalde Ojeda, cerca del 90% de la economía de la provincia de Ubaté gira en torno a esta actividad, lo que dificulta una transición hacia otros sectores productivos.“Las personas prefieren irse a ganar algo más para el sustento de sus familias en la mina que en el campo”, explicó, evidenciando la presión social y económica que mantiene vigente esta práctica pese a sus riesgos.Investigación en curso y responsabilidadesLa ANM anunció que ya prepara un equipo investigador que tendrá un plazo aproximado de 30 días para entregar conclusiones sobre las causas del accidente. Este informe será clave para determinar si hubo fallas en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas o negligencias en la operación de la mina.“Tenemos que adelantar la investigación para entender cuáles fueron las causas de la explosión”, reiteró Soto.Mientras tanto, la tragedia de Sutatausa deja en evidencia la delgada línea entre la legalidad de una operación minera y la efectividad real de sus medidas de seguridad, así como la necesidad urgente de reforzar los controles en un sector históricamente marcado por accidentes.
En medio de la polémica por la mina de oro ilegal en terrenos de una base militar en el Bajo Cauca antioqueño, la Agencia Nacional de Minería aseguró que ya había advertido hace varios meses sobre posibles actividades ilícitas en La MandingaLa Agencia Nacional de Minería -ANM- aseguró a través de un comunicado que ya había advertido desde 2025 sobre posibles actividades ilícitas en la mina de oro La Mandinga, ubicada en Cáceres y que estaría bajo el dominio del Clan del GolfoDe acuerdo con la ANM, el 10 de octubre de 2025 le pidió a la Alcaldía de Cáceres activar acciones de amparo administrativo, medidas que buscaban frenar la presencia de terceros no autorizados en la zona y evitar el avance de economías ilegales.La entidad precisó que, según el Código de Minas de Colombia, corresponde a autoridades locales y policiales verificar los hechos, así como ordenar la suspensión de cualquier actividad minera que no cuente con autorización en áreas tituladas.La Agencia Nacional de Minería también reiteró que el título minero continúa vigente y avanza en trámites técnicos y ambientales. Estas figuras de formalización permiten ejercer control, exigir obligaciones y garantizar la trazabilidad en la explotación de recursos.“La lucha contra la extracción ilícita no se combate abandonando los territorios”, señaló la ANM en su pronunciamiento y además enfatizó que el enfoque debe centrarse en la formalización minera y el fortalecimiento de la presencia institucional en el territorio.Frente a los hechos recientes, la Agencia anunció el traslado del expediente a su sede central en Bogotá con el objetivo de evaluar nuevas medidas y reforzar el seguimiento institucional sobre el caso de La Mandinga.
Luego de que el presidente Gustavo Petro firmara el decreto que declara la emergencia económica, el debate sobre el déficit fiscal en Colombia tomó un nuevo aire. Esta vez, el sector minero-energético reaccionó con fuerza frente a la posibilidad de que los impuestos a la exportación de carbón, petróleo y otros minerales, creados bajo esta figura excepcional, se conviertan en permanentes.La respuesta llegó desde uno de los gremios más representativos del sector. En entrevista con Blu Radio, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), lanzó una dura crítica al Gobierno por las consecuencias que, a su juicio, tendría esta medida sobre la minería formal y, en general, sobre la economía del país.Para Nariño, las decisiones anunciadas no solo afectan a un sector específico, sino que representan un golpe a la institucionalidad y terminan trasladando el costo a la ciudadanía. Según explicó, acudir de manera reiterada a figuras excepcionales para resolver problemas fiscales que ya eran previsibles abre un escenario complejo para el manejo de las finanzas públicas y la confianza en las reglas de juego.Nariño cuestiona impuestos decretados en emergencia económicaEl presidente de la ACM fue enfático en señalar que el debate no pasa únicamente por el cobro de impuestos, sino por a quiénes se les está exigiendo el esfuerzo fiscal. “La trampa aquí no está en cobrarle impuestos a un sector específicamente, sino a las empresas formales de minería”, afirmó durante la entrevista.En ese contexto, advirtió que mientras las compañías legales asumen mayores cargas, la minería ilegal se ve favorecida por los altos precios internacionales del oro y otros metales. Para Nariño, este desequilibrio genera un incentivo perverso. “Cuando los impuestos pasan un límite se convierte en un estímulo a la informalidad”, señaló, comparando el fenómeno con lo que ocurre históricamente con el contrabando.Desde su perspectiva, este escenario no solo debilita a las empresas que cumplen la ley, sino que fortalece estructuras criminales que operan al margen del Estado, sin controles ni obligaciones tributarias.Minería ilegal, impuestos y efectos en la economía colombianaOtro de los puntos que puso sobre la mesa fue el impacto ambiental y social de esta situación. Nariño recordó que las empresas formales están sujetas a estrictas normas técnicas y ambientales, algo que no ocurre con la minería ilegal. “Las empresas formales no usan mercurio, pero los beneficiaderos ilegales sí, porque nadie les pone el tate quieto”, aseguró.A esto se suma la caída en la producción y exportación de carbón. De acuerdo con sus estimaciones, Colombia cerraría 2025 con exportaciones cercanas a las 48 millones de toneladas, muy por debajo de las más de 60 millones que se alcanzaron en años anteriores. Para el dirigente gremial, esta reducción se traduce directamente en menos empleo, menos regalías para las regiones y un menor recaudo para el Estado.El impacto, advirtió, no se queda únicamente en el sector minero. “En el fondo lo que hay son familias, empleos y oportunidades en el territorio”, afirmó Nariño, al explicar que miles de comunidades dependen de la actividad minera legal. Además, señaló que encarecer el carbón termina afectando la matriz energética del país y el costo de vida. “Eso hace que los colombianos paguemos más, el de la tienda de la esquina y la pequeña industria”, concluyó.Mientras la Corte Constitucional será la encargada de revisar la legalidad y los alcances de la emergencia económica, el sector minero insiste en que las decisiones fiscales deberían enfocarse en fortalecer la legalidad, la estabilidad económica y la competitividad, y no en castigar a quienes operan dentro de las reglas.
Carlos Calero se incorporó como nuevo integrante de la mesa de Voz Populi y expresó su entusiasmo por compartir con el equipo y los oyentes. Durante su llegada al programa de Blu Radio, el presentador aseguró que se siente feliz de hacer parte de un espacio que, según contó, ha escuchado desde que era niño.“En el hogar estamos felices y yo muy feliz de hacer parte de esta mesa que he admirado desde siempre. Yo los escucho desde que era un niño, los escuchaba”, afirmó el también presentador del programa Día a Día de Caracol Televisión.El ingreso de Calero estuvo acompañado de un ambiente jocoso entre los integrantes del programa, quienes le dieron la bienvenida y bromearon sobre su llegada a la mesa. El presentador agradeció la recepción y reiteró su felicidad por esta nueva etapa frente a los micrófonos.“No, muchas gracias. Feliz, feliz de hacer parte de esta familia. Y bueno, nos vamos a divertir y vamos a, por supuesto, a escuchar y a saludar a todos los oyentes también”, expresó.Su primera anécdotaDurante los primeros minutos de su participación, Calero también compartió una anécdota ocurrida mientras conducía por Bogotá. Según relató, se encontraba esperando para incorporarse al tráfico en la carrera séptima con calle 116 cuando un bus de TransMilenio rozó el bumper de su vehículo. El presentador contó que el hecho dejó una marca en el carro y que posteriormente tuvo que limpiarla-La situación generó algunas bromas entre los integrantes de Voz Populi, especialmente de 'Tarsicio', quien aprovechó para molestarlo. Calero, por su parte, reconoció que ya estaba preparado para las dinámicas del programa, incluyendo los diferentes personajes que integran este espacio radial de 4:00 de la tardes hasta las 7:00 de la noche, de lunes a viernes.Con este ingreso, Carlos Calero se suma temporalmente a la mesa de Voz Populi, así sus seguidores no solo lo verán en las mañanas con Día a Día, sino también en el canal de YouTube de Blu Radio en la jornada de la tarde.
En el marco del Congreso de Colfecar 2026, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció el regreso del plan meteoro, una estrategia que busca reforzar la presencia de la Policía y el Ejército en los principales corredores viales del país. Según explicó, el Gobierno llevó esta solicitud al consejo de ministros y el presidente dio instrucciones al Ministerio de Defensa para reactivar el programa. “Nosotros, el Ministerio de Transporte, podemos regresar la presencia de la Policía y del Ejército en los principales corredores del país. Por eso regresa el plan meteoro”, afirmó.La ministra señaló que, aunque la Fuerza Pública tiene la disposición de retomar los operativos, necesita equipos para garantizar su presencia en las carreteras. Por esta razón, confirmó que ya se abrió una licitación para adquirir vehículos, motocicletas, tanquetas y equipos de comunicación y transporte. La estrategia se concentrará principalmente en las vías que conectan con los puertos del país, con el propósito de fortalecer la seguridad y la presencia institucional. El anuncio se da en medio de las preocupaciones del sector transportador por los problemas de orden público, los bloqueos y la inseguridad en las carreteras.En materia de transformación digital, Noguera anunció que el Ministerio pondrá en marcha, el 1 de enero de 2027, una nueva plataforma con un asistente de inteligencia artificial que permitirá a los transportadores realizar sus trámites desde el celular. A través de esta herramienta podrán solicitar el inicio de los viajes, gestionar las autorizaciones de despacho, cerrar los recorridos y facturar, sin restricciones de horario. “Es un proceso de transformación digital que permita que todas las gestiones y trámites que realizan los transportadores se realicen de manera ágil y eficiente a través del celular”, indicó.La funcionaria también cuestionó el funcionamiento de la plataforma actual, que, según explicó, depende de contratos de prestación de servicios que vencen cada año y provocan interrupciones en el sistema. Esto ha impedido que algunos transportadores puedan facturar viajes ya realizados o iniciar nuevos recorridos. “Esto es inaceptable”, afirmó.Frente a las dificultades de infraestructura y las restricciones presupuestales que enfrenta el país, la ministra reconoció el deterioro de las carreteras y señaló que varias de las obras solicitadas por el sector ya cuentan con financiación y contratos, pero siguen frenadas por trámites, licencias, permisos y dificultades con las comunidades. “Cuando hay crisis, uno tiene que ser recursivo”, afirmó.Uno de los proyectos que destacó fue el corredor Buga-Loboguerrero-Buenaventura, por el que se moviliza el 42 % del comercio internacional del país. Noguera aseguró que ya comenzó la demolición de las viviendas adquiridas para avanzar en la construcción de la doble calzada de la vía alterna interna, una obra que busca mejorar el acceso al puerto. “No puede ser que por unas comunidades o por unas personas tengamos detenido el 42 % del comercio internacional”, dijo.La vía alterna interna tendrá 12 kilómetros de doble calzada y, de acuerdo con el compromiso de la ministra, estará terminada en dos años. El proyecto también contempla un patio de 10 hectáreas con capacidad para cerca de 350 vehículos de carga y una zona de servicio, con el fin de facilitar la operación del transporte de mercancías hacia el puerto de Buenaventura.
Poco a poco se van conociendo más detalles de la cumbre regional convocada por el presidente de la República, Abelardo De la Espriella para combatir al fenómeno de El Niño, donde no solo hubo líderes del sector energético, sino también gobernadores y alcaldes del Caribe. Uno de los encargados de entregar su ruta de contingencia fue el agente especial de Air-e Intervenida, Ramiro Castilla Andrade.En su discurso, Castilla sostuvo que se trabajan tres ejes estratégicos para asegurar el suministro eléctrico en la región. Inicialmente hay un fortalecimiento de la infraestructura eléctrica. En los últimos 20 días, la compañía ha ejecutado inversiones superiores a los 7.300 millones de pesos para beneficiar a cerca de 23.000 usuarios, priorizando a Barranquilla, Galapa y Riohacha.A esto se suma una inversión adicional de más de 11.000 millones de pesos destinada a la reposición de 1.500 transformadores de distribución en Atlántico, Magdalena y La Guajira, respondiendo así al incremento en la demanda de energía que exige un mayor esfuerzo operativo en el sistema.También, especificó el agente, se intensificaron los operativos contra el hurto de energía, de los que se necesita agilizar los procesos judiciales correspondientes. “Se presentó un balance de denuncias, capturas y cierres de establecimientos”, especifica la empresa en un comunicado.Finalmente, Air-e tiene en marcha programas pedagógicos como Ennova, en los que agrupa a más de 120 instituciones educativas para concientizar a las comunidades e incidir de manera positiva en la moderación del consumo.“Adicionalmente, con el respaldo del Gobierno nacional a través del Fenoge, se trabaja para facilitar el recambio de neveras antiguas por equipos de mayor eficiencia energética, una medida que contribuye al ahorro de energía en los hogares y adquiere especial relevancia ante el incremento de las temperaturas y la mayor demanda asociada al fenómeno de El Niño”, agregaron.El agente especial concluyó destacando la postura del Gobierno Nacional sobre la responsabilidad compartida en la sostenibilidad del sistema, instando a los mandatarios locales y departamentales a asumir sus compromisos institucionales, empezando por la puntualidad en el pago del servicio eléctrico.
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, detectó presuntas irregularidades en reclamaciones por más de 20 mil millones de pesos, relacionadas con indemnizaciones por muerte y gastos funerarios de presuntas víctimas de actos terroristas.La revisión se realizó en el marco de una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación y contempló 557 reclamaciones presentadas en diferentes regiones del país. De acuerdo con la Adres, el 86 % de estos casos tendría inconsistencias relacionadas con la acreditación de los hechos terroristas bajo los cuales fueron presentadas las solicitudes de reconocimiento de recursos.Los procesos buscaban que se reconocieran recursos por concepto de indemnizaciones por muerte y gastos funerarios. Sin embargo, tras la revisión, la entidad determinó no continuar con el trámite de las reclamaciones mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía.La normativa establece que la Adres puede reconocer este tipo de indemnizaciones cuando el fallecimiento se deriva, entre otros eventos amparados, de actos terroristas, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para acreditar las circunstancias de los hechos.El director general de la Adres, Iván Sánchez Arango, aseguró que, tras los hallazgos, la nueva administración puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación mediante una noticia criminal y señaló que continuarán las investigaciones internas que correspondan.La entidad también indicó que seguirá atendiendo los requerimientos de la Fiscalía y entregará la información y documentación necesaria para contribuir al esclarecimiento de los hechos.La Adres señaló que estas medidas hacen parte de las acciones para proteger los recursos públicos destinados a financiar el sistema de salud y de la política anticorrupción impulsada por el Gobierno nacional.La entidad reiteró además su compromiso con la protección de los recursos de la salud, la transparencia y el fortalecimiento de sus mecanismos de control.
Bélgica regresó al camino del triunfo al superar 3-0 en casa a una Turquía hundida, con un doblete de Kevin De Bruyne y un gol final de Romelu Lukaku, este viernes en Lieja, en la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.Los Diablos Rojos suman ahora 6 puntos y son segundos del grupo A1, reaccionando así tras la derrota del lunes ante Francia, que lidera 7 puntos tras empatar 1-1 con Italia (3ª, 4 puntos), mientras que los turcos siguen colistas con su cuenta a cero.El neerlandés Mark van Bommel, que se había estrenado como seleccionador de Bélgica hace una semana ganando en Roma a Italia, consiguió ahora su primera victoria como local desde que tomó las riendas del equipo.Para dejar atrás la desilusión de ese partido ante los vecinos franceses, en un duelo decidido con un tanto de Michael Olise en los últimos instantes, fue clave uno de los estandartes de la vieja guardia del equipo, Kevin De Bruyne (35 años), que abrió el marcador en el 10'.El mediocampista del Nápoles lideró un contragolpe, se apoyó en Dodi Lukebakio y éste le dio la asistencia para que "KDB", con un tiro en el área ajustado al palo, abriera la lata.Lukebakio rozó luego el segundo con dos disparos al palo (36', 53'), pero fue de nuevo De Bruyne quien consiguió ese tanto de la tranquilidad, con un disparo desde la frontal del área.El tercero y definitivo lo logró otro ilustre veterano, Romelu Lukaku (76'), que empezó como suplente y que empujó a placer una asistencia de Charles De Ketelaere, para firmar su 94º gol con Bélgica, a sus 33 años.Después de la dolorosa eliminación en la fase de grupos del Mundial de Norteamérica, Turquía cuenta por derrotas los tres partidos que ha jugado en esta Nations League, lo que fragiliza mucho la situación de su seleccionador, el italiano Vincenzo Montella.El lunes, en Bolonia, los turcos visitarán precisamente a Italia en busca de romper esta preocupante dinámica, mientras que Bélgica visita a Francia en busca de la revancha y del liderato del grupo.