El pasado 19 de julio, la Procuraduría General de la Nación, en un fallo de primera instancia, destituyó e inhabilitó entre 12 y 14 años a los cinco miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía de Popayán, quienes participaron en la detención de Alison Salazar, una joven de 17 años que estaba grabando un video durante la jornada de paro nacional el 12 de mayo de 2021. Luego de ser llevada a una URI y posteriormente entregada a su abuela, Alison se quitó la vida.A través de su perfil de Facebook, Alison denunció minutos antes que había sido víctima de agresiones y abusos por parte de los policías que la retuvieron ese día. Luego de años de pruebas, testimonios y juicios, los uniformados fueron destituidos, pero, según aclaró el abogado de la familia Salazar, Iván Daniel Oviedo, en diálogo con Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, se determinó que no hubo abuso sexual, aunque sí un abuso de fuerza.De acuerdo con Oviedo, dentro del caso se investigaron los “comportamientos contrarios a sus obligaciones como servidores públicos”. Así, explicó, se “investigó y se estableció que existió una privación injusta de la libertad, es decir, que no había ningún motivo para retenerla y trasladarla a la URI” y, tampoco para ejercer ningún tipo de fuerza contra ella y “más como lo hicieron, cargada y sometida”.Elizabet Miranda Erazo, madre de Alison, comentó que, aunque será “muy difícil de superar” la muerte de su hija, se siente tranquila al saber que se está haciendo justicia y el caso no quedará impune, como otros cometidos por la Policía.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF“Ha sido muy difícil, muy duro todo esto. Tengo muchos inconvenientes porque tengo mis otras hijas y en momentos siento que ya no puedo más (…) Ella (Alison) tenía el mismo carácter que yo. Es muy duro, jamás pensé que me podía pasar una cosa de estas; sé que será difícil de superarlo, pero le doy gracias a Dios de que esto no va a quedar así”, relató.Erazo añadió que aunque su hija no fue abusada sexualmente, todo lo que pasó en la URI y lo que sintió la llevó a tomar la decisión de quitarse la vida, sumado a los comentarios de las redes sociales.“Como mujer me imagino lo que ella sintió en ese momento y uno sabe que ella se sintió, no sexualmente abusada, pero la forma en cómo la trataron la llevó a eso. Como mamá es mucho más difícil, fueron 17 años en los que compartí con ella. Siento tranquilidad porque se está haciendo justicia y no va a quedar como muchos casos”, mencionó.Luis Arvey Salazar, padre de Alison, enfatizó que el “dolor no se cura con el fallo” de la Procuraduría, pero que la justicia está tomando curso.Al respecto, el abogado Oviedo afirmó que están “conformes con la decisión de destitución” a los cinco policías y que, ahora, están adelantando otras acciones legales entorno a la reparación de la familia.Vea todas las entrevistas completas en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:Escuche la entrevista completa aquí:
En un informe de 35 páginas destinado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fiscalía presentó un balance sobre las actuaciones investigativas y de interlocución que ha llevado a cabo con ocasión a los hechos ocurridos en el marco del paro nacional, desde el 28 de abril de 2021 hasta el 6 de junio de 2021.En el informe, la entidad anunció que imputará cargos a un policía que participó en el procedimiento de traslado a la URI de Popayán de Alison Meléndez, la menor de 17 años que denunció un supuesto abuso sexual y posteriormente se quitó la vida.“Es importante mencionar, como caso emblemático, la presunta agresión sufrida por una menor de 17 años de edad por parte de miembros del ESMAD y del GOES de la Policía Nacional, en la ciudad de Popayán. La acción inmediata, por parte de la delegada para la Seguridad Ciudadana, consistió en articularse con la Dirección Seccional respectiva y poner en marcha la estrategia de reacción del grupo de trabajo de género, con el desplazamiento al lugar de los hechos, junto con investigadores de apoyo. Así, se recaudaron entrevistas, videos, extracción de información de redes públicas, extracción de información de aparatos electrónicos manipulados por la menor, reconstrucción y levantamiento en 3D del lugar de los hechos, entre otras. Por estos hechos, ya se tiene programada una audiencia de formulación de imputación en contra de un integrante del ESMAD”, dice el documento.Según el informe, hay reportadas 14 mujeres víctimas de violencia, un policía y 13 civiles.Dice el documento que han fallecido 51 personas desde el 28 de abril al 5 de junio. Sin embargo, que solo 21 de estas muertes están relacionadas directamente con la protesta social, es decir, se están investigando como homicidios; 11 siguen en proceso de verificación y los otros 19, aunque sucedieron durante la jornada del paro nacional, no fueron en el marco o con ocasión de la protesta.Además, de los 21 homicidios que están siendo investigados, dice el ente acusador, ha capturado los presuntos responsables de 4 casos que son: el del capitán Jesús Alberto Solano Beltrán, el del joven Santiago Andrés Murillo Meneses, el del joven Brayan Fernando Niño Araque y el del menor Marcelo Agredo, perpetrado en Cali.Sobre los desaparecidos, dice el informe, existen tres denuncias por la comisión del delito de desaparición forzada en el marco de la protesta que cursan en la FGN y que se encuentran en etapa de indagación; dos de ellas son por hechos ocurridos en el departamento de Antioquia, y una en el Valle del Cauca.“En los tres casos las víctimas son hombres y en dos de ellos se reporta que fueron aprehendidos en vías públicas. Adicionalmente, todos los hechos reportados en estas tres noticias criminales tuvieron lugar entre el 2 y el 20 de mayo de 2021. Las tres denuncias están siendo investigadas por la FGN, pues cuentan con suficientes datos de identificación de la víctima y se conocen suficientemente las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho denunciado”, dice el documento.Al 6 de junio de 2021, se reportan 328 personas ubicadas, pero se sigue tras la búsqueda de otros 91.Por otro lado, informa el ente acusador, que se han capturado en flagrancia a 1136 personas, por hechos de vandalismo; 224 de ellas se les ha formulado imputación.“Igualmente, del total de personas capturadas, 921 han sido dejadas en libertad. Es importante precisar que el número de libertades otorgadas por la misma Fiscalía es elevado, dada la exigente evaluación constitucional y legal de los informes de policía en casos de captura en flagrancia, que son estudiados a la luz de los requisitos de inferencia razonable de autoría y participación previstos por la ley procesal penal”, añadieron.
La Fiscalía descartó el supuesto acceso carnal violento contra la joven Alison Meléndez, quien se quitó la vida después de denunciar a miembros de la fuerza pública por tocamientos.Según fuentes de la Fiscalía, después de revisar las cámaras de seguridad los fiscales descartaron el supuesto abuso sexual del que se estaba hablando en las redes sociales contra la joven Alison Meléndez. Los videos de la unidad la Policía mostrarían que no pasó nada irregular.Sin embargo, siguen indagando el caso por presunto exceso de la fuerza pública y acto sexual, teniendo en cuenta que la menor, en un video que se hizo viral, denunciaba que estaba siendo trasladada a la fuerza por cuatro uniformados y que se le estaba cayendo la ropa durante este proceso.Una de las piezas claves en la investigación será una autopsia psicológica con la que se busca establecer cuál era el contexto de la joven y lo que pensaba acerca del suicidio.De esta manera, la Fiscalía descartó abuso sexual contra la joven Meléndez, quien se quitó la vida después de denunciar a miembros de la fuerza pública por tocamientos.La semana pasada, la Fiscalía había anunciado un equipo especial para investigar los hechos, que, según la Policía nunca sucedieron.“Este grupo cuenta también con un fiscal de la Unidad de Vida, investigadores del CTI y médicos legistas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que adelantan los actos urgentes. Entretanto, se desarrollan las actividades técnico – científicas y forenses, dentro de lo establecido en el Protocolo de Minessota, pertinentes; así como la recolección de evidencia física, elementos materiales probatorios y muestras biológicas, con el propósito de determinar la existencia o no del ilícito de agresión sexual, así como la causa de muerte”, informó la Fiscalía a través de un comunicado de prensa.
Juan Diego Ortega es uno de los jóvenes de primera línea que participó en las manifestaciones del viernes, 14 de mayo, en la ciudad de Popayán, mientras exigían justicia para Alison Meléndez, la adolescente de 17 años que se quitó la vida tras denunciar abusos sexuales de integrantes de la Policía.Ortega dijo que se convirtió en una víctima más del Estado cuando intentó salvar la vida de otro hombre, quien iba a ser arrollado por una tanqueta del Esmad."Mi primera reacción fue salir, empujarlo e intentar que se corriera. Lastimosamente en ese acto, cuando logro empujarlo, quien queda debajo de la tanqueta y es impactado por esta, soy yo", relató el joven.No recuerda mucho después del fuerte impacto que sufrió y que, además, quedó registrado en un video.Sin embargo, vinieron a la mente leves recuerdos, cuando despertó en la sala de un centro médico viendo solo por uno de sus ojos.En este momento, los médicos han confirmado que perdió el parpado, pero no se ha establecido aún si perderá la vista para siempre."La sensación fue que iba a morir. Solo recuerdo que abajo de la tanqueta habían unos ‘chuzos’ y unas cosas horribles que lastimosamente impactaron mi ojo", agregó la víctima.Juan Diego presenta múltiples traumas en su cuerpo y una fractura en el brazo izquierdo. A pesar de las heridas, dice que continuará resistiendo y "en pie de lucha"."¡Ni un paso atrás!", concluyó.Vea el video:
Este viernes en la noche, una turba de manifestantes protestó en Popayán tras la muerte de Alison Meléndez, una joven de 17 años que había denunciado abusos sexuales por parte de uniformados de la Policía. El sector se convirtió en un campo de guerra en el que volaban de lado a lado piedras, botellas y otros objetos. Las personas arremetieron contra la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía y la sede de Medicina Legal, arrojando mechas prendidas que provocaron el incendio de las instalaciones. "El ataque debe ser calificado como un acto terrorista. Un hecho delincuencial premeditado y organizado que tiene manos criminales detrás", manifestó el ministro de Defensa, Diego Molano. Cinco despachos resultaron afectados y en ellos se desarrollaban investigaciones relacionadas con información sobre crímenes y organizaciones criminales de hace muchos años, entre ellas la de 38 indiciados de actividades criminales y terroristas en el departamento del Cauca. "Un hecho mucho más grave, 51 armas entre las que se incluyen 15 fusiles, fueron robados de la Fiscalía General de la Nación", agregó Molano. Las autoridades confirmaron que, según labores de inteligencia, las estructuras planean continuar con los ataques en esta región contra la institucionalidad. Por ello, confirmaron que a Popayán llegaron seis secciones adicionales del Esmad y tres pelotones más del Ejército. Se decidió desde la administración municipal decretar la ley seca durante este sábado a partir de las 4:00 de la tarde y toque de queda desde las 6:00 de la tarde, buscando contener y evitar nuevamente disturbios.
La Defensoría del Pueblo se pronunció frente al caso de Alison Meléndez, la menor de edad de 17 años que, al parecer, se quitó la vida luego de presuntamente ser abusada por miembros de la fuerza pública en Popayán.La petición del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, fue agilizar las investigaciones alrededor del caso para así poder dar con los responsables del hecho. Además, a Medicina Legal le solicitó inmediatez en los resultados.“Solicitamos a Medicina Legal inmediatez y exactitud para esclarecer la situación de la menor fallecida en Popayán, no podemos permitir que haya ninguna duda sobre lo sucedido con la menor”, insistió el funcionario.Asimismo, indicó que desde la entidad estarán alertas para acompañar el proceso de investigación.Finalmente, insistió en la necesidad de obtener resultados rápidos, contundentes y esclarecedores. Por el momento, Camargo afirmó que desde la Defensoría se le está realizando el debido acompañamiento a la familia de Alison Meléndez.Vea el video:
Fuertes disturbios se registraron en la tarde de este viernes, 14 de mayo, en el sur de Popayán entre manifestantes y uniformados de la Policía Nacional.Los choques se registraron a inmediaciones de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía General de la Nación, ubicada en el sur de la capital del Cauca.Allí llegaron decenas de personas a reclamar justicia y el esclarecimiento por la detención de Alison Meléndez, la joven que denunció abuso sexual por parte de uniformados del Esmad y que la condujeron a ese sitio.La menor decidió quitarse la vida horas después de este procedimiento, según denunció en sus redes sociales. El caso es acompañado por defensores de derechos humanos.Los choques se iniciaron luego que encapuchados intentarán prender fuego a la sede de la URI, luego se extendieron a un colegio de la Policía el cual también intentaron vandalizar algunos encapuchados.Hasta el momento o se han reportado heridos, pero si muchas familias de los barrios aledaños han resultado afectados por el sonido de las explosiones y los gases lacrimógenos.
No para la polémica por el caso de la menor de edad de 17 años Alison Meléndez, en Popayán, que denunció violencia sexual por parte de cuatro policías en medio de una retención que le hicieron el pasado 12 de mayo, y quien posteriormente se quitó la vida.Aunque la Policía desde el inició negó que existiera un abuso sexual, el comandante regional de la Policía N.4, el general Ricardo Alarcón, confirmó que los cuatro uniformados implicados en la investigación fueron apartados temporalmente de su cargo.“Asumirán de manera directa su defensa, sus descargos y demás. Esperaremos los resultados de las mismas’’, dijo el general.De igual forma, la Procuraduría abrió indagación preliminar por la presunta retención y agresión sexual de la menor de edad. Fue designado un funcionario especial para dirigir el proceso “dada la trascendencia de los hechos como una posible violación de los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes”, afirmó la procuradora Margarita Cabello.
Un equipo especial de la Fiscalía liderado por la fiscal coordinadora del Grupo de Género viajó a Popayán para investigar los hechos en relación con la presunta agresión sexual contra Alison Meléndez, una menor de 17 años dentro de las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) en esa ciudad por parte, supuestamente, de un miembro de la fuerza pública, así como su posterior muerte.“Este grupo cuenta también con un fiscal de la Unidad de Vida, investigadores del CTI y médicos legistas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que adelantan los actos urgentes. Entretanto, se desarrollan las actividades técnico – científicas y forenses, dentro de lo establecido en el Protocolo de Minessota, pertinentes; así como la recolección de evidencia física, elementos materiales probatorios y muestras biológicas, con el propósito de determinar la existencia o no del ilícito de agresión sexual, así como la causa de muerte”, informó la Fiscalía a través de un comunicado de prensa.Sobre el tema, la vicefiscal Martha Mancera dijo que también se hará una autopsia psicológica.“Igualmente, hemos establecido dentro de la investigación la práctica autopsia psicológica que será muy importante para rodear el contexto en el que ocurrieron los hechos”, explicó.Finalmente, añadió que la idea es que en los próximos días se pueda establecer lo ocurrido y las circunstancias en las que falleció la joven.Este es el video del momento en que la joven fue detenida:
En medio de las protestas en Colombia se abrió una dura polémica por el caso de la menor Alison Meléndez en Popayán que denunció violencia sexual por parte de cuatro policías antes de quitarse la vida. Sobre el caso se pronunció en Mañanas BLU la secretaria de la Mujer en Popayán, Mariana Bermúdez y el comandante regional de la Policía, general Ricardo Alarcón. El oficial se reafirmó en que no hubo abuso.“Estamos adelantando todas las investigaciones en el marco de la confidencialidad”, dijo la funcionaria.“Es una situación muy dura, muy difícil. El padre de la menor hace parte también de la Policía y es un choque de emociones”, agregó.Bermúdez confirmó que existen videos que podrían confirmar o desvirtuar si se cometió un exceso de fuerza.“Ella es aprehendida por cuatro miembros del Esmad. La conducen a la URI, allí la ponen a disposición de Policía de Infancia y Adolescencia a las 9:10 deña noche y sale un poco antes de las 11:00 de la noche. Es entregada a la familia, lo que relata el escrito, es que está en buenas condiciones”, afirmó la funcionaria.“Lo que informa la familia es que ella pasaba cerca de las inmediaciones de la URI y que la aprehenden por estar grabando”, agregó.La secretaria de la Mujer de Popayán dijo que, en un Consejo de Seguridad, este viernes se solicitarán informes.“A título de evidencia en el video se ve a cuatro hombres que aprehenden a una menor. Ella denuncia que en el procedimiento la parte de su sudadera es bajada y sufre una situación de posible acoso”, comunicó la funcionaria.El brigadier general, Ricardo Augusto Alarcón Campos, comandante regional de la Policía número cuatro, calificó la información como noticia falsa y dijo que la menor nunca ingresó a un recinto policial.“Ella no fue accedía (carnalmente) en una estación de policía. Lo que se dio fue un forcejeo con una persona que estaba exaltada de quien no conocíamos en ese momento que era una menor de edad”, aseguró.“Supongo que en el forcejeo que se da (la bajada del pantalón), en el momento no se conoce si es menor de edad o mayor de edad. Cuando llega a la URI es que se determina eso”, dijo el oficial.De acuerdo con el oficial, las transmisiones en vivo permitirán establecer si se produjo algún abuso y dio a conocer que la Policía también registró los hechos. No obstante, aseguró que hasta el momento no es claro si a la menor le bajaron los pantalones.“Identificamos plenamente a los uniformados que estuvieron e iniciamos investigación disciplinaria y penal”, dijo.Escuche a Mariana Bermúdez y al general Ricardo Alarcón en Mañanas BLU:
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Este martes, 28 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo del chance Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más famosos de Colombia, y al igual que Super Astro Sol, se juega diariamente.El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 10:50 de la noche, mientras que los domingos juega a las 8:30 de la noche y cuenta con tres oportunidades de ganar con una misma apuesta.Plan de premios Super Astro Sol y Super Astro Luna4 cifras + signo = Paga $42.000 veces lo apostado3 cifras + signo = Paga $1.000 veces lo apostado2 cifras + signo = paga $100 veces lo apostado.El acierto de las cifras es en estricto orden.El Super Astro Luna es idéntico al Super Astro Sol, con la única diferencia que este último se juega de día.Conozca los resultados del último sorteo de Super Astro Luna de este martes, 28 de noviembre: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: Cuatro cifras: Conozca todos los resultados de los sorteos anteriores de Super Astro Luna.Le puede interesar
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El juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, no aceptó la solicitud que en octubre pasado hizo el abogado de Nicolás Petro Burgos y, por consiguiente, decidió no programar ninguna audiencia de imposición de medidas correccionales por la filtración del interrogatorio que rindió el hijo del presidente ante la Fiscalía y que fue divulgado en medios de comunicación.El abogado Diego Henao, en representación de Nicolás Petro, le había pedido al juez de conocimiento “fijar fecha y hora” para adelantar dicha audiencia, de modo que la defensa pudiera manifestar allí su inconformismo por la “omisión en la custodia de archivos sometidos a reserva”, más específicamente el interrogatorio rendido por Petro Burgos el pasado 2 de agosto.Henao afirma que, más allá de buscar sanciones contra el fiscal del caso Mario Burgos, lo que pretendía con esta audiencia era que el juez le “llamara la atención” sobre “los protocolos de la reserva, de las garantías y del debido proceso”."Que llamara al orden, a la mesura, al cumplimiento de las garantías procesales, a la ética profesional y al decoro. Era simplemente eso. Esto no es algo excepcional donde se esté solicitando algún tipo de medida o de sanción específica", dijo el defensor.El juez dejó abierta la posibilidad de que esta solicitud se pueda presentar en cualquier momento, así que la defensa de Nicolás Petro no descarta volverla a hacer en el transcurso de cualquier otra audiencia.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: