El pasado 19 de julio, la Procuraduría General de la Nación, en un fallo de primera instancia, destituyó e inhabilitó entre 12 y 14 años a los cinco miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía de Popayán, quienes participaron en la detención de Alison Salazar, una joven de 17 años que estaba grabando un video durante la jornada de paro nacional el 12 de mayo de 2021. Luego de ser llevada a una URI y posteriormente entregada a su abuela, Alison se quitó la vida.A través de su perfil de Facebook, Alison denunció minutos antes que había sido víctima de agresiones y abusos por parte de los policías que la retuvieron ese día. Luego de años de pruebas, testimonios y juicios, los uniformados fueron destituidos, pero, según aclaró el abogado de la familia Salazar, Iván Daniel Oviedo, en diálogo con Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, se determinó que no hubo abuso sexual, aunque sí un abuso de fuerza.De acuerdo con Oviedo, dentro del caso se investigaron los “comportamientos contrarios a sus obligaciones como servidores públicos”. Así, explicó, se “investigó y se estableció que existió una privación injusta de la libertad, es decir, que no había ningún motivo para retenerla y trasladarla a la URI” y, tampoco para ejercer ningún tipo de fuerza contra ella y “más como lo hicieron, cargada y sometida”.Elizabet Miranda Erazo, madre de Alison, comentó que, aunque será “muy difícil de superar” la muerte de su hija, se siente tranquila al saber que se está haciendo justicia y el caso no quedará impune, como otros cometidos por la Policía.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF“Ha sido muy difícil, muy duro todo esto. Tengo muchos inconvenientes porque tengo mis otras hijas y en momentos siento que ya no puedo más (…) Ella (Alison) tenía el mismo carácter que yo. Es muy duro, jamás pensé que me podía pasar una cosa de estas; sé que será difícil de superarlo, pero le doy gracias a Dios de que esto no va a quedar así”, relató.Erazo añadió que aunque su hija no fue abusada sexualmente, todo lo que pasó en la URI y lo que sintió la llevó a tomar la decisión de quitarse la vida, sumado a los comentarios de las redes sociales.“Como mujer me imagino lo que ella sintió en ese momento y uno sabe que ella se sintió, no sexualmente abusada, pero la forma en cómo la trataron la llevó a eso. Como mamá es mucho más difícil, fueron 17 años en los que compartí con ella. Siento tranquilidad porque se está haciendo justicia y no va a quedar como muchos casos”, mencionó.Luis Arvey Salazar, padre de Alison, enfatizó que el “dolor no se cura con el fallo” de la Procuraduría, pero que la justicia está tomando curso.Al respecto, el abogado Oviedo afirmó que están “conformes con la decisión de destitución” a los cinco policías y que, ahora, están adelantando otras acciones legales entorno a la reparación de la familia.Vea todas las entrevistas completas en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:Escuche la entrevista completa aquí:
En un informe de 35 páginas destinado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fiscalía presentó un balance sobre las actuaciones investigativas y de interlocución que ha llevado a cabo con ocasión a los hechos ocurridos en el marco del paro nacional, desde el 28 de abril de 2021 hasta el 6 de junio de 2021.En el informe, la entidad anunció que imputará cargos a un policía que participó en el procedimiento de traslado a la URI de Popayán de Alison Meléndez, la menor de 17 años que denunció un supuesto abuso sexual y posteriormente se quitó la vida.“Es importante mencionar, como caso emblemático, la presunta agresión sufrida por una menor de 17 años de edad por parte de miembros del ESMAD y del GOES de la Policía Nacional, en la ciudad de Popayán. La acción inmediata, por parte de la delegada para la Seguridad Ciudadana, consistió en articularse con la Dirección Seccional respectiva y poner en marcha la estrategia de reacción del grupo de trabajo de género, con el desplazamiento al lugar de los hechos, junto con investigadores de apoyo. Así, se recaudaron entrevistas, videos, extracción de información de redes públicas, extracción de información de aparatos electrónicos manipulados por la menor, reconstrucción y levantamiento en 3D del lugar de los hechos, entre otras. Por estos hechos, ya se tiene programada una audiencia de formulación de imputación en contra de un integrante del ESMAD”, dice el documento.Según el informe, hay reportadas 14 mujeres víctimas de violencia, un policía y 13 civiles.Dice el documento que han fallecido 51 personas desde el 28 de abril al 5 de junio. Sin embargo, que solo 21 de estas muertes están relacionadas directamente con la protesta social, es decir, se están investigando como homicidios; 11 siguen en proceso de verificación y los otros 19, aunque sucedieron durante la jornada del paro nacional, no fueron en el marco o con ocasión de la protesta.Además, de los 21 homicidios que están siendo investigados, dice el ente acusador, ha capturado los presuntos responsables de 4 casos que son: el del capitán Jesús Alberto Solano Beltrán, el del joven Santiago Andrés Murillo Meneses, el del joven Brayan Fernando Niño Araque y el del menor Marcelo Agredo, perpetrado en Cali.Sobre los desaparecidos, dice el informe, existen tres denuncias por la comisión del delito de desaparición forzada en el marco de la protesta que cursan en la FGN y que se encuentran en etapa de indagación; dos de ellas son por hechos ocurridos en el departamento de Antioquia, y una en el Valle del Cauca.“En los tres casos las víctimas son hombres y en dos de ellos se reporta que fueron aprehendidos en vías públicas. Adicionalmente, todos los hechos reportados en estas tres noticias criminales tuvieron lugar entre el 2 y el 20 de mayo de 2021. Las tres denuncias están siendo investigadas por la FGN, pues cuentan con suficientes datos de identificación de la víctima y se conocen suficientemente las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho denunciado”, dice el documento.Al 6 de junio de 2021, se reportan 328 personas ubicadas, pero se sigue tras la búsqueda de otros 91.Por otro lado, informa el ente acusador, que se han capturado en flagrancia a 1136 personas, por hechos de vandalismo; 224 de ellas se les ha formulado imputación.“Igualmente, del total de personas capturadas, 921 han sido dejadas en libertad. Es importante precisar que el número de libertades otorgadas por la misma Fiscalía es elevado, dada la exigente evaluación constitucional y legal de los informes de policía en casos de captura en flagrancia, que son estudiados a la luz de los requisitos de inferencia razonable de autoría y participación previstos por la ley procesal penal”, añadieron.
La Fiscalía descartó el supuesto acceso carnal violento contra la joven Alison Meléndez, quien se quitó la vida después de denunciar a miembros de la fuerza pública por tocamientos.Según fuentes de la Fiscalía, después de revisar las cámaras de seguridad los fiscales descartaron el supuesto abuso sexual del que se estaba hablando en las redes sociales contra la joven Alison Meléndez. Los videos de la unidad la Policía mostrarían que no pasó nada irregular.Sin embargo, siguen indagando el caso por presunto exceso de la fuerza pública y acto sexual, teniendo en cuenta que la menor, en un video que se hizo viral, denunciaba que estaba siendo trasladada a la fuerza por cuatro uniformados y que se le estaba cayendo la ropa durante este proceso.Una de las piezas claves en la investigación será una autopsia psicológica con la que se busca establecer cuál era el contexto de la joven y lo que pensaba acerca del suicidio.De esta manera, la Fiscalía descartó abuso sexual contra la joven Meléndez, quien se quitó la vida después de denunciar a miembros de la fuerza pública por tocamientos.La semana pasada, la Fiscalía había anunciado un equipo especial para investigar los hechos, que, según la Policía nunca sucedieron.“Este grupo cuenta también con un fiscal de la Unidad de Vida, investigadores del CTI y médicos legistas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que adelantan los actos urgentes. Entretanto, se desarrollan las actividades técnico – científicas y forenses, dentro de lo establecido en el Protocolo de Minessota, pertinentes; así como la recolección de evidencia física, elementos materiales probatorios y muestras biológicas, con el propósito de determinar la existencia o no del ilícito de agresión sexual, así como la causa de muerte”, informó la Fiscalía a través de un comunicado de prensa.
Juan Diego Ortega es uno de los jóvenes de primera línea que participó en las manifestaciones del viernes, 14 de mayo, en la ciudad de Popayán, mientras exigían justicia para Alison Meléndez, la adolescente de 17 años que se quitó la vida tras denunciar abusos sexuales de integrantes de la Policía.Ortega dijo que se convirtió en una víctima más del Estado cuando intentó salvar la vida de otro hombre, quien iba a ser arrollado por una tanqueta del Esmad."Mi primera reacción fue salir, empujarlo e intentar que se corriera. Lastimosamente en ese acto, cuando logro empujarlo, quien queda debajo de la tanqueta y es impactado por esta, soy yo", relató el joven.No recuerda mucho después del fuerte impacto que sufrió y que, además, quedó registrado en un video.Sin embargo, vinieron a la mente leves recuerdos, cuando despertó en la sala de un centro médico viendo solo por uno de sus ojos.En este momento, los médicos han confirmado que perdió el parpado, pero no se ha establecido aún si perderá la vista para siempre."La sensación fue que iba a morir. Solo recuerdo que abajo de la tanqueta habían unos ‘chuzos’ y unas cosas horribles que lastimosamente impactaron mi ojo", agregó la víctima.Juan Diego presenta múltiples traumas en su cuerpo y una fractura en el brazo izquierdo. A pesar de las heridas, dice que continuará resistiendo y "en pie de lucha"."¡Ni un paso atrás!", concluyó.Vea el video:
Este viernes en la noche, una turba de manifestantes protestó en Popayán tras la muerte de Alison Meléndez, una joven de 17 años que había denunciado abusos sexuales por parte de uniformados de la Policía. El sector se convirtió en un campo de guerra en el que volaban de lado a lado piedras, botellas y otros objetos. Las personas arremetieron contra la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía y la sede de Medicina Legal, arrojando mechas prendidas que provocaron el incendio de las instalaciones. "El ataque debe ser calificado como un acto terrorista. Un hecho delincuencial premeditado y organizado que tiene manos criminales detrás", manifestó el ministro de Defensa, Diego Molano. Cinco despachos resultaron afectados y en ellos se desarrollaban investigaciones relacionadas con información sobre crímenes y organizaciones criminales de hace muchos años, entre ellas la de 38 indiciados de actividades criminales y terroristas en el departamento del Cauca. "Un hecho mucho más grave, 51 armas entre las que se incluyen 15 fusiles, fueron robados de la Fiscalía General de la Nación", agregó Molano. Las autoridades confirmaron que, según labores de inteligencia, las estructuras planean continuar con los ataques en esta región contra la institucionalidad. Por ello, confirmaron que a Popayán llegaron seis secciones adicionales del Esmad y tres pelotones más del Ejército. Se decidió desde la administración municipal decretar la ley seca durante este sábado a partir de las 4:00 de la tarde y toque de queda desde las 6:00 de la tarde, buscando contener y evitar nuevamente disturbios.
La Defensoría del Pueblo se pronunció frente al caso de Alison Meléndez, la menor de edad de 17 años que, al parecer, se quitó la vida luego de presuntamente ser abusada por miembros de la fuerza pública en Popayán.La petición del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, fue agilizar las investigaciones alrededor del caso para así poder dar con los responsables del hecho. Además, a Medicina Legal le solicitó inmediatez en los resultados.“Solicitamos a Medicina Legal inmediatez y exactitud para esclarecer la situación de la menor fallecida en Popayán, no podemos permitir que haya ninguna duda sobre lo sucedido con la menor”, insistió el funcionario.Asimismo, indicó que desde la entidad estarán alertas para acompañar el proceso de investigación.Finalmente, insistió en la necesidad de obtener resultados rápidos, contundentes y esclarecedores. Por el momento, Camargo afirmó que desde la Defensoría se le está realizando el debido acompañamiento a la familia de Alison Meléndez.Vea el video:
Fuertes disturbios se registraron en la tarde de este viernes, 14 de mayo, en el sur de Popayán entre manifestantes y uniformados de la Policía Nacional.Los choques se registraron a inmediaciones de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía General de la Nación, ubicada en el sur de la capital del Cauca.Allí llegaron decenas de personas a reclamar justicia y el esclarecimiento por la detención de Alison Meléndez, la joven que denunció abuso sexual por parte de uniformados del Esmad y que la condujeron a ese sitio.La menor decidió quitarse la vida horas después de este procedimiento, según denunció en sus redes sociales. El caso es acompañado por defensores de derechos humanos.Los choques se iniciaron luego que encapuchados intentarán prender fuego a la sede de la URI, luego se extendieron a un colegio de la Policía el cual también intentaron vandalizar algunos encapuchados.Hasta el momento o se han reportado heridos, pero si muchas familias de los barrios aledaños han resultado afectados por el sonido de las explosiones y los gases lacrimógenos.
No para la polémica por el caso de la menor de edad de 17 años Alison Meléndez, en Popayán, que denunció violencia sexual por parte de cuatro policías en medio de una retención que le hicieron el pasado 12 de mayo, y quien posteriormente se quitó la vida.Aunque la Policía desde el inició negó que existiera un abuso sexual, el comandante regional de la Policía N.4, el general Ricardo Alarcón, confirmó que los cuatro uniformados implicados en la investigación fueron apartados temporalmente de su cargo.“Asumirán de manera directa su defensa, sus descargos y demás. Esperaremos los resultados de las mismas’’, dijo el general.De igual forma, la Procuraduría abrió indagación preliminar por la presunta retención y agresión sexual de la menor de edad. Fue designado un funcionario especial para dirigir el proceso “dada la trascendencia de los hechos como una posible violación de los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes”, afirmó la procuradora Margarita Cabello.
Un equipo especial de la Fiscalía liderado por la fiscal coordinadora del Grupo de Género viajó a Popayán para investigar los hechos en relación con la presunta agresión sexual contra Alison Meléndez, una menor de 17 años dentro de las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) en esa ciudad por parte, supuestamente, de un miembro de la fuerza pública, así como su posterior muerte.“Este grupo cuenta también con un fiscal de la Unidad de Vida, investigadores del CTI y médicos legistas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que adelantan los actos urgentes. Entretanto, se desarrollan las actividades técnico – científicas y forenses, dentro de lo establecido en el Protocolo de Minessota, pertinentes; así como la recolección de evidencia física, elementos materiales probatorios y muestras biológicas, con el propósito de determinar la existencia o no del ilícito de agresión sexual, así como la causa de muerte”, informó la Fiscalía a través de un comunicado de prensa.Sobre el tema, la vicefiscal Martha Mancera dijo que también se hará una autopsia psicológica.“Igualmente, hemos establecido dentro de la investigación la práctica autopsia psicológica que será muy importante para rodear el contexto en el que ocurrieron los hechos”, explicó.Finalmente, añadió que la idea es que en los próximos días se pueda establecer lo ocurrido y las circunstancias en las que falleció la joven.Este es el video del momento en que la joven fue detenida:
En medio de las protestas en Colombia se abrió una dura polémica por el caso de la menor Alison Meléndez en Popayán que denunció violencia sexual por parte de cuatro policías antes de quitarse la vida. Sobre el caso se pronunció en Mañanas BLU la secretaria de la Mujer en Popayán, Mariana Bermúdez y el comandante regional de la Policía, general Ricardo Alarcón. El oficial se reafirmó en que no hubo abuso.“Estamos adelantando todas las investigaciones en el marco de la confidencialidad”, dijo la funcionaria.“Es una situación muy dura, muy difícil. El padre de la menor hace parte también de la Policía y es un choque de emociones”, agregó.Bermúdez confirmó que existen videos que podrían confirmar o desvirtuar si se cometió un exceso de fuerza.“Ella es aprehendida por cuatro miembros del Esmad. La conducen a la URI, allí la ponen a disposición de Policía de Infancia y Adolescencia a las 9:10 deña noche y sale un poco antes de las 11:00 de la noche. Es entregada a la familia, lo que relata el escrito, es que está en buenas condiciones”, afirmó la funcionaria.“Lo que informa la familia es que ella pasaba cerca de las inmediaciones de la URI y que la aprehenden por estar grabando”, agregó.La secretaria de la Mujer de Popayán dijo que, en un Consejo de Seguridad, este viernes se solicitarán informes.“A título de evidencia en el video se ve a cuatro hombres que aprehenden a una menor. Ella denuncia que en el procedimiento la parte de su sudadera es bajada y sufre una situación de posible acoso”, comunicó la funcionaria.El brigadier general, Ricardo Augusto Alarcón Campos, comandante regional de la Policía número cuatro, calificó la información como noticia falsa y dijo que la menor nunca ingresó a un recinto policial.“Ella no fue accedía (carnalmente) en una estación de policía. Lo que se dio fue un forcejeo con una persona que estaba exaltada de quien no conocíamos en ese momento que era una menor de edad”, aseguró.“Supongo que en el forcejeo que se da (la bajada del pantalón), en el momento no se conoce si es menor de edad o mayor de edad. Cuando llega a la URI es que se determina eso”, dijo el oficial.De acuerdo con el oficial, las transmisiones en vivo permitirán establecer si se produjo algún abuso y dio a conocer que la Policía también registró los hechos. No obstante, aseguró que hasta el momento no es claro si a la menor le bajaron los pantalones.“Identificamos plenamente a los uniformados que estuvieron e iniciamos investigación disciplinaria y penal”, dijo.Escuche a Mariana Bermúdez y al general Ricardo Alarcón en Mañanas BLU:
Un torrencial aguacero cayó esta tarde sobre Barranquilla y varios municipios del Atlántico como Puerto Colombia, Soledad y Malambo.Las lluvias estarían presentes este fin de semana en diferentes partes del Caribe colombiano por el paso de una nueva onda tropical, la número 52 de la temporada.Así las cosas, se presentarán precipitaciones en ciudades como Barranquilla, como en efecto ya ocurre, las inmediaciones de la Sierra Nevada y el sur de la región.El meteorólogo del Ideam, Rodney Poveda, explica que para Barranquilla, varios modelos están generando señales de precipitaciones para la tarde y la noche del viernes y la madrugada del sábado.“El sábado también puede estar pasado por lluvia. El domingo se espera que las condiciones sean de nubosidad y precipitaciones, particularmente para las horas de la tarde y la noche”.Agregó el Ideam, que se podrán presentar lluvias entre moderadas y fuertes con probables tormentas eléctricas sectorizadas en amplias áreas marítimas, como también en amplios sectores del centro y sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba, especialmente en regiones de los Montes de María y La Mojana.Las autoridades recomiendan máxima precaución a las personas, sobre todo si las lluvias vienen acompañadas de fuertes vientos y actividad eléctrica.
El caso que estremeció a Ibagué en 2017 y que llevó a que la Fundación Peces Vivos fuera señalada como la denominada “casa del terror” vuelve a ocupar la atención judicial. Siete exempleados de la Fundación Peces Vivos fueron condenados a penas de hasta 17 años y 6 meses de prisión por hechos relacionados con torturas contra menores que permanecían internados en esta institución del barrio La Pola.La historia salió a la luz después de que un exempleado denunciara ante la Fiscalía los presuntos abusos cometidos contra los niños. La investigación reveló que menores con discapacidad mental o condiciones psiquiátricas eran sometidos a prácticas de inmovilización que, de acuerdo con la Fiscalía, habrían dejado de tener una finalidad terapéutica para convertirse en mecanismos de castigo, intimidación y sometimiento.El escándalo se conoció públicamente en octubre de 2017. El 23 de octubre, el CTI, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a diez personas señaladas de estar involucradas en los maltratos. Entre los detenidos estaban la entonces directora, Johana Dignore Rodríguez Olaya; la coordinadora, Dignore Olaya Hernández; la psicóloga Jennifer Stefany Salcedo; las enfermeras Yenny Carolina Camelo Osorio y Paola Andrea Tique Vera; además de los formadores Paula Andrea Patiño Buitrago, Claudia Maritza Flórez Medina, Claudia Lorena Pedraza Henao, Ángel Duván Serna Molina y Edison Jaber Calderón Espitia.Aquel día, mientras los capturados eran trasladados y posteriormente presentados ante la justicia, una vecina del barrio La Pola describió ante los medios la crudeza de lo que, según los relatos conocidos hasta ese momento, ocurría dentro de la fundación. “Dicen que entre varios empleados tomaban a un niño de pies y manos y lo trataban como si fuera un costal”, fue la frase que entregó la residente del sector cuando los señalados eran presentados en el Palacio de Justicia de Ibagué.La investigación judicial estableció que las víctimas eran sometidas a diferentes formas de contención física y psicológica. Entre los hechos descritos estuvieron niños amarrados a camas, el uso de medicamentos tranquilizantes y otros mecanismos empleados como supuestas medidas de control. También se documentaron casos en los que los menores habrían sido sometidos a estas prácticas por situaciones como llorar, negarse a comer, discutir o incumplir instrucciones.La justicia impuso penas de entre 15 y 17 años de prisión por hechos ocurridos en el centro de atención ubicado en el barrio La Pola, en la Fundación Peces Vivos. La investigación estableció que nueve menores fueron sometidos a prácticas de violencia física y psicológica que, según la Fiscalía, eran utilizadas como mecanismos de castigo e intimidación.Un juez especializado de conocimiento encontró responsables, de acuerdo con la participación individual establecida en el proceso, a la entonces directora de la institución, una psicóloga y cinco trabajadores vinculados a labores de enfermería y formación. Las penas oscilan entre 15 y 17 años de prisión, además de multas y restricciones para ejercer funciones públicas y determinadas actividades profesionales durante el periodo de la condena.La sentencia se produjo después de que la Fiscalía presentara ante el despacho judicial elementos de prueba relacionados con hechos ocurridos entre el segundo semestre de 2016 y 2017.Según la investigación, nueve menores de edad fueron víctimas de procedimientos de sometimiento físico y psicológico que habrían dejado de responder a una finalidad terapéutica para convertirse en mecanismos de castigo, intimidación y control.Entre las situaciones investigadas estuvieron las inmovilizaciones de los menores que, de acuerdo con las pruebas, eran utilizadas frente a comportamientos como llorar, negarse a comer, discutir, incumplir instrucciones o presentar conductas relacionadas con sus condiciones particulares.La Fiscalía sostuvo que estas actuaciones no correspondían a verdaderas emergencias médicas o psiquiátricas que justificaran ese tipo de intervención.Las penas impuestasLa mayor condena corresponde a Johanna Dignore Rodríguez Olaya, quien fue directora de la Fundación Peces Vivos. El juzgado le impuso 17 años y seis meses de prisión, además de una multa de 9.900 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras declararla responsable como coautora del delito de tortura agravada y autora del delito de concierto para delinquir con el propósito de cometer actos de tortura.La psicóloga Yenifer Stefany Salcedo Cartagena recibió una pena de 17 años de prisión y una multa equivalente a 17.100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por los delitos establecidos en la sentencia.Entre los auxiliares y formadores condenados aparecen Edison Jaber Calderón Espitia, Paola Andrea Tique Vera —quien se encuentra a disposición de la autoridad penitenciaria competente para su traslado del sitio donde actualmente está en detención preventiva al establecimiento que determine el INPEC— y Claudia Maritza Flórez Medina —quien permanecerá en prisión domiciliaria en condición de madre cabeza de familia—, cada uno con una pena de 16 años y cuatro meses de prisión.Claudia Lorena Pedraza Henao fue condenada a 16 años y tres meses, mientras que Paula Andrea Patiño Buitrago recibió una pena de 15 años y seis meses de prisión.En el caso de Patiño Buitrago, la decisión contempla además una absolución parcial respecto de algunos de los hechos atribuidos a determinadas víctimas, al considerar el juzgado que no se acreditó su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable frente a esas conductas específicas.La decisión judicial establece que Johanna Dignore Rodríguez Olaya, Yeniffer Stefany Salcedo Cartagena, Edison Jaber Calderón Espitia, Claudia Lorena Pedraza Henao y Paula Andrea Patiño Buitrago permanecerán en libertad mientras la sentencia adquiere ejecutoria.Una vez la decisión quede en firme, el despacho judicial ordenará la expedición de las respectivas órdenes de captura para que los condenados sean puestos a disposición del INPEC y cumplan la pena privativa de la libertad en el establecimiento penitenciario que determine esa entidad.El expediente señala, además, que Claudia Maritza Flórez Medina cumplirá la pena bajo prisión domiciliaria, mientras que los demás deberán permanecer en establecimientos penitenciarios, según las condiciones establecidas en la decisión judicial. La sentencia corresponde a una primera instancia y puede ser objeto de los recursos previstos por la ley.La sentencia también contempla la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas y la prohibición de ejercer las respectivas profesiones durante el periodo de las condenas.¿Cuál era el propósito de la Fundación Peces Vivos?En su momento, Peces Vivos era presentada como una institución especializada en el departamento del Tolima para atender a menores con diferentes condiciones de salud mental y discapacidad psicosocial. Entre los niños atendidos había menores con diagnósticos y situaciones de alta vulnerabilidad.Así era la llamada ‘Casa del Terror’En 2017, los gritos de los menores y las denuncias de un exempleado permitieron conocer las condiciones en las que, según la investigación, permanecían algunos niños internados en la institución ubicada en el barrio La Pola.La Fiscalía describió prácticas que incluían atar a los menores a las camas, arrojarles alimentos calientes a la cara y utilizar medicamentos tranquilizantes como mecanismo de control. Estas actuaciones habrían sido aplicadas frente a comportamientos como negarse a comer o desobedecer instrucciones.El caso involucró a menores de entre 7 y 17 años, varios de ellos en condiciones de discapacidad o extrema vulnerabilidad. Según la información recopilada durante la investigación, las víctimas hacían parte de un grupo de menores que permanecía bajo el cuidado de la institución contratada para prestar atención especializada.La investigación que comenzó con las capturas de octubre de 2017 terminó convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más recordados de Ibagué por las denuncias de maltrato contra menores bajo protección institucional.Un caso que comenzó con denuncias en 2017La investigación contra los trabajadores de la Fundación Peces Vivos se hizo pública en octubre de 2017, cuando el CTI, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a diez personas señaladas de participar en los hechos denunciados.El 23 de octubre del año 2017 fueron capturadas por el CTI, con el apoyo de la Policía Nacional, 10 personas señaladas de cometer toda clase de maltratos crueles e inhumanos contra menores de edad que se encontraban en una fundación para atención especializada de Ibagué. De este grupo, ocho ya han sido condenadas; una de ellas mediante preacuerdo. Una más fue absuelta y otra falleció.Los involucrados en el momento de las capturas fueron la directora Johana Dignore Rodríguez Olaya; la coordinadora Dignore Olaya Hernández (madre de la directora, fue absuelta); la psicóloga Jennifer Stefania Salcedo; las enfermeras Yenny Carolina Camelo Osorio (Q. E. P. D., falleció en marzo de 2020 en la ciudad de Manizales) y Paola Andrea Tique Vera; y los formadores Paula Andrea Patiño Buitrago, Claudia Maritza Flores Medina, Claudia Lorena Pedraza Henao, Ángel Duván Serna Molina (condenado a 8 años y 39 días en 2018 mediante preacuerdo con la Fiscalía) y Edison Jaber Calderón Espitia.La institución, ubicada en el barrio La Pola de Ibagué y dedicada a la atención especializada de menores con discapacidad mental o condiciones psicosociales, quedó en el centro de una investigación que reveló presuntos episodios de maltrato y sometimiento.Uno de los elementos que tomó fuerza durante la investigación fueron las denuncias sobre las llamadas contenciones físicas, procedimientos que, según la Fiscalía, debían contar con autorización médica especializada.En el proceso se estableció que algunas de esas prácticas habrían sido realizadas sin la autorización correspondiente. Incluso se investigó la elaboración de órdenes con contenido falso para justificar determinadas inmovilizaciones.Uno de los primeros resultados judiciales llegó en 2018, cuando Ángel Duván Serna Molina, quien trabajaba como formador en la institución, aceptó mediante un preacuerdo su responsabilidad por los hechos investigados. La justicia le impuso entonces una pena de ocho años, un mes y nueve días de prisión.La Fiscalía señaló en ese momento que Serna Molina había participado en 129 procedimientos de contención considerados inhumanos dentro de la investigación.
La Selección Colombia parte como favorita para el amistoso frente a México, según el análisis del periodista mexicano Gustavo Mendoza, de ESPN, quien habló en Blog Deportivo sobre el encuentro que marcará el inicio de la era de Rafa Márquez al frente del combinado azteca. Aunque el comunicador reconoció que México afrontará el compromiso con expectativas moderadas en cuanto al resultado, señaló que el equipo colombiano llega con una ventaja por la continuidad del proceso que lidera Néstor Lorenzo.Mendoza explicó que una de las razones para considerar favorito a Colombia es el antecedente más reciente entre ambos seleccionados, especialmente el triunfo 4-0 conseguido por la tricolor cuando México era dirigido por Javier Aguirre. A esto se suma que, en su opinión, el equipo colombiano mantiene una estructura de trabajo más consolidada, pese a las ausencias de varios futbolistas que estuvieron en el Mundial y que no harán parte de esta convocatoria.“Simplemente no se nos borra de la mente el 4 a 0 de Colombia con Javier Aguirre”, afirmó el periodista.Mendoza también señaló que la situación es diferente para México, debido a que este partido representa el comienzo de una nueva etapa con Rafa Márquez, quien asumió el cargo después de la salida de Aguirre y todavía está implementando sus ideas en el equipo nacional.Las ausencias de MéxicoEl periodista mexicano también puso sobre la mesa las bajas que tendrá su selección para el compromiso. Julián Quiñones y Raúl Jiménez no estarán disponibles por lesión, mientras que Edson Álvarez atraviesa una situación que le impide participar. Además, la convocatoria tuvo una particularidad: el cuerpo técnico solamente pudo llamar inicialmente a dos jugadores por club, situación que afecta especialmente a Chivas, equipo que constituye una de las bases del seleccionado mexicano.“México arranca de cero”, aseguró al explicar su percepción sobre el proceso de Márquez, aunque aclaró que espera que el exdefensor consiga potenciar al seleccionado mexicano.El partido entre ambas selecciones será este sábado, 26 de septiembre, desde las 8:00 de la noche.
La llegada de Joaquín Gutiérrez a la presidencia de Ecopetrol abre una nueva etapa para la compañía y desde el Congreso ya advierten cuáles serán los principales desafíos de su administración.Aumentar las reservas y la producción, garantizar el abastecimiento de gas, fortalecer las finanzas y definir el futuro de la transición energética están entre las prioridades señaladas por senadores y representantes.Recuperar las finanzas y la confianza en EcopetrolUno de los primeros desafíos planteados desde el Congreso está relacionado con las finanzas y el gobierno corporativo de la compañía. Juan Espinal, presidente de la Comisión Quinta del Senado, aseguró que Gutiérrez tendrá que recuperar las finanzas de Ecopetrol, pero también fortalecer la confianza y el gobierno corporativo.“Recibe una empresa con un debilitamiento económico lamentable. En el gobierno Petro las utilidades de Copetrol cayeron en un 72%. Al doctor Gutiérrez, de la mano de la junta directiva, le corresponderá recuperar, además de las finanzas, la confianza y el gobierno corporativo, retomar el negocio de la producción de gas natural y de petróleo”, aseguró Espinal.La senadora María Clara Posada también puso el foco en la rentabilidad y los costos. Según explicó, Ecopetrol venía de tres años de caída de utilidades hasta 2025 y, aunque los resultados mejoraron en 2026 por los precios internacionales, considera necesario que la compañía pueda mantener su rentabilidad incluso ante un escenario de menores precios del crudo.“El gobierno corporativo, que es determinante el fortalecimiento de la institucionalidad. Después de las controversias investigaciones de los últimos años, hay un desafío importante en recuperar la credibilidad, fortalecer controles y demostrar independencia en las decisiones para que no se afecte la inversión”, señaló Posada.Petróleo: aumentar reservas y volver a impulsar la exploraciónLa recuperación de las reservas y la producción de hidrocarburos aparece como otro de los principales retos.El senador Ariel Ávila, integrante de la Comisión Quinta, aseguró que la exploración y explotación petrolera deberá volver a convertirse en una prioridad.“El tema de exploración y explotación petrolera. Ese, en el gobierno de Gustavo Petro no fue una prioridad, por tanto, aquí se requiere esa prioridad para aprovechar los precios altos que tenemos en este momento del petróleo, que el barril de Brent está entre los 97 a 102, 103 dólares, el WTI 3, 4 dólares más barato, y eso, pues permitiría a la empresa despegar”, subrayó Ávila.Espinal también planteó aumentar la producción nacional de petróleo y defendió retomar el fracking como una alternativa para fortalecer las reservas probadas de petróleo y gas del país.A esta petición se sumó el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, quien aseguró que la nueva administración tiene la tarea de concentrarse en aumentar el valor de la compañía.“Colombia no puede darse el lujo de perder sus reservas ni de depender cada vez más de las importaciones”, afirmó Barguil, quien sostuvo que el país necesita una compañía “fuerte, eficiente y estratégica para la seguridad energética”.Gas: garantizar el abastecimiento y llevar los descubrimientos a producciónEl gas es otro de los asuntos que genera preocupación entre integrantes del legislativo.El representante a la cámara Alejandro de la Ossa, señaló que uno de los retos será lograr que los descubrimientos de gas del Caribe dejen de ser únicamente recursos encontrados y lleguen efectivamente a producción. Para ello, considera necesario resolver asuntos de infraestructura, licenciamiento y relacionamiento con las comunidades.El senador Miguel Ángel Barreto también advirtió sobre el riesgo de un racionamiento de gas y pidió acelerar la entrada de nueva oferta nacional.“Necesitamos, de manera urgente, explorar y explotar gas en nuestro país. Necesitamos solucionar el tema de las consultas previas y las licencias ambientales. Necesitamos que los nuevos proyectos ingresen de manera inmediata, como el proyecto Sirius de la costa Caribe de nuestro país”, aseguró.Por otro lado, el senador Marcos Daniel Pineda también puso entre las prioridades reducir la dependencia del gas importado, que según aseguró, ha aumentado hasta un 30%.Ariel Ávila también alertó sobre las necesidades de abastecimiento durante los próximos años, especialmente ante la incertidumbre internacional y los retrasos que, según señaló, enfrentan proyectos de regasificación.¿Cómo continuará la transición energética?El futuro de la transición energética es otro punto sobre el cual el Congreso pone la mirada.El senador Kevin Paz, defendió que Ecopetrol mantenga su carácter público mayoritario y continúe transformándose de una compañía exclusivamente petrolera hacia una empresa productora de diferentes energéticos.“Petróleo, gas, energía solar, eólica, hidrógeno blanco, gris, azul y verde, e iniciar la explotación de de geotermia, cuyos pilotos ya están diseñados. Igualmente, considero importante que la empresa mantenga en su junta directiva la participación de los trabajadores”, planteó Paz.Mientras tanto, De la Ossa aseguró que el desafío será desarrollar nuevas fuentes de energía sin debilitar de manera anticipada la producción de petróleo y gas que todavía requiere Colombia y que, además, puede generar los recursos necesarios para financiar esa transición.Cuestionamientos al nombramiento de Joaquín GutiérrezMás allá de los desafíos que tendrá la nueva administración, desde algunos sectores del Congreso también surgieron cuestionamientos sobre la elección de Gutiérrez.El representante José Luis Bohórquez, del Pacto Histórico, cuestionó su experiencia específica en hidrocarburos.“No hay idoneidad del señor para el cargo. El señor es especialista en la gerencia de proyectos de telecomunicaciones, es especialista en derecho a las telecomunicaciones, es especialista en servicios de la salud. Y en Ecopetrol, pues ni telecomunicaciones ni salud, sino que es hidrocarburos, gas, petróleo, entre otras cosas”, afirmó Bohórquez.El representante Mauricio Toro, de la Alianza Verde, también cuestionó la cercanía entre el nuevo presidente de Ecopetrol y el presidente Abelardo de la Espriella.“Cuando el cargo más importante de la empresa se entrega al jefe de campaña del presidente, pues el mensaje que Ecopetrol se reparte como botín electoral es muy grave. Eso lo criticamos con Petro y con Roa, y lo criticamos igual hoy. Abelardo De La Espriella llegó diciendo que iba a devolverle la técnica a Ecopetrol después del caso Roa, y eso resulta ser falso. Y lo primero que hace, pues es repetir exactamente el mismo patrón”, aseguró.Mientras tanto, desde el Centro Democrático, el representante John Jairo Berrío defendió la experiencia administrativa y empresarial de Gutiérrez.“Esos mismos que lo cuestionan, se les olvidó que Petro nombraba bachilleres de ministros y hasta directores del DPS. Hay que hacer buena memoria. Esperemos que este señor arranque y a ver cómo le va. Yo le auguro mucho éxito”, afirmó.Por su parte, el vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, también señaló que Gutiérrez no cuenta con experiencia directa en el sector petrolero, pero destacó que Ecopetrol tiene en su interior trabajadores con conocimiento técnico y experiencia.“Necesitamos un ecopetrol que siga generando utilidades, que siga generando riqueza. Eso es lo que te va a hacer. Y el fracking es más el costo de la operación que la ganancia que genera”, agregó Ocampo.
En las imágenes conocidas por Blu Radio se observa a Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera, esposado y escoltado por agentes de Interpol y uniformados de la Policía, mientras es trasladado para su extradición a los Estados Unidos. En una de las imágenes, aparece firmando documentos durante el procedimiento judicial relacionados con su extradición, mientras que otras registran su salida de un vehículo de seguridad y el momento en que era conducido por los agentes antes de continuar con el traslado.La operación comenzó la noche del jueves, cuando salió de la cárcel La Picota hacia CATAM y. posteriormente. fue llevado a Barranquilla. Allí, Interpol formalizó su entrega a agentes de los US Marshals y la DEA. A las 10:39 de la mañana de este viernes 25 de septiembre despegó desde el Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el avión Falcón 2.000 chárter que lo lleva a territorio estadounidense.Con el despegue de la aeronave terminó un operativo que comenzó desde la noche del jueves en Bogotá y que incluyó su salida de la cárcel La Picota, un traslado bajo fuertes medidas de seguridad hasta CATAM, un primer vuelo hacia Barranquilla y, finalmente, su entrega judicial a las autoridades de Estados Unidos.Antes de abandonar territorio colombiano, Interpol realizó en Malambo la entrega formal de ‘Araña’ a personal de los US Marshals y la DEA, que desde ese momento asumió su custodia. El procedimiento contó con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella, quien estuvo al frente del protocolo entre las autoridades colombianas y estadounidenses.Las imágenes también muestran el momento en el que ‘Araña’ es sacado de un vehículo de la Policía bajo una estricta escolta. El peligroso cabecilla aparece con chaleco táctico y casco, mientras varios uniformados de la Dijín e Interpol rodean cada uno de sus movimientos.En otra de las fotografías se observa al detenido frente a una mesa, firmando documentos mientras permanece esposado de pies y manos y custodiado por los agentes, en lo que corresponde a parte del protocolo previo a su entrega a las autoridades estadounidenses.La extradición había sido autorizada previamente, pero su entrega permaneció suspendida mientras Rojas participaba como representante de los Comandos de Frontera en los diálogos de paz del Gobierno de Gustavo Petro.El 26 de agosto de 2026, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó hacer efectiva la entrega, junto con la de otros cuatro integrantes de estructuras criminales, al señalar que no se habían acreditado aportes verificables al proceso de paz.Estados Unidos lo acusa de conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo; según el Departamento de Justicia de ese país, la acusación sostiene que habría participado en un acuerdo para distribuir cocaína destinada a ser introducida ilegalmente en Estados Unidos y que habría proporcionado apoyo de valor a personas u organizaciones vinculadas con actividades terroristas.