El pasado 19 de julio, la Procuraduría General de la Nación, en un fallo de primera instancia, destituyó e inhabilitó entre 12 y 14 años a los cinco miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía de Popayán, quienes participaron en la detención de Alison Salazar, una joven de 17 años que estaba grabando un video durante la jornada de paro nacional el 12 de mayo de 2021. Luego de ser llevada a una URI y posteriormente entregada a su abuela, Alison se quitó la vida.A través de su perfil de Facebook, Alison denunció minutos antes que había sido víctima de agresiones y abusos por parte de los policías que la retuvieron ese día. Luego de años de pruebas, testimonios y juicios, los uniformados fueron destituidos, pero, según aclaró el abogado de la familia Salazar, Iván Daniel Oviedo, en diálogo con Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, se determinó que no hubo abuso sexual, aunque sí un abuso de fuerza.De acuerdo con Oviedo, dentro del caso se investigaron los “comportamientos contrarios a sus obligaciones como servidores públicos”. Así, explicó, se “investigó y se estableció que existió una privación injusta de la libertad, es decir, que no había ningún motivo para retenerla y trasladarla a la URI” y, tampoco para ejercer ningún tipo de fuerza contra ella y “más como lo hicieron, cargada y sometida”.Elizabet Miranda Erazo, madre de Alison, comentó que, aunque será “muy difícil de superar” la muerte de su hija, se siente tranquila al saber que se está haciendo justicia y el caso no quedará impune, como otros cometidos por la Policía.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF“Ha sido muy difícil, muy duro todo esto. Tengo muchos inconvenientes porque tengo mis otras hijas y en momentos siento que ya no puedo más (…) Ella (Alison) tenía el mismo carácter que yo. Es muy duro, jamás pensé que me podía pasar una cosa de estas; sé que será difícil de superarlo, pero le doy gracias a Dios de que esto no va a quedar así”, relató.Erazo añadió que aunque su hija no fue abusada sexualmente, todo lo que pasó en la URI y lo que sintió la llevó a tomar la decisión de quitarse la vida, sumado a los comentarios de las redes sociales.“Como mujer me imagino lo que ella sintió en ese momento y uno sabe que ella se sintió, no sexualmente abusada, pero la forma en cómo la trataron la llevó a eso. Como mamá es mucho más difícil, fueron 17 años en los que compartí con ella. Siento tranquilidad porque se está haciendo justicia y no va a quedar como muchos casos”, mencionó.Luis Arvey Salazar, padre de Alison, enfatizó que el “dolor no se cura con el fallo” de la Procuraduría, pero que la justicia está tomando curso.Al respecto, el abogado Oviedo afirmó que están “conformes con la decisión de destitución” a los cinco policías y que, ahora, están adelantando otras acciones legales entorno a la reparación de la familia.Vea todas las entrevistas completas en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:Escuche la entrevista completa aquí:
En un informe de 35 páginas destinado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fiscalía presentó un balance sobre las actuaciones investigativas y de interlocución que ha llevado a cabo con ocasión a los hechos ocurridos en el marco del paro nacional, desde el 28 de abril de 2021 hasta el 6 de junio de 2021.En el informe, la entidad anunció que imputará cargos a un policía que participó en el procedimiento de traslado a la URI de Popayán de Alison Meléndez, la menor de 17 años que denunció un supuesto abuso sexual y posteriormente se quitó la vida.“Es importante mencionar, como caso emblemático, la presunta agresión sufrida por una menor de 17 años de edad por parte de miembros del ESMAD y del GOES de la Policía Nacional, en la ciudad de Popayán. La acción inmediata, por parte de la delegada para la Seguridad Ciudadana, consistió en articularse con la Dirección Seccional respectiva y poner en marcha la estrategia de reacción del grupo de trabajo de género, con el desplazamiento al lugar de los hechos, junto con investigadores de apoyo. Así, se recaudaron entrevistas, videos, extracción de información de redes públicas, extracción de información de aparatos electrónicos manipulados por la menor, reconstrucción y levantamiento en 3D del lugar de los hechos, entre otras. Por estos hechos, ya se tiene programada una audiencia de formulación de imputación en contra de un integrante del ESMAD”, dice el documento.Según el informe, hay reportadas 14 mujeres víctimas de violencia, un policía y 13 civiles.Dice el documento que han fallecido 51 personas desde el 28 de abril al 5 de junio. Sin embargo, que solo 21 de estas muertes están relacionadas directamente con la protesta social, es decir, se están investigando como homicidios; 11 siguen en proceso de verificación y los otros 19, aunque sucedieron durante la jornada del paro nacional, no fueron en el marco o con ocasión de la protesta.Además, de los 21 homicidios que están siendo investigados, dice el ente acusador, ha capturado los presuntos responsables de 4 casos que son: el del capitán Jesús Alberto Solano Beltrán, el del joven Santiago Andrés Murillo Meneses, el del joven Brayan Fernando Niño Araque y el del menor Marcelo Agredo, perpetrado en Cali.Sobre los desaparecidos, dice el informe, existen tres denuncias por la comisión del delito de desaparición forzada en el marco de la protesta que cursan en la FGN y que se encuentran en etapa de indagación; dos de ellas son por hechos ocurridos en el departamento de Antioquia, y una en el Valle del Cauca.“En los tres casos las víctimas son hombres y en dos de ellos se reporta que fueron aprehendidos en vías públicas. Adicionalmente, todos los hechos reportados en estas tres noticias criminales tuvieron lugar entre el 2 y el 20 de mayo de 2021. Las tres denuncias están siendo investigadas por la FGN, pues cuentan con suficientes datos de identificación de la víctima y se conocen suficientemente las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho denunciado”, dice el documento.Al 6 de junio de 2021, se reportan 328 personas ubicadas, pero se sigue tras la búsqueda de otros 91.Por otro lado, informa el ente acusador, que se han capturado en flagrancia a 1136 personas, por hechos de vandalismo; 224 de ellas se les ha formulado imputación.“Igualmente, del total de personas capturadas, 921 han sido dejadas en libertad. Es importante precisar que el número de libertades otorgadas por la misma Fiscalía es elevado, dada la exigente evaluación constitucional y legal de los informes de policía en casos de captura en flagrancia, que son estudiados a la luz de los requisitos de inferencia razonable de autoría y participación previstos por la ley procesal penal”, añadieron.
La Fiscalía descartó el supuesto acceso carnal violento contra la joven Alison Meléndez, quien se quitó la vida después de denunciar a miembros de la fuerza pública por tocamientos.Según fuentes de la Fiscalía, después de revisar las cámaras de seguridad los fiscales descartaron el supuesto abuso sexual del que se estaba hablando en las redes sociales contra la joven Alison Meléndez. Los videos de la unidad la Policía mostrarían que no pasó nada irregular.Sin embargo, siguen indagando el caso por presunto exceso de la fuerza pública y acto sexual, teniendo en cuenta que la menor, en un video que se hizo viral, denunciaba que estaba siendo trasladada a la fuerza por cuatro uniformados y que se le estaba cayendo la ropa durante este proceso.Una de las piezas claves en la investigación será una autopsia psicológica con la que se busca establecer cuál era el contexto de la joven y lo que pensaba acerca del suicidio.De esta manera, la Fiscalía descartó abuso sexual contra la joven Meléndez, quien se quitó la vida después de denunciar a miembros de la fuerza pública por tocamientos.La semana pasada, la Fiscalía había anunciado un equipo especial para investigar los hechos, que, según la Policía nunca sucedieron.“Este grupo cuenta también con un fiscal de la Unidad de Vida, investigadores del CTI y médicos legistas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que adelantan los actos urgentes. Entretanto, se desarrollan las actividades técnico – científicas y forenses, dentro de lo establecido en el Protocolo de Minessota, pertinentes; así como la recolección de evidencia física, elementos materiales probatorios y muestras biológicas, con el propósito de determinar la existencia o no del ilícito de agresión sexual, así como la causa de muerte”, informó la Fiscalía a través de un comunicado de prensa.
Juan Diego Ortega es uno de los jóvenes de primera línea que participó en las manifestaciones del viernes, 14 de mayo, en la ciudad de Popayán, mientras exigían justicia para Alison Meléndez, la adolescente de 17 años que se quitó la vida tras denunciar abusos sexuales de integrantes de la Policía.Ortega dijo que se convirtió en una víctima más del Estado cuando intentó salvar la vida de otro hombre, quien iba a ser arrollado por una tanqueta del Esmad."Mi primera reacción fue salir, empujarlo e intentar que se corriera. Lastimosamente en ese acto, cuando logro empujarlo, quien queda debajo de la tanqueta y es impactado por esta, soy yo", relató el joven.No recuerda mucho después del fuerte impacto que sufrió y que, además, quedó registrado en un video.Sin embargo, vinieron a la mente leves recuerdos, cuando despertó en la sala de un centro médico viendo solo por uno de sus ojos.En este momento, los médicos han confirmado que perdió el parpado, pero no se ha establecido aún si perderá la vista para siempre."La sensación fue que iba a morir. Solo recuerdo que abajo de la tanqueta habían unos ‘chuzos’ y unas cosas horribles que lastimosamente impactaron mi ojo", agregó la víctima.Juan Diego presenta múltiples traumas en su cuerpo y una fractura en el brazo izquierdo. A pesar de las heridas, dice que continuará resistiendo y "en pie de lucha"."¡Ni un paso atrás!", concluyó.Vea el video:
Este viernes en la noche, una turba de manifestantes protestó en Popayán tras la muerte de Alison Meléndez, una joven de 17 años que había denunciado abusos sexuales por parte de uniformados de la Policía. El sector se convirtió en un campo de guerra en el que volaban de lado a lado piedras, botellas y otros objetos. Las personas arremetieron contra la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía y la sede de Medicina Legal, arrojando mechas prendidas que provocaron el incendio de las instalaciones. "El ataque debe ser calificado como un acto terrorista. Un hecho delincuencial premeditado y organizado que tiene manos criminales detrás", manifestó el ministro de Defensa, Diego Molano. Cinco despachos resultaron afectados y en ellos se desarrollaban investigaciones relacionadas con información sobre crímenes y organizaciones criminales de hace muchos años, entre ellas la de 38 indiciados de actividades criminales y terroristas en el departamento del Cauca. "Un hecho mucho más grave, 51 armas entre las que se incluyen 15 fusiles, fueron robados de la Fiscalía General de la Nación", agregó Molano. Las autoridades confirmaron que, según labores de inteligencia, las estructuras planean continuar con los ataques en esta región contra la institucionalidad. Por ello, confirmaron que a Popayán llegaron seis secciones adicionales del Esmad y tres pelotones más del Ejército. Se decidió desde la administración municipal decretar la ley seca durante este sábado a partir de las 4:00 de la tarde y toque de queda desde las 6:00 de la tarde, buscando contener y evitar nuevamente disturbios.
La Defensoría del Pueblo se pronunció frente al caso de Alison Meléndez, la menor de edad de 17 años que, al parecer, se quitó la vida luego de presuntamente ser abusada por miembros de la fuerza pública en Popayán.La petición del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, fue agilizar las investigaciones alrededor del caso para así poder dar con los responsables del hecho. Además, a Medicina Legal le solicitó inmediatez en los resultados.“Solicitamos a Medicina Legal inmediatez y exactitud para esclarecer la situación de la menor fallecida en Popayán, no podemos permitir que haya ninguna duda sobre lo sucedido con la menor”, insistió el funcionario.Asimismo, indicó que desde la entidad estarán alertas para acompañar el proceso de investigación.Finalmente, insistió en la necesidad de obtener resultados rápidos, contundentes y esclarecedores. Por el momento, Camargo afirmó que desde la Defensoría se le está realizando el debido acompañamiento a la familia de Alison Meléndez.Vea el video:
Fuertes disturbios se registraron en la tarde de este viernes, 14 de mayo, en el sur de Popayán entre manifestantes y uniformados de la Policía Nacional.Los choques se registraron a inmediaciones de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía General de la Nación, ubicada en el sur de la capital del Cauca.Allí llegaron decenas de personas a reclamar justicia y el esclarecimiento por la detención de Alison Meléndez, la joven que denunció abuso sexual por parte de uniformados del Esmad y que la condujeron a ese sitio.La menor decidió quitarse la vida horas después de este procedimiento, según denunció en sus redes sociales. El caso es acompañado por defensores de derechos humanos.Los choques se iniciaron luego que encapuchados intentarán prender fuego a la sede de la URI, luego se extendieron a un colegio de la Policía el cual también intentaron vandalizar algunos encapuchados.Hasta el momento o se han reportado heridos, pero si muchas familias de los barrios aledaños han resultado afectados por el sonido de las explosiones y los gases lacrimógenos.
No para la polémica por el caso de la menor de edad de 17 años Alison Meléndez, en Popayán, que denunció violencia sexual por parte de cuatro policías en medio de una retención que le hicieron el pasado 12 de mayo, y quien posteriormente se quitó la vida.Aunque la Policía desde el inició negó que existiera un abuso sexual, el comandante regional de la Policía N.4, el general Ricardo Alarcón, confirmó que los cuatro uniformados implicados en la investigación fueron apartados temporalmente de su cargo.“Asumirán de manera directa su defensa, sus descargos y demás. Esperaremos los resultados de las mismas’’, dijo el general.De igual forma, la Procuraduría abrió indagación preliminar por la presunta retención y agresión sexual de la menor de edad. Fue designado un funcionario especial para dirigir el proceso “dada la trascendencia de los hechos como una posible violación de los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes”, afirmó la procuradora Margarita Cabello.
Un equipo especial de la Fiscalía liderado por la fiscal coordinadora del Grupo de Género viajó a Popayán para investigar los hechos en relación con la presunta agresión sexual contra Alison Meléndez, una menor de 17 años dentro de las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) en esa ciudad por parte, supuestamente, de un miembro de la fuerza pública, así como su posterior muerte.“Este grupo cuenta también con un fiscal de la Unidad de Vida, investigadores del CTI y médicos legistas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que adelantan los actos urgentes. Entretanto, se desarrollan las actividades técnico – científicas y forenses, dentro de lo establecido en el Protocolo de Minessota, pertinentes; así como la recolección de evidencia física, elementos materiales probatorios y muestras biológicas, con el propósito de determinar la existencia o no del ilícito de agresión sexual, así como la causa de muerte”, informó la Fiscalía a través de un comunicado de prensa.Sobre el tema, la vicefiscal Martha Mancera dijo que también se hará una autopsia psicológica.“Igualmente, hemos establecido dentro de la investigación la práctica autopsia psicológica que será muy importante para rodear el contexto en el que ocurrieron los hechos”, explicó.Finalmente, añadió que la idea es que en los próximos días se pueda establecer lo ocurrido y las circunstancias en las que falleció la joven.Este es el video del momento en que la joven fue detenida:
En medio de las protestas en Colombia se abrió una dura polémica por el caso de la menor Alison Meléndez en Popayán que denunció violencia sexual por parte de cuatro policías antes de quitarse la vida. Sobre el caso se pronunció en Mañanas BLU la secretaria de la Mujer en Popayán, Mariana Bermúdez y el comandante regional de la Policía, general Ricardo Alarcón. El oficial se reafirmó en que no hubo abuso.“Estamos adelantando todas las investigaciones en el marco de la confidencialidad”, dijo la funcionaria.“Es una situación muy dura, muy difícil. El padre de la menor hace parte también de la Policía y es un choque de emociones”, agregó.Bermúdez confirmó que existen videos que podrían confirmar o desvirtuar si se cometió un exceso de fuerza.“Ella es aprehendida por cuatro miembros del Esmad. La conducen a la URI, allí la ponen a disposición de Policía de Infancia y Adolescencia a las 9:10 deña noche y sale un poco antes de las 11:00 de la noche. Es entregada a la familia, lo que relata el escrito, es que está en buenas condiciones”, afirmó la funcionaria.“Lo que informa la familia es que ella pasaba cerca de las inmediaciones de la URI y que la aprehenden por estar grabando”, agregó.La secretaria de la Mujer de Popayán dijo que, en un Consejo de Seguridad, este viernes se solicitarán informes.“A título de evidencia en el video se ve a cuatro hombres que aprehenden a una menor. Ella denuncia que en el procedimiento la parte de su sudadera es bajada y sufre una situación de posible acoso”, comunicó la funcionaria.El brigadier general, Ricardo Augusto Alarcón Campos, comandante regional de la Policía número cuatro, calificó la información como noticia falsa y dijo que la menor nunca ingresó a un recinto policial.“Ella no fue accedía (carnalmente) en una estación de policía. Lo que se dio fue un forcejeo con una persona que estaba exaltada de quien no conocíamos en ese momento que era una menor de edad”, aseguró.“Supongo que en el forcejeo que se da (la bajada del pantalón), en el momento no se conoce si es menor de edad o mayor de edad. Cuando llega a la URI es que se determina eso”, dijo el oficial.De acuerdo con el oficial, las transmisiones en vivo permitirán establecer si se produjo algún abuso y dio a conocer que la Policía también registró los hechos. No obstante, aseguró que hasta el momento no es claro si a la menor le bajaron los pantalones.“Identificamos plenamente a los uniformados que estuvieron e iniciamos investigación disciplinaria y penal”, dijo.Escuche a Mariana Bermúdez y al general Ricardo Alarcón en Mañanas BLU:
Durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo, Antioquia se convertirá en uno de los principales destinos turísticos del país gracias a la programación de ferias y fiestas que se realizarán en más de diez municipios. Entre el viernes 26 y el lunes 29 de junio de 2026, habitantes y visitantes podrán disfrutar de conciertos, desfiles, gastronomía, actividades culturales y tradiciones populares.Municipios cercanos a Medellín, así como destinos en subregiones como el Oriente, Suroeste, Norte, Occidente, Magdalena Medio y Urabá antioqueño, prepararon una variada agenda para recibir a miles de turistas durante el puente festivo. Varios de estos eventos son gratuitos y representan una oportunidad para impulsar el turismo y la economía local.Fiestas en El Peñol Antioquia 2026Uno de los destinos más visitados será El Peñol, que celebra las tradicionales Fiestas del Viejo Peñol y del Embalse entre el 24 y el 29 de junio. Además de la programación artística, los asistentes podrán disfrutar de actividades náuticas, recorridos por el embalse y la reconocida oferta gastronómica del municipio.En el Occidente antioqueño, Sopetrán vivirá las Fiestas de las Frutas, mientras que Anzá celebrará las Fiestas del Cacique Curumé, ambas con una agenda que incluye tablados populares, muestras culturales, concursos y actividades familiares durante el puente festivo.El Oriente también tendrá una destacada programación. San Francisco realizará las Fiestas del Bosque y el Retorno, mientras que el corregimiento El Jordán, en San Carlos, será sede de las XXI Fiestas del Arriero, un evento que exalta las tradiciones campesinas y la historia de esta región antioqueña.En el Suroeste, Ciudad Bolívar recibirá a propios y visitantes con el Festival de la Piedra, mientras que Urrao desarrollará las tradicionales Fiestas del Cacique Toné, dos celebraciones que combinan música, cultura, gastronomía y actividades recreativas para todos los públicos.La programación también llegará al Nordeste y al Magdalena Medio. En el corregimiento San José del Nus, de San Roque, se realizarán las Fiestas del Río Nus, mientras que Puerto Berrío celebrará las Ferias y Fiestas del Retorno y Puerto Nare llevará a cabo las Fiestas Turísticas de San Juan y San Pedro.En el Norte del departamento, San Pedro de los Milagros tendrá las tradicionales Fiestas de la Leche y sus Derivados, Yarumal celebrará las Fiestas del Yarumo, y La Unión reunirá a visitantes con las Fiestas de la Papa, resaltando la vocación agrícola y ganadera de estas poblaciones.La agenda festiva también incluirá celebraciones en San Luis, con las Fiestas de la Madera; Arboletes, con las Fiestas del Mar y del Volcán; y Sabaneta, donde se desarrollarán las reconocidas Fiestas del Plátano, una de las celebraciones más tradicionales del área metropolitana.Con esta amplia programación, Antioquia ofrece múltiples alternativas para quienes buscan viajar durante el puente festivo sin alejarse demasiado de Medellín. Destinos como El Peñol, Sopetrán, Anzá, San Francisco y Ciudad Bolívar se perfilan entre los más atractivos para disfrutar de la cultura, la gastronomía y las tradiciones del departamento.
El colectivo Acuerdos Fundamentales, integrado por organizaciones científicas, gremiales y asociaciones del talento humano en salud, informó que sostuvo reuniones técnicas con el equipo programático de salud vinculado al proceso de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella, con el propósito de aportar propuestas frente a la situación que enfrenta el sistema de salud en el país.De acuerdo con el comunicado, durante los encuentros se abordaron temas relacionados con la sostenibilidad y estabilidad del sistema, el pago oportuno al talento humano en salud, la autonomía profesional, la autorregulación, la gobernanza del sector y la participación de los diferentes actores que hacen parte del sistema.El colectivo señaló que, como resultado de estos acercamientos, se acordó desarrollar una serie de tareas orientadas a construir propuestas técnicas enfocadas en soluciones para los pacientes, el talento humano en salud y el fortalecimiento del sistema. Asimismo, indicó que continuará participando en estos espacios desde una perspectiva técnica y constructiva.En el comunicado también se destaca la disposición al diálogo por parte del equipo de salud del gobierno entrante. El documento está respaldado por más de una veintena de organizaciones, entre ellas asociaciones científicas, colegios médicos, federaciones y gremios del sector salud, que manifestaron su intención de contribuir a la formulación de propuestas durante el proceso de empalme.
El reciente sismo que sacudió a Venezuela y que se sintió con fuerza en varias ciudades de Colombia como Cúcuta, Bucaramanga, Medellín y Bogotá, revivió el temor sobre la resistencia de las edificaciones en el país. En entrevista con Mañanas Blu, Gilberto Areiza, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), analizó el panorama actual y lanzó una advertencia clara: Colombia no está del todo preparada debido al alto costo que implica actualizar las estructuras más antiguas.Al ser consultado directamente sobre las estadísticas de actualización en el país frente a un sismo de gran magnitud, Areiza fue contundente. "No muy bien, y hay que ser sinceros", afirmó el experto, explicando que el principal obstáculo para asegurar los inmuebles es económico.El grave problema de los edificios construidos antes de 1984La normativa de sismorresistencia en el territorio nacional ha tenido una evolución histórica que marca una línea de seguridad muy clara para los habitantes de cualquier propiedad.Edificaciones posteriores a 1984: Cuentan con un buen nivel de seguridad. La primera norma oficial nació con la Ley 400 del 7 de junio de 1984, la cual tuvo actualizaciones posteriores en los años 1998 y 2010 (NSR-10).Edificaciones anteriores a 1984: Representan el mayor riesgo. Al no estar cobijadas por legislaciones estrictas, su resistencia ante un terremoto es una incógnita que depende enteramente de la rigurosidad del constructor de la época."Las actualizaciones sismorresistentes son muy costosas y dependen de la edad de la edificación", señaló Areiza. Como ejemplo de esta problemática, citó el caso del Hospital San Juan de Dios en Cali, una estructura indispensable construida en 1829 donde no se han podido realizar mayores intervenciones por falta de recursos.¿Se puede actualizar la sismorresistencia de un edificio viejo?El ingeniero explicó que sí es técnicamente posible mediante un procedimiento denominado estudio de vulnerabilidad estructural. Este análisis evalúa el comportamiento del inmueble frente a las exigencias de la norma vigente (NSR-10) y plantea una ruta de rehabilitación técnica.Bajo la ley colombiana, los hospitales, centros de emergencia y todas aquellas denominadas "edificaciones indispensables" tienen la obligación legal de realizar esta actualización para garantizar su funcionamiento tras un desastre. Sin embargo, en el sector residencial privado la situación es distinta y la inversión depende de las copropiedades.El peligro oculto en las obrasEl presidente de la AIS enfatizó que un buen diseño estructural en el papel no garantiza que el edificio soporte un terremoto si falla el control en la construcción. El talón de Aquiles de la infraestructura colombiana suele estar en la supervisión técnica de la obra.Un error común y crítico es el mal curado del concreto. Según datos compartidos por el experto, si este proceso no se ejecuta de forma correcta en la obra, el material puede llegar a perder hasta un 50% de la resistencia especificada en los planos, dejando la estructura en una situación de alta vulnerabilidad.Actualmente, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica trabaja junto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en una nueva propuesta para actualizar la norma sismorresistente del país, buscando mantener a Colombia bajo los más altos estándares científicos del mundo.
Seis rescatistas vinculados a Caldas ya viajaron a Venezuela como parte de la delegación colombiana que apoyará las labores de búsqueda, rescate y atención de la emergencia que enfrenta ese país.Tras el proceso de selección realizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los seis profesionales quedaron integrados al equipo de 62 integrantes que representa a Colombia en la misión humanitaria.Tres de los rescatistas hacen parte del componente médico, mientras que los otros tres cumplen funciones en operaciones de búsqueda y rescate, además de planificación y coordinación bajo el sistema USAR (Búsqueda y Rescate Urbano).La delegación caldense está conformada por cuatro integrantes activos de la Cruz Roja Colombiana, un miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chinchiná y un profesional de la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas, quien también integra el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Manizales.Con esta misión, Caldas aporta personal especializado a las labores humanitarias que adelanta Colombia para apoyar la atención de la emergencia en territorio venezolano.Desde la Gobernación de Caldas expresaron su reconocimiento a los rescatistas y reiteraron un mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano.
La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO, en coordinación con los 26 Bancos de Alimentos del país, puso en marcha una estrategia nacional para recolectar alimentos, productos de primera necesidad y aportes económicos destinados a atender la emergencia humanitaria provocada por los terremotos registrados en Venezuela. La ayuda será movilizada por vía terrestre y aérea en articulación con el Banco de Alimentos de Venezuela y Cáritas.Las mayores afectaciones se concentran en Caracas y en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, donde miles de familias requieren asistencia inmediata, según aseguró la organización.Para responder a esta situación, ABACO habilitó inicialmente 13 Bancos de Alimentos en diferentes regiones del país para recibir y clasificar las donaciones, mientras avanza la activación de toda la red nacional de 26 bancos. Entre los productos priorizados se encuentran alimentos no perecederos, agua, leche, granos, artículos de higiene, pañales, cobijas, kits de cocina y otros elementos esenciales que serán distribuidos entre la población afectada.El director de ABACO, Juan Carlos Buitrago, explicó que las donaciones llegarán a través de los bancos de alimentos de Bogotá y Cúcuta, desde donde serán transportadas por vía terrestre y aérea para su distribución, con el apoyo de Cáritas y el Banco de Alimentos de Venezuela. Además, invitó a la ciudadanía a realizar donaciones en especie o en dinero para cubrir tanto la compra de productos faltantes como los costos logísticos de la operación humanitaria.Los interesados pueden realizar donaciones en especie en los Bancos de Alimentos habilitados o hacer aportes económicos a través del portal donahoy.abaco.org.co/emergenciavzla2026 También está disponible la cuenta de ahorros Bancolombia 04867105340, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia – ABACO, con NIT 900326456-1, y la llave Bre-B 0090989753. Los recursos serán destinados a la compra de productos faltantes y al transporte de la ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.