La Gobernación de Bolívar declaró la calamidad pública en todo el departamento tras las emergencias generadas por las fuertes lluvias en los últimos días.Según datos de la Oficina de Gestión del Riesgo, en Bolívar se registran más de 15.000 familias damnificadas en 24 municipios. Además, hay más de cinco mil viviendas afectadas, 12 instituciones educativas inundadas y un total de 12 vías con daños y puentes afectados.A su vez, los campesinos reportan más de 2.500 cultivos afectados por las inundaciones y el desbordamiento de ríos.Daniel Franco, director de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Atención de Desastres de Bolívar, explicó que “son 24 municipios en calamidad pública; dos de ellos afectados por deslizamientos y los otros 22 por lluvias, erosiones y vendavales. Este consejo ampliado nos muestra que la problemática supera lo que habíamos registrado hasta ahora”.Entretanto, Franco señaló que la decisión de declarar la calamidad pública surge además tras la advertencia emitida por el IDEAM sobre la perturbación tropical AL99, que afectará al Caribe colombiano con lluvias y vientos de hasta 29 km/h.La gobernadora encargada, Adriana Truco, señaló por su parte que las emergencias superan la capacidad departamental y que se coordinará un plan de acción junto al Gobierno nacional para priorizar la atención en cada municipio afectado.Recientemente, a través de su cuenta de X, el gobernador Yamil Arana pidió al presidente Gustavo Petro incluir a Bolívar en el plan de ayudas y soluciones del Gobierno Nacional: “Presidente, no solamente el Chocó está en emergencia y la Alta Guajira; en Bolívar tenemos muchas afectaciones. Por favor inclúyanos dentro del plan de ayudas y soluciones”, escribió.
La situación de emergencia en el departamento de Santander ha obligado a aumentar el número de municipios en alerta roja."Actualmente, 56 municipios están en calamidad pública debido a las fuertes lluvias y desbordamientos de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra, obstrucción de caminos por árboles caídos, pérdida de la banca en vías secundarias y terciarias, y la caída de puentes", confirmó Eduard Sánchez, director de Gestión del Riesgo de Santander.Una de las situaciones más graves se registra en el municipio de San Vicente de Chucurí, donde "la quebrada Las Cruces se dividió en varios brazos y arrasó 5 puentes, 15 viviendas y mantiene incomunicadas a varios habitantes de veredas cercanas", según indicó Sánchez.Además, los organismos de socorro están en constante monitoreo y coordinación con administraciones municipales atendiendo emergencias en varios municipios de Santander.Las lluvias recientes en Santander hacen que se enfrente una grave situación por el desbordamiento de varios ríos y quebradas.En el municipio de Río Negro, específicamente en la vereda Venecia, la creciente del río Lebrija ha comenzado a inundar diversos sectores del corregimiento de La Tigra.Además, el río Guayabito en el municipio de Cimitarra también se ha desbordado, lo que ha generado un tránsito lento en el único corredor vial de salida y acceso, mientras se toman medidas preventivas para evitar mayores emergencias.En el municipio de San Vicente de Chucurí, la quebrada Las Cruces ha causado daños significativos. Mediante un sobrevuelo, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, verificó la magnitud de los daños y se encontró con una situación alarmante: más de 100 personas resultaron damnificadas, y cinco viviendas fueron destruidas por completo."Las personas afectadas han señalado que muchas de ellas viven en arriendo y que sus propietarios ya habían sido reubicados como damnificados durante las anteriores olas invernales", afirmó el Gobernador Juvenal Díaz quien manifestó que tomará acciones legales para que esto no vuelva a ocurrir sumado a destruir las viviendas que están cerca a la quebrada.El gobernador de igual manera confirmó que ha mantenido contacto con el Gobierno nacional, " solicitamos maquinaria pesada para contener posibles emergencias adicionales en otros municipios, también con el alcalde ante el Ministerio de Defensa, les pedimos un lote de 50 hectáreas para construir viviendas para las familias afectadas por las inundaciones".Óscar López, habitante de San Vicente y uno de los afectados, afirmó que "hace 13 años nos iban a construir en una zona, las viviendas alcanzamos a ver el predio, pero no sé que pasó y los recursos se perdieron y todo quedo en veremos".10.000 millones de pesos fueron solicitados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, recursos comprometidos desde julio pasado, con el fin de avanzar en la recuperación de los municipios afectados
La Guajira hace parte de los 27 departamentos del país que se encuentran atravesando por una grave crisis invernal que, inclusive, tiene a los municipios de la Alta Guajira incomunicados con el resto de la región por cuenta de las graves inundaciones que ha generado el desbordamiento de ríos y quebradas.Y es que, aunque este departamento se encuentra bajo declaratoria de calamidad pública desde el pasado 08 de noviembre, la cual permitió activar un plan de acción para atender a las más de 40.000 personas damnificadas, el gobernador Jairo Aguilar solicitó al Gobierno Petro apoyo “subsidiario y complementario” para efectos de entregar ayudas humanitarias y, además, que se atiendan las necesidades más urgentes. El mandatario, entre otras cosas, señaló que dentro de los municipios más afectados por los efectos que dejó a su paso la tormenta tropical ‘Rafael’ son Riohacha, Dibulla, Uribia, Manaure, Distracción y San Juan del Cesar.El gobernador Jairo Aguilar explicó que "en la Alta Guajira no tenemos vías, la comunidad está prácticamente incomunicada. Nosotros con la Armada Nacional esperamos que, en las próximas horas, realicemos la entrega de nuevas ayudas humanitarias, pero estamos por ahora resolviendo este tema", indicó. Así mismo, dijo que "necesitamos vías públicas que nos conduzcan a la Alta Guajira. La única que tenemos es privada y pertenece al Cerrejón". Aguilar instó a la ciudadanía a permanecer atenta a los canales oficiales y, de esta manera, seguir las recomendaciones para salvaguardar la vida e integridad.
En un video que público en sus redes sociales, el alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, le responde al director Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, quien 48 horas antes había denunciado que el mandatario de los girones había desaparecido y se había rehusado a deshacer el convenio para el giro de $180.000 millones.“Nosotros siempre hemos estado dispuestos, no estoy desaparecido, he ido muchas veces a Bogotá he ido a tocar las puertas porque me interesa solucionar las necesidades de los gironeses”Explicó por qué se negó a deshacer el convenio y por el cual la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tuvo que acudir a una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó la suspensión provisional del giro de los recursos.Gobernador de Santander pide los $180.000 millones de la UNGRD que no se giraron a Girón“Si hay una calamidad decretada hay unos recursos asignados, si llegase a pasar una situación contraria a que yo liquidara por mi voluntad ese FIC y llega a pasar una necesidad, una calamidad difícil en un momento difícil en nuestro municipio los primeros que van a salir implicados es el alcalde por no haber solicitado o recibido esos recursos “, dijo el alcalde Ramírez."Al director siempre le he manifestado y sigo esperando la cita para poder trabajar, sigo atento para lo que requieran desde la unidad, no me desaparecido, yo he ido varias veces a buscar las reuniones en la unidad y hemos estado atentos”, puntualizó.
El fenómeno del Niño sigue golpeando con fuerza a varios municipios de Santander por incendios forestales, escasez y desabastecimiento de agua. Por eso, las autoridades de San Gil anunciaron que, a partir de abril, comenzarán a cobrar de más a los usuarios del acueducto que desperdicien agua.La empresa de servicios públicos de San Gil, Acuasan, informó que, a partir de próximo primero de abril, empezará a aplicar el cobro doble por metro cúbico de agua a los usuarios que consuman más del máximo establecido por el Ministerio de Vivienda.El metro cúbico en la zona turística de Santander tiene un valor real de $1.567, pero las familias que consuman más de 26 metros cúbicos comenzarán a pagar el doble, señaló la empresa Acuasan.“Atendiendo la resolución emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, vamos a aplicar las sanciones a los usuarios de San Gil que gasten más de 26 metros cúbicos de agua al mes pagarán un excedente”, dijo Karen Cediel, gerente de la empresa de servicios públicos del municipio.Los recursos recaudados por consumo excesivo de agua en San Gil serán recaudados por Acuasan y luego girados al Fondo Nacional Ambiental.San Gil es uno de los 26 municipios de Santander que declararon la calamidad pública por los graves efectos del fenómeno de El Niño.El jefe de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Jesús Sánchez, señaló que los incendios forestales y la falta de agua en el departamento, obligan a las entidades a estar alerta y solicitó a la ciudadanía tener en cuenta todas las medidas necesarias para evitarlos ya que este tipo de emergencias seguirán ocurriendo hasta el mes de abril.“Para tener una mayor capacidad de respuesta ante las emergencias futuras, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, ha tenido comunicación constante, desde la sala de crisis departamental, con los comités de riesgos de los municipios más afectados por el fenómeno del niño”, dijo Sánchez.Entre los municipios con calamidad pública decretada en Santander están: Los municipios con calamidad pública son: Aratoca, Barichara, Cabrera, el Guacamayo, Los Santos, Vélez, Confines, Betulia, Suaita, Guapotá, San Benito, Carcasí, Capitanejo, San Vicente de Chucurí, Guavatá, Villanueva, Contratación, San Joaquín, Pinchote, Tona, Galán, Palmas del Socorro, Hato, Puerto Wilches, Mogotes, Carmen del Chucurí, Santa Helena del Opón y Simacota.
Habitantes de Cáqueza, Cundinamarca, denuncian problemas con el suministro del agua. Desde líquido amarillento, o incluso café, hasta días enteros en los que no llega el servicio a sus hogares. A estas situaciones son las que deben enfrentarse los ciudadanos del municipio desde hace más de dos meses, según afirman.El problema, insisten ellos, se ha presentado desde finales de diciembre. Aun así, con la administración actual tampoco han logrado efectuar soluciones concretas, ya que es una empresa privada la que opera el servicio de acueducto.“El alcalde que fungía en ese momento, el señor Jaime Carrillo, la entregó a una empresa llamada PROLATAM, que es una empresa cartagenera. Desde que ellos asumieron las riendas, el servicio se ha venido deteriorando, pero las facturas que nos llegan son más costosas”, dijo una de las denunciantes.Además de lo anterior, tanto en fotos y videos, se evidencia cómo llega el agua, principalmente café, a los hogares de los ciudadanos. Sin embargo, el gerente de la Empresa de Servicios Públicos, y quien supervisa a la entidad operadora, manifiesta que en sus labores de inspección se corroboró que esta es potable. También, indicó que el agua salió de esta tonalidad por errores en la operación ocurridos en febrero.“De los puntos que ellos dicen, supuestamente, es potable. Pero lo que nos está llegando a la casa, por la apariencia, por el color y por los olores que ya trae, decimos que no lo es”, agregan en las denuncias.Tras la problemática, los ciudadanos manifestaron su inconformidad el pasado miércoles 6 de marzo en frente de las instalaciones de la entidad. Con esto, acordaron, en conjunto con la prestadora del servicio, el suministro del agua a través de carrotanques que se dispondrán a partir del próximo miércoles de este mismo mes.De no cumplir, los denunciantes afirman que volverán a protestar el día 15 de marzo e, incluso, se tomarán la vía que comunica al llano para que sean escuchados por la Gobernación de Cundinamarca y las entidades correspondientes.
El río Magdalena parece desaparecer en su recorrido por el sur del Atlántico, donde, en menos de 2 meses, ha bajado cuatro metros su caudal, quedando solo con 1,97 metros, en lo que parece un raquítico brazo de agua que ya ni siquiera abastece los 14 bocatomas del acueducto que atiende a unas 60.000 familias de la zona. Es por esto que en la noche del lunes 29 de enero, el gobernador del Atlántico Eduardo Verano decidió declarar la calamidad pública para todo el departamento, con el fin de implementar medidas que permitan solucionar los problemas de captación de agua para municipios como Campo de la Cruz, con trabajos de dragado, pues a pesar de que ya son 52 las poblaciones, entre veredas y corregimientos, las que son abastecidas con carro tanques, ningún esfuerzo parece suficiente. “Declarar la calamidad pública nos permite actuar más rápido, de manera más eficiente, ante estas situaciones en las que los ciudadanos piden que el Estado intervenga de manera efectiva y eso es lo que hemos hecho todos estos días en los que trabajamos sin descanso y de manera conjunta con otras organizaciones para enfrentar los efectos de esta sequía”, indicó la secretaria de Agua y Saneamiento Básico del Atlántico, Lady Ospino.Pero no solo autoridades del Atlántico refuerzan medidas, en el departamento de Sucre, donde 11 municipios se han declarado en emergencia, para mitigar las afectaciones de El Niño, también están enviando carrotanques para abastecimiento de agua potable y se gestiona desde la Gobernación el mantenimiento de jagüeyes y la perforación de pozos.Mientras tanto en La Guajira, los wayúu lamentan porque Maleiwa, su deidad asociada a la naturaleza, no les ha mandado lluvias, por lo que las condiciones de sequía tienen a los 15 municipios del departamento bajo alerta roja, es decir, el territorio más árido del país está bajo un estado de máxima vulnerabilidad tanto para incendios forestales como para carestía de agua.
Ante los constantes incendios forestales y la intensa sequía que afronta la región, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, declaró oficialmente la calamidad pública. Esta decisión busca movilizar recursos y esfuerzos tanto a nivel local como nacional para enfrentar las emergencias y comenzar la tarea de recuperar las zonas devastadas por el fuego.Desde hace dos semanas, los incendios forestales han estado causando estragos en los alrededores de Bucaramanga, poniendo en peligro tanto la vida silvestre como las comunidades locales.La declaración de calamidad pública otorga al gobierno municipal una serie de herramientas y recursos adicionales para hacer frente a la crisis. Se espera que esta medida facilite la coordinación de los esfuerzos de respuesta, la asignación de fondos de emergencia y la implementación de medidas preventivas.“Hemos tomado una decisión muy importante con el Consejo Municipal de Riesgos y es establecer la declaratoria de calamidad pública por toda la situación que está viviendo el país, en especial el municipio de Bucaramanga y cada uno de sus corregimientos. Todos nuestros esfuerzos estarán establecidos para resolver los problemas que surgen de manera inmediata, pero también va una planeación para mitigar los problemas medioambientales y la salud pública de los bumangueses”, dijo el mandatario local.Además de las acciones inmediatas para contener los incendios, las autoridades locales también están trabajando en planes de recuperación a largo plazo para restaurar los ecosistemas dañados y apoyar a los campesinos afectados.“Hay cultivos que se están perdiendo o se están secando y necesitamos tener un plan de choque”, manifestó Jaime Goyeneche, edil de la Comuna 1.
El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se encuentra bajo alerta máxima por cuenta de los graves efectos que estarían generando tanto la erosión costera como el fenómeno de El Niño, para lo que ha sido emitido el decreto de calamidad pública.Recientemente una grave emergencia se presentó en la vía Circunvalar, en el sector San Luis, luego de que una gran parte de la calzada derecha de la calle Sound Bay se resquebrajara por cuenta de la arremetida del mar que afectó cerca de 25 kilómetros.Todo indica que, al parecer, la falta de obras de protección en la zona habría dejado desprotegida la vía, pues en otros sectores ya han sido construidos muros de contención para prevenir este tipo de emergencias.Inclusive, luego de un Puesto de Mando Unificado instalado, PMU, instalado desde la mañana de este jueves, se recomendó la movilización temporal de las personas con viviendas cercanas a la vía expuesta al oleaje.El gobernador de la isla, Nicolás Gallardo, solicitó al secretario de Infraestructura evaluar otros tramos de vía con riesgos similares para tomar medidas preventivas que eviten daños futuros y afectaciones a las familias.“Estamos dándole frente y solución a una situación que se ha venido viviendo por el fenómeno de El Niño y el cambio climático, lo que tiene que ver con el incremento de las olas que oscila entre 3.5 hasta los 5.0 metros de altura, lo cual ha generado un desprendimiento de la malla vial”, dijo.A su vez, Gallardo también explicó lo siguiente:“Ojalá hagamos unas obras de contención inmediatas, prontas y oportunas para poder afrontar esta situación que vivimos en el archipiélago, sin omitir que tenemos que ejecutar unos trabajos de mitigación porque habrían cerca de 30 familia que están en grave riesgo de inundaciones”.Así las cosas, se espera que con ésta declaratoria también se permita atender de manera urgente la afectación por el alto nivel del oleaje en los sectores de Rose Cay y Haynes Cay.Para la toma de medidas en materia de intervención de la infraestructura, hasta un equipo especializado del Instituto Nacional de Vías, Invías, con el objetivo de analizar las obras de intervención que se necesitan allí.Pese a que el ente nacional Invías propuso un muro de contención para el fuerte oleaje, la comunidad del sector manifestó que busca soluciones más profundas para la erosión costera, teniendo en cuenta que, año tras año, es una problemática que afecta las zonas costeras.La prioridad actual es la mitigación del riesgo de afectación sobre el resto de la vía y las viviendas aledañas, mientras se busca una solución definitiva.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, declaró la calamidad pública en el departamento para poder destinar recursos rápidamente, atender emergencias por incendios forestales y ayudar a los municipios que sufren por falta de agua por la intensa sequía.“Esto nos permite destinar unos recursos para recuperar el páramo y para atender emergencias como el desabastecimiento de agua. Tenemos 14 municipios en calamidad pública, unos 30 que están a punto de declararla; pero, sobre todo, lo que más nos duele es el páramo de Santurbán, no podemos escatimar esfuerzos, debemos tener todas las herramientas y toda la rapidez, para empezar a partir de mañana, pasado mañana a recuperar el páramo de Santurbán”, manifestó el mandatario.El gobernador de Santander manifestó que la medida ayudará en la recuperación de las zonas afectadas, sobre todo, las áreas de páramo y que todas las acciones se ejecutarán de manera trasparente y siguiendo los lineamientos de ley.“Necesitamos recuperar con urgencia las áreas que fueron afectadas, especialmente la zona de Berlín. Nos duele mucho lo que se ve en el páramo y necesitamos herramientas para poder atender cualquier emergencia ambiental (…) todo será mesurado y orientado a recuperar al páramo y demás áreas afectadas. Espero el apoyo de la ministra de Ambiente para que lo hagamos rápido. Necesitamos pasar del discurso a la acción”, explicó Díaz Mateus.La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo dispuso de 20 carrotanques y $300 millones de pesos para atender las emergencias en el departamento de Santander.
