Los rumores sobre supuestas salidas de Emilio Tapia de la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, a bordo de una camioneta blanca de su posesión, sin que esto tuviera algún tipo de autorización oficial, llevaron a la Procuraduría a abrir una indagación preliminar en búsqueda de evidencia que desvirtúe o confirme esta sospecha. Según expone el Ministerio Público, Tapia estaría saliendo a diligencias personales, a plena luz del día, sin que al respecto se tome algún tipo de sanción, pues dichas salidas "irregulares" estarían contando con la "presunta anuencia de la dirección y la guardia del penal", la cual se encuentra a cargo del Inpec. Para esto no solo pedirán registros de salidas, incluso para citas médicas, por parte de Tapia, sino también el registro de ingreso de vehículos y el detalle de los horario y funciones del cuerpo de custodia y vigilancia a cargo del polémico ex contratista. "Con la información recaudada, la Procuraduría definirá si hay mérito para abrir una investigación disciplinaria e identificará los posibles autores de la falta disciplinaria", indicó el ente a través de un comunicado. DefensaPrevio a la apertura de esta indagación preliminar, el pasado 17 de abril la directora del penal Elsy Torres, respondió un derecho de petición presentado por el mismo Tapia, en el que establecen que este recluso "no ha solicitado u obtenido permisos en los términos indicados en su solicitud para atender requerimientos personales o medicas fuera de este establecimiento". A la comunicación le agregan que las salidas del establecimiento solo se realizan en los vehículos del establecimiento y que, de ninguna manera, esto podría ser en un vehículo particular, tal y como se ha indicado en las denuncias publicadas a través de la red social X. "Los traslados o Remisiones de las Personas Privadas de la Libertad previamente verificados y autorizados, se realizan en los vehículos Institucionales con todas las medidas de seguridad establecidas bajo el manual de remisiones", expone el documento.
Dos años después de se destapara el escándalo de Centros Poblados que involucró al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y a la entonces jefe de cartera, Karen Abudinen lanzó un libro que cuenta su versión de los hechos.En entrevista con Mañanas Blu 10AM, la exministra Abudinen se refirió al escándalo de los 70.000 millones y al libro que escribió de 168 palabras, en el que recogió documentos, testimonios y evidencia para contar “su verdad”.Según la exministra, escribir el libro era importante hacer un recuento histórico para la vida, para su familia, para los ciudadanos y para hacer una reflexión frente a la ley 80."Yo creo que era importante hacer este recuento histórico para la vida, para mi familia, para, para los ciudadanos, para la gente, porque al final del día sí hay condenados. Algunos se acogieron a sentencias anticipadas. De hecho hay principios de oportunidades, pero aquí lo importante es cómo ocurrieron los hechos y por qué creo yo que hay que hacer una reflexión frente al tema de la ley 80, que es de las cosas que creo que tenemos que iniciar un debate frente a qué le hace falta a la ley 80", destacó Abudinen.Asimismo, la exjefe de cartera habló sobre los conetenidos que aborda en el libro y cómo se ha visto afectada, asegura, no solo ella, sino su familia por todo lo que se ha hablado en redes alrededor del tema."En el libro hay bastantes reflexiones frente a las bodegas, por ejemplo, que creo que a veces ni nosotros mismos entendemos cómo un contenido puede llegar a 90 millones, o sea, a 90 millones de usuarios, de impresiones. Como eso puede afectar la psiquis, inclusive no solo de mi persona y mi familia, sino inclusive de todas las personas que estaban trabajando en el Ministerio de las Tecnologías y Comunicación", comentó.Abudinen también defendió la decisión de entregar el contrato en ese momento que tomó porque dice que no podía haber tomado una decisión diferente porque la ley la llevaba a darle el contrato justamente a ese consorcio, pese a las alertas."Lo que pasa aquí y es importante es que ellos cumplieron con todos los requerimientos, tanto técnicos como jurídicos, como financieros. Dos. La empresa presentó una oferta que era más una oferta cerrada que cumplía con todo el tema de más tiempo, más velocidad, mejor servicio, más años. Entonces eso también conllevó a que esa empresa tuviera, no solamente digamos, cumpliera técnicamente, sino que también cumpliera proponiendo más cosas y más beneficios para los ciudadanos. Ahí, a pesar de las alertas porque son alertas, yo no puedo condenar a alguien donde yo no tengo una prueba", puntualizó la exministra.En ese sentido, Abudinen también reconoció las acciones que llevaron a cabo desde el ministerio que "cumplieron con todos los procedimientos que la ley exige"."Yo quiero como ser muy clara. A los cuatro meses de adjudicado este contrato, se caducó el contrato. Por eso, porque si no hubiéramos abierto un proceso de incumplimiento, si este proceso de incumplimiento no nos lleva a que hay una garantía falsa porque llamamos al garante y cumplimos con todos los procedimientos que la ley te exige, nunca jamás hubiéramos podido caducar el contrato ni adjudicárselo al segundo", detalló."A ellos les suspendieron todos los contratos que tenían con el Estado, que eran más de 4 billones de pesos. Entonces yo lo que creo es se hizo lo correcto. Se protegió 1 billón de pesos porque hay que pensar que el contrato no solamente era de 70.000, sino era de 1.7. (...) Hoy hay más de 8.000 colegios conectados. Los 70.000 están en manos de los criminales", aseguró.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Este lunes se tenía programada una audiencia preparatoria de juicio contra Emilio Tapia por el delito de peculado, pero se pospuso debido a que Tapia está tratando de alcanzar un acuerdo previo con la Fiscalía. En ese contexto, se comprometió a restituir la parte del dinero que debe en relación con el caso de Centros Poblados.El director Anticorrupción de la Fiscalía sostiene que la cantidad por peculado por apropiación asciende a 15.000 millones de pesos, de los cuales solo 6.000 millones corresponden a Emilio Tapia. Lo cierto es que el juez, en la audiencia de este lunes, le concedió plazo hasta enero a Tapia para reintegrar la mitad de la deuda, motivo por el cual devolverá 2,500 millones de pesos.La próxima audiencia se llevará a cabo en enero, y si Emilio Tapia ha cumplido con su parte y ha devuelto los 2,500 millones de pesos para esa fecha, la Fiscalía procederá a firmar un acuerdo previo que deberá ser avalado por un juez, permitiendo a Tapia obtener dicho beneficio.Cabe recordar que Emilio Tapia fue acusado por la Fiscalía por su presunta participación en graves hechos de corrupción relacionados con el contrato de 2020 suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la unión temporal Centros Poblados, que tenía como objetivo llevar internet a 7.000 escuelas rurales del país.Emilio Tapia se habría apropiado de una parte del anticipo que le fue desembolsado, exactamente 6,182 millones de los 70.000 millones de pesos del anticipo del caso de Centros Poblados, y con ese dinero habría adquirido obras de arte, apartamentos y automóviles de lujo. Esta suma deberá ser restituida para compensar a las víctimas.Puede ver:
La Contraloría General de la República anunció la imputación de responsabilidad fiscal por 69.000 millones de pesos por cuenta del escándalo Centros Poblados.El escándalo ocurrió cuando se descubrió que, el consorcio Centros Poblados 2020, embolató el anticipo que le dio el Gobierno para llevar internet a zonas rurales del país. La empresa presuntamente habría falsificado los documentos de pólizas de garantías por lo cual no hubo nadie que le respondiera al Gobierno por los recursos en el momento en que se incumplieron los compromisos.Según la Contraloría, tendrán que responder el exrepresentante legal del consorcio, los miembros de la firma de interventoría de este contrato y algunos funcionarios del Fondo de las TIC (que firmó el contrato)."De igual forma, se desvincula y archiva a 15 presuntos responsables fiscales en tanto que su actuar no comportó gestión fiscal”, señaló la entidad.Según la Contraloría, los interventores dieron aprobación a unas órdenes de pago sin la verificación integral de los documentos que la soportaban, es decir, sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para el acceso a dichos recursos, como la totalidad de los equipos para la instalación del grupo 1ª. El consorcio tampoco solicitó una reunión extraordinaria del comité fiduciario para que el Gobierno hubiera evitado el giro de los recursos, en razón al inminente incumplimiento en el cronograma de ejecución del contrato.Le puede interesar
Juan José Laverde, el testigo clave de la Fiscalía en el caso de Centros Poblados, firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía con el cual se suspenderá la acción penal y este martes, 29 de agosto, se conocerá si un juez avala esta negociación. Recordemos que Laverde fue condenado por un juez a 48 meses, pero en libertad condicional, es decir no irá a la cárcel por dos delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.Laverde, el corredor de seguros, habría participado en la falsificación de una póliza de seguros, requisito que determinó la adjudicación del contrato con Centros Poblados para llevar internet a colegios en zonas rurales de Colombia.Juan José Laverde, según la Fiscalía, habría incrementado su patrimonio de manera ilegal en 187 millones de pesos. La principal opositora de que se firme un principio se oportunidad siempre ha sido la agencia jurídica del Estado, pues aseguró que él ya ha recibido bastantes beneficios de la justicia.Con la firma de este principio de oportunidad, Laverde se comprometió a ser testigo en el juicio oral contra Emilio Tapia Aldana y Luis Fernando Duque, Jorge Alfonso Molina García, además de delatar a las demás personas involucradas a la investigación de Centro Poblados, donde se perdieron inicialmente 70.000 millones de pesos.El principio de oportunidad fijó un año como termino de suspensión de la acción penal, tiempo en el cual Juan José Laverde deberá colaborar con la justicia.Le puede interesar:
Juan José Laverde, el testigo clave de la Fiscalía en el caso de Centros Poblados, firmó un preacuerdo con la Fiscalía y este lunes, 10 de julio, se conoció el monto de la condena que debe cumplir, pues, según el juez, fue condenado a 48 meses, pero en libertad condicional. Asimismo, deberá pagar una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y estará inhabilitado para cargos públicos por dos años y seis meses.Laverde, el corredor de seguros, habría participado de la falsificación de una póliza de seguros, requisito que determinó la adjudicación del contrato con Centros Poblados por un valor de 1,07 billones de pesos para llevar internet a colegios en zonas rurales de Colombia.Recordemos que Juan José Laverde Ottomar Lascarro y Juan Carlos Cáceres, según las pruebas que tiene la Fiscalía, presuntamente, participaron en la constitución ilegal de la unión temporal Centros Poblados y presentaron pólizas falsas para poderse quedar con el millonario contrato, del anticipo donde se perdieron 70.000 millones de pesos.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFEn este momento está en trámite un principio de oportunidad de Juan José Laverde, donde él ya ha revelado información a cambio de suspender la acción penal en su contra. Sobre este principio se opone la defensa jurídica del Estado, pues aseguró que él ya ha recibido bastantes beneficios de la justicia. Esta posibilidad de suspender la acción penal contra Laverde se abrió cuando fue capturado, pues entregó información con la que se pudo capturar a Emilio Tapia y a Luis Fernando Duque, exrepresentante de la unión temporal.Laverde se comprometió a ser testigo en el juicio oral contra Emilio Tapia Aldana y Luis Fernando Duque y demás personas involucradas a la investigación de Centro Poblados, donde se perdieron inicialmente 70.000 millones de pesos.Le puede interesar:
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Emilio Tapia Aldana por su presunta participación en varios actos, precisamente, por contratos que se seguían en dos entidades públicas distintas, pues Tapia habría presentado pólizas falsas y la Fiscalía detectó irregularidades en el millonario contrato que pretendía llevar el servicio de Internet a las escuelas rurales del país y en dos proyectos de tratamiento de agua en Cali.Un fiscal contra la corrupción agrupó tres procesos que se seguían en contra de Tapia Aldana, en los que quedaron en evidencia maniobras ilícitas similares para quedarse con la contratación pública y apropiarse de recursos destinados a cubrir las necesidades de los colombianos.Sobre el escándalo de corrupción de Centros Poblados, la presunta responsabilidad de Tapia inicia con el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la unión temporal Centros Poblados, el cual pretendía llevar Internet a 7.000 escuelas rurales. Para quedarse con el negocio, Tapia habría contactado a dos personas para que aportaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la unión temporal, a cambio de 4.000 millones de pesos.Según la investigación, se conoció que Emilio Tapia Aldana recibió 6.182 millones de pesos de los recursos anticipados a la unión temporal. De esta suma, presuntamente, giró 1.118 millones de pesos a los dueños de las empresas que vendieron la experiencia de sus compañías. El resto, algo más de 5.064 millones, los habría usado para gastos personales ajenos al cumplimiento de cualquier contrato.Sobre los proyectos de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Tapia también estaría involucrado en la falsificación de varios documentos que fueron presentados en licitaciones en 2021, para desarrollar dos proyectos relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino fase uno, los cuales ascendían en valor a 3.798 millones de pesos y 2.414 millones, respectivamente.Uno de los requisitos exigidos a los oferentes era presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30 % del valor de cada uno de los contratos. Esta obligación no la cumplía el consorcio del hoy procesado. Por esta razón, habrían sido adulterados dos papeles denominados Certificados de Cupo de Crédito Aprobado, los cuales fueron presentados como soporte ante Emcali.Le puede interesar: señal en vivo de Blu Radio
El juzgado 40 penal del circuito Bogotá aprobó el preacuerdo de Juan José Laverde, testigo de la Fiscalía en caso Centros Poblados, y fijó para el 10 de Julio la fecha de la decisión donde se conocerá el monto de la condena y si le concede o no la prisión domiciliaria.Juan José Laverde, el corredor de seguros, habría participado de la falsificación de una póliza de seguros, requisito que determinó la adjudicación del contrato con Centros Poblados por un valor de 1,07 billones de pesos para llevar internet a colegios en zonas rurales.Por estos hechos, podría pagar cuatro años de cárcel, pero eso lo definirá el juez en la próxima diligencia, ya que podrían otorgarle detención domiciliaria. Laverde negoció un preacuerdo con la Fiscalía donde aceptó que cometió los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, pero tendrá que seguir delatando a más involucrados en el escándalo de corrupción de Centros Poblados.Laverde se comprometió a ser testigo en el juicio oral contra Emilio Tapia Aldana y Luis Fernando Duque y demás personas involucradas a la investigación de Centro Poblados, donde se perdieron inicialmente 70 mil millones de pesos.Le puede interesar:
Emilio Tapia es uno de los nombres implicados en el escándalo de Centros Poblados, proyecto que buscaba llevar internet a los lugares más apartados del territorio nacional. En los últimos días trascendió que inició un proceso de mediación en su caso.La Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, Martha Lucía Zamora, explicó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, en qué consiste esa figura y dio a conocer que este proceso lo va adelantar el Centro de Conciliación de la Universidad Libre.“El proceso sigue su curso normal. Es más, el lunes 10 de abril está convocada la audiencia de formulación de acusación de Emilio Tapia. Lo que significa que en eln o momento de justicia no hay ningún acuerdo que es lo que erradamente se está diciendo. Lo que sucede es que el Código de Procedimiento Penal establece una justicia restaurativa que es aplicable a todos los procesos cuando, lógicamente, la modalidad delictiva lo permita”, señaló Zamora.La funcionaria indicó que la figura de la mediación se busca una reparación, en este caso al afectado es el Estado. Además, reveló los detalles del particular sistema de mediar con un consultorio jurídico de un claustro universitario y explicó cómo la Universidad Libre llevará a cabo el proceso.“La Universidad Libre dividió el proceso en tres fases. El Consultorio jurídico que manejará el caso está guiado por una directora y un equipo de profesores y están fijando fechas para reunirse con los dos procesados y ver las propuestas que hagan”, manifestó.De acuerdo con Zamora, la mediación es una figura que trae el proceso penal y que permite lograr una reparación a la víctima, la cual hacen los procesados de manera voluntaria.Finalmente, la funcionaria indicó cómo se costeará el proceso de la Universidad Libre al frente del caso de Emilio Tapia y señaló que los consultorios jurídicos de las universidades prestan una labor social.Escuche la entrevista completa:
Después de que pasara un año y unos meses del escándalo del Ministerio de Tecnologías de la Información (MinTic) por los 70.000 millones de pesos que desaparecieron en un contrato de Centros Poblados. La exministra Karen Abudinen, quien se vio envuelta en esta polémica, aseguró en El Radar que existió una campaña de desprestigio en su contra por manipulación de cuentas rusas pro-Petro.“Desde que estaba el ministerio y cuando empezó toda esta campaña que descubrí ese desfalco a centros poblados, de inmediato lo denuncié, pero empezaron mis redes a llenarse de una cantidad de información que no entendia y lo que hice fue escribir nombre por nombre de quiénes eran esas personas que todo el tiempo estaban en contra (…) Hay 9 cuentas que revelaron e hicimos la investigación, resulta que estuvieron en este desfalco de Centros Poblados. Ellos hacían 212 tweets por día, 9 tweets por hora y una sola cuenta; se dedicaron a culparme como si yo me hubiera robado los 70.000 millones, como si yo hiciera parte de la corrupción. Esa mentira mediática se convirtió en una verdad e incluso para medios de comunicación”, aseveró.Cabe recordar que el periodista estadounidense Matt Taibb reveló una lista de unos supuestos archivos de cuentas rusas que se encargaban de hacer campañas de desprestigio en redes sociales. En una larga lista aparecen usuario que, presuntamente, hacían parte de una estrategia del Pacto Histórico, la cual Abudinen ya puso en materia de investigación.Abudinen mencionó que este movimiento mediático llevó a que ella se viralizara y se convirtiera en la culpable del desfalco de Centros Poblados; según ella, algo “injusto” y “loco” cuando fue la encargada de denunciar la situación y no entiende si Colombia no está lista para la gente honesta: “Estoy segura de que incluso algunos compañeros pensaron que yo me había robado ese dinero (…) Varios me han llamado a decirme que tenía la razón y era incontrolable. Fui tendencia 10 días”.“Ellos tenían una organización para lograr mantener tendencias e interponer un verbo ante la RAE, quien contesta que abudinear es robar en Colombia. Esto significa que estaba ligado a un solo objetivo: desprestigiar el gobierno de Iván Duque a través de una persona cercana y crearon una narrativa que hasta los medios de comunicación se creyeron (…) Se convirtió en un tema personal contra mí y también buscaron crear esa mentira para que quien cometió el delito quedara como libre. Cada día me queda más claro que las redes sociales hoy pueden matar personas, ya no se mata con un tiro, sino con un trino”, puntualizó.A su vez, la exministra criticó a los políticos que usaron esta campaña de desprestigio para conseguir votos en la recientes elecciones; una de ellas Katherine Miranda, quien para Abudinen uso su nombre para tener un lugar en la mesa del censo en Bogotá.Escuche la entrevista completa de Karen Abudinen en El Radar:
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) expresó su pesar por el fallecimiento, a los 85 años, de César Luis Menotti, reconocido entrenador que condujo a la selección argentina hacia la victoria en la Copa Mundial de 1978."A través de su cuenta oficial en X, la CONMEBOL lamentó el deceso de César Luis Menotti, una leyenda del fútbol y campeón mundial como director técnico de @Argentina en 1978. Nuestro más sentido pésame a sus seres queridos y amigos", anunció la organización.Del mismo modo, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, expresó su profundo pesar por la partida del 'Flaco' Menotti, quien también dejó su marca como entrenador en equipos como el Barcelona, el Atlético de Madrid, Boca Juniors y River Plate."Gracias, Campeón, por tu legado y por enaltecer a nuestro continente. Envío mis condolencias a sus familiares y a todo el fútbol argentino", compartió Domínguez en la misma plataforma digital.
El domingo, un bombardeo israelí en el sur de Líbano causó la muerte de cuatro personas pertenecientes a una misma familia, según informes de medios oficiales. En respuesta, Hezbolá afirmó haber lanzado "decenas de cohetes" hacia el norte de Israel.Los enfrentamientos en la frontera entre Israel y Líbano han sido constantes desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre, con intercambios de disparos casi a diario entre el ejército israelí y el movimiento islamista Hezbolá, aliado de Hamás palestino.El ataque israelí cobró la vida de cuatro personas en el pueblo de Mays al Jabal, según la agencia oficial de noticias libanesa (ANI), actualizando un balance previo de tres víctimas. Entre los fallecidos se encontraban un hombre, una mujer y sus hijos de 12 y 21 años, mientras que dos personas resultaron heridas.Una fuente de seguridad libanesa, bajo condición de anonimato, confirmó que las víctimas eran civiles.La misión de Unicef en Líbano expresó su pesar por la tragedia, llamando a un alto el fuego inmediato y a la protección de los niños y civiles. Instaron a que cesara la violencia.Testimonios reportados por ANI indican que los residentes de Mays al Jabal estaban inspeccionando sus viviendas y negocios, dañados en ataques anteriores, en el momento del bombardeo.Hezbolá anunció haber respondido con cohetes hacia Kiryat Shmona, en el norte de Israel, en represalia por el ataque en Mays al Jabal. El ejército israelí afirmó haber interceptado algunos de los aproximadamente cuarenta cohetes lanzados desde Líbano, sin reportes inmediatos de víctimas. Respondieron atacando "estructuras militares y terroristas de Hezbolá" en el sur de Líbano.Los informes también señalan ataques israelíes en varias áreas del sur de Líbano.Desde el inicio de estos enfrentamientos, al menos 390 personas han muerto del lado libanés, la mayoría combatientes de Hezbolá, junto con más de 70 civiles. En Israel, el balance oficial reporta la muerte de once soldados y nueve civiles.
El domingo falleció a los 79 años el actor británico Bernard Hill, reconocido por sus papeles secundarios en películas icónicas como "Titanic" y "El señor de los anillos", según informó su agente.Originario de Mánchester, Hill es recordado principalmente por su interpretación del capitán del "Titanic", Edward Smith, en la aclamada película de James Cameron de 1997.El actor falleció en las primeras horas del domingo, confirmó su agente Lou Coulson a los medios británicos.Además de su papel en "Titanic", Hill también dio vida al rey Théoden de Rohan en la trilogía de "El señor de los anillos", basada en la obra de J.R.R. Tolkien, que obtuvo un gran éxito en los años 2000. Asimismo, interpretó diversos personajes secundarios en películas como "Ejecución inminente" (1999), dirigida por Clint Eastwood, y "Las montañas de la luna" (1990), dirigida por Bob Rafelson.Hill también dejó su huella en la televisión británica, debutando en la década de 1980 con un papel destacado en la popular serie "Boys from the Blackstuff", donde interpretó a un desempleado.
A través de su cuenta de X, la senadora del partido movimiento alternativo indígena y Social (MAIS) Aída Quilcué, denunció la desaparición de 4 menores de entre 12 y 14 años, pertenecientes al Resguardo Indígena de Canoas, ubicado en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca.La senadora dijo que este domingo fueron reportados como desaparecidos, además, hizo un llamado a los grupos armados que los retienen, su liberación inmediata y la protección de su integridad.A esta situación de orden público, se suma el secuestro de los 3 funcionarios del CTI de la Fiscalía, dos fiscales y la esposa de uno de ellos, quienes fueron secuestrados en zona rural de este municipio por la columna ‘Dagoberto Ramos’ del Estado mayor Central y ya cumplen 16 días en los que aún no se ha tramitado su respectiva liberación.
Estos fueron los temas tratados En Sala De Prensa del 5 de mayo de 2024: Se conoció en primicia un audio de Olmedo López, exdirector de la UNGDR, en el que habla del escándalo por presuntos dineros entregados a congresistas, el exdirector oficialmente solicitó a la Fiscalía un principio de oportunidad para contar lo sucedido y a su vez mencionó que solo seguía ordenes.Angélica lozano, senadora del Partido Verde habló sobre las dicisiones al interior de esta colectividad y sobre el escándalo de corrupción en la UNGDR.Pedro Riveros, analista político de Blu Radio y Noticias Caracol habló sobre el escándalo de corrupción en la UNGDR.Juan Albarracín, profesor de la Universidad de Illinois y PhD en Ciencia Política habló sobre las protestas en las universidades gringas.Escuche el programa completo en el siguiente enlace: