En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
Carlos Felipe Useche García, hijo de la recordada juez Clemencia García de Useche, reveló detalles sobre la persecución que sufrió su madre y la batalla legal que emprendió ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) para que se revoque la amnistía y el indulto concedidos al M-19 tras la firma del acuerdo de paz. El proceso que inició Useche data de 2016, aunque su vinculación al caso se remonta a 2009.Decisión histórica de la juez Clemencia García de Useche (1992)La juez Clemencia García de Useche, descrita como una "mujer valiente" y una "juez de pueblo" por su hijo, dedicó más de 30 años a la rama judicial. En 1991-92, dentro de la entonces "justicia sin rostro" (justicia regional), se le asignó la "honrosa labor" de fallar sobre la toma del Palacio de Justicia, un expediente conocido como el famoso Proceso 4119, que constaba de más de 150 cuadernos.Tras meses de estudio riguroso, que incluyó la lectura de cada página y la revisión de videos y grabaciones de radio del proceso, la juez profirió una decisión en mayo de 1992. Esta no fue un fallo, sino una variación de la calificación jurídica provisional (aplicando el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal). La juez Useche decidió que, apegada al derecho internacional y a la Ley 77 de 1989 (ley de indulto), no podían quedar cobijados por el indulto los hechos de terrorismo, homicidio de civiles en condiciones de inferioridad y actos de ferocidad y barbarie.Técnicamente, ella no revocó el indulto, sino que respetó la ley al excluir lo que esta misma norma hacía "no indultable". Como resultado, ordenó la detención y captura de la entonces cúpula del M-19, en la cual figuraba el actual presidente de la República. Esta decisión causó una profunda controversia política, y la juez fue titular de los medios, siendo tildada de "enemiga de la paz". Posteriormente, el gobierno de la época presentó un "reindulto" ante el Congreso, promovido por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, para "subsanar" la decisión judicial.PersecuciónSegún Carlos Felipe Useche, su madre fue "perseguida como enemiga de la paz" y el estamento no le perdonó la decisión de 1992. Esta persecución llevó a que fuera detenida en las casas fiscales de la Picota.Carlos Felipe se involucró activamente en el caso en 2009. Tras una discusión con su madre, en la que esta le aseguró que la ley de indulto fue modificada en pocos meses (algo que él verificó, encontrando que Álvaro Uribe Vélez fue el ponente), él asumió la tarea de buscar el expediente. Encontró en el Tribunal Superior de Bogotá un proyecto de declaratoria de prescripción de los hechos.La petición ante la CIDH y la respuesta del EstadoEn 2015, Useche y Raúl Talero radicaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigara quién diseñó el plan y la estructura de la toma. Esta denuncia llevó al entonces fiscal Eduardo Montealegre a reabrir el proceso por los hechos.Posteriormente, en 2016, animado por el procurador Alejandro Ordóñez, Carlos Felipe Useche radicó la solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo la revocación de la amnistía e indulto del M-19. A la fecha, la CIDH no ha dado una respuesta definitiva.No obstante, el Estado colombiano ya se pronunció. En 2021, durante el gobierno de Iván Duque, el Estado se declaró en contra de esa posibilidad. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado negó que el Estado o la justicia colombiana hubieran obrado mal en los hechos de la toma del Palacio de Justicia.Useche lamentó que el país no aprovechara ese momento histórico para hacer un pronunciamiento moral en defensa de las víctimas.Escuche aquí la entrevista:
La reciente visita de un grupo de congresistas colombianos a Washington ha puesto de manifiesto la actual crisis política y social en Colombia. En el marco de esta visita, Carolina Arbeláez, de Cambio Radical y quien forma parte de la comisión que se ha reunido con diversas autoridades estadounidenses y organismos internacionales habló sobre cuál es el objetivo de la denuncia en el país norteamericano."Hemos venido cumpliendo una agenda muy importante, una agenda bilateral que busca mantener las históricas y decisivas relaciones entre Estados Unidos y Colombia", indicó Arbeláez. Esta agenda incluye encuentros con el senador Bernie Moreno y otros congresistas, así como una reunión programada con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se llevará a cabo el miércoles a las 11:00 a.m. Denuncias contra el presidente Petro Uno de los temas centrales de conversación es la actitud política del presidente Gustavo Petro. Arbeláez destacó que se entregará una denuncia formal ante la CIDH en la que se expondrán las intimidaciones y amenazas que ha recibido la oposición por parte del mandatario. "Vamos a hablar de los discursos de odio y de las amenazas dirigidas a los congresistas de oposición, que han incrementado en los últimos tiempos", agregó. Asimismo, se busca que la CIDH garantice los derechos políticos de la oposición y que se haga un llamado al presidente Petro para que modere su lenguaje y evite el clima de polarización que actualmente impera en el país. Arbeláez enfatizó en la importancia de abordar no solo las preocupaciones políticas sino también temas críticos como la salud y el estado del orden público en Colombia, contextos que están íntimamente relacionados con el bienestar social de sus ciudadanos. Preocupaciones sobre la soberanía colombiana Durante la entrevista, se planteó la reacción de otros actores políticos como la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien ha criticado lo que percibe como una violación de la soberanía colombiana por parte de quienes buscan intervención internacional. Arbeláez rechazó estas afirmaciones, aclarando que la búsqueda de protección de derechos y garantías no debe interpretarse como una falta de soberanía, sino como una medida necesaria para proteger a aquellos que se consideran en riesgo por el clima de hostilidad que ha creado el presidente Petro. "Estamos buscando la protección de nuestros derechos, el de la oposición y de los congresistas que han utilizado su criterio a la hora de votar", afirmó Arbeláez, argumentando que a pesar de la percepción de un supuesto bloqueo institucional, el Congreso ha aprobado más de 15 iniciativas durante la administración actual. Escuche la entrevista completa aquí:
Este lunes 8 de julio, se desarrolló una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos humanos, CIDH, sobre el seguimiento a las recomendaciones que han hecho desde este organismo referente a las vulneraciones a los derechos humanos que se presentaron durante el paro nacional en Colombia. Durante la audiencia, el Gobierno confirmó que está trabajando en un decreto para esclarecer los crímenes que se cometieron durante el estallido social, en 2021."Hemos recibido la orden del señor presidente de impulsar una Comisión de la Verdad que ayude a esclarecer los crímenes que sucedieron en el marco del estallido social en la ciudad de Cali y el departamento del Valle. Aspiramos, entre este mes y el otro, culminar la concertación del mismo decreto y que este comisión pueda ponerse en funcionamiento”, señaló Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior.Por su parte, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos explicaron que a finales de 2021 documentaron un total de 46 muertes en el contexto de las protestas, además, tienen registro de 60 casos de violencia sexual y 24 lesiones oculares contra civiles. Insisten en que se debe garantizar la protesta pacífica de manera amplia.“Nos preocupa que a 3 años del paro nacional no se haya aún logrado ninguna condena por muerte de personas que participaron en las protestas. Se ha logrado individualizar e imputar alrededor de 3 integrantes de la fuerza pública y 21 casos se encuentran en etapa de juicio”, aseguró Juliette De Rivero, representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se refirió al tema de la libertad de prensa en Colombia y a los recientes casos que se han registrado con la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, y la periodista María Jimena Duzán. En este pronunciamiento, la CIDH mostró su preocupación por los recientes señalamientos desde el Gobierno nacional."La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reconocen la legitimidad de la labor de la periodista María Jimena Duzán y la Flip, manifiestan su preocupación por los señalamientos y calificaciones proferidas en su contra desde la más alta autoridad del Gobierno y exhortan al Estado a brindar plenas garantías a su trabajo", aseguran desde la CIDH.Por otro lado, aseguran que los Estados deben asegurar un ambiente favorable para la deliberación pública."Los Estados deben asegurar un ambiente favorable a la deliberación pública; prevenir desde su discurso todo tipo de violencia contra la prensa; abstenerse de activar riesgo contra quienes ejercen la libertad de expresión y protegerlos ante amenazas", señala la CIDH.Manifiestan su preocupación por los señalamientos y calificaciones proferidas en su contra desde la más alta autoridad del Gobierno y exhortan al Estado a brindar plenas garantías a su trabajo.Petro critica la prensaEl presidente Gustavo Petro acusó a la prensa de mentir sobre su Gobierno y de querer destruirlo ante la opinión pública, ahondando así su enfrentamiento con el periodismo, del que dice que está alineado con "la extrema derecha".Así lo manifestó el presidente en un extenso escrito publicado en X en respuesta a una columna de la periodista Ana Bejarano en la revista Cambio, en la que defiende a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de los ataques del mandatario, de quien dice que está "en una cruzada contra la prensa" y que "necesita convertirse en la única fuente de la verdad"."El periodismo debe buscar siempre la verdad, por difícil que sea. Hoy, contrario a la verdad, se usa la mentira de manera generalizada, se ocultan fechas en titulares para endilgarle corrupción a este Gobierno cuando es de otros, o, peor, para hacer propaganda política en favor de la extrema derecha. Los grupos neonazis parecieran dominar el relato mediático", acusó Petro en X.
Los hermanos Omar y Cristian Hernández, testigos claves sobre el presunto apoyo de la criptomoneda Daily Cop a la campaña Petro Presidente, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando protección especial en medio del proceso.Según el abogado Víctor Muñoz, sus clientes han sido víctimas de dos atentados.“Recuérdese que el señor Omar Hernández ha sufrido dos atentados contra su vida, sin que hasta el momento se hayan tomado las medidas necesarias que garanticen su vida”, dijo el abogado Víctor Muñoz.Asimismo, el abogado dijo que el Estado colombiano no ha dado las garantías suficientes a los dos hermanos que dicen ser víctimas en el proceso.Daily Cop: acusaron a los cinco presuntos ‘cerebros’ de la captación ilegal de la cripto“Esta defensa se ha propuesto a comunicar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud pidiendo medidas de protección que el Gobierno colombiano no ha querido establecer a favor de mi cliente y en favor de la defensa, porque sentimos que existe una polarización política muy importante que pueda afectar los testimonios y sobre todo la seguridad de mi cliente”, agregó.No obstante, el abogado reiteró que aún hay tiempo para brindar esas garantías, en días pasados el mismo defensor expresó sentir temor e incluso su familia por llevar este caso.El pasado lunes, 29 de abril y, tras varios meses de la imputación, fueron acusados formalmente por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos Cristian Hernández, Omar Hernández, Leydi Góngora, Leonardo Galindo y Juan Piedrahita, excolaboradores de Daily Cop, implicados en la captación ilegal de dineros de la criptomoneda.Hay que decir que en el escrito de acusación no se mencionan aportes a la campaña del presidente Gustavo Petro; sobre este tema ha existido una polémica luego de que el testigo Omar Hernández, le pidiera a la Fiscalía someterse a un principio de oportunidad tras la entrega de una matriz de colaboración con detalles que explican cómo los dineros irregulares de la criptomoneda habrían terminado en donaciones, las cuales, aparentemente, eran de conocimiento de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y el gerente de la campaña en 2022.La sombra de Daily Cop sigue pesando sobre la campaña de Gustavo PetroDurante la audiencia, una vez se realizó la acusación, tanto la Fiscalía como algunos representantes de víctimas estuvieron de acuerdo en que las próximas diligencias debían tener el carácter de reserva.Luego de escuchar a las partes, la jueza Sexta Especializada de Cali dio la orden de reserva del juicio, considerando que “la publicidad en medios de comunicación podría incidir en los testigos de ese proceso”. Frente a esta decisión, los acusados podrán presentar sus nulidades el 6 de junio a la 1:30 de la tarde y el próximo mes de julio se espera que se dé inicio a las audiencias preparatorias donde se presentarán las pruebas que entrarán a juicio.
El excanciller de Venezuela Asdrúbal Aguiar, quien además es un reconocido abogado y experto en derecho internacional, se pronunció sobre presunta violación al derecho internacional en el caso del asilo político en la Embajada de México en Quito, Ecuador. En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, profundizó en el tema y explicó los principales aspectos legales involucrados alrededor de esto.Cabe recordar que la crisis entre México y Ecuador comenzó el jueves pasado, cuando el Gobierno de Daniel Noboa declaró persona no grata a la embajadora mexicana, Raquel Serur, en respuesta a comentarios que López Obrador hizo el miércoles sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y sus consecuencias electorales.Según Aguiar, el asilo político debe ser otorgado de acuerdo a las normas del derecho internacional y no de manera arbitraria o discrecional por parte de los Estados involucrados. En el caso de Ecuador y México, ambos países “han violado las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención Interamericana contra la Corrupción al otorgar y recibir el asilo político del vicepresidente ecuatoriano”.Desde su experiencia en la Corte Interamericana, dijo que, cuando casos similares ocurrían, no solamente se fijaban en el hecho, sino que tenían “necesariamente que incorporar el contexto”. De acuerdo con su explicación, “el derecho de asilo así lo implica”.“Por una parte, la potestad del Estado que va a otorgar el asilo de acordarlo, pero no de acordarlo de manera arbitraria o discrecional, sino conforme a las normas del derecho internacional y el Estado que se ve afectado puede otorgar o no el salvoconducto para que un asilado salga o no salga del país. ¿Qué ha ocurrido aquí? Efectivamente, Ecuador, por la vía de los hechos violenta la sede diplomática, con lo cual afecta su inmunidad territorial, contrariando las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, insistió.Violación del derecho internacional “de lado a lado”De acuerdo con el excanciller Aguiar, tanto México como Ecuador cometieron faltas en cuanto al derecho internacional. Esto, recalcó, es una parte de lo que viene sucediendo ya hace tiempo entre estos dos países, pues las relaciones “se venían deteriorando de una manera muy acelerada desde el momento en que el presidente López Obrador se inserta en los asuntos internos de Ecuador para cuestionar la validez de la elección del presidente”.“Por el otro lado, México, al otorgar al otorgar el asilo político al vicepresidente ecuatoriano, simplemente se cargó total, de una manera también directa, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de Palermo sobre el Crimen Transnacional organizado, porque necesitaba ver esos instrumentos para saber si podía o no conceder el respectivo asilo político. Así que estamos en una violación del derecho internacional de lado a lado”, detalló.
La Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos expulsó a Juan Fernando Petro. De acuerdo con Rodrigo Ricaurte, director de la entidad, “fue un gran error” el nombramiento de Petro, a esto agregó que su gestión fue nula.Hay que recordar que durante los últimos años Juan Fernando Petro ha sostenido reuniones en diferentes zonas del país gestionando acercamientos con el Gobierno nacional para resolver distintos problemas, especialmente en zonas apartadas o de conflicto.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Juan Fernando Petro respondió y aseguró que su nombre fue usado por la comisión, "indiscutiblemente usaron mi nombre para ser utilizado por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos". Además, calificó su salida como un boom mediático, el cual está siendo usado por Ricaurte, según lo dicho por el hermano del presidente Gustavo Petro."Lo que está haciendo el señor Rodrigo Ricaurte es generar un boom mediático, muy bajo es tratar a sus miembros de esa manera y tratar de ocultar las verdaderas razone por las cuales quisieron utilizarme", señaló. Reiteró que su trabajo ha sido junto a las comunidades, ir a los territorios, hablar y escuchar a la población. "No me he salido de mi filosofía de trabajar humanitariamente por las comunidades y los territorios. He ido a los territorios de las comunidades a hablar, a escuchar y eso es lo que estoy haciendo. No hay un solo periodista, investigador o alguien de la Fiscalía o alguien, alcalde o alguna ONG que diga que yo he ido a hacer negocios con las comunidades o en los territorios", defendió. En medio de esta controversia, Petro aseguró que continúa su trabajo en los territorios con el fin de generar visibilidad y apoyo para las comunidades que han sido históricamente olvidadas. Aunque reconoció que ser el hermano del presidente le ha dado una mayor visibilidad, enfatiza que su compromiso es personal y que busca generar un cambio en la sociedad.Escuche aquí la entrevista:
En las últimas horas, el congresista Pedro Suárez, del Pacto Histórico, radicó un proyecto de ley ante la Secretaría de la Cámara de Representantes para impedir que la Procuraduría General de la Nación inhabilite a elegidos por voto. La iniciativa consta de cuatro artículos, entre ellos, que el único que podría sancionar a estas personas serían un juez o en su defecto el Consejo de Estado, CNE."Busca poner a Colombia y a su legislación interna a tono con las normas internacionales en materia de derechos civiles y políticos, especialmente con las normas interamericanas con el sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las personas que sean elegidas por voto popular no pueden ser suspendidas o destituidas por autoridades administrativas", manifestó el representante del Pacto Histórico.Esto se da en medio del rifirrafe que han tenido el presidente Petro y la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, por las sanciones que este órgano de control a impuesto."Estamos dando cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros en el caso de Gustavo Petro Urrego contra el Estado colombiano y concretamente contra una decisión de la Procuraduría que le habría suspendido de su condición de alcalde de Bogotá”, expresó el representante.El último enfrentamiento entre el presidente Petro y la procuradora Margarita Cabello fue el pasado 27 de julio. El jefe de Estado le remitió un document de 24 página sobre su decisión. En mayo de este año, cuando la procuraduría ordenó investigar y suspender varios congresistas del Pacto Histórico también se presentó un altercado entre los altos funcionarios.Le puede interesar
Los integrantes de la bancada del Pacto Histórico, junto con los congresistas del Partido Comunes y la circunscripción indígena, anunciaron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que este organismo internacional adopte medidas cautelares que protejan los derechos políticos de los congresistas de esta coalición debido a que, según ellos, hay un claro hostigamiento de la Procuraduría General de la Nación en su contra.“La evidente ilegalidad de las actuaciones de la Procuraduría se evidencia en que en forma obstinada se arroga, por sí y ante sí, competencia para desvincular funcionarios de elección popular a pesar de los precedentes prohibitivos de la CIDH y el contenido de la Sentencia C-030 de 2023 proferida por la Corte Constitucional. Como es sabido, estas instituciones señalan indubitablemente, que la Procuraduría, por ser un órgano netamente administrativo, carece de funciones jurisdiccionales para separar de sus cargos a los funcionarios de elección popular”, señaló el comunicado.Los congresistas también critican la investigaciones que adelanta el ente de control disciplinario en contra de congresistas del Pacto Histórico como Wilson Arias, Alexander Lopez, Maria Jose Pizarro y Susana Boreal; así como la sanción que profirió en contra del senador Alex Flores en recientes días.“Tenemos información de procesos que se están adelantando de manera inédita e irregular por parte de la Procuraduría. Nos hemos abocado a hacer esta alerta nacional e internacional por lo que es un claro hostigamiento por parte de la Procuraduría”, señaló el presidente de la cámara de representantes David Racero.Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro respaldó el llamado del Pacto Histórico y los invitó a que la defensa de sus derechos políticos se haga también a través de las calles.“Es lamentable pero estamos en la misma situación de todos los países latinoamericanos. Usan la fiscalía y la procuraduría para resolver la política. Muy lamentable. Hay más de tres millones de electores que quisieron ser representados en el Congreso por el Pacto Histórico. Tienen derechos políticos y esos derechos son derechos humanos. No destruyan por favor, la democracia en Colombia. El Pacto Histórico debe saber que su defensa no es solo la CIDH y la justicia decente del país, su defensa es la convocatoria popular. No separarse del pueblo. Convocar las asambleas de inmediato en todos los municipios del país", dijo.Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC
La capacidad de atención está bajo presión en el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga. La institución declaró alerta roja en urgencias de adultos, tras registrar 217 pacientes en el área de observación, donde hay 116 camillas habilitadas.La cifra representa una ocupación del 187 %, según el reporte entregado por la Gerencia del centro asistencial. A la congestión se suma la espera de pacientes que necesitan continuar su atención en otras instituciones: 18 usuarios llevan más de 12 horas pendientes de remisión.La situación llevó al hospital a solicitar apoyo para agilizar los traslados y mejorar la disponibilidad de espacios para atender a quienes llegan en busca de servicios médicos.Desde la Gerencia del HUS se solicitó a la Secretaría de Salud de Santander y al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) intensificar las gestiones con las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que hacen parte de las redes definidas por las EPS.El propósito es que los pacientes que requieren atención en otros centros asistenciales puedan ser trasladados oportunamente y continúen sus tratamientos sin demoras prolongadas.La congestión en observación de urgencias también representa un desafío para la capacidad de respuesta del hospital, que debe atender a los pacientes que permanecen en sus instalaciones mientras se resuelve su situación médica o se concreta una remisión.El Hospital Universitario de Santander pidió a la comunidad hacer un uso responsable de los servicios de urgencias y acudir a otros niveles de atención cuando la condición de salud lo permita.La institución insistió en que la coordinación entre las EPS, las IPS, las autoridades sanitarias y el CRUE es fundamental para facilitar los traslados y garantizar una atención segura y oportuna.
La carga administrativa que enfrentan los médicos y otros trabajadores de la salud en Colombia está aumentando la presión sobre sus jornadas laborales y podría afectar el tiempo que dedican a los pacientes. Un estudio de Biofile, firma de tecnología en salud, estima que destinar cinco minutos adicionales por cada atención registrada representaría cerca de 270.000 horas de trabajo al mes, una cifra que evidencia la dimensión de las tareas que debe asumir el personal sanitario.El presidente del Colegio Médico Colombiano, Stevenson Marulanda, confirmó que existe una sobrecarga laboral asociada a los procedimientos administrativos y al registro detallado de cada atención. Según explicó, estas actividades se suman al estrés crónico que enfrentan los trabajadores de la salud y pueden dificultar el desarrollo de su labor asistencial.Marulanda señaló que, aunque el tiempo de consulta es limitado, los profesionales deben completar la historia clínica, registrar las fórmulas médicas, documentar los exámenes solicitados y consignar sus análisis. A esto se suman los procedimientos necesarios para facturar los servicios prestados.El médico explicó que estas tareas pueden consumir cerca de cinco minutos de una consulta de 20 minutos, lo que dejaría alrededor de 15 minutos para atender directamente al paciente, de acuerdo con su estimación.El estudio de Biofile advierte que la documentación pendiente puede extenderse hasta después de los turnos laborales, reduciendo los espacios de descanso. Frente a este panorama, Marulanda alertó sobre el riesgo de agotamiento profesional, conocido como burnout, que relacionó con el estrés laboral sostenido y la sobrecarga de trabajo.El presidente del Colegio Médico Colombiano agregó que este problema no depende únicamente de las tareas administrativas, sino también de las condiciones de contratación y remuneración de los profesionales de la salud.Frente a las posibles soluciones, Marulanda aclaró que el diligenciamiento de las historias clínicas es necesario para proteger tanto al paciente como al profesional. Sin embargo, planteó que se deben mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia un sistema único interoperable de información en salud.Según explicó, una plataforma digital que permita compartir información clínica entre instituciones e incorpore herramientas de inteligencia artificial podría automatizar parte de los procedimientos administrativos y reducir el tiempo que los profesionales dedican a estas labores.
Una tarjeta gráfica de alta gama se convirtió en el centro de atención de una boda en China, cuando una novia sorprendió a su esposo con una ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090. El hombre rompió en llanto al descubrir el contenido del regalo y, frente a los invitados, levantó la caja por encima de su cabeza mientras celebraba el obsequio.La escena quedó registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales y captó la atención de los usuarios por la reacción del novio y las características del artículo recibido. La grabación muestra el instante en que abre el paquete, reconoce la tarjeta gráfica y exhibe la caja ante los asistentes. La particularidad del regalo, considerado un producto difícil de conseguir en el mercado chino, contribuyó a que las imágenes despertaran interés.A diferencia de los obsequios habituales en una ceremonia matrimonial, la novia eligió un componente tecnológico dirigido a usuarios que buscan un alto rendimiento en videojuegos, creación digital y procesamiento de inteligencia artificial. El valor del dispositivo y las dificultades para encontrarlo en determinados mercados hicieron que el momento adquiriera mayor notoriedad en plataformas digitales.Una tarjeta gráfica de alta gama y disponibilidad limitadaLa ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 pertenece al segmento de mayor rendimiento de la marca y utiliza la arquitectura NVIDIA Blackwell. Entre sus características distintivas figura un sistema de refrigeración con cuatro ventiladores, acompañado de un diseño que ocupa 3,8 ranuras de expansión.El equipo incorpora 32 GB de memoria GDDR7 y una interfaz de memoria de 512 bits. Estas especificaciones están orientadas al procesamiento de grandes volúmenes de información gráfica, una capacidad relevante para ejecutar videojuegos exigentes, trabajar con modelos tridimensionales y desarrollar tareas de renderizado avanzado.En cuanto a su funcionamiento, la tarjeta alcanza una frecuencia de reloj de hasta 2.580 MHz en modo estándar y 2.610 MHz en modo OC. También dispone de tecnologías de inteligencia artificial y trazado de rayos destinadas a mejorar el rendimiento y la representación visual en aplicaciones compatibles.La conectividad incluye dos puertos HDMI 2.1b y tres DisplayPort 2.1b, lo que permite conectar distintas configuraciones de pantallas compatibles. Su sistema térmico combina una cámara de vapor patentada con una almohadilla térmica de cambio de fase para gestionar el calor generado durante operaciones de alta exigencia.¿Cuánto cuesta la RTX 5090 en Colombia?El precio y la disponibilidad de este modelo también reflejan su posición dentro del mercado tecnológico. En Colombia, la tarjeta gráfica ASUS ROG Astral RTX 5090 figura con un precio aproximado de 23.084.000 pesos en Speed Logic, tienda ubicada en Bogotá, según la información comercial proporcionada.Otras plataformas, como Mercado Libre Colombia, y establecimientos especializados del sector tecnológico en Unilago pueden ofrecer unidades bajo pedido o con inventario limitado. La disponibilidad puede variar según el vendedor y las existencias de cada establecimiento.Su elevado precio y la dificultad para encontrar unidades en determinados mercados ayudan a explicar por qué el regalo llamó la atención de los usuarios. Para el novio, el momento de recibir la tarjeta quedó registrado en una escena que combinó sorpresa, emoción y una celebración poco habitual durante una boda.La RTX 5090 no es únicamente un accesorio para videojuegos: sus especificaciones también la sitúan entre las opciones destinadas a tareas gráficas avanzadas y aplicaciones que requieren una gran capacidad de procesamiento. Esa combinación de precio, prestaciones y disponibilidad convirtió el obsequio en el elemento más comentado de la ceremonia difundida en redes sociales.
El caso cobró fuerza luego de que vecinos de los sectores La 30 y el barrio Las Palmas documentaran los casos y difundieran las denuncias a través de redes comunitarias. Según los testimonios, en el sector de La 30 se registró la muerte de seis felinos, mientras que en Las Palmas fueron hallados otros cinco animales sin vida en una sola semana."En una semana asesinaron seis mascotas en mi sector. En el sector de Las Palmas me cuentan que encontraron cinco mascotas en una noche. Por Dios bendito, seamos sensatos, conscientes con nuestra mascota. Es una vida, no es un animal más", manifestó uno de los dueños de los gatos envenenados. Voceros de la comunidad y medios locales señalaron que las mascotas habrían consumido alimentos intoxicados depositados por personas no identificadas. Habitantes de la zona expresaron su rechazo ante estos actos, recordando que las mascotas forman parte activa de los entornos familiares del municipio y exigiendo que se respete la vida animal."El llamado es que respetemos la vida animal, respetemos nuestras mascotas, respetemos las mascotas ajenas, por favor, queremos que todo se ponga la mano en el corazón. Son nuestra familia, porque así lo sentimos", narró uno de los habitantes del municipio.Frente a la repetitiva aparición de felinos fallecidos en las vías públicas, los propietarios y defensores de animales solicitaron la presencia inmediata de las autoridades ambientales, de salud y de la Policía Nacional para abrir las investigaciones correspondientes y dar con los responsables.Ante la falta de respuestas claras, los pobladores de Nechí anunciaron sí es necesario harán una marcha de protesta y sensibilización por las principales calles del municipio para exigir garantías de protección para los animales domésticos y pedir sanciones bajo la legislación vigente contra el maltrato animal.
Los vigilantes habrían sido sometidos durante los asaltos y, una vez los presuntos responsables tenían el control de las instalaciones, sacaban la maquinaria pesada y retiraban sus dispositivos de rastreo para dificultar su ubicación. Así habría operado el grupo delincuencial ‘Caravanas’, investigado por tres millonarios hurtos en Santander y Boyacá.La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de cinco presuntos integrantes de esta estructura, a quienes relaciona con el robo de bienes cuyo valor preliminar asciende a $2.734.400.000.Los procesados fueron identificados como Daniel Rojas Zapata, Jorge Luis Herrera Castillo, Andrés Felipe Muñoz Barrientos, Dairo Alberto Gómez Puerta y Henry De Jesús Guisao Guzmán.Según la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, los hechos ocurrieron entre el 16 de febrero y el 10 de marzo de 2025, en los municipios de Rionegro y Girón, en Santander, y en la vereda La Quinta, en Duitama, Boyacá.Los investigadores relacionaron a los cinco hombres con al menos tres episodios de hurto de maquinaria pesada. De acuerdo con información periodística sobre el caso, los vehículos sustraídos serían volquetas, algunas de marca International.Los lugares señalados en la investigación son: Rionegro, Santander: un hecho ocurrido entre el 16 y el 17 de febrero de 2025, en una empresa ubicada en la vereda Puente Tierra, Duitama, Boyacá, un hurto que habría ocurrido entre el 7 y el 8 de marzo, en las instalaciones de Mincivil, en el sector La Rusia, vereda La Quinta, y Girón, Santander, un caso registrado presuntamente entre el 9 y el 10 de marzo, en una empresa de colchones ubicada en el kilómetro 5 de la autopista Bucaramanga-Girón.La Fiscalía indicó que los presuntos integrantes cumplían funciones diferenciadas dentro de la estructura: coordinadores, atracadores, campaneros y responsables de extraer los vehículos.Según el ente acusador, los sospechosos ubicaban los sitios donde permanecía guardada la maquinaria, ingresaban de manera violenta y sometían al personal de vigilancia. Después de apoderarse de los vehículos, presuntamente les retiraban los dispositivos de rastreo.La investigación busca establecer la participación de cada procesado en los hechos y las responsabilidades individuales dentro de la estructura señalada de organizar los robos.Los cinco hombres fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, secuestro simple, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.