En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
Carlos Felipe Useche García, hijo de la recordada juez Clemencia García de Useche, reveló detalles sobre la persecución que sufrió su madre y la batalla legal que emprendió ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) para que se revoque la amnistía y el indulto concedidos al M-19 tras la firma del acuerdo de paz. El proceso que inició Useche data de 2016, aunque su vinculación al caso se remonta a 2009.Decisión histórica de la juez Clemencia García de Useche (1992)La juez Clemencia García de Useche, descrita como una "mujer valiente" y una "juez de pueblo" por su hijo, dedicó más de 30 años a la rama judicial. En 1991-92, dentro de la entonces "justicia sin rostro" (justicia regional), se le asignó la "honrosa labor" de fallar sobre la toma del Palacio de Justicia, un expediente conocido como el famoso Proceso 4119, que constaba de más de 150 cuadernos.Tras meses de estudio riguroso, que incluyó la lectura de cada página y la revisión de videos y grabaciones de radio del proceso, la juez profirió una decisión en mayo de 1992. Esta no fue un fallo, sino una variación de la calificación jurídica provisional (aplicando el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal). La juez Useche decidió que, apegada al derecho internacional y a la Ley 77 de 1989 (ley de indulto), no podían quedar cobijados por el indulto los hechos de terrorismo, homicidio de civiles en condiciones de inferioridad y actos de ferocidad y barbarie.Técnicamente, ella no revocó el indulto, sino que respetó la ley al excluir lo que esta misma norma hacía "no indultable". Como resultado, ordenó la detención y captura de la entonces cúpula del M-19, en la cual figuraba el actual presidente de la República. Esta decisión causó una profunda controversia política, y la juez fue titular de los medios, siendo tildada de "enemiga de la paz". Posteriormente, el gobierno de la época presentó un "reindulto" ante el Congreso, promovido por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, para "subsanar" la decisión judicial.PersecuciónSegún Carlos Felipe Useche, su madre fue "perseguida como enemiga de la paz" y el estamento no le perdonó la decisión de 1992. Esta persecución llevó a que fuera detenida en las casas fiscales de la Picota.Carlos Felipe se involucró activamente en el caso en 2009. Tras una discusión con su madre, en la que esta le aseguró que la ley de indulto fue modificada en pocos meses (algo que él verificó, encontrando que Álvaro Uribe Vélez fue el ponente), él asumió la tarea de buscar el expediente. Encontró en el Tribunal Superior de Bogotá un proyecto de declaratoria de prescripción de los hechos.La petición ante la CIDH y la respuesta del EstadoEn 2015, Useche y Raúl Talero radicaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigara quién diseñó el plan y la estructura de la toma. Esta denuncia llevó al entonces fiscal Eduardo Montealegre a reabrir el proceso por los hechos.Posteriormente, en 2016, animado por el procurador Alejandro Ordóñez, Carlos Felipe Useche radicó la solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo la revocación de la amnistía e indulto del M-19. A la fecha, la CIDH no ha dado una respuesta definitiva.No obstante, el Estado colombiano ya se pronunció. En 2021, durante el gobierno de Iván Duque, el Estado se declaró en contra de esa posibilidad. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado negó que el Estado o la justicia colombiana hubieran obrado mal en los hechos de la toma del Palacio de Justicia.Useche lamentó que el país no aprovechara ese momento histórico para hacer un pronunciamiento moral en defensa de las víctimas.Escuche aquí la entrevista:
La reciente visita de un grupo de congresistas colombianos a Washington ha puesto de manifiesto la actual crisis política y social en Colombia. En el marco de esta visita, Carolina Arbeláez, de Cambio Radical y quien forma parte de la comisión que se ha reunido con diversas autoridades estadounidenses y organismos internacionales habló sobre cuál es el objetivo de la denuncia en el país norteamericano."Hemos venido cumpliendo una agenda muy importante, una agenda bilateral que busca mantener las históricas y decisivas relaciones entre Estados Unidos y Colombia", indicó Arbeláez. Esta agenda incluye encuentros con el senador Bernie Moreno y otros congresistas, así como una reunión programada con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se llevará a cabo el miércoles a las 11:00 a.m. Denuncias contra el presidente Petro Uno de los temas centrales de conversación es la actitud política del presidente Gustavo Petro. Arbeláez destacó que se entregará una denuncia formal ante la CIDH en la que se expondrán las intimidaciones y amenazas que ha recibido la oposición por parte del mandatario. "Vamos a hablar de los discursos de odio y de las amenazas dirigidas a los congresistas de oposición, que han incrementado en los últimos tiempos", agregó. Asimismo, se busca que la CIDH garantice los derechos políticos de la oposición y que se haga un llamado al presidente Petro para que modere su lenguaje y evite el clima de polarización que actualmente impera en el país. Arbeláez enfatizó en la importancia de abordar no solo las preocupaciones políticas sino también temas críticos como la salud y el estado del orden público en Colombia, contextos que están íntimamente relacionados con el bienestar social de sus ciudadanos. Preocupaciones sobre la soberanía colombiana Durante la entrevista, se planteó la reacción de otros actores políticos como la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien ha criticado lo que percibe como una violación de la soberanía colombiana por parte de quienes buscan intervención internacional. Arbeláez rechazó estas afirmaciones, aclarando que la búsqueda de protección de derechos y garantías no debe interpretarse como una falta de soberanía, sino como una medida necesaria para proteger a aquellos que se consideran en riesgo por el clima de hostilidad que ha creado el presidente Petro. "Estamos buscando la protección de nuestros derechos, el de la oposición y de los congresistas que han utilizado su criterio a la hora de votar", afirmó Arbeláez, argumentando que a pesar de la percepción de un supuesto bloqueo institucional, el Congreso ha aprobado más de 15 iniciativas durante la administración actual. Escuche la entrevista completa aquí:
Este lunes 8 de julio, se desarrolló una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos humanos, CIDH, sobre el seguimiento a las recomendaciones que han hecho desde este organismo referente a las vulneraciones a los derechos humanos que se presentaron durante el paro nacional en Colombia. Durante la audiencia, el Gobierno confirmó que está trabajando en un decreto para esclarecer los crímenes que se cometieron durante el estallido social, en 2021."Hemos recibido la orden del señor presidente de impulsar una Comisión de la Verdad que ayude a esclarecer los crímenes que sucedieron en el marco del estallido social en la ciudad de Cali y el departamento del Valle. Aspiramos, entre este mes y el otro, culminar la concertación del mismo decreto y que este comisión pueda ponerse en funcionamiento”, señaló Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior.Por su parte, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos explicaron que a finales de 2021 documentaron un total de 46 muertes en el contexto de las protestas, además, tienen registro de 60 casos de violencia sexual y 24 lesiones oculares contra civiles. Insisten en que se debe garantizar la protesta pacífica de manera amplia.“Nos preocupa que a 3 años del paro nacional no se haya aún logrado ninguna condena por muerte de personas que participaron en las protestas. Se ha logrado individualizar e imputar alrededor de 3 integrantes de la fuerza pública y 21 casos se encuentran en etapa de juicio”, aseguró Juliette De Rivero, representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se refirió al tema de la libertad de prensa en Colombia y a los recientes casos que se han registrado con la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, y la periodista María Jimena Duzán. En este pronunciamiento, la CIDH mostró su preocupación por los recientes señalamientos desde el Gobierno nacional."La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reconocen la legitimidad de la labor de la periodista María Jimena Duzán y la Flip, manifiestan su preocupación por los señalamientos y calificaciones proferidas en su contra desde la más alta autoridad del Gobierno y exhortan al Estado a brindar plenas garantías a su trabajo", aseguran desde la CIDH.Por otro lado, aseguran que los Estados deben asegurar un ambiente favorable para la deliberación pública."Los Estados deben asegurar un ambiente favorable a la deliberación pública; prevenir desde su discurso todo tipo de violencia contra la prensa; abstenerse de activar riesgo contra quienes ejercen la libertad de expresión y protegerlos ante amenazas", señala la CIDH.Manifiestan su preocupación por los señalamientos y calificaciones proferidas en su contra desde la más alta autoridad del Gobierno y exhortan al Estado a brindar plenas garantías a su trabajo.Petro critica la prensaEl presidente Gustavo Petro acusó a la prensa de mentir sobre su Gobierno y de querer destruirlo ante la opinión pública, ahondando así su enfrentamiento con el periodismo, del que dice que está alineado con "la extrema derecha".Así lo manifestó el presidente en un extenso escrito publicado en X en respuesta a una columna de la periodista Ana Bejarano en la revista Cambio, en la que defiende a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de los ataques del mandatario, de quien dice que está "en una cruzada contra la prensa" y que "necesita convertirse en la única fuente de la verdad"."El periodismo debe buscar siempre la verdad, por difícil que sea. Hoy, contrario a la verdad, se usa la mentira de manera generalizada, se ocultan fechas en titulares para endilgarle corrupción a este Gobierno cuando es de otros, o, peor, para hacer propaganda política en favor de la extrema derecha. Los grupos neonazis parecieran dominar el relato mediático", acusó Petro en X.
Los hermanos Omar y Cristian Hernández, testigos claves sobre el presunto apoyo de la criptomoneda Daily Cop a la campaña Petro Presidente, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando protección especial en medio del proceso.Según el abogado Víctor Muñoz, sus clientes han sido víctimas de dos atentados.“Recuérdese que el señor Omar Hernández ha sufrido dos atentados contra su vida, sin que hasta el momento se hayan tomado las medidas necesarias que garanticen su vida”, dijo el abogado Víctor Muñoz.Asimismo, el abogado dijo que el Estado colombiano no ha dado las garantías suficientes a los dos hermanos que dicen ser víctimas en el proceso.Daily Cop: acusaron a los cinco presuntos ‘cerebros’ de la captación ilegal de la cripto“Esta defensa se ha propuesto a comunicar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud pidiendo medidas de protección que el Gobierno colombiano no ha querido establecer a favor de mi cliente y en favor de la defensa, porque sentimos que existe una polarización política muy importante que pueda afectar los testimonios y sobre todo la seguridad de mi cliente”, agregó.No obstante, el abogado reiteró que aún hay tiempo para brindar esas garantías, en días pasados el mismo defensor expresó sentir temor e incluso su familia por llevar este caso.El pasado lunes, 29 de abril y, tras varios meses de la imputación, fueron acusados formalmente por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos Cristian Hernández, Omar Hernández, Leydi Góngora, Leonardo Galindo y Juan Piedrahita, excolaboradores de Daily Cop, implicados en la captación ilegal de dineros de la criptomoneda.Hay que decir que en el escrito de acusación no se mencionan aportes a la campaña del presidente Gustavo Petro; sobre este tema ha existido una polémica luego de que el testigo Omar Hernández, le pidiera a la Fiscalía someterse a un principio de oportunidad tras la entrega de una matriz de colaboración con detalles que explican cómo los dineros irregulares de la criptomoneda habrían terminado en donaciones, las cuales, aparentemente, eran de conocimiento de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y el gerente de la campaña en 2022.La sombra de Daily Cop sigue pesando sobre la campaña de Gustavo PetroDurante la audiencia, una vez se realizó la acusación, tanto la Fiscalía como algunos representantes de víctimas estuvieron de acuerdo en que las próximas diligencias debían tener el carácter de reserva.Luego de escuchar a las partes, la jueza Sexta Especializada de Cali dio la orden de reserva del juicio, considerando que “la publicidad en medios de comunicación podría incidir en los testigos de ese proceso”. Frente a esta decisión, los acusados podrán presentar sus nulidades el 6 de junio a la 1:30 de la tarde y el próximo mes de julio se espera que se dé inicio a las audiencias preparatorias donde se presentarán las pruebas que entrarán a juicio.
El excanciller de Venezuela Asdrúbal Aguiar, quien además es un reconocido abogado y experto en derecho internacional, se pronunció sobre presunta violación al derecho internacional en el caso del asilo político en la Embajada de México en Quito, Ecuador. En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, profundizó en el tema y explicó los principales aspectos legales involucrados alrededor de esto.Cabe recordar que la crisis entre México y Ecuador comenzó el jueves pasado, cuando el Gobierno de Daniel Noboa declaró persona no grata a la embajadora mexicana, Raquel Serur, en respuesta a comentarios que López Obrador hizo el miércoles sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y sus consecuencias electorales.Según Aguiar, el asilo político debe ser otorgado de acuerdo a las normas del derecho internacional y no de manera arbitraria o discrecional por parte de los Estados involucrados. En el caso de Ecuador y México, ambos países “han violado las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención Interamericana contra la Corrupción al otorgar y recibir el asilo político del vicepresidente ecuatoriano”.Desde su experiencia en la Corte Interamericana, dijo que, cuando casos similares ocurrían, no solamente se fijaban en el hecho, sino que tenían “necesariamente que incorporar el contexto”. De acuerdo con su explicación, “el derecho de asilo así lo implica”.“Por una parte, la potestad del Estado que va a otorgar el asilo de acordarlo, pero no de acordarlo de manera arbitraria o discrecional, sino conforme a las normas del derecho internacional y el Estado que se ve afectado puede otorgar o no el salvoconducto para que un asilado salga o no salga del país. ¿Qué ha ocurrido aquí? Efectivamente, Ecuador, por la vía de los hechos violenta la sede diplomática, con lo cual afecta su inmunidad territorial, contrariando las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, insistió.Violación del derecho internacional “de lado a lado”De acuerdo con el excanciller Aguiar, tanto México como Ecuador cometieron faltas en cuanto al derecho internacional. Esto, recalcó, es una parte de lo que viene sucediendo ya hace tiempo entre estos dos países, pues las relaciones “se venían deteriorando de una manera muy acelerada desde el momento en que el presidente López Obrador se inserta en los asuntos internos de Ecuador para cuestionar la validez de la elección del presidente”.“Por el otro lado, México, al otorgar al otorgar el asilo político al vicepresidente ecuatoriano, simplemente se cargó total, de una manera también directa, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de Palermo sobre el Crimen Transnacional organizado, porque necesitaba ver esos instrumentos para saber si podía o no conceder el respectivo asilo político. Así que estamos en una violación del derecho internacional de lado a lado”, detalló.
La Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos expulsó a Juan Fernando Petro. De acuerdo con Rodrigo Ricaurte, director de la entidad, “fue un gran error” el nombramiento de Petro, a esto agregó que su gestión fue nula.Hay que recordar que durante los últimos años Juan Fernando Petro ha sostenido reuniones en diferentes zonas del país gestionando acercamientos con el Gobierno nacional para resolver distintos problemas, especialmente en zonas apartadas o de conflicto.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Juan Fernando Petro respondió y aseguró que su nombre fue usado por la comisión, "indiscutiblemente usaron mi nombre para ser utilizado por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos". Además, calificó su salida como un boom mediático, el cual está siendo usado por Ricaurte, según lo dicho por el hermano del presidente Gustavo Petro."Lo que está haciendo el señor Rodrigo Ricaurte es generar un boom mediático, muy bajo es tratar a sus miembros de esa manera y tratar de ocultar las verdaderas razone por las cuales quisieron utilizarme", señaló. Reiteró que su trabajo ha sido junto a las comunidades, ir a los territorios, hablar y escuchar a la población. "No me he salido de mi filosofía de trabajar humanitariamente por las comunidades y los territorios. He ido a los territorios de las comunidades a hablar, a escuchar y eso es lo que estoy haciendo. No hay un solo periodista, investigador o alguien de la Fiscalía o alguien, alcalde o alguna ONG que diga que yo he ido a hacer negocios con las comunidades o en los territorios", defendió. En medio de esta controversia, Petro aseguró que continúa su trabajo en los territorios con el fin de generar visibilidad y apoyo para las comunidades que han sido históricamente olvidadas. Aunque reconoció que ser el hermano del presidente le ha dado una mayor visibilidad, enfatiza que su compromiso es personal y que busca generar un cambio en la sociedad.Escuche aquí la entrevista:
En las últimas horas, el congresista Pedro Suárez, del Pacto Histórico, radicó un proyecto de ley ante la Secretaría de la Cámara de Representantes para impedir que la Procuraduría General de la Nación inhabilite a elegidos por voto. La iniciativa consta de cuatro artículos, entre ellos, que el único que podría sancionar a estas personas serían un juez o en su defecto el Consejo de Estado, CNE."Busca poner a Colombia y a su legislación interna a tono con las normas internacionales en materia de derechos civiles y políticos, especialmente con las normas interamericanas con el sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las personas que sean elegidas por voto popular no pueden ser suspendidas o destituidas por autoridades administrativas", manifestó el representante del Pacto Histórico.Esto se da en medio del rifirrafe que han tenido el presidente Petro y la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, por las sanciones que este órgano de control a impuesto."Estamos dando cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros en el caso de Gustavo Petro Urrego contra el Estado colombiano y concretamente contra una decisión de la Procuraduría que le habría suspendido de su condición de alcalde de Bogotá”, expresó el representante.El último enfrentamiento entre el presidente Petro y la procuradora Margarita Cabello fue el pasado 27 de julio. El jefe de Estado le remitió un document de 24 página sobre su decisión. En mayo de este año, cuando la procuraduría ordenó investigar y suspender varios congresistas del Pacto Histórico también se presentó un altercado entre los altos funcionarios.Le puede interesar
Los integrantes de la bancada del Pacto Histórico, junto con los congresistas del Partido Comunes y la circunscripción indígena, anunciaron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que este organismo internacional adopte medidas cautelares que protejan los derechos políticos de los congresistas de esta coalición debido a que, según ellos, hay un claro hostigamiento de la Procuraduría General de la Nación en su contra.“La evidente ilegalidad de las actuaciones de la Procuraduría se evidencia en que en forma obstinada se arroga, por sí y ante sí, competencia para desvincular funcionarios de elección popular a pesar de los precedentes prohibitivos de la CIDH y el contenido de la Sentencia C-030 de 2023 proferida por la Corte Constitucional. Como es sabido, estas instituciones señalan indubitablemente, que la Procuraduría, por ser un órgano netamente administrativo, carece de funciones jurisdiccionales para separar de sus cargos a los funcionarios de elección popular”, señaló el comunicado.Los congresistas también critican la investigaciones que adelanta el ente de control disciplinario en contra de congresistas del Pacto Histórico como Wilson Arias, Alexander Lopez, Maria Jose Pizarro y Susana Boreal; así como la sanción que profirió en contra del senador Alex Flores en recientes días.“Tenemos información de procesos que se están adelantando de manera inédita e irregular por parte de la Procuraduría. Nos hemos abocado a hacer esta alerta nacional e internacional por lo que es un claro hostigamiento por parte de la Procuraduría”, señaló el presidente de la cámara de representantes David Racero.Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro respaldó el llamado del Pacto Histórico y los invitó a que la defensa de sus derechos políticos se haga también a través de las calles.“Es lamentable pero estamos en la misma situación de todos los países latinoamericanos. Usan la fiscalía y la procuraduría para resolver la política. Muy lamentable. Hay más de tres millones de electores que quisieron ser representados en el Congreso por el Pacto Histórico. Tienen derechos políticos y esos derechos son derechos humanos. No destruyan por favor, la democracia en Colombia. El Pacto Histórico debe saber que su defensa no es solo la CIDH y la justicia decente del país, su defensa es la convocatoria popular. No separarse del pueblo. Convocar las asambleas de inmediato en todos los municipios del país", dijo.Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.