Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Cinco años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificara su sentencia en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima contra Colombia, todavía hay compromisos pendientes para garantizar justicia y prevenir la violencia sexual contra las mujeres periodistas.El fallo, notificado el 18 de octubre de 2021, declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el secuestro, la tortura y la violencia sexual que sufrió Bedoya, así como por las fallas en la investigación de los hechos. La sentencia había sido proferida el 26 de agosto de ese año.Desde entonces, se han implementado algunas de las medidas de reparación ordenadas. En abril de 2026, abrió sus puertas en Bogotá el Centro Investigativo y de Memoria No Es Hora de Callar, un espacio destinado a preservar la memoria, impulsar investigaciones y acompañar a mujeres víctimas de violencia sexual y a periodistas.Además, el programa No Es Hora de Callar, orientado a preparar a funcionarios públicos para atender a víctimas de violencia, certificó a sus primeros 180 participantes en agosto de 2026. Los funcionarios pertenecen a entidades estatales de distintas regiones del país.Sin embargo, estos avances no significan que la sentencia se haya cumplido en su totalidad. Entre las obligaciones pendientes está investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los hechos, incluidos los autores intelectuales, según el balance presentado por Bedoya con motivo del quinto aniversario del fallo.La decisión también reconoció el daño causado a su madre, Luz Nelly Lima, quien la acompañó durante años en la búsqueda de justicia, y ordenó adoptar medidas para prevenir la violencia contra las mujeres periodistas y mejorar la respuesta de las instituciones.En 2025, durante el especial transmedia No Es Hora de Callar, Bedoya calificó la sentencia como un avance jurisprudencial para las mujeres periodistas de las Américas y para las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual.Cinco años después, el caso plantea una pregunta sobre la respuesta del Estado ante quienes denuncian este tipo de agresiones: ¿encuentran protección, atención y justicia? Aunque la apertura de espacios de memoria y la capacitación de funcionarios representan avances, el cumplimiento de la sentencia sigue dependiendo de que las medidas se traduzcan en resultados concretos y en sanciones para los responsables.

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