En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
Carlos Felipe Useche García, hijo de la recordada juez Clemencia García de Useche, reveló detalles sobre la persecución que sufrió su madre y la batalla legal que emprendió ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) para que se revoque la amnistía y el indulto concedidos al M-19 tras la firma del acuerdo de paz. El proceso que inició Useche data de 2016, aunque su vinculación al caso se remonta a 2009.Decisión histórica de la juez Clemencia García de Useche (1992)La juez Clemencia García de Useche, descrita como una "mujer valiente" y una "juez de pueblo" por su hijo, dedicó más de 30 años a la rama judicial. En 1991-92, dentro de la entonces "justicia sin rostro" (justicia regional), se le asignó la "honrosa labor" de fallar sobre la toma del Palacio de Justicia, un expediente conocido como el famoso Proceso 4119, que constaba de más de 150 cuadernos.Tras meses de estudio riguroso, que incluyó la lectura de cada página y la revisión de videos y grabaciones de radio del proceso, la juez profirió una decisión en mayo de 1992. Esta no fue un fallo, sino una variación de la calificación jurídica provisional (aplicando el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal). La juez Useche decidió que, apegada al derecho internacional y a la Ley 77 de 1989 (ley de indulto), no podían quedar cobijados por el indulto los hechos de terrorismo, homicidio de civiles en condiciones de inferioridad y actos de ferocidad y barbarie.Técnicamente, ella no revocó el indulto, sino que respetó la ley al excluir lo que esta misma norma hacía "no indultable". Como resultado, ordenó la detención y captura de la entonces cúpula del M-19, en la cual figuraba el actual presidente de la República. Esta decisión causó una profunda controversia política, y la juez fue titular de los medios, siendo tildada de "enemiga de la paz". Posteriormente, el gobierno de la época presentó un "reindulto" ante el Congreso, promovido por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, para "subsanar" la decisión judicial.PersecuciónSegún Carlos Felipe Useche, su madre fue "perseguida como enemiga de la paz" y el estamento no le perdonó la decisión de 1992. Esta persecución llevó a que fuera detenida en las casas fiscales de la Picota.Carlos Felipe se involucró activamente en el caso en 2009. Tras una discusión con su madre, en la que esta le aseguró que la ley de indulto fue modificada en pocos meses (algo que él verificó, encontrando que Álvaro Uribe Vélez fue el ponente), él asumió la tarea de buscar el expediente. Encontró en el Tribunal Superior de Bogotá un proyecto de declaratoria de prescripción de los hechos.La petición ante la CIDH y la respuesta del EstadoEn 2015, Useche y Raúl Talero radicaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigara quién diseñó el plan y la estructura de la toma. Esta denuncia llevó al entonces fiscal Eduardo Montealegre a reabrir el proceso por los hechos.Posteriormente, en 2016, animado por el procurador Alejandro Ordóñez, Carlos Felipe Useche radicó la solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo la revocación de la amnistía e indulto del M-19. A la fecha, la CIDH no ha dado una respuesta definitiva.No obstante, el Estado colombiano ya se pronunció. En 2021, durante el gobierno de Iván Duque, el Estado se declaró en contra de esa posibilidad. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado negó que el Estado o la justicia colombiana hubieran obrado mal en los hechos de la toma del Palacio de Justicia.Useche lamentó que el país no aprovechara ese momento histórico para hacer un pronunciamiento moral en defensa de las víctimas.Escuche aquí la entrevista:
La reciente visita de un grupo de congresistas colombianos a Washington ha puesto de manifiesto la actual crisis política y social en Colombia. En el marco de esta visita, Carolina Arbeláez, de Cambio Radical y quien forma parte de la comisión que se ha reunido con diversas autoridades estadounidenses y organismos internacionales habló sobre cuál es el objetivo de la denuncia en el país norteamericano."Hemos venido cumpliendo una agenda muy importante, una agenda bilateral que busca mantener las históricas y decisivas relaciones entre Estados Unidos y Colombia", indicó Arbeláez. Esta agenda incluye encuentros con el senador Bernie Moreno y otros congresistas, así como una reunión programada con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se llevará a cabo el miércoles a las 11:00 a.m. Denuncias contra el presidente Petro Uno de los temas centrales de conversación es la actitud política del presidente Gustavo Petro. Arbeláez destacó que se entregará una denuncia formal ante la CIDH en la que se expondrán las intimidaciones y amenazas que ha recibido la oposición por parte del mandatario. "Vamos a hablar de los discursos de odio y de las amenazas dirigidas a los congresistas de oposición, que han incrementado en los últimos tiempos", agregó. Asimismo, se busca que la CIDH garantice los derechos políticos de la oposición y que se haga un llamado al presidente Petro para que modere su lenguaje y evite el clima de polarización que actualmente impera en el país. Arbeláez enfatizó en la importancia de abordar no solo las preocupaciones políticas sino también temas críticos como la salud y el estado del orden público en Colombia, contextos que están íntimamente relacionados con el bienestar social de sus ciudadanos. Preocupaciones sobre la soberanía colombiana Durante la entrevista, se planteó la reacción de otros actores políticos como la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien ha criticado lo que percibe como una violación de la soberanía colombiana por parte de quienes buscan intervención internacional. Arbeláez rechazó estas afirmaciones, aclarando que la búsqueda de protección de derechos y garantías no debe interpretarse como una falta de soberanía, sino como una medida necesaria para proteger a aquellos que se consideran en riesgo por el clima de hostilidad que ha creado el presidente Petro. "Estamos buscando la protección de nuestros derechos, el de la oposición y de los congresistas que han utilizado su criterio a la hora de votar", afirmó Arbeláez, argumentando que a pesar de la percepción de un supuesto bloqueo institucional, el Congreso ha aprobado más de 15 iniciativas durante la administración actual. Escuche la entrevista completa aquí:
Este lunes 8 de julio, se desarrolló una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos humanos, CIDH, sobre el seguimiento a las recomendaciones que han hecho desde este organismo referente a las vulneraciones a los derechos humanos que se presentaron durante el paro nacional en Colombia. Durante la audiencia, el Gobierno confirmó que está trabajando en un decreto para esclarecer los crímenes que se cometieron durante el estallido social, en 2021."Hemos recibido la orden del señor presidente de impulsar una Comisión de la Verdad que ayude a esclarecer los crímenes que sucedieron en el marco del estallido social en la ciudad de Cali y el departamento del Valle. Aspiramos, entre este mes y el otro, culminar la concertación del mismo decreto y que este comisión pueda ponerse en funcionamiento”, señaló Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior.Por su parte, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos explicaron que a finales de 2021 documentaron un total de 46 muertes en el contexto de las protestas, además, tienen registro de 60 casos de violencia sexual y 24 lesiones oculares contra civiles. Insisten en que se debe garantizar la protesta pacífica de manera amplia.“Nos preocupa que a 3 años del paro nacional no se haya aún logrado ninguna condena por muerte de personas que participaron en las protestas. Se ha logrado individualizar e imputar alrededor de 3 integrantes de la fuerza pública y 21 casos se encuentran en etapa de juicio”, aseguró Juliette De Rivero, representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se refirió al tema de la libertad de prensa en Colombia y a los recientes casos que se han registrado con la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, y la periodista María Jimena Duzán. En este pronunciamiento, la CIDH mostró su preocupación por los recientes señalamientos desde el Gobierno nacional."La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reconocen la legitimidad de la labor de la periodista María Jimena Duzán y la Flip, manifiestan su preocupación por los señalamientos y calificaciones proferidas en su contra desde la más alta autoridad del Gobierno y exhortan al Estado a brindar plenas garantías a su trabajo", aseguran desde la CIDH.Por otro lado, aseguran que los Estados deben asegurar un ambiente favorable para la deliberación pública."Los Estados deben asegurar un ambiente favorable a la deliberación pública; prevenir desde su discurso todo tipo de violencia contra la prensa; abstenerse de activar riesgo contra quienes ejercen la libertad de expresión y protegerlos ante amenazas", señala la CIDH.Manifiestan su preocupación por los señalamientos y calificaciones proferidas en su contra desde la más alta autoridad del Gobierno y exhortan al Estado a brindar plenas garantías a su trabajo.Petro critica la prensaEl presidente Gustavo Petro acusó a la prensa de mentir sobre su Gobierno y de querer destruirlo ante la opinión pública, ahondando así su enfrentamiento con el periodismo, del que dice que está alineado con "la extrema derecha".Así lo manifestó el presidente en un extenso escrito publicado en X en respuesta a una columna de la periodista Ana Bejarano en la revista Cambio, en la que defiende a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de los ataques del mandatario, de quien dice que está "en una cruzada contra la prensa" y que "necesita convertirse en la única fuente de la verdad"."El periodismo debe buscar siempre la verdad, por difícil que sea. Hoy, contrario a la verdad, se usa la mentira de manera generalizada, se ocultan fechas en titulares para endilgarle corrupción a este Gobierno cuando es de otros, o, peor, para hacer propaganda política en favor de la extrema derecha. Los grupos neonazis parecieran dominar el relato mediático", acusó Petro en X.
Los hermanos Omar y Cristian Hernández, testigos claves sobre el presunto apoyo de la criptomoneda Daily Cop a la campaña Petro Presidente, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando protección especial en medio del proceso.Según el abogado Víctor Muñoz, sus clientes han sido víctimas de dos atentados.“Recuérdese que el señor Omar Hernández ha sufrido dos atentados contra su vida, sin que hasta el momento se hayan tomado las medidas necesarias que garanticen su vida”, dijo el abogado Víctor Muñoz.Asimismo, el abogado dijo que el Estado colombiano no ha dado las garantías suficientes a los dos hermanos que dicen ser víctimas en el proceso.Daily Cop: acusaron a los cinco presuntos ‘cerebros’ de la captación ilegal de la cripto“Esta defensa se ha propuesto a comunicar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud pidiendo medidas de protección que el Gobierno colombiano no ha querido establecer a favor de mi cliente y en favor de la defensa, porque sentimos que existe una polarización política muy importante que pueda afectar los testimonios y sobre todo la seguridad de mi cliente”, agregó.No obstante, el abogado reiteró que aún hay tiempo para brindar esas garantías, en días pasados el mismo defensor expresó sentir temor e incluso su familia por llevar este caso.El pasado lunes, 29 de abril y, tras varios meses de la imputación, fueron acusados formalmente por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos Cristian Hernández, Omar Hernández, Leydi Góngora, Leonardo Galindo y Juan Piedrahita, excolaboradores de Daily Cop, implicados en la captación ilegal de dineros de la criptomoneda.Hay que decir que en el escrito de acusación no se mencionan aportes a la campaña del presidente Gustavo Petro; sobre este tema ha existido una polémica luego de que el testigo Omar Hernández, le pidiera a la Fiscalía someterse a un principio de oportunidad tras la entrega de una matriz de colaboración con detalles que explican cómo los dineros irregulares de la criptomoneda habrían terminado en donaciones, las cuales, aparentemente, eran de conocimiento de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y el gerente de la campaña en 2022.La sombra de Daily Cop sigue pesando sobre la campaña de Gustavo PetroDurante la audiencia, una vez se realizó la acusación, tanto la Fiscalía como algunos representantes de víctimas estuvieron de acuerdo en que las próximas diligencias debían tener el carácter de reserva.Luego de escuchar a las partes, la jueza Sexta Especializada de Cali dio la orden de reserva del juicio, considerando que “la publicidad en medios de comunicación podría incidir en los testigos de ese proceso”. Frente a esta decisión, los acusados podrán presentar sus nulidades el 6 de junio a la 1:30 de la tarde y el próximo mes de julio se espera que se dé inicio a las audiencias preparatorias donde se presentarán las pruebas que entrarán a juicio.
El excanciller de Venezuela Asdrúbal Aguiar, quien además es un reconocido abogado y experto en derecho internacional, se pronunció sobre presunta violación al derecho internacional en el caso del asilo político en la Embajada de México en Quito, Ecuador. En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, profundizó en el tema y explicó los principales aspectos legales involucrados alrededor de esto.Cabe recordar que la crisis entre México y Ecuador comenzó el jueves pasado, cuando el Gobierno de Daniel Noboa declaró persona no grata a la embajadora mexicana, Raquel Serur, en respuesta a comentarios que López Obrador hizo el miércoles sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y sus consecuencias electorales.Según Aguiar, el asilo político debe ser otorgado de acuerdo a las normas del derecho internacional y no de manera arbitraria o discrecional por parte de los Estados involucrados. En el caso de Ecuador y México, ambos países “han violado las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención Interamericana contra la Corrupción al otorgar y recibir el asilo político del vicepresidente ecuatoriano”.Desde su experiencia en la Corte Interamericana, dijo que, cuando casos similares ocurrían, no solamente se fijaban en el hecho, sino que tenían “necesariamente que incorporar el contexto”. De acuerdo con su explicación, “el derecho de asilo así lo implica”.“Por una parte, la potestad del Estado que va a otorgar el asilo de acordarlo, pero no de acordarlo de manera arbitraria o discrecional, sino conforme a las normas del derecho internacional y el Estado que se ve afectado puede otorgar o no el salvoconducto para que un asilado salga o no salga del país. ¿Qué ha ocurrido aquí? Efectivamente, Ecuador, por la vía de los hechos violenta la sede diplomática, con lo cual afecta su inmunidad territorial, contrariando las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, insistió.Violación del derecho internacional “de lado a lado”De acuerdo con el excanciller Aguiar, tanto México como Ecuador cometieron faltas en cuanto al derecho internacional. Esto, recalcó, es una parte de lo que viene sucediendo ya hace tiempo entre estos dos países, pues las relaciones “se venían deteriorando de una manera muy acelerada desde el momento en que el presidente López Obrador se inserta en los asuntos internos de Ecuador para cuestionar la validez de la elección del presidente”.“Por el otro lado, México, al otorgar al otorgar el asilo político al vicepresidente ecuatoriano, simplemente se cargó total, de una manera también directa, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de Palermo sobre el Crimen Transnacional organizado, porque necesitaba ver esos instrumentos para saber si podía o no conceder el respectivo asilo político. Así que estamos en una violación del derecho internacional de lado a lado”, detalló.
La Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos expulsó a Juan Fernando Petro. De acuerdo con Rodrigo Ricaurte, director de la entidad, “fue un gran error” el nombramiento de Petro, a esto agregó que su gestión fue nula.Hay que recordar que durante los últimos años Juan Fernando Petro ha sostenido reuniones en diferentes zonas del país gestionando acercamientos con el Gobierno nacional para resolver distintos problemas, especialmente en zonas apartadas o de conflicto.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Juan Fernando Petro respondió y aseguró que su nombre fue usado por la comisión, "indiscutiblemente usaron mi nombre para ser utilizado por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos". Además, calificó su salida como un boom mediático, el cual está siendo usado por Ricaurte, según lo dicho por el hermano del presidente Gustavo Petro."Lo que está haciendo el señor Rodrigo Ricaurte es generar un boom mediático, muy bajo es tratar a sus miembros de esa manera y tratar de ocultar las verdaderas razone por las cuales quisieron utilizarme", señaló. Reiteró que su trabajo ha sido junto a las comunidades, ir a los territorios, hablar y escuchar a la población. "No me he salido de mi filosofía de trabajar humanitariamente por las comunidades y los territorios. He ido a los territorios de las comunidades a hablar, a escuchar y eso es lo que estoy haciendo. No hay un solo periodista, investigador o alguien de la Fiscalía o alguien, alcalde o alguna ONG que diga que yo he ido a hacer negocios con las comunidades o en los territorios", defendió. En medio de esta controversia, Petro aseguró que continúa su trabajo en los territorios con el fin de generar visibilidad y apoyo para las comunidades que han sido históricamente olvidadas. Aunque reconoció que ser el hermano del presidente le ha dado una mayor visibilidad, enfatiza que su compromiso es personal y que busca generar un cambio en la sociedad.Escuche aquí la entrevista:
En las últimas horas, el congresista Pedro Suárez, del Pacto Histórico, radicó un proyecto de ley ante la Secretaría de la Cámara de Representantes para impedir que la Procuraduría General de la Nación inhabilite a elegidos por voto. La iniciativa consta de cuatro artículos, entre ellos, que el único que podría sancionar a estas personas serían un juez o en su defecto el Consejo de Estado, CNE."Busca poner a Colombia y a su legislación interna a tono con las normas internacionales en materia de derechos civiles y políticos, especialmente con las normas interamericanas con el sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las personas que sean elegidas por voto popular no pueden ser suspendidas o destituidas por autoridades administrativas", manifestó el representante del Pacto Histórico.Esto se da en medio del rifirrafe que han tenido el presidente Petro y la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, por las sanciones que este órgano de control a impuesto."Estamos dando cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros en el caso de Gustavo Petro Urrego contra el Estado colombiano y concretamente contra una decisión de la Procuraduría que le habría suspendido de su condición de alcalde de Bogotá”, expresó el representante.El último enfrentamiento entre el presidente Petro y la procuradora Margarita Cabello fue el pasado 27 de julio. El jefe de Estado le remitió un document de 24 página sobre su decisión. En mayo de este año, cuando la procuraduría ordenó investigar y suspender varios congresistas del Pacto Histórico también se presentó un altercado entre los altos funcionarios.Le puede interesar
Los integrantes de la bancada del Pacto Histórico, junto con los congresistas del Partido Comunes y la circunscripción indígena, anunciaron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que este organismo internacional adopte medidas cautelares que protejan los derechos políticos de los congresistas de esta coalición debido a que, según ellos, hay un claro hostigamiento de la Procuraduría General de la Nación en su contra.“La evidente ilegalidad de las actuaciones de la Procuraduría se evidencia en que en forma obstinada se arroga, por sí y ante sí, competencia para desvincular funcionarios de elección popular a pesar de los precedentes prohibitivos de la CIDH y el contenido de la Sentencia C-030 de 2023 proferida por la Corte Constitucional. Como es sabido, estas instituciones señalan indubitablemente, que la Procuraduría, por ser un órgano netamente administrativo, carece de funciones jurisdiccionales para separar de sus cargos a los funcionarios de elección popular”, señaló el comunicado.Los congresistas también critican la investigaciones que adelanta el ente de control disciplinario en contra de congresistas del Pacto Histórico como Wilson Arias, Alexander Lopez, Maria Jose Pizarro y Susana Boreal; así como la sanción que profirió en contra del senador Alex Flores en recientes días.“Tenemos información de procesos que se están adelantando de manera inédita e irregular por parte de la Procuraduría. Nos hemos abocado a hacer esta alerta nacional e internacional por lo que es un claro hostigamiento por parte de la Procuraduría”, señaló el presidente de la cámara de representantes David Racero.Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro respaldó el llamado del Pacto Histórico y los invitó a que la defensa de sus derechos políticos se haga también a través de las calles.“Es lamentable pero estamos en la misma situación de todos los países latinoamericanos. Usan la fiscalía y la procuraduría para resolver la política. Muy lamentable. Hay más de tres millones de electores que quisieron ser representados en el Congreso por el Pacto Histórico. Tienen derechos políticos y esos derechos son derechos humanos. No destruyan por favor, la democracia en Colombia. El Pacto Histórico debe saber que su defensa no es solo la CIDH y la justicia decente del país, su defensa es la convocatoria popular. No separarse del pueblo. Convocar las asambleas de inmediato en todos los municipios del país", dijo.Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC
Un total de ocho cadáveres, correspondientes a siete hombres y una mujer, fueron encontrados en dos fosas de una zona minera en el municipio Pucará, en la provincia andina del Azuay, situada en el sur de Ecuador, informó este domingo el jefe de la Policía, Pablo Inga.El hallazgo de los cadáveres mutilados tuvo lugar el sábado pasado en un campamento rústico, que podría estar vinculado a minería ilegal en una zona cercana al sector Huasipamba, a seis horas de la ciudad andina de Cuenca.En el sitio también se hallaron dos vehículos incinerados y la Policía investiga las circunstancias del hecho que dejó las ocho víctimas mortales y que, según los primeros testimonios de cercanos, estaban desaparecidas desde el pasado jueves.Las personas habrían muerto unas 48 horas antes del hallazgo, según datos preliminares de Criminalística.Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas" y a las que vincula, principalmente, al narcotráfico y a la minería ilegal.Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.
En Bogotá, el abandono de animales domésticos sigue siendo una problemática persistente. De acuerdo con datos de la Alcaldía y del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, cada año miles de perros y gatos terminan en las calles, ya sea por decisiones impulsivas de sus dueños, dificultades económicas, cambios de vivienda o falta de compromiso frente a su cuidado.A pesar de que algunos de ellos terminan en refugios la gran mayoría de estos animales quedan expuestos al hambre, las enfermedades y, sobre todo, al peligro constante de las vías.En medio de ese panorama, surgen historias que dejan ver el riesgo que enfrentan perros y gatos que fueron abandonados, así como la capacidad de reacción de quienes deciden ayudar. Precisamente, un hecho de solidaridad ocurrió recientemente en un corredor vial de la capital del país, donde una perrita estuvo a punto de morir.Rescatan a perrita que casi muere aplastada por una volquetaUna perrita que habría sido abandonada deambulaba desorientada por la carrera Séptima en Bogotá, sin rumbo claro y expuesta al peligro constante de los vehículos que transitaban por el corredor.La situación se volvió crítica cuando, en cuestión de segundos, una volqueta estuvo a punto de arrollarla.El hecho generó tensión y tristeza entre quienes presenciaron la escena. Por lo que motociclistas, ciudadanos e incluso uniformados de la Policía decidieron ir a su rescate. Durante varios minutos trataron de interceptar a la perrita que corría en dirección contraria al tráfico de la vía y en varias direcciones.Las autoridades y los motociclistas tuvieron que detener a varios vehículos para evitar que fuera atropellada. Luego de un rato, se coordinaron y lograron interceptar a la perrita antes de que ocurriera una tragedia.La escena, que parecía terminar en fatalidad, se transformó en un rescate y la historia tuvo un giro inesperado.La perrita fue bautizada como Milagros y quedó bajo el cuidado de un ciudadano que pasaba con su carro por el lugar y decidió llevarla a casa, brindarle atención veterinaria y darle un nuevo comienzo.Según información difundida en redes sociales, el hombre está dispuesto a adoptarla definitivamente si ningún dueño aparece a reclamarla.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó que seis integrantes de estructuras criminales fueron abatidos durante operaciones de la Fuerza Pública en los departamentos de Meta y Antioquia.La primera operación se desarrolló en el Meta, donde las Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Hernando Forero Mosquera, alias ‘El Ruso’ o ‘el alemán’, cabecilla del Frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc. Junto a él murieron otros tres integrantes de esa estructura armada.‘El Ruso’ llevaba más de 21 años delinquiendo y tenía presencia principalmente en Arauca y Casanare. Sin embargo, labores de inteligencia establecieron que se encontraba en el Meta, hasta donde fueron desplegadas las tropas. El presidente señaló además que el cabecilla tenía experiencia en el manejo de explosivos y habría sido enviado para asumir el control del corredor entre los departamentos de Guaviare y Vichada.“La contundencia será nuestra línea frente a las estructuras que pretenden imponer violencia y afectar la tranquilidad de los colombianos. La Fuerza Pública seguirá actuando con determinación, dentro de la Constitución y la ley, para proteger la vida, recuperar el control territorial y garantizar la seguridad”, recalcó el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora.En Antioquia, tropas de la Séptima División, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, la Policía y la Fiscalía, abatieron en combate a dos integrantes del Clan del Golfo, uno de ellos señalado como cabecilla de esa organización. Los hechos ocurrieron en la vereda Liberia, en el municipio de Anorí.Durante esta operación fueron incautados seis fusiles y abundante material de guerra. De acuerdo con las autoridades, la estructura involucrada es la misma que en 2024 asesinó a cuatro soldados que adelantaban operaciones en esa región.CapturasAdemás, en Necoclí, Urabá antioqueño, soldados de la Séptima División, en una operación conjunta con la Armada Nacional, capturaron a cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del Clan del Golfo. En el procedimiento fueron incautadas armas, municiones y material de inteligencia militar.Tras reportar los resultados, el presidente aseguró que las operaciones hacen parte de la estrategia para recuperar el control territorial y combatir a las organizaciones criminales. “Este es el Estado recuperando el control del territorio y protegiendo a su gente”, afirmó De La Espriella, quien agregó que los integrantes de estos grupos tienen como opciones someterse a la justicia o enfrentar la acción de la Fuerza Pública.El mandatario también felicitó a los militares, policías y demás integrantes de la Fuerza Pública que participaron en las operaciones y aseguró que no habrá tregua contra quienes, según dijo, pretendan atentar contra Colombia.
Un avión Airbus protagonizó una prueba inédita al permanecer 24 horas y 24 minutos en el aire, después de despegar de Melbourne, Australia, y aterrizar en Toulouse, Francia.El Airbus A350-1000ULR recorrió más de 23.000 kilómetros durante el trayecto, que comenzó el 28 de julio y terminó un día después en territorio francés.La particularidad del recorrido estuvo también en la ruta elegida. En lugar de tomar el trayecto directo hacia el oeste, que habría sido de aproximadamente 17.000 kilómetros, la aeronave realizó un recorrido mucho más extenso sobre el Pacífico.¿Cómo fue la ruta del vuelo de 24 horas?El avión tomó dirección noreste sobre el Pacífico y posteriormente atravesó Estados Unidos y Canadá. Después cruzó el océano Atlántico y continuó hacia el sur sobre el Reino Unido antes de llegar a Toulouse.De acuerdo con el mensaje difundido por la compañía aérea, durante el recorrido el Airbus pasó por tres continentes y dos océanos y alcanzó a experimentar dos amaneceres y dos atardeceres.La ruta fue diseñada deliberadamente para llevar al avión al límite de permanencia en el aire y extender la duración de la prueba.¿Quiénes viajaron en el Airbus A350-1000ULR?Aunque se trató de un avión comercial de pasajeros, el vuelo no transportó pasajeros con boleto.A bordo viajaron cuatro pilotos de prueba de Airbus y cinco ingenieros, además de más de cinco toneladas de instrumentación.El avión llevaba aproximadamente 1.000 sensores, destinados a registrar diferentes aspectos de su comportamiento durante las 24 horas de vuelo.El recorrido supera la duración del anterior récord mencionado en la información suministrada. En 2005, un Boeing 777-200LR había completado un vuelo de 22 horas y 42 minutos.¿Para qué se realizó este vuelo?El Airbus A350-1000ULR fue desarrollado específicamente para el Project Sunrise de Qantas, iniciativa con la que la aerolínea busca conectar Sídney y Londres sin escalas a partir de octubre de 2027.El vuelo entre Melbourne y Toulouse forma parte de las pruebas relacionadas con las capacidades de la aeronave para realizar trayectos de duración extrema.La certificación oficial del récord todavía está pendiente. Sin embargo, la aeronave ya completó un recorrido de 24 horas y 24 minutos sin aterrizar.
Las Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Hernando Forero Mosquera, conocido con el alias de ‘El Ruso’, señalado como uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc y responsable del Frente 28 José María Córdoba, confirmó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Aunque ‘El Ruso’ desarrollaba actividades delictivas principalmente en el departamento de Arauca y Casanare, inteligencia militar logró establecer que se encontraba en el Meta. Hasta ese departamento se desplegaron las operaciones que terminaron con su muerte, aunque hasta el momento no se ha precisado el lugar de los hechos.El mandatario detalló que el cabecilla era experto en el manejo de explosivos y fue enviado para asumir el mando en los límites entre Guaviare y Vichada.Además de alias ‘Ruso’ en la operación fueron neutralizados otros tres guerrilleros.Forero Mosquera era considerado cercano a alias ‘Antonio Medina’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc que delinquen en Arauca y Casanare y que hacen parte del grupo de alias ‘Iván Mordisco’.Esta operación se produjo durante el primer fin de semana del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, en el marco de la ofensiva anunciada por su administración contra los grupos armados y organizaciones criminales.Con la muerte de ‘El Ruso’ se confirma el segundo cabecilla neutralizado en menos de 48 horas, el primero alias ‘Bonito’, quien fue detenido en Guamal, Meta. Era el segundo al mando de ‘Comandos de la Frontera’, grupo criminal que nació de la ‘Segunda Marquetalia’, otra de las varias disidencias de las Farc.