A más de un mes del terremoto del pasado 10 de agosto, continúan las ayudas y las labores de recuperación en las zonas afectadas de Chocó y Valle del Cauca, donde miles de familias han recibido asistencia para alimentación, agua, alojamiento y reparación de infraestructura.Más de 7.000 personas han recibido apoyo para atender necesidades de alimentación. Según el balance entregado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, 7.495 personas, correspondientes a 1.759 familias, han recibido apoyo para atender necesidades de alimentación.A esto se suma la entrega de más de 8.000 kits de aseo y kits con elementos para el hogar, entre ellos sábanas, colchonetas, cobijas, toldillos y utensilios de cocina.Según el CICR también se han adelantado acciones para garantizar el acceso a agua segura a más de 2.000 familias.En materia de salud, 15 puestos de atención en Chocó recibieron medicamentos e insumos médicos. Adicionalmente, fueron dispuestos paquetes de emergencia para apoyar la atención de entre 400 y 700 personas.Los daños también alcanzaron la infraestructura educativa. Con base en información entregada por el comité, en diez comunidades rurales se entregaron materiales para reparar sedes en las que estudian 755 niños y jóvenes.Además, se entregaron recursos en efectivo para comprar alimentos para 400 personas, recuperar las actividades productivas de otras 40 y cubrir necesidades de alojamiento temporal de 168 damnificados.“A partir de las evaluaciones realizadas en coordinación y complementariedad con la Cruz Roja Colombiana, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC) y las autoridades competentes, el CICR ha definido una respuesta de recuperación de infraestructura comunitaria en dos fases: recuperación inicial de emergencia y rehabilitación de infraestructura de complejidad media y alta”, señala el CICR.La siguiente etapa estará concentrada en recuperar infraestructura comunitaria afectada por el sismo. El CICR proyecta que este proceso dure entre seis y nueve meses. Posteriormente se contemplan intervenciones de mayor complejidad en cocinas, comedores escolares, espacios educativos y otras infraestructuras que registraron daños.La intervención se concentra principalmente en zonas rurales de Chocó y Valle del Cauca, donde el terremoto se sumó a dificultades que ya enfrentaban varias comunidades por cuenta del conflicto armado y las restricciones para acceder a servicios básicos.
Al menos una persona ha desaparecido cada dos días este año por el conflicto armado colombiano, denunció este viernes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que documentó 99 casos entre enero y julio pasados.Entre los desaparecidos, señaló el organismo internacional en un comunicado, hay 36 niños, niñas y adolescentes."La desaparición sigue siendo una de las consecuencias humanitarias más dolorosas de los conflictos armados. Detrás de cada uno de estos casos hay una familia que no sabe qué ocurrió con su ser querido", expresó el coordinador adjunto de Protección de la delegación regional del CICR en Bogotá, Cleber Kemper.En su opinión, "prevenir las desapariciones es tan urgente como avanzar en la búsqueda de las personas que continúan desaparecidas y responder a las necesidades de sus familiares".Los departamentos de Cauca, Norte de Santander y Antioquia, tres de los más afectados por la violencia, concentran el 59 % de los casos, según el informe del CICR, publicado con motivo del Día Internacional de las Personas Desaparecidas.El Comité Internacional de la Cruz Roja señala además que ha documentado 2.659 casos de desaparición relacionados con los conflictos armados en Colombia desde noviembre de 2016, cuando el Gobierno y la guerrilla de las FARC firmaron el acuerdo de paz.Sin embargo, el organismo destacó que el Gobierno colombiano puso en marcha este año la Política Pública Integral para la Atención, Prevención, Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas, que supone, según el CICR, un avance hacia una respuesta más articulada y coordinada entre las diferentes organizaciones estatales."Colombia cuenta con diversas entidades y mecanismos para abordar la desaparición. Sin embargo, las dificultades para articular su trabajo y las restricciones para compartir información han limitado el derecho de los familiares a saber qué ocurrió con sus seres queridos", explicó Kemper.Por eso, agregó: "Contar con esta política marca una diferencia importante para brindar respuestas diferenciadas a las múltiples necesidades de las familias de las personas desaparecidas".
El Comité Internacional de la Cruz Roja presentó un nuevo balance sobre la situación humanitaria en Colombia y advirtió que 2025 estuvo marcado por un fuerte deterioro de las condiciones de vida de miles de comunidades atrapadas en medio de los conflictos armados.El informe anual alerta por el aumento del desplazamiento, el confinamiento, las desapariciones, el uso de explosivos y las afectaciones contra la población civil, en un contexto que el propio organismo describe como “lo ocurrido en 2025 no fue un hecho aislado. Se marcó en un deterioro progresivo de la situación humanitaria que el CICR ha venido advirtiendo desde 2018. Durante estos años, los conflictos armados persistieron, se volvieron más complejos, y sus efectos sobre la población civil se profundizaron. 2025 es el momento más grave de esta tendencia”.Según el balance, al menos 235.619 personas fueron desplazadas de manera individual, 87.069 tuvieron que huir en eventos de desplazamiento masivo y otras 176.730 permanecieron confinadas por cuenta de las confrontaciones armadas y las restricciones impuestas por grupos ilegales.En comparación con 2024, el confinamiento de comunidades aumentó un 100 %, los desplazamientos masivos crecieron un 111 % y los confinamientos subieron un 99 %. Además, las personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos aumentaron un 34%, las nuevas desapariciones documentadas crecieron un 22 % y los ataques contra la asistencia médica se incrementaron en un 40%.“En 2025, las consecuencias humanitarias de los conflictos armados en Colombia alcanzaron el nivel más alto de la última década. Lo que vimos fue no solo un aumento del número de personas afectadas, sino consecuencias humanitarias más severas que afectaron la calidad de vida de las comunidades. Eso respondió no solamente a una intensificación de los enfrentamientos, pero también en la forma en la cual se desarrollaron, y al trato que recibió la población civil. En el régimen hay un deterioro humanitario importante para las comunidades”, aseguró Olivier Dubois, jefe de la delegación regional del CICR en Bogotá.Entre las regiones más golpeadas aparecen Antioquia y Chocó. En Antioquia se registraron más de 13.300 desplazamientos individuales, más de 4.000 desplazamientos masivos y cerca de 5.000 personas confinadas. Además, hubo 152 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos y 37 ataques contra la asistencia médica.Mientras tanto, en Chocó la situación más crítica estuvo relacionada con el confinamiento: más de 51.500 personas quedaron atrapadas en sus territorios sin poder movilizarse libremente ni acceder plenamente a servicios básicos, alimentos o atención en salud. Allí también se reportaron desapariciones, desplazamientos y ataques contra la misión médica.Uno de los puntos más delicados del informe es el aumento del uso de artefactos explosivos y drones adaptados para lanzar explosivos. El CICR documentó 965 personas heridas o fallecidas por este tipo de artefactos durante 2025; 622 de ellas eran civiles, incluidos 93 niños, niñas y adolescentes. La organización señaló que Antioquia, Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander concentraron la mayoría de estos casos y alertó que el uso creciente de drones modificados está generando temor e incertidumbre entre las comunidades.“En muchos casos, las hostilidades se produjeron en zonas pobladas, lo que expuso a sus efectos a las comunidades y impacto directamente a la población civil. También registramos un aumento del uso de artefactos explosivos, en particular los de detonación controlada y los lanzados. Se nota el uso de drones adaptados para lanzar ese tipo de artefactos, lo que aumentó el temor y la incertidumbre dentro de la población civil. Observamos que la afectación a la población civil fue mayor cuando no se respetaron los principios del derecho internacional humanitario sobre la conducción de hostilidad, es decir, la distinción, la proporcionalidad y la precaución”, añadió Dubois.El informe también advierte sobre el impacto de las hostilidades en escuelas, viviendas y centros de salud. En varias zonas del país se reportó presencia de explosivos cerca de instituciones educativas, daños a bienes civiles y restricciones de acceso a servicios básicos. Además, la Mesa Nacional de Misión Médica documentó 282 actos violentos contra la asistencia en salud en 22 departamentos del país.Otro de los capítulos más preocupantes tiene que ver con las desapariciones y el reclutamiento de menores. El CICR documentó 308 nuevas desapariciones relacionadas con los conflictos armados, de las cuales 226 corresponden a civiles, incluidos 77 menores de edad. A esto se suman 65 casos de desaparición de niños y adolescentes asociados al reclutamiento por grupos armados y 58 hechos relacionados con el uso y utilización de menores en el conflicto. El organismo alertó que algunos grupos ilegales incluso estarían usando redes sociales, promesas de dinero y relaciones afectivas para captar menores.“La violencia sexual siguió siendo particularmente grave y, al mismo tiempo, una de las menos visibles. Las cifras disponibles no reflejan la magnitud real de este fenómeno, en parte porque muchas víctimas y sobrevivientes enfrentan estigmatización, temor a represalias y barreras para reportar lo ocurrido y acceder a las rutas de atención y asistencia”.En total, el CICR documentó 845 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario durante 2025. Además, advirtió que, mientras las necesidades humanitarias aumentan, los recursos para atenderlas están disminuyendo, al punto que la organización tuvo que reducir en un 30 % su presupuesto para Colombia en 2026.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió este jueves que 2025 va camino a ser el año de peores condiciones humanitarias en Colombia de la última década, una situación que tiene como principal causa el aumento de los enfrentamientos entre los grupos armados."Durante el primer semestre de 2025 la situación humanitaria en Colombia se agravó considerablemente, con consecuencias cada vez más severas para la población civil. El impacto en las comunidades superó lo registrado en el mismo periodo de 2024", expresó el CICR al publicar una actualización sobre el panorama del país.El organismo internacional agregó que "si esta tendencia continúa, 2025 cerrará como el año con las peores condiciones humanitarias de la última década".El deterioro, detalló el CICR, está "estrechamente relacionado" con el aumento de los enfrentamientos entre los grupos armados, así como entre la fuerza pública y estas organizaciones ilegales.También ha sido clave en el recrudecimiento de las condiciones humanitarias "la creciente estigmatización e instrumentalización de las comunidades", pues en varias regiones la población es acusada de favorecer a uno y otro grupo en medio de los conflictos armados.Cifras preocupantesEl CICR registró 524 personas heridas o muertas por artefactos explosivos en los primeros cinco meses del año, un incremento del 145 % con respecto al mismo periodo de 2024.El 70 % de las víctimas son civiles, incluidos 56 menores de edad, y el convulso departamento del Cauca (suroeste), donde operan disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos narcotraficantes, concentró el 55 % de los casos."El uso intensivo de artefactos explosivos lanzados, a través de medios de lanzamiento de fabricación improvisada y drones armados, así como de artefactos de detonación controlada, fue el principal factor que provocó este incremento", agregó la información.En ese sentido, el Comité detalló que hubo, al menos, 137 heridos o fallecidos por artefactos lanzados, un crecimiento del 342 %, y 266 víctimas por artefactos de detonación controlada, lo que supuso un aumento del 343 %."También se mantuvo la afectación por artefactos activados por la propia víctima, como minas antipersonal y restos explosivos de guerra, con 121 personas afectadas", precisó el CICR.Por otra parte, entre enero y mayo pasados, según cifras oficiales citadas por el Comité, hubo 85.760 personas confinadas en 13 de los 32 departamentos colombianos, una subida del 169 % con respecto a los primeros cinco meses de 2024."El desplazamiento masivo también aumentó. Entre enero y mayo, 58.160 personas fueron desplazadas en diez departamentos, lo que representó un incremento del 117 % frente al mismo periodo de 2024", señaló el organismo humanitario.La cifra de confinamientos y desplazados estuvo impulsada, principalmente, por la crisis que vivió a principios de año la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander (noreste), por los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.En los primeros cinco meses del año el CICR también documentó 136 casos de desaparición relacionados con el conflicto armado, de los cuales el 79 % de las víctimas son civiles.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó un puesto de salud en el corregimiento de El Plateado, en el departamento del Cauca.Este proyecto fue impulsado por las juntas de acción comunal. Recordemos que esta zona del país se ha visto afectada recientemente por las acciones terroristas de grupos como las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco'.“La construcción de este nuevo espacio fue priorizada debido a las afectaciones que los conflictos armados han generado recientemente en la infraestructura de salud y en el acceso a servicios básicos en la región. El CICR identificó, junto con la comunidad, la necesidad de un predio seguro y adecuado para garantizar el acceso, la continuidad y la calidad de la atención sanitaria a la población civil y a todas las personas que la necesiten”, señaló el CICR en un comunicado.Este puesto de salud será operado por la ESE Suroccidente y la idea es generar bienestar para la comunidad ante las afectaciones humanitarias que han vivido.“Este es un proyecto importante para el CICR porque responde a una necesidad humanitaria concreta en una región fuertemente impactada por los conflictos armados. El Plateado ha vivido graves afectaciones en la asistencia en salud, y por eso la entrega de este puesto representa una mejora significativa para quienes necesitan atención médica”, afirmó Giovanna De Meneghi, delegada del CICR para el sur del Cauca.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, llevó ayudas humanitarias a las familias de la comunidad El Socorro, vereda del municipio de El Bagre, que cumplen dos semanas desplazadas de su territorio por cuenta de los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.Fueron en total 400 mercados e igual número de kits de aseo entregados a las familias que se encuentran en un albergue de la comunidad indígena Los Almendros, así como a otras personas se encuentran confinadas en la zona donde se registraron estas disputas."Nos sentimos contentos de recibir esa ayuda. Tenemos la moral de entrar al territorio, pero a la vez tenemos temor de entrar. ¿Por qué? Porque no sabemos qué está sembrado en nuestro territorio. Entonces, pues, vamos a entrar, pero con temor", manifestó Wilbert Sandero, habitante de la vereda El Socorro.La disminución de confrontaciones armadas entre grupos ilegales, pero también la llegada de la fuerza pública que adelanta verificaciones sobre si hay campos minados, han venido calmando las aguas en esta zona, donde en las últimas semanas al menos un centenar de familias se han desplazado."Estar desplazado es muy duro, ya que yo lo he vivido en dos ocasiones. Lo viví en el 2000 y lo vengo a vivir ahora. Los de la comunidad de Los Almendros, muy agradecidos con ellos, porque se han portado hasta el momento muy bien. Ellos han sido muy buenos con nosotros, pero esa no es la casa de nosotros. No es nuestra casa y necesitamos buscar solución", dijo a su turno Lucelly Andrade, habitante El Socorro.Esta zona limítrofe con municipios como Segovia, Remedios y el sur del departamento de Bolívar ha estado en disputa desde hace varios meses como un corredor estratégico para la movilidad de grupos ilegales, pero además para hacerse al control de rentas ilícitas, especialmente aquellas derivadas de la minería.De acuerdo con el CICR, han venido realizando actividades de sensibilización en comportamientos seguros con estas comunidades, con el fin de minimizar el riesgo que representa la posible presencia de artefactos explosivos en sus territorios. La entidad también brindó apoyo con alimentos a la comunidad indígena de Los Almendros, que recibió en su albergue a las familias desplazadas.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió, en zona rural del Nordeste antioqueño, en límites con el departamento de Bolívar, a una persona que se encontraba en poder de los frentes 4 y 12, bloque Magdalena Medio “Comandante Gentil Duarte” de las extintas FARC-EP, que actualmente no están acogidas al acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno nacional y esta guerrilla.Manuel Duce, jefe de la subdelegación Medellín del CICR, señaló que luego de una valoración por parte del personal de salud, se pudo establecer que esta persona se encuentra en buenas condiciones.“Nuestro mandato es el de proteger y asistir, sin ningún tipo de distinción a las personas afectadas por los conflictos armados y la violencia. Nuestro interés es que se respete la vida, se proteja la integridad física y dignidad de las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades”, afirmó Duce.De acuerdo con este organismo humanitario, los ocho conflictos armados y la violencia que hay en el país siguen teniendo efectos en la población civil y en lo corrido del año ha facilitado la liberación de 26 personas que se encontraban en poder de grupos armados.“Agradecemos a las partes involucradas por la disposición y confianza que tuvieron para garantizar que esta operación humanitaria culminara con éxito. En las liberaciones cumplimos el rol de intermediario neutral y actuamos con el propósito estrictamente humanitario de ayudar, de manera imparcial, a las personas afectadas por los conflictos armados y la violencia”, agregó el jefe de la subdelegación Medellín del CICR.
Fueron 12 días de incertidumbre para familiares y la comunidad de la vereda Rancho Quemado en el municipio de Segovia los que llegaron a su fin tras la liberación de los dos jóvenes que habían sido secuestrados por miembros del Clan del Golfo en esta zona del Nordeste de Antioquia.En la acción humanitaria que se llevó a acabo en la vereda Campo Alegre, a unos 30 minutos del casco urbano del municipio, participó una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la MAPP-OEA como garantes del respeto a los derechos humanos de estos jóvenes que estaban en poder de miembros de las subestructuras Jorge Iván Arboleda y Uldar Cardona Rueda.Manuel Duce, jefe de la subdelegación en Medellín del CICR, aseguró que estas labores hacen parte del trabajo neutral e imparcial que desarrollan para apoyar a personas afectadas por las consecuencias del conflicto armado. En lo corrido del año han apoyado 14 casos de este tipo."El Comité Internacional de la Cruz Roja participó en esta liberación como intermediario neutral con el acuerdo de las partes involucradas y con un fin estrictamente humanitario. Esto contribuye a aliviar el sufrimiento de las personas liberadas así como la de sus familias", destacó.Sobre los ahora liberados no se tenía razón desde la madrugada del pasado 24 junio cuando hombres del Clan del Golfo incursionaron en el caserío de la vereda y sacaron a estos jóvenes de sus casas con rumbo desconocido.
La Cruz Roja Internacional logró la liberación de una persona secuestrada por las disidencias de las Farc en el Bajo Cauca antioqueño. Guardia Indígena y defensores de derechos humanos de la zona participaron en la acción.En medio de las diferentes acciones humanitarias que adelantan con grupos armados en el país, el Comité Internacional de la Cruz Roja anunció la liberación de una persona que estaba en poder del Frente 4 de las disidencias de las Farc en el Bajo Cauca antioqueño.Tras la operación de la que participaron defensores de derechos humanos y la Guardia Indígena de la zona, el CICR reportó que la persona víctima de secuestro tenía buenas condiciones de salud.Ignacio San Román, jefe de esa entidad internacional en la ciudad de Medellín, destacó este gesto como una forma de aliviar el sufrimiento que padece tanto la persona retenida como su familia que estaba a la espera de noticias."Insistimos a todos los actores armados estatales y no estatales para que protejan y respeten a la población civil y a todas las personas que han dejado de participar en las hostilidades, como pueden ser los heridos y las personas privadas de libertad", manifestó.Desde el CICR destacaron que la situación del país en materia de secuestro sigue siendo compleja y que por eso continuarán con su participación como intermediarios neutrales en este tipo de situaciones que a su vez contribuyen con el desescalamiento del conflicto.
A bordo de un camión el Comité Internacional de la Cruz Roja llegó con 190 mercados para las familias de las veredas Las Manuelas, Aguacates y Cancha Manila que han debido confinarse debido al fuego cruzado entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.Los mercados contienen alimentos de primera necesidad como arroz, aceite, pasta, frijoles, lentejas, harina, café, chocolate, sardinas, entre otros insumos.Recordemos que, pese a la presencia del Ejército en el territorio, persiste el temor a movilizarse entre las comunidades, pues estos grupos siguen acudiendo a la instalación de minas anti persona en el territorio. De hecho, en la última semana, un soldado murió, y otros dos resultaron heridos, tras caer a un campo minado. De igual forma un campesino sufrió graves heridas tras pisar una mina."Dado que sabemos que hay sospecha de presencia de artefactos explosivos en el territorio, damos recomendaciones a toda la comunidad para que sepan andar en el territorio y tengan comportamientos seguros frente a su movilidad en el territorio", informó Anne Laure Macherey, delegada de la Cruz Roja Internacional en el nordeste antioqueño. De igual forma, en Cancha Manila, fue entregada una electro - bomba que le permitirá a por lo menos 800 campesinos volver a tener acceso al agua.
Corponor elevó de amarilla a naranja la alerta por el comportamiento de las fuentes hídricas en Norte de Santander. La decisión se produce casi 15 días después de la primera advertencia y responde al mayor riesgo de disminución de los caudales de los ríos Pamplonita y Zulia.Humberto Camacho, director de Corponor, explicó que el cambio representa el paso de la prevención a la acción. “Con la alerta naranja estamos llamados ya a la acción”, señaló, al advertir que las autoridades municipales, la Policía y los organismos de gestión del riesgo deberán reforzar el cumplimiento de las restricciones.Uno de los indicadores que genera mayor preocupación está en el río Zulia. Su caudal medio normalmente se encuentra entre 24.000 y 28.000 litros por segundo, pero actualmente registra entre 13.000 y 14.000 litros por segundo.La autoridad ambiental también advierte sobre el aumento de las captaciones ilegales. “Las nacientes siguen siendo las mismas, la población sigue aumentando y el desvío del recurso hídrico de manera ilegal también sigue creciendo”, explicó Camacho.Ante este panorama, Corponor anunció restricciones temporales sobre el uso del agua y medidas contra las captaciones no autorizadas. También se suspendió el aprovechamiento de material de arrastre en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita.Para los ciudadanos también hay restricciones: está prohibido llenar piscinas, regar jardines y zonas verdes, lavar vehículos con manguera y utilizar agua para lavar fachadas, andenes y parqueaderos, entre otras actividades no autorizadas.Aunque todavía no se declara una alerta roja, el director de Corponor advierte que el escenario podría acercarse a ese nivel si no se adoptan las medidas necesarias. “Estamos muy cerca si no tomamos las acciones necesarias”, afirmó.En Cúcuta, la disminución del caudal del río Pamplonita ya es visible en diferentes puntos de la ciudad. Mientras permanece activa la alerta naranja, Corponor y las autoridades locales mantienen reuniones para evaluar la evolución de las fuentes hídricas y determinar nuevas acciones durante los próximos días.
El Audi A6 Sportback E-Tron, un carro eléctrico que oficialmente puede recorrer hasta 777 kilómetros con una carga, consiguió llegar a 1.338 kilómetros antes de quedarse sin batería, una distancia cerca de 72 % superior a la homologada, y de paso estableció un nuevo Récord Guinness para un vehículo eléctrico de producción.La hazaña estuvo a cargo del piloto polaco de rally Miko Marczyk, quien inició el recorrido a la 1:55 a. m. del 11 de septiembre. El trayecto lo llevó por ciudades como Cracovia, Sandomierz, Varsovia, Toruń y Grudziądz hasta llegar a Hel, en la costa del mar Báltico. Desde allí emprendió el regreso por buena parte de la misma ruta.El Audi terminó agotando su batería después de más de 45 horas de recorrido, cuando circulaba entre Toruń y Ciechocinek.¿Cómo un carro de 777 km de autonomía llegó a 1.338 km?La diferencia entre la autonomía oficial y la conseguida en carretera se explica principalmente por el nivel de eficiencia alcanzado durante la prueba. Marczyk consiguió un consumo promedio de apenas 7,09 kWh por cada 100 kilómetros, menos de la mitad del consumo combinado oficial del A6 Sportback E-Tron.No se trató de una prueba realizada en una pista cerrada ni de un vehículo transportado durante parte del recorrido. El Audi circuló por vías públicas y enfrentó tráfico normal, incluso durante horas de mayor congestión.Las condiciones tampoco fueron completamente constantes. La temperatura promedio estuvo alrededor de los 15 grados Celsius y llegó a bajar hasta los 7 grados durante el recorrido.Para reducir el consumo, el piloto aprovechó la frenada regenerativa, anticipó las condiciones del tráfico, evitó aceleraciones y frenadas innecesarias y mantuvo los neumáticos con la presión adecuada.La aerodinámica fue clave para gastar menos energíaEl resultado también está relacionado con las características del propio Audi. El A6 Sportback E-Tron tiene un coeficiente aerodinámico de 0,21, uno de los elementos que contribuyen a reducir la resistencia al avance y, por tanto, el consumo energético.El vehículo utiliza además una batería con 94,9 kWh de capacidad neta y cuenta con un sistema de recuperación de energía mediante frenado regenerativo que puede alcanzar hasta 220 kW.Audi asegura que alrededor del 95 % de las frenadas durante el uso cotidiano pueden realizarse mediante recuperación de energía. En una prueba centrada en recorrer la mayor distancia posible, aprovechar este sistema resulta especialmente relevante.El registro conseguido por Marczyk corresponde a la categoría de vehículos eléctricos de producción. El récord general pertenece al prototipo “muc022” del TUfast Eco Team, que recorrió 2.573,79 kilómetros con una sola carga en Alemania en septiembre de 2023.La diferencia está en el tipo de vehículo. Mientras aquel registro fue conseguido por un prototipo desarrollado específicamente para eficiencia, el Audi utilizado por Marczyk es un modelo de producción que realizó el recorrido en carreteras públicas.El piloto polaco ya había conseguido otro récord Guinness en 2025, cuando recorrió 2.831 kilómetros con un Skoda Superb diésel utilizando un solo tanque de combustible
A tres meses de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, Amnistía Internacional denunció una grave desatención estatal hacia la población afectada. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas del organismo, señaló que, si bien los sismos eran eventos naturales impredecibles, la respuesta gubernamental ha estado marcada por la negligencia institucional. "Lo que sí era controlable y lo que sí estaba bajo la posibilidad de las autoridades en Venezuela de hacerlo diferente era cómo atendía a la población afectada. Estamos hablando de un abandono absoluto por parte de las instituciones", afirmó Ballesta.Incertidumbre, desinformación y la búsqueda de desaparecidosLa representante de Amnistía Internacional enfatizó que el desastre telúrico se sobrepuso a una emergencia humanitaria compleja preexistente, en la que gran parte de los ciudadanos ya carecía de acceso a derechos fundamentales como vivienda, alimentación, agua potable y electricidad. Tras los sismos, lejos de centralizar y coordinar la ayuda, la actuación oficial ha generado desorientación en las víctimas. "Vemos que las autoridades efectivamente hacen lo que saben hacer, que es pues generar confusión; no hay una claridad, no hay una centralidad de dónde deben acudir las personas", detalló la investigadora.Ballesta advirtió que persiste una profunda incógnita sobre cuántas miles de personas continúan desaparecidas en el país y criticó la ausencia de protocolos claros para la identificación y entrega de cadáveres. Las familias se ven obligadas a recorrer morgues improvisadas sufriendo "tres meses de búsqueda, de incertidumbre, de desasosiego", sin recibir respuestas oficiales ni definitivas sobre el paradero de sus seres queridos.Un dilema habitacional: refugios, auxilio familiar o acampar sobre las ruinasFrente a la inacción del Estado, la organización documentó tres formas principales en que las familias intentan sobrellevar la tragedia. Un primer grupo de damnificados acudió a refugios temporales instalados en planteles educativos, donde reina la incertidumbre debido al inicio del nuevo año escolar. Un segundo sector optó por trasladarse a viviendas de familiares, "gestionando sus propias necesidades de manera privada" ante la falta de un plan gubernamental de reparación o subsidio de vivienda.El tercer escenario, considerado por la vocera como profundamente doloroso, involucra a personas que acampan a la intemperie frente a sus casas destruidas o marcadas con riesgo alto en los peritajes sísmicos. Muchos se niegan a abandonar el lugar por temor a perder sus terrenos y pertenencias. Ballesta citó el testimonio de una mujer afectada que reflejaba el drama colectivo: "Bueno, pero es que a mí me van a mandar a dónde, a vivir dónde y mi terreno y mi casita".Riesgo de violaciones a derechos humanos y la respuesta de la diásporaAmnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno venezolano para que actúe con transparencia y aplique políticas imparciales orientadas a proteger a poblaciones vulnerables, entre ellas niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. La vocera alertó que, mientras no se implementen medidas serias, "la población solo va a caer en una espiral de violaciones de derechos humanos en su contra".Finalmente, la investigadora destacó el papel de la población en el exterior, indicando que "las réplicas emocionales y psicológicas del terremoto llegaron a toda la diáspora". Ante el vacío dejado por el Estado, la comunidad venezolana en el extranjero se ha movilizado de manera masiva para enviar asistencia y mitigar el impacto de la catástrofe.
Una profesora fue atacada con un cuchillo dentro de un salón de clases por una de sus estudiantes, en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del colegio. La docente terminó en el piso durante el forcejeo, pero consiguió salir del aula y pedir ayuda pese a las heridas.El caso ocurrió el viernes 11 de septiembre en la escuela pública Dr. Gerson dos Santos Peres, en Cametá, ciudad del estado de Pará, en el noreste de Brasil. La profesora fue identificada como Betânia Almeida Prestes y la agresora es una adolescente que estudiaba en la institución.La escena se desencadenó después de una evaluación académica. Según la información conocida por medios locales, la estudiante había presentado un examen y posteriormente recibió la corrección de la docente. Poco después, cuando ambas permanecían solas en el salón, la menor sacó un cuchillo de caza que llevaba escondido.Las imágenes de seguridad muestran el momento en que la joven se acerca a la profesora y comienza la agresión. Betânia intentó evitar que la atacara y logró bloquear el primer movimiento de la estudiante.La docente también trató de contenerla físicamente y la llevó hasta una de las paredes del aula. Sin embargo, durante el enfrentamiento perdió el equilibrio y terminó en el suelo, donde recibió una herida por la espalda.Aun en esas condiciones, la profesora consiguió continuar con la resistencia hasta encontrar una oportunidad para escapar. Una vez fuera del salón, pidió auxilio y alertó a otros integrantes de la comunidad educativa sobre lo ocurrido.La explicación que entregó la estudianteLa Policía fue llamada al colegio y encontró a la adolescente en las instalaciones. Los agentes procedieron con su detención y posteriormente iniciaron el interrogatorio para establecer qué había provocado la agresión.De acuerdo con los reportes de medios locales, la estudiante aseguró que no existía un motivo concreto detrás del ataque. Su explicación fue que la profesora simplemente “no le caía bien”.Durante las diligencias, además, la adolescente señaló que había arrojado el cuchillo utilizado en la agresión dentro de una caneca de basura de la institución. Los uniformados encontraron el arma en ese lugar y procedieron a incautarla.La menor quedó posteriormente a disposición de los Servicios de Protección Infantil, mientras las autoridades notificaron a su madre y trasladaron a la adolescente a la Comisaría de la Policía Civil de Cametá para continuar con el procedimiento correspondiente.¿Qué pasó con la profesora?Tras conseguir salir del salón, Betânia fue atendida por los servicios médicos y trasladada al Hospital Regional de Cametá. Allí recibió puntos de sutura por las lesiones que sufrió durante el ataque.Según los reportes conocidos sobre el caso, las heridas no fueron consideradas de gravedad. La docente permaneció algunas horas en observación médica antes de continuar con su recuperación.El episodio generó una respuesta de la institución educativa, que expresó públicamente su rechazo a la violencia contra la profesora y manifestó su solidaridad con ella.“Es inaceptable que el ámbito escolar se haya convertido en escenario de semejante violencia”, señaló la escuela en un comunicado.En el mismo pronunciamiento, la institución resaltó el trabajo de Betânia Almeida Prestes como docente y sostuvo que lo ocurrido también representa una preocupación para el resto de los profesores.“La violencia contra la profesora Betânia no es solo contra ella, sino contra todos los docentes que sufrimos violencia en las escuelas de este país”, manifestó el colegio, que cerró su mensaje cuestionando hasta cuándo los profesores tendrán que enfrentar situaciones de violencia e irrespeto dentro de las instituciones educativas.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que pueda continuar cumpliendo su mandato de investigar graves crímenes del conflicto armado y luchar contra la impunidad.El pronunciamiento se conoció luego de una diligencia en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exjefes de las FARC y máximos responsables de la fuerza pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto, como parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.El organismo destacó la participación de las víctimas y reconoció su papel central dentro del proceso de justicia transicional.Asimismo, calificó estas sanciones como un hito histórico para la justicia transicional colombiana y mundial.De acuerdo con el organismo, la implementación de estas medidas combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto.Para la ONU, estas actuaciones muestran la capacidad de la JEP para establecer patrones relacionados con graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.En ese contexto, la organización señaló que, tanto en esta etapa como en las siguientes, es fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la JEP, con el propósito de que la Jurisdicción pueda cumplir sus objetivos frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto.