Comité Internacional de la Cruz Roja

El Comité Internacional de la Cruz Roja presentó un nuevo balance sobre la situación humanitaria en Colombia y advirtió que 2025 estuvo marcado por un fuerte deterioro de las condiciones de vida de miles de comunidades atrapadas en medio de los conflictos armados.El informe anual alerta por el aumento del desplazamiento, el confinamiento, las desapariciones, el uso de explosivos y las afectaciones contra la población civil, en un contexto que el propio organismo describe como “lo ocurrido en 2025 no fue un hecho aislado. Se marcó en un deterioro progresivo de la situación humanitaria que el CICR ha venido advirtiendo desde 2018. Durante estos años, los conflictos armados persistieron, se volvieron más complejos, y sus efectos sobre la población civil se profundizaron. 2025 es el momento más grave de esta tendencia”.Según el balance, al menos 235.619 personas fueron desplazadas de manera individual, 87.069 tuvieron que huir en eventos de desplazamiento masivo y otras 176.730 permanecieron confinadas por cuenta de las confrontaciones armadas y las restricciones impuestas por grupos ilegales.En comparación con 2024, el confinamiento de comunidades aumentó un 100 %, los desplazamientos masivos crecieron un 111 % y los confinamientos subieron un 99 %. Además, las personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos aumentaron un 34%, las nuevas desapariciones documentadas crecieron un 22 % y los ataques contra la asistencia médica se incrementaron en un 40%.“En 2025, las consecuencias humanitarias de los conflictos armados en Colombia alcanzaron el nivel más alto de la última década. Lo que vimos fue no solo un aumento del número de personas afectadas, sino consecuencias humanitarias más severas que afectaron la calidad de vida de las comunidades. Eso respondió no solamente a una intensificación de los enfrentamientos, pero también en la forma en la cual se desarrollaron, y al trato que recibió la población civil. En el régimen hay un deterioro humanitario importante para las comunidades”, aseguró Olivier Dubois, jefe de la delegación regional del CICR en Bogotá.Entre las regiones más golpeadas aparecen Antioquia y Chocó. En Antioquia se registraron más de 13.300 desplazamientos individuales, más de 4.000 desplazamientos masivos y cerca de 5.000 personas confinadas. Además, hubo 152 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos y 37 ataques contra la asistencia médica.Mientras tanto, en Chocó la situación más crítica estuvo relacionada con el confinamiento: más de 51.500 personas quedaron atrapadas en sus territorios sin poder movilizarse libremente ni acceder plenamente a servicios básicos, alimentos o atención en salud. Allí también se reportaron desapariciones, desplazamientos y ataques contra la misión médica.Uno de los puntos más delicados del informe es el aumento del uso de artefactos explosivos y drones adaptados para lanzar explosivos. El CICR documentó 965 personas heridas o fallecidas por este tipo de artefactos durante 2025; 622 de ellas eran civiles, incluidos 93 niños, niñas y adolescentes. La organización señaló que Antioquia, Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander concentraron la mayoría de estos casos y alertó que el uso creciente de drones modificados está generando temor e incertidumbre entre las comunidades.“En muchos casos, las hostilidades se produjeron en zonas pobladas, lo que expuso a sus efectos a las comunidades y impacto directamente a la población civil. También registramos un aumento del uso de artefactos explosivos, en particular los de detonación controlada y los lanzados. Se nota el uso de drones adaptados para lanzar ese tipo de artefactos, lo que aumentó el temor y la incertidumbre dentro de la población civil. Observamos que la afectación a la población civil fue mayor cuando no se respetaron los principios del derecho internacional humanitario sobre la conducción de hostilidad, es decir, la distinción, la proporcionalidad y la precaución”, añadió Dubois.El informe también advierte sobre el impacto de las hostilidades en escuelas, viviendas y centros de salud. En varias zonas del país se reportó presencia de explosivos cerca de instituciones educativas, daños a bienes civiles y restricciones de acceso a servicios básicos. Además, la Mesa Nacional de Misión Médica documentó 282 actos violentos contra la asistencia en salud en 22 departamentos del país.Otro de los capítulos más preocupantes tiene que ver con las desapariciones y el reclutamiento de menores. El CICR documentó 308 nuevas desapariciones relacionadas con los conflictos armados, de las cuales 226 corresponden a civiles, incluidos 77 menores de edad. A esto se suman 65 casos de desaparición de niños y adolescentes asociados al reclutamiento por grupos armados y 58 hechos relacionados con el uso y utilización de menores en el conflicto. El organismo alertó que algunos grupos ilegales incluso estarían usando redes sociales, promesas de dinero y relaciones afectivas para captar menores.“La violencia sexual siguió siendo particularmente grave y, al mismo tiempo, una de las menos visibles. Las cifras disponibles no reflejan la magnitud real de este fenómeno, en parte porque muchas víctimas y sobrevivientes enfrentan estigmatización, temor a represalias y barreras para reportar lo ocurrido y acceder a las rutas de atención y asistencia”.En total, el CICR documentó 845 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario durante 2025. Además, advirtió que, mientras las necesidades humanitarias aumentan, los recursos para atenderlas están disminuyendo, al punto que la organización tuvo que reducir en un 30 % su presupuesto para Colombia en 2026.

Comité Internacional de la Cruz Roja

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