A más de un mes del terremoto del pasado 10 de agosto, continúan las ayudas y las labores de recuperación en las zonas afectadas de Chocó y Valle del Cauca, donde miles de familias han recibido asistencia para alimentación, agua, alojamiento y reparación de infraestructura.Más de 7.000 personas han recibido apoyo para atender necesidades de alimentación. Según el balance entregado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, 7.495 personas, correspondientes a 1.759 familias, han recibido apoyo para atender necesidades de alimentación.A esto se suma la entrega de más de 8.000 kits de aseo y kits con elementos para el hogar, entre ellos sábanas, colchonetas, cobijas, toldillos y utensilios de cocina.Según el CICR también se han adelantado acciones para garantizar el acceso a agua segura a más de 2.000 familias.En materia de salud, 15 puestos de atención en Chocó recibieron medicamentos e insumos médicos. Adicionalmente, fueron dispuestos paquetes de emergencia para apoyar la atención de entre 400 y 700 personas.Los daños también alcanzaron la infraestructura educativa. Con base en información entregada por el comité, en diez comunidades rurales se entregaron materiales para reparar sedes en las que estudian 755 niños y jóvenes.Además, se entregaron recursos en efectivo para comprar alimentos para 400 personas, recuperar las actividades productivas de otras 40 y cubrir necesidades de alojamiento temporal de 168 damnificados.“A partir de las evaluaciones realizadas en coordinación y complementariedad con la Cruz Roja Colombiana, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC) y las autoridades competentes, el CICR ha definido una respuesta de recuperación de infraestructura comunitaria en dos fases: recuperación inicial de emergencia y rehabilitación de infraestructura de complejidad media y alta”, señala el CICR.La siguiente etapa estará concentrada en recuperar infraestructura comunitaria afectada por el sismo. El CICR proyecta que este proceso dure entre seis y nueve meses. Posteriormente se contemplan intervenciones de mayor complejidad en cocinas, comedores escolares, espacios educativos y otras infraestructuras que registraron daños.La intervención se concentra principalmente en zonas rurales de Chocó y Valle del Cauca, donde el terremoto se sumó a dificultades que ya enfrentaban varias comunidades por cuenta del conflicto armado y las restricciones para acceder a servicios básicos.
Al menos una persona ha desaparecido cada dos días este año por el conflicto armado colombiano, denunció este viernes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que documentó 99 casos entre enero y julio pasados.Entre los desaparecidos, señaló el organismo internacional en un comunicado, hay 36 niños, niñas y adolescentes."La desaparición sigue siendo una de las consecuencias humanitarias más dolorosas de los conflictos armados. Detrás de cada uno de estos casos hay una familia que no sabe qué ocurrió con su ser querido", expresó el coordinador adjunto de Protección de la delegación regional del CICR en Bogotá, Cleber Kemper.En su opinión, "prevenir las desapariciones es tan urgente como avanzar en la búsqueda de las personas que continúan desaparecidas y responder a las necesidades de sus familiares".Los departamentos de Cauca, Norte de Santander y Antioquia, tres de los más afectados por la violencia, concentran el 59 % de los casos, según el informe del CICR, publicado con motivo del Día Internacional de las Personas Desaparecidas.El Comité Internacional de la Cruz Roja señala además que ha documentado 2.659 casos de desaparición relacionados con los conflictos armados en Colombia desde noviembre de 2016, cuando el Gobierno y la guerrilla de las FARC firmaron el acuerdo de paz.Sin embargo, el organismo destacó que el Gobierno colombiano puso en marcha este año la Política Pública Integral para la Atención, Prevención, Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas, que supone, según el CICR, un avance hacia una respuesta más articulada y coordinada entre las diferentes organizaciones estatales."Colombia cuenta con diversas entidades y mecanismos para abordar la desaparición. Sin embargo, las dificultades para articular su trabajo y las restricciones para compartir información han limitado el derecho de los familiares a saber qué ocurrió con sus seres queridos", explicó Kemper.Por eso, agregó: "Contar con esta política marca una diferencia importante para brindar respuestas diferenciadas a las múltiples necesidades de las familias de las personas desaparecidas".
El Comité Internacional de la Cruz Roja presentó un nuevo balance sobre la situación humanitaria en Colombia y advirtió que 2025 estuvo marcado por un fuerte deterioro de las condiciones de vida de miles de comunidades atrapadas en medio de los conflictos armados.El informe anual alerta por el aumento del desplazamiento, el confinamiento, las desapariciones, el uso de explosivos y las afectaciones contra la población civil, en un contexto que el propio organismo describe como “lo ocurrido en 2025 no fue un hecho aislado. Se marcó en un deterioro progresivo de la situación humanitaria que el CICR ha venido advirtiendo desde 2018. Durante estos años, los conflictos armados persistieron, se volvieron más complejos, y sus efectos sobre la población civil se profundizaron. 2025 es el momento más grave de esta tendencia”.Según el balance, al menos 235.619 personas fueron desplazadas de manera individual, 87.069 tuvieron que huir en eventos de desplazamiento masivo y otras 176.730 permanecieron confinadas por cuenta de las confrontaciones armadas y las restricciones impuestas por grupos ilegales.En comparación con 2024, el confinamiento de comunidades aumentó un 100 %, los desplazamientos masivos crecieron un 111 % y los confinamientos subieron un 99 %. Además, las personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos aumentaron un 34%, las nuevas desapariciones documentadas crecieron un 22 % y los ataques contra la asistencia médica se incrementaron en un 40%.“En 2025, las consecuencias humanitarias de los conflictos armados en Colombia alcanzaron el nivel más alto de la última década. Lo que vimos fue no solo un aumento del número de personas afectadas, sino consecuencias humanitarias más severas que afectaron la calidad de vida de las comunidades. Eso respondió no solamente a una intensificación de los enfrentamientos, pero también en la forma en la cual se desarrollaron, y al trato que recibió la población civil. En el régimen hay un deterioro humanitario importante para las comunidades”, aseguró Olivier Dubois, jefe de la delegación regional del CICR en Bogotá.Entre las regiones más golpeadas aparecen Antioquia y Chocó. En Antioquia se registraron más de 13.300 desplazamientos individuales, más de 4.000 desplazamientos masivos y cerca de 5.000 personas confinadas. Además, hubo 152 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos y 37 ataques contra la asistencia médica.Mientras tanto, en Chocó la situación más crítica estuvo relacionada con el confinamiento: más de 51.500 personas quedaron atrapadas en sus territorios sin poder movilizarse libremente ni acceder plenamente a servicios básicos, alimentos o atención en salud. Allí también se reportaron desapariciones, desplazamientos y ataques contra la misión médica.Uno de los puntos más delicados del informe es el aumento del uso de artefactos explosivos y drones adaptados para lanzar explosivos. El CICR documentó 965 personas heridas o fallecidas por este tipo de artefactos durante 2025; 622 de ellas eran civiles, incluidos 93 niños, niñas y adolescentes. La organización señaló que Antioquia, Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander concentraron la mayoría de estos casos y alertó que el uso creciente de drones modificados está generando temor e incertidumbre entre las comunidades.“En muchos casos, las hostilidades se produjeron en zonas pobladas, lo que expuso a sus efectos a las comunidades y impacto directamente a la población civil. También registramos un aumento del uso de artefactos explosivos, en particular los de detonación controlada y los lanzados. Se nota el uso de drones adaptados para lanzar ese tipo de artefactos, lo que aumentó el temor y la incertidumbre dentro de la población civil. Observamos que la afectación a la población civil fue mayor cuando no se respetaron los principios del derecho internacional humanitario sobre la conducción de hostilidad, es decir, la distinción, la proporcionalidad y la precaución”, añadió Dubois.El informe también advierte sobre el impacto de las hostilidades en escuelas, viviendas y centros de salud. En varias zonas del país se reportó presencia de explosivos cerca de instituciones educativas, daños a bienes civiles y restricciones de acceso a servicios básicos. Además, la Mesa Nacional de Misión Médica documentó 282 actos violentos contra la asistencia en salud en 22 departamentos del país.Otro de los capítulos más preocupantes tiene que ver con las desapariciones y el reclutamiento de menores. El CICR documentó 308 nuevas desapariciones relacionadas con los conflictos armados, de las cuales 226 corresponden a civiles, incluidos 77 menores de edad. A esto se suman 65 casos de desaparición de niños y adolescentes asociados al reclutamiento por grupos armados y 58 hechos relacionados con el uso y utilización de menores en el conflicto. El organismo alertó que algunos grupos ilegales incluso estarían usando redes sociales, promesas de dinero y relaciones afectivas para captar menores.“La violencia sexual siguió siendo particularmente grave y, al mismo tiempo, una de las menos visibles. Las cifras disponibles no reflejan la magnitud real de este fenómeno, en parte porque muchas víctimas y sobrevivientes enfrentan estigmatización, temor a represalias y barreras para reportar lo ocurrido y acceder a las rutas de atención y asistencia”.En total, el CICR documentó 845 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario durante 2025. Además, advirtió que, mientras las necesidades humanitarias aumentan, los recursos para atenderlas están disminuyendo, al punto que la organización tuvo que reducir en un 30 % su presupuesto para Colombia en 2026.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió este jueves que 2025 va camino a ser el año de peores condiciones humanitarias en Colombia de la última década, una situación que tiene como principal causa el aumento de los enfrentamientos entre los grupos armados."Durante el primer semestre de 2025 la situación humanitaria en Colombia se agravó considerablemente, con consecuencias cada vez más severas para la población civil. El impacto en las comunidades superó lo registrado en el mismo periodo de 2024", expresó el CICR al publicar una actualización sobre el panorama del país.El organismo internacional agregó que "si esta tendencia continúa, 2025 cerrará como el año con las peores condiciones humanitarias de la última década".El deterioro, detalló el CICR, está "estrechamente relacionado" con el aumento de los enfrentamientos entre los grupos armados, así como entre la fuerza pública y estas organizaciones ilegales.También ha sido clave en el recrudecimiento de las condiciones humanitarias "la creciente estigmatización e instrumentalización de las comunidades", pues en varias regiones la población es acusada de favorecer a uno y otro grupo en medio de los conflictos armados.Cifras preocupantesEl CICR registró 524 personas heridas o muertas por artefactos explosivos en los primeros cinco meses del año, un incremento del 145 % con respecto al mismo periodo de 2024.El 70 % de las víctimas son civiles, incluidos 56 menores de edad, y el convulso departamento del Cauca (suroeste), donde operan disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos narcotraficantes, concentró el 55 % de los casos."El uso intensivo de artefactos explosivos lanzados, a través de medios de lanzamiento de fabricación improvisada y drones armados, así como de artefactos de detonación controlada, fue el principal factor que provocó este incremento", agregó la información.En ese sentido, el Comité detalló que hubo, al menos, 137 heridos o fallecidos por artefactos lanzados, un crecimiento del 342 %, y 266 víctimas por artefactos de detonación controlada, lo que supuso un aumento del 343 %."También se mantuvo la afectación por artefactos activados por la propia víctima, como minas antipersonal y restos explosivos de guerra, con 121 personas afectadas", precisó el CICR.Por otra parte, entre enero y mayo pasados, según cifras oficiales citadas por el Comité, hubo 85.760 personas confinadas en 13 de los 32 departamentos colombianos, una subida del 169 % con respecto a los primeros cinco meses de 2024."El desplazamiento masivo también aumentó. Entre enero y mayo, 58.160 personas fueron desplazadas en diez departamentos, lo que representó un incremento del 117 % frente al mismo periodo de 2024", señaló el organismo humanitario.La cifra de confinamientos y desplazados estuvo impulsada, principalmente, por la crisis que vivió a principios de año la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander (noreste), por los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.En los primeros cinco meses del año el CICR también documentó 136 casos de desaparición relacionados con el conflicto armado, de los cuales el 79 % de las víctimas son civiles.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó un puesto de salud en el corregimiento de El Plateado, en el departamento del Cauca.Este proyecto fue impulsado por las juntas de acción comunal. Recordemos que esta zona del país se ha visto afectada recientemente por las acciones terroristas de grupos como las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco'.“La construcción de este nuevo espacio fue priorizada debido a las afectaciones que los conflictos armados han generado recientemente en la infraestructura de salud y en el acceso a servicios básicos en la región. El CICR identificó, junto con la comunidad, la necesidad de un predio seguro y adecuado para garantizar el acceso, la continuidad y la calidad de la atención sanitaria a la población civil y a todas las personas que la necesiten”, señaló el CICR en un comunicado.Este puesto de salud será operado por la ESE Suroccidente y la idea es generar bienestar para la comunidad ante las afectaciones humanitarias que han vivido.“Este es un proyecto importante para el CICR porque responde a una necesidad humanitaria concreta en una región fuertemente impactada por los conflictos armados. El Plateado ha vivido graves afectaciones en la asistencia en salud, y por eso la entrega de este puesto representa una mejora significativa para quienes necesitan atención médica”, afirmó Giovanna De Meneghi, delegada del CICR para el sur del Cauca.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, llevó ayudas humanitarias a las familias de la comunidad El Socorro, vereda del municipio de El Bagre, que cumplen dos semanas desplazadas de su territorio por cuenta de los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.Fueron en total 400 mercados e igual número de kits de aseo entregados a las familias que se encuentran en un albergue de la comunidad indígena Los Almendros, así como a otras personas se encuentran confinadas en la zona donde se registraron estas disputas."Nos sentimos contentos de recibir esa ayuda. Tenemos la moral de entrar al territorio, pero a la vez tenemos temor de entrar. ¿Por qué? Porque no sabemos qué está sembrado en nuestro territorio. Entonces, pues, vamos a entrar, pero con temor", manifestó Wilbert Sandero, habitante de la vereda El Socorro.La disminución de confrontaciones armadas entre grupos ilegales, pero también la llegada de la fuerza pública que adelanta verificaciones sobre si hay campos minados, han venido calmando las aguas en esta zona, donde en las últimas semanas al menos un centenar de familias se han desplazado."Estar desplazado es muy duro, ya que yo lo he vivido en dos ocasiones. Lo viví en el 2000 y lo vengo a vivir ahora. Los de la comunidad de Los Almendros, muy agradecidos con ellos, porque se han portado hasta el momento muy bien. Ellos han sido muy buenos con nosotros, pero esa no es la casa de nosotros. No es nuestra casa y necesitamos buscar solución", dijo a su turno Lucelly Andrade, habitante El Socorro.Esta zona limítrofe con municipios como Segovia, Remedios y el sur del departamento de Bolívar ha estado en disputa desde hace varios meses como un corredor estratégico para la movilidad de grupos ilegales, pero además para hacerse al control de rentas ilícitas, especialmente aquellas derivadas de la minería.De acuerdo con el CICR, han venido realizando actividades de sensibilización en comportamientos seguros con estas comunidades, con el fin de minimizar el riesgo que representa la posible presencia de artefactos explosivos en sus territorios. La entidad también brindó apoyo con alimentos a la comunidad indígena de Los Almendros, que recibió en su albergue a las familias desplazadas.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió, en zona rural del Nordeste antioqueño, en límites con el departamento de Bolívar, a una persona que se encontraba en poder de los frentes 4 y 12, bloque Magdalena Medio “Comandante Gentil Duarte” de las extintas FARC-EP, que actualmente no están acogidas al acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno nacional y esta guerrilla.Manuel Duce, jefe de la subdelegación Medellín del CICR, señaló que luego de una valoración por parte del personal de salud, se pudo establecer que esta persona se encuentra en buenas condiciones.“Nuestro mandato es el de proteger y asistir, sin ningún tipo de distinción a las personas afectadas por los conflictos armados y la violencia. Nuestro interés es que se respete la vida, se proteja la integridad física y dignidad de las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades”, afirmó Duce.De acuerdo con este organismo humanitario, los ocho conflictos armados y la violencia que hay en el país siguen teniendo efectos en la población civil y en lo corrido del año ha facilitado la liberación de 26 personas que se encontraban en poder de grupos armados.“Agradecemos a las partes involucradas por la disposición y confianza que tuvieron para garantizar que esta operación humanitaria culminara con éxito. En las liberaciones cumplimos el rol de intermediario neutral y actuamos con el propósito estrictamente humanitario de ayudar, de manera imparcial, a las personas afectadas por los conflictos armados y la violencia”, agregó el jefe de la subdelegación Medellín del CICR.
Fueron 12 días de incertidumbre para familiares y la comunidad de la vereda Rancho Quemado en el municipio de Segovia los que llegaron a su fin tras la liberación de los dos jóvenes que habían sido secuestrados por miembros del Clan del Golfo en esta zona del Nordeste de Antioquia.En la acción humanitaria que se llevó a acabo en la vereda Campo Alegre, a unos 30 minutos del casco urbano del municipio, participó una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la MAPP-OEA como garantes del respeto a los derechos humanos de estos jóvenes que estaban en poder de miembros de las subestructuras Jorge Iván Arboleda y Uldar Cardona Rueda.Manuel Duce, jefe de la subdelegación en Medellín del CICR, aseguró que estas labores hacen parte del trabajo neutral e imparcial que desarrollan para apoyar a personas afectadas por las consecuencias del conflicto armado. En lo corrido del año han apoyado 14 casos de este tipo."El Comité Internacional de la Cruz Roja participó en esta liberación como intermediario neutral con el acuerdo de las partes involucradas y con un fin estrictamente humanitario. Esto contribuye a aliviar el sufrimiento de las personas liberadas así como la de sus familias", destacó.Sobre los ahora liberados no se tenía razón desde la madrugada del pasado 24 junio cuando hombres del Clan del Golfo incursionaron en el caserío de la vereda y sacaron a estos jóvenes de sus casas con rumbo desconocido.
La Cruz Roja Internacional logró la liberación de una persona secuestrada por las disidencias de las Farc en el Bajo Cauca antioqueño. Guardia Indígena y defensores de derechos humanos de la zona participaron en la acción.En medio de las diferentes acciones humanitarias que adelantan con grupos armados en el país, el Comité Internacional de la Cruz Roja anunció la liberación de una persona que estaba en poder del Frente 4 de las disidencias de las Farc en el Bajo Cauca antioqueño.Tras la operación de la que participaron defensores de derechos humanos y la Guardia Indígena de la zona, el CICR reportó que la persona víctima de secuestro tenía buenas condiciones de salud.Ignacio San Román, jefe de esa entidad internacional en la ciudad de Medellín, destacó este gesto como una forma de aliviar el sufrimiento que padece tanto la persona retenida como su familia que estaba a la espera de noticias."Insistimos a todos los actores armados estatales y no estatales para que protejan y respeten a la población civil y a todas las personas que han dejado de participar en las hostilidades, como pueden ser los heridos y las personas privadas de libertad", manifestó.Desde el CICR destacaron que la situación del país en materia de secuestro sigue siendo compleja y que por eso continuarán con su participación como intermediarios neutrales en este tipo de situaciones que a su vez contribuyen con el desescalamiento del conflicto.
A bordo de un camión el Comité Internacional de la Cruz Roja llegó con 190 mercados para las familias de las veredas Las Manuelas, Aguacates y Cancha Manila que han debido confinarse debido al fuego cruzado entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.Los mercados contienen alimentos de primera necesidad como arroz, aceite, pasta, frijoles, lentejas, harina, café, chocolate, sardinas, entre otros insumos.Recordemos que, pese a la presencia del Ejército en el territorio, persiste el temor a movilizarse entre las comunidades, pues estos grupos siguen acudiendo a la instalación de minas anti persona en el territorio. De hecho, en la última semana, un soldado murió, y otros dos resultaron heridos, tras caer a un campo minado. De igual forma un campesino sufrió graves heridas tras pisar una mina."Dado que sabemos que hay sospecha de presencia de artefactos explosivos en el territorio, damos recomendaciones a toda la comunidad para que sepan andar en el territorio y tengan comportamientos seguros frente a su movilidad en el territorio", informó Anne Laure Macherey, delegada de la Cruz Roja Internacional en el nordeste antioqueño. De igual forma, en Cancha Manila, fue entregada una electro - bomba que le permitirá a por lo menos 800 campesinos volver a tener acceso al agua.
Un total de 16 indígenas provenientes de Nuquí, Chocó, llegaron a Medellín, ocho de ellos menores de edad, luego de verse obligados a abandonar sus territorios por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en esta zona del departamento.Las familias arribaron al aeropuerto Olaya Herrera, donde fueron recibidas por el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Según informó la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, se trata de cuatro grupos familiares afectados por la situación de orden público en esa zona.La Administración Distrital confirmó que estas personas ya rindieron declaración ante la Personería de Medellín y actualmente se encuentran en albergues de la ciudad, donde reciben acompañamiento y atención humanitaria. "Debido al conflicto armado en Nuquí, habían asesinado dos indígenas y secuestrado uno y la Alcaldía de Medellín les hace toda la atención en coordinación con la Personería de Medellín donde declaran que se les brinda toda la ayuda humanitaria de albergue de protección a a esta población que viene amenazada y desplazada", indicó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, en diálogo con BLU Radio.Este nuevo desplazamiento ocurre en medio de la grave situación humanitaria que enfrenta Nuquí. El pasado primero de noviembre, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento forzado de aproximadamente 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, quienes abandonaron sus territorios por temor a las disputas entre el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y el ELN.El organismo advirtió que la comunidad permanecía temporalmente en Jurubirá, sin haber podido completar su traslado hasta la cabecera municipal. Además, señaló que cerca de 300 habitantes de Puerto Indio también estarían evaluando desplazarse por las condiciones de inseguridad.La Defensoría había advertido sobre el agravamiento del riesgo en la zona tras el asesinato de dos personas y el presunto secuestro de una tercera, hechos que precedieron la salida de las familias indígenas de sus territorios.
La Sala Plena de la Corte Constitucional estudiará, como primer punto de su sesión extraordinaria del lunes 9 de noviembre, el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.La sesión será a partir de las 9:00 de la mañana, en la que abordará como primer punto la definición de qué autoridad debe continuar con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos vínculos con estructuras paramilitares: si será la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El asunto corresponde al expediente CJU-7957. El magistrado ponente es Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien tiene a su cargo estudiar el expediente y presentar a la Sala Plena una ponencia sobre cuál de las dos autoridades tiene la competencia para continuar con el proceso.La controversia se originó el 19 de agosto de 2026, cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una proposición mediante la cual reclamó el expediente que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación.El argumento de la Comisión es que algunas de las conductas investigadas, entre ellas el presunto concierto para delinquir agravado, se habrían prolongado en el tiempo hasta 2003, período durante el cual el expresidente Álvaro Uribe ejercía como jefe de Estado. Por esa razón, considera que los hechos estarían cobijados por el fuero presidencial y que, en consecuencia, la investigación debe ser asumida por el Congreso de la República.Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación rechaza esa pretensión y sostiene que debe conservar la competencia para adelantar el proceso, debido a que los hechos objeto de investigación habrían ocurrido cuando Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.Hay que precisar que esta discusión no corresponde a una decisión sobre la responsabilidad penal del expresidente, sino a la definición de quién es competente para adelantar la investigación.El segundo asunto previsto en el orden del día de la sesión extraordinaria corresponde al expediente D-16118, cuya magistrada ponente es Natalia Ángel Cabo. Se trata de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32, parcialmente, de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, denominado Colombia, Potencia Mundial de la Vida, del Gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro.La disposición demandada modificó el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y está relacionada con, según la definición del Gobierno anterior, las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional localizados en la frontera agrícola.El debate constitucional se concentra en las facultades otorgadas al Gobierno nacional, particularmente al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), para identificar y delimitar áreas de especial interés destinadas a garantizar la producción de alimentos y proteger el suelo rural.Dentro de estas figuras se encuentran las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Reserva Campesina.La demanda cuestiona si estas disposiciones desconocen la autonomía territorial de los municipios y distritos, reconocida en los artículos 287 y 311 de la Constitución Política, al considerar que la intervención del Gobierno nacional podría limitar las competencias de las autoridades locales para definir y adoptar sus propios Planes de Ordenamiento Territorial (POT).Entre los argumentos expuestos por los demandantes y sectores gremiales, como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), está la preocupación por una posible afectación de las competencias municipales en materia de ordenamiento del territorio y definición de los usos del suelo.
Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 8 de noviembre de 2026:Decoración navideña y tradiciones en el hogar: Los conductores Juan Manuel Ramírez y Tata Solarte conversaron sobre el armado del árbol de Navidad y anécdotas familiares de fin de año.Evento GovTech e innovación en el Estado: Se reseñó un encuentro organizado por emprendedores tecnológicos junto a alcaldes y expertos internacionales para abordar la modernización del gobierno digital.Experiencias personales de comercio electrónico: Los presentadores compartieron historias sobre sus hábitos cotidianos de compras en plataformas digitales locales e internacionales.Proyecto de Ley de Rescate Económico: El representante a la Cámara Julio César Triana analizó los recortes al gasto público y las discusiones sobre la reforma tributaria en el Congreso.Impuesto de IVA al comercio electrónico internacional: María Fernanda Quiñones (CCCE) detalló la propuesta de aplicar un 19% de IVA a paquetes menores a 200 dólares para equiparar condiciones con el comercio nacional.Normalización tributaria de criptoactivos: Alejandro Beltrán (Buda) explicó la iniciativa de aplicar un impuesto único del 5% a la tenencia de criptomonedas y los reportes de información ante la DIAN.
Dos hechos de orden público mantienen en alerta a las autoridades en el Nordeste de Antioquia. En la vereda Providencia de Anorí, tropas del Ejército adelantan la desactivación de cargas explosivas instaladas en dos mulas, mientras que en Segovia un subintendente de la Policía resultó herido durante un ataque armado y fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 39 años.En Anorí, la alerta se activó luego de que las autoridades detectaran que los animales transportaban explosivos. El Ejército interviene para neutralizar las cargas y evitar que sean detonadas. Este hecho sería responsabilidad del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.El otro hecho ocurrió en las últimas horas en el sector de Matuna, zona rural de Segovia. De acuerdo con el reporte de la Policía, unidades del Escuadrón Móvil de Carabineros número 12 acudieron a atender un requerimiento ciudadano relacionado con un presunto secuestro y el hurto de un vehículo.Los uniformados, que estaban en un puesto de control sobre la vía de Interrapidísimo, se desplazaron hasta el sitio y fueron recibidos con disparos. En el hostigamiento resultó lesionado el subintendente Jonatan Alexander Castro Díaz, quien sufrió una afectación en el dedo pulgar de la mano izquierda y aturdimiento. Una vez controlada la situación, los policías encontraron el cuerpo sin vida de Lady Patricia Guerrero, de 39 años. La Policía informó que los actos urgentes quedaron a cargo de unidades de la Sijín de Antioquia.En el lugar fueron incautadas dos escopetas Mossberg, dos fusiles y una carabina. Según información de inteligencia de la Policía, en esta zona tienen presencia la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo, y el frente 4 de las disidencias, grupos que mantienen una confrontación por el control territorial. El ataque en Segovia sería atribuido a este último grupo.
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.