El alcalde del municipio de Mosquera, Cundinamarca, Nelson Hernán Parra, sorprendió con una rueda de prensa en la que denunció los presuntos hechos de corrupción durante la administración 2020 - 2023.De acuerdo con las denuncias, el exalcalde Gian Carlo Gerometta y su gabinete, habrían incurrido en faltas disciplinarias, fiscales y penales por las presuntas irregularidades en temas de adición de recursos, variación en las condiciones de entrega de proyectos y múltiples incumplimientos.Dentro de los 4 grandes casos denunciados está la licitación pública No. 010 del año 2023 para la renovación del sistema de videovigilancia del municipio se adquirieron 15 cámaras por más de 2.600 millones de pesos, que estarían distribuidas en cinco puntos diferentes. El único proponente que se presentó fue la empresa SKG Tecnología S.A.S, representada legalmente por John Alejandro Munevar. La actual administración evidenció que a la fecha solo tres se encuentran en funcionamiento y aun así se pagó el total del contrato.Otro caso es el relacionado con la compra, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de equipos de video, sonido, iluminación y kioscos agilizadores para los escenarios deportivos, culturales y la sede administrativa del municipio de Mosquera por 7.533 millones de pesos. El contrato firmado con la Kimberly Valderrama Vargas como representante legal de la Unión Temporal Audiovisuales Mosquera, no solo habría presentado sobrecostos, sino que los equipos en gran parte, no fueron instalados ni puestos en funcionamiento.Otra llamativa denuncia recuerda los carrotanques de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres. El alcalde Gerometta incluyó la compra de un camión cisterna por más de 1.000 millones de pesos. El vehículo habría entrado al inventario el 18 de diciembre de 2023 y se regresó por garantía el 27 de diciembre de 2023. En conclusión, no fue usado y tampoco se encuentra en el municipio para su uso.Ese rubro hace parte del contrato firmado con TDEPE S.A.S representada por Gustavo Adolfo Delgado Devia por más de $5.000 millones de pesos, para mitigar los impactos de la sequía. Al momento de su liquidación no había cumplido ni con el 20 % de lo contratado.De las denuncias de presunta corrupción no se salvó ni el estadio municipal, una de las perlas más costosas. Comenzó licitándose en $41.700 millones y con adiciones ya va en 65.900 millones de pesos para construir un escenario de 5 pisos. Sin embargo, la ejecución del contrato permite concluir que, con adición y todo, el contratista hará entrega solamente de 4 pisos de obra.Otra obra cuestionada es el velódromo sobre el que ya existe un informe de la Contraloría, en el que el municipio presuntamente celebró el contrato de obra con sobrecostos y con una modificación de los parámetros aprobados en la licencia de construcción que no fue notificada ante la Secretaría de Planeación del Municipio, por lo que se habría incurrido en un detrimento por cerca de 600 millones de pesos.También se presentaron irregularidades en el contrato de mantenimiento, construcción y modernización de parques polideportivos, 15 frentes de parques, seis de cerramientos y 14 de cubiertas que tuvo un valor de más de 16.500 millones pesos al que se le hizo una adición de más de $1.150 millones para la ejecución de obras complementarias sin el cumplimiento de los requisitos legales.Ese contrato se firmó en 2022 con un viejo contratista del municipio imputado en 2017 por volteo de tierras. Se trata de Ernesto Pinto Salazar, que en esta oportunidad representó legalmente al Consorcio Escenarios Deportivos.Le corresponderá a la Fiscalía General investigar, tiempos, valores, adiciones y ejecución de los contratos denunciados por el alcalde de Mosquera, Nelson Parra, y establecer responsabilidades.
En medio de la segunda jornada de inspección preventiva que se llevó a cabo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGDR), el director de esta entidad Carlos Carrillo, confirmó que son 69 de 6.000 cajas las que no aparecen, lo preocupante de esto es que allí reposa información importante lo que estaría complicando la entrega de documentos a la Procuraduría General de la Nación, investigan si en las cajas extraviadas hay información sobre la contratación.Carrillo aseguró que esa desaparición de estas cajas se reportó a los entes de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, “Esto es algo que por supuesto nos preocupa, pero que se reportó oportunamente”, expresó el director de la UNGDR.Carlos Carrillo se refirió al pronunciamiento de la Procuraduría respecto a que no les habían entregado la documentación respecto a la contratación de los carrotanques de la Guajira. Ante esto, dice que en la entidad no hay sistemas de gestión documental. “Por supuesto esto es doloso, la razón por la que no se contrató ese sistema de gestión documental es para poder meter las manos a la bolsa”, dijo Carrillo.Por último, el director de la UNGDR dice que es crucial que Olmedo López y Sneyder Pinilla, hablen con claridad sobre dónde está la plata, que la devuelvan y que además hablen de los contratistas.
Un estudio de la Contraloría General de la República descubrió graves falencias en la administración de recursos para financiar el gasto público ambiental a través del Fondo Nacional Ambiental (Fonam) durante los años 2020 y 2022. La investigación, realizada por la Contraloría delegada para el medio ambiente, dice que es urgente que se hagan ajustes en el funcionamiento de este instrumento financiero clave para la inversión en políticas ambientales.El informe, además, detalla que las deficiencias abarcan todo el proceso de asignación, distribución y ejecución de los recursos, afectando la capacidad del Fonam para cumplir con los objetivos y metas establecidos en las políticas públicas del sector ambiental.En este informe se destacan problemas tanto en las tres subcuentas de destinación específica como en los recursos asignados a la línea de inversión por demanda.Una de las principales preocupaciones es la falta de actualización del reglamento operativo del Fonam, que data del año 2010 y no ha incorporado las normativas y jurisprudencias posteriores que han modificado sustancialmente la administración de los recursos.Esta omisión ha generado confusiones y obstáculos en la gestión adecuada de los fondos, especialmente en relación con aspectos como las transferencias del Sector Eléctrico y el Impuesto Nacional al Carbono.El informe también resalta una planificación deficiente que ha llevado a una ejecución mínima de los recursos aprobados y asignados a entidades del sector en el año 2022, particularmente los destinados a la reducción de gases de efecto invernadero.Ante esta situación, la Contraloría hace un llamado urgente a revisar el funcionamiento del Fonam, su reglamento operativo y los criterios de priorización para la asignación de recursos. Se subraya la necesidad de garantizar una distribución equitativa que atienda las necesidades más apremiantes en la preservación del medio ambiente, así como la presentación oportuna de proyectos por parte de las corporaciones receptoras.
Aunque se esperaba un pronunciamiento de Palacio sobre el escándalo que generaron las declaraciones de Sneyder pinilla, exsubdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, que salpican a la Consejería para las regiones Sandra Ortiz por presuntamente haber entregado 3.000 millones de pesos en efectivo al presidente del senado Iván Name, el Gobierno emitió un comunicado con dos páginas, pero ni una sola letra habla de estos señalamientos. Anuncian la creación de una mesa técnica para documentar casos de corrupción.“La Presidencia de la República reitera cero tolerancia con hechos de corrupción. El Presidente Gustavo Petro ordenó la formación de una mesa técnica de coordinación encargada específicamente de articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos. Este equipo de alto nivel estará presidido por una dependencia especializada y contará con la participación de la Presidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, la Agencia Nacional de Defensa Judicial y un grupo de auditores externos especializados en la materia”, se lee en el documento.El Gobierno también solicitó la colaboración de otros órganos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.Además, la Agencia Nacional de Defensa Judicial desempeñará un papel fundamental desde su competencia, prestando toda la colaboración que requiera la Fiscalía General de la Nación.Sandra Ortiz no se ha pronunciado tampoco al respecto, se encuentra en La Guajira y se prepara para la próxima semana, porque es quien coordinará el Gobierno con el pueblo que comienza una nueva toma el lunes 6 de mayo .
Ana María Valle, exsecretaria de las Mujeres en Medellín durante la alcaldía de Daniel Quintero Calle, pidió claridades sobre los dineros que, como ella, varios contratistas donaron a la Fundación El futuro se parece a nosotros, recursos que las autoridades deberán establecer si fueron usados o no para fines políticos.Valle aclaró que no fue obligada a donar cerca de 2 millones de pesos, pero sí se cuestionó, finalmente, para que fueron usados los dineros, porque, en su momento, se promovió la idea de manera interna de recolectar dinero para fines sociales del Movimiento Independientes, que aunque tenía a la cabeza a Quintero por ser el grupo con el que llegó al poder, estaba confirmado por jóvenes que continuaban realizando labores sociales en los barrios, según dijo en diálogo con Blu Radio.La exsecretaria también aclaró que, en su momento, entendió que los recursos no eran para financiar actividades electorales, pero su testimonio ha causado revuelo porque las denuncias por la recolección de estos dineros no habían sido confirmadas por ninguna persona que hubiese tenido un cargo de su nivel.Y es que ante la Fiscalía, María del Pilar Rodríguez, quien fue directora de la Unidad de Niñez en la Secretaría de Inclusión Social y Familia, denunció esta situación e indicó que, incluso, le habrían pedido su renuncia por no realizar estos aportes. De hecho, contó que en una carta daban instrucciones de las supuestas donaciones, con escalas de valores según el nivel de educación del contratista, presuntamente para la campaña de Quintero a la Presidencia, asunto que estaría siendo manejado por Juan Pablo Ramírez y Juan Daniel Pulgarín, este último recién llegado a un puesto en el Gobierno Nacional.Lea también: Tres heridos con arma de fuego por no detenerse ante el Clan del Golfo en Briceño, AntioquiaPor su parte, la exsecretaria de las Mujeres indicó que no tiene conocimiento de quién estaba tras el manejo de estas donaciones, ya que intentó comunicarse con un número de WhatsApp al que se debía enviar el comprobante de pago, pero no le respondieron."Yo lo tomé como una iniciativa de los pelados y las peladas de independientes, que una vez fueron instrumentalizados en la campaña de 2019, muchos de ellos y de ellas se quedaron por fuera del gobierno, no tuvieron ningún tipo de reconocimiento, de remuneración, de vinculación a los proyectos contractuales en la alcaldía. Entonces eran un montón de pelados y peladas que seguían haciendo cosas en las comunas, que seguían movilizando las banderas de independientes", expresó Valle.Valle indicó que hasta ahora no ha sido requerida por la Fiscalía para dar su versión o contar en qué marco de la donación ni tampoco con la investigación que se adelanta a la un contrato en la Universidad Nacional con la que, presuntamente, se usaron recursos públicos para hacer productos comunicacionales en medio de la campaña al movimiento Independientes, de la cual ella fue cabeza de lista al Concejo.Finalmente, reiteró que si hubiera sabido que las donaciones eran para la campaña de Quintero a la presidencia en 2026, “no hubiera dado un solo peso” y aclaró que nunca le presionaron que tenía que donar para poder seguir trabajando en la administración.
La Contraloría General de la República emitió falló con responsabilidad fiscal solidaria por $89.828 millones, contra Medimás EPS S.A.S., hoy en liquidación, siete de sus directivos y Century Farma S.A.S, hoy en liquidación, por el detrimento al patrimonio público generado por el manejo irregular dado a los recursos pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).Procuraduría llamó a juicio a Néstor Arenas, expresidente de EPS MedimásEntre las irregularidades que dieron lugar a este fallo con responsabilidad por parte de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General, están:Aprobación y pago de anticipos a empresas contratistas con débiles estructuras financieras y/o en procesos de liquidación en curso, que finalmente no fueron amortizados o legalizados, en cuantía indexada de $85.656.905.945.Multas pagadas con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), en cuantía indexada de $4.106.500.292.Pago de servicios médicos a personas fallecidas (en el periodo auditado 01-01-2018 a 30-06-2019 y 01-07-2019 a 30-06-2020), en cuantía indexada de $65.111.318.Por estas irregularidades, la Contraloría General de la República falló con responsabilidad fiscal por valor total indexado de $89.828.517.557. Entre los declarados responsables figuran Medimás EPS S.A.S. y dos de sus presidentes, tres vicepresidentes administrativos y financieros, la vicepresidente jurídica y la gerente de tesorería de la época de los hechos. Los responsables fiscales tendrán oportunidad de presentar los recursos correspondientes.SuperSalud prorroga liquidación de EPS Medimás por seis meses más
La Contraloría General de la República asegura que con la propuesta que Vanti le está haciendo al Gobierno nacional no solo se van a disparar los costos del gas natural en la costa caribe, sino que también puede subir la factura de la luz en todo el país.Vanti propuso a la Comisión de Regulación de Energía y Gas la unificación de las tarifas de los dos sistemas de transporte de gas en Colombia el que existe al interior del país y el de la costa caribe con el propósito de generar competencia entre los agentes y darle un mejor precio al usuario final.Sin embargo, la Contraloría pone en duda los cálculos, pues dice que no se sabe cómo van a actuar realmente los agentes de mercado y sí se está asegurando un incremento de las facturas del gas en estratos bajos, ya que la propuesta de Vanti no implica un trato diferencial para ellos.“No se puede dejar de contemplar el impacto que un incremento en el costo de transporte de gas natural empleado por las plantas de generación térmicas ubicadas en la Costa tendría sobre las facturas energía eléctrica de los usuarios de toda Colombia, sea esta vía precio de bolsa o vía restricciones”, dijo el contralor en funciones Carlos Mario Zuluaga.Según la Contraloría, Vanti está asumiendo que tendremos gas, pero eso no es claro. “Se tiene un sombrío panorama de déficit de gas en el mediano plazo, especialmente para la Costa, pero en general para todo el país que cuenta con reservas de gas para 7,2 años, siempre y cuando la producción sea constante, luego el abastecimiento a hoy es incierto”, indica la entidad.
Luego de que la Corte Constitucional ordenara al Congreso de la República retomar el proceso de elección del contralor general de la República, a partir de la elaboración de una lista de 10 elegibles seleccionados entre los 20 mejores puntajes obtenidos en el examen realizado en marzo de 2022, el presidente de este alto tribunal reiteró que el Congreso debe tomar este proceso con seriedad."No la tienen tan difícil porque no tienen que repetir el proceso del examen, lo cual podría generar demoras, especialmente en el análisis de las hojas de vida", expresó el magistrado.Por otro lado, José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, aseguró que Carlos Hernán Rodríguez está incluido en la lista de elegibles para ser Contralor General de la República, si así lo determina el Congreso.Ante esto, el presidente del Senado, Iván Name, se pronunció: "Nos corresponde aplicar el mandato de la Corte Constitucional, que nos pide actuar con racionalidad y celeridad. Así lo haremos".Ahora, el presidente de la Corte también anunció que espera notificar al Congreso en un mes, y que aunque los tiempos de este alto tribunal son ajustados, confía en la magistrada que estudia la sentencia. "Por eso, le pido al Congreso la mayor brevedad posible; no nos vamos a demorar seis meses en emitir una sentencia", expresó Reyes.Por último, el presidente reiteró que la orden impartida por la Corte Constitucional para garantizar la paridad de género es que la lista de elegibles para contralor general de la República esté conformada por cinco hombres y cinco mujeres.
La Corte Constitucional confirmó la anulación de la elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor General de la Nación, una decisión que tomó el Consejo de Estado al encontrar irregularidades en ese proceso. "Confirmar el resolutivo primero de la sentencia del Consejo de Estado de 25 de mayo de 2023 en cuanto decretó la nulidad de la elección del doctor Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor General de la República", señala la sentencia. Sin embargo, en este misma decisión el alto tribunal le ordena al Congreso rehacer el proceso de elección a la mayor brevedad posible a partir de la elaboración de la lista de diez elegibles teniendo en cuenta el listado de los 20 habilitados entregado al Congreso de la República por la Universidad Industrial de Santander el 14 marzo de 2022. Lea también: Consejo de Estado deja en firme el nombramiento de Carlos Mario Zuluaga como contralor generalEs decir que la Corte permitiría que el abogado pueda volver a salir elegido en el Congreso, eso sí, cumpliendo con todas las reglas del caso. "ORDENAR al Congreso de la República rehacer, a la mayor brevedad posible, el proceso de elección del Contralor General de la República a partir de la elaboración de la lista de diez elegibles teniendo en cuenta: i) el listado de veinte habilitados entregado al Congreso de la República por la Universidad Industrial de Santander el 14 marzo de 2022; ii) las reglas de la convocatoria, en particular, los criterios de paridad de género y de mérito, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia", señala el texto. Este es el listado de los 20 mejores puntajes en el examen de la UIS para la elección de Contralor General.¿Por qué el Consejo de Estado anuló la elección de Rodríguez?La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, como resultado de una demanda en la que se argumentaron una serie de irregularidades en el proceso de elección del contralor, razones que fueron acogidas por el Consejo de Estado y que condujeron a la anulación."La mesa directiva del Congreso de la República introdujo cambios sustanciales a los criterios y valores establecidos en la convocatoria inicial del proceso de elección, los cuales fueron injustificados y modificaron de manera significativa los parámetros de evaluación de los participantes, después de que ya se conocieran los resultados de las pruebas de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vida, actividades llevadas a cabo por la Universidad Industrial de Santander en la primera fase de la elección", señaló el pronunciamiento del Consejo de Estado.En el fallo de 82 páginas, el Consejo de Estado reveló que en este proceso electoral se desconoció lo establecido por la ley, al crear una tercera lista de candidatos elegibles y modificar los parámetros de calificación establecidos inicialmente en la convocatoria, sin justificación alguna.Aunque el Congreso invocó como sustento los pronunciamientos judiciales emitidos en el marco de una acción de tutela y una acción popular, se determinó que dichos pronunciamientos solo ordenaron la conformación de una segunda lista de candidatos elegibles, pero no una tercera lista como sucedió en este caso, y mucho menos la modificación de la convocatoria inicial del proceso.Además, en el marco de las acciones populares no se pueden tomar decisiones de tipo electoral, según la prohibición expresa del artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Hoy comienza en el Consejo de Estado la discusión sobre el concepto que definiría el futuro de la Procuraduría General de la Nación y si Felipe Córdoba podría aplicar. En particular, se evaluará la relación entre los requisitos para ser procurador y la experiencia como contralor. Hace algunas semanas, se mencionó que el excontralor general, Felipe Córdoba, tiene la intención de ser procurador, pero los requisitos no le permiten acceder al cargo. La discusión se centra en si la experiencia como contralor serviría a Córdoba para ser designado como procurador general. Actualmente, los requisitos para ser procurador son los mismos que para ser magistrado de cualquier alta corte. Por lo tanto, el Consejo de Estado analizará si la experiencia de Córdoba en la Contraloría cumple con estos requisitos. Es importante recordar que se requieren varios años de experiencia laboral después de graduarse como abogado para acceder a estos cargos. Por lo tanto, la discusión en el Consejo de Estado será determinante para la decisión final. La elección del Procurador se realiza a partir de una terna propuesta por el presidente, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Tradicionalmente, los procuradores han sido elegidos principalmente por la Corte Suprema. Sin embargo, la relación entre Felipe Córdoba y el exfiscal Barbosa ha generado controversia. La discusión sobre los requisitos para ser procurador también plantea la posibilidad de reformar la Procuraduría. Algunas personas consideran que esta institución es demasiado grande y poderosa, y sugieren reducir su tamaño. La Procuraduría es responsable de observar y sancionar la conducta de los funcionarios públicos, lo que la convierte en un cargo codiciado. Escuche aquí el informe:
El nuevo presidente de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, presentó ante la Fiscalía General de la Nación cerca de 14 denuncias por presuntas irregularidades en la compra de tierras durante la administración del anterior director de la agencia, Gerardo Vega."No me gusta que estemos comprando, por ejemplo, tierra improductiva, que exista trazabilidad de que era tierra improductiva y que, sin embargo, se materializaron esas compras. Eso nos pasó particularmente en tres predios. Nos pasó en un predio que se llama Cachorros, en Puerto Gaitán, Meta, nos pasó en un predio que se llama Santa Fe, en Majahual, que existían las condiciones, la tras habilidad de que evidentemente eran predios improductivos y en su momento fueron adquiridos por la agencia", señaló Harman.Según Harman las valoraciones económicas que se hicieron de esas fincas al interior de la agencia dieron cifras negativas y jamás debieron comprarse.Vega salió del gobierno en medio de sus diferencias con la ministra de Agricultura, Jenifer Mojica, a quien acusó de frenar con burocracia el avance de la reforma agraria.Gobierno prepara paquete de decretos para agilizar la reforma agrariaEl plan de la ANT para este año es comprar unas mil grandes haciendas y gestionar nuevos procesos de baldíos para lograr un total de 500.000 nuevas hectáreas.El proceso de compra masiva de tierras a la Sociedad de Activos Especiales está avanzando y vendrán nuevas jornadas de entregas de títulos. Sin embargo, el sector está también pendiente de la firma de unos 8 decretos que están en borrador para meterle el acelerador a los procesos que lidera la agencia."Nosotros hemos venido estructurando que todo lo que tiene que ver con reglamentaciones estrictas del plan de desarrollo las podamos avanzar, independientemente de la situación jurídica del plan", explicó Harman.La Corte Constitucional estudia una docena de demandas contra los artículos del Plan Nacional de Desarrollo directamente relacionados con la reforma agraria.El paquete incluye por la compra de tierras al fondo de reparación de los paramilitares, la agilización de entregas de tierras a víctimas del conflicto armado, y los procesos administrativos de extinción de dominio, entre otros.La meta oficial del Gobierno es comprar cerca de 1.5 millones de hectáreas de tierra para campesinos antes de 2026.
En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Victoria Avendaño, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), respondió a las preguntas sobre la gestión y las implicaciones del nuevo sistema de salud para los maestros, un tema que ha generado controversia y malestar en el gremio docente.La dirigente sindical dijo que Fecode no es responsable de los problemas que tiene hoy el nuevo sistema y culpó al Gobierno del presidente Gustavo Petro."Aquí la responsabilidad no es de Fecode", declaró Avendaño, aclarando que las decisiones clave no fueron tomadas por el sindicato, sino por entidades gubernamentales que poseen la mayoría en el consejo directivo encargado de las políticas de salud del magisterio. Esta distinción es crucial para entender el actual descontento que permea entre los educadores, quienes han visto cómo el cambio de modelo prometido no ha cumplido con las expectativas.“Aquí la responsabilidad no es de Fecode porque Fecode no fue quien tomó la decisión inicialmente de cambiar el modelo. No fue quien tomó la decisión de suspender el proceso de licitación pública. No fue quien tomó la decisión de cambiar el modelo de contratación, el manual de contratación”, dijo Avendaño.Avendaño fue enfática en diferenciar las acciones y decisiones internas de Fecode de las ejecuciones del Gobierno en materia de salud. A pesar de participar en las discusiones, Fecode tuvo una representación minoritaria en las decisiones finales, según expresó en Mañanas Blu.“Independientemente de que los dos representantes de Fecode en el Consejo Directivo del Fondo voten sí o no, el Gobierno toma sus decisiones porque tiene la votación mayoritaria para hacerlo", explicó.Avendaño, quien se mostró crítica frente a las decisiones adoptadas, recalcó la importancia de la diversidad de opiniones dentro del sindicato: "Hay discusiones y hay quienes están de acuerdo y estuvieron de acuerdo con aprobar y quienes no".La situación actual del sistema de salud es crítica, según lo expuesto por Avendaño. Los problemas no solo radican en la implementación, sino también en la infraestructura contratada para prestar los servicios."No hay contrataciones con las IPS para que atiendan, no hay solución para los compañeros que tienen enfermedades catastróficas", denunció.
Si usted es pensionado pero no está seguro si debe presentar declaración de renta, es importante tener en cuenta que la Dian ha recordado quiénes son los contribuyentes obligados a hacerlo en este 2024. Se consideran factores como el nivel de ingresos, el patrimonio, los gastos realizados con tarjetas de crédito, entre otros, basados en la información reportada durante el año fiscal 2023.Las pensiones que están gravadas por el Estatuto Tributario NacionalLas pensiones mensuales inferiores a 1.000 UVT, lo que equivale aproximadamente a 47 millones de pesos, no están sujetas al impuesto sobre la renta. Sin embargo, si el monto de la pensión supera este umbral, sí estará sujeta a este impuesto.Descubra las fechas clave del calendario tributario 2024 en ColombiaPensionados que deben declarar rentaSi alcanza los topes establecidos por la Dian, recuerde que debe declarar renta; de no hacerlo, podría enfrentar una sanción monetaria equivalente al 5 % del impuesto a pagar en el primer mes; posteriormente, este valor aumentará de forma mensual.Patrimonio bruto al 2023 superando los $ 190.854.000Ingresos totales mayores a los $ 59.377.000Consumos mediante tarjeta de crédito superiores a $ 59.377.000Compras y consumos superiores (entre los que se tienen en cuenta los créditos) a $ 59.377.000Consignaciones bancarias superiores a $ 59.377.000La normativa tributaria para el año 2024 establece que la sanción mínima, en caso de no tener un valor a pagar en la declaración de renta, será de $471.000. Además, si no se presenta la declaración en el plazo establecido, la sanción se calcula en base al 0,5 % de los ingresos brutos del contribuyente.¿Si pasa plata por Nequi debe declarar renta? Esto es lo que debe tener en cuenta
Consulte los resultados del sorteo del chance Paisita Día, el cual se realiza todos los días, incluso los días festivos.Resultado Paisita DíaEl número ganador del último sorteo del Paisita Día de este jueves, 16 de mayo de 2024, es el número: (en minutos)Tres últimas cifras: Tres primeras cifras: Cuatro cifras: Conozca todos el resultados de los sorteos anteriores de Paisita Día.Resultado de Paisita Día chance del día de ayerEl número ganador del último sorteo del Paisita Día del miércoles, 15 de mayo de 2024, es el número: 5955.
Revise el resultados del sorteo del chance Chontico Día, el cual se realiza todos los días, incluso los días festivos.Resultado Chontico DíaEl número ganador del último sorteo del Chontico Día de este jueves, 16 de mayo, es el número: (en minutos), según publicaron en sus redes.Tres últimas cifras: Tres primeras cifras: Cuatro cifras: Para conocer resultados del chance Chontico Día, del día anterior, haga clic aquí.Resultado Chontico Día chance del día de ayerEl número ganador del último sorteo de Chontico Día del miércoles, 15 de mayo de 2024, es el número: 5356, según se publicó en sus redes sociales.