Miguel Ángel del Rio, abogado de Deyanira Gómez, indicó en su cuenta de Twitter que esta decisión de la Sala Civil es un triunfo para ella y la justicia. “Seguimos adelante”, destacó.Indica la Sala civil en su fallo que el Tribunal Superior de Bogotá debe dejar sin efecto la decisión proferida en mayo de 2021, en el que negó ese reconocimiento, y le ordenó que emita un nuevo auto haciendo el respectivo reconocimiento.“Se confirma el fallo impugnado y se declara procedente el amparo a los derechos fundamentales de la señora Deyanira Gómez Sarmiento, vulnerados por la Sala Penal Superior del Distrito Judicial de Bogotá”, indica el documento.Recordemos que el abogado del Rio pidió en una tutela que se le admitiera como víctima a Gómez dentro del proceso contra Uribe por presunto fraude procesal y soborno, por su intervención como testigo y su intermediación en la pretensión de obtener la retractación por parte de Juan Guillermo Monsalve.En esta petición, el abogado señaló que Deyanira Gómez se convirtió en un obstáculo para la consecución de los fines presuntamente ilícitos de Diego Cadena y Uribe; esto con fundamento en múltiples conversaciones desarrolladas entre el expresidente y Cadena.
La libertad por vencimiento de términos del abogado Diego Cadena, exdefensor del expresidente Uribe generó polémica en redes sociales. El jurista, sin embargo, seguirá siendo investigado por manipulación y soborno de testigos en el proceso judicial que salpica al exmandatario.Sobre el tema, fuerte tendencia en Twitter este miércoles y jueves, se hizo viral en redes un video del abogado Iván Cancino, que, muy feliz por la libertad de su defendido, se grabó cantando en karaoke el tema “Libre”, del cantante Nino Bravo.“Libre por vencimiento de términos Diego Cadena, vamos por su absolución”, escribió Cancino en Instagram al subir el video en el que, literalmente, cantó victoria.Quien no ocultó su disgusto fue el senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el caso Uribe.“La libertad que se decreta del señor Diego Cadena por parte de un juez no obedece de ninguna manera una absolución judicial", declaró el congresista.Según Cepeda, la decisión de dejar libre a Cadena “no tiene que ver con nada de fondo ni con una absolución judicial de ese tipo".Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
El senador Iván Cepeda se refirió a la decisión de la juez 36 de garantías que dejó en libertad al abogado Diego Cadena por vencimiento de términos. Anunció que, aunque respeta y acata la decisión, la apelará.Según Cepeda, esta decisión no es de fondo ni definitiva, sin embargo, explica que con este paso de todas formas el juicio continuará.“No obedece de ninguna manera a una decisión de fondo o a una absolución judicial, se trata de una decisión que obedece a que supuestamente habrían expirado términos para mantener la decisión de medida de aseguramiento, esto significa que el juicio continúa y que el señor Cadena deberá responder por su responsabilidad en los delitos que se le imputan por haber ejecutado órdenes que provinieron supuestamente del exsenador Álvaro Uribe”, afirmó.En ese mismo sentido, afirmó que, aunque respetan la decisión, van a apelarla, “como hemos hecho siempre, acatamos y respetamos la decisión, la vamos a apelar y esperamos que el procesado y acusado no vaya a emprender la fuga como ha ocurrido en otros casos que atañen al exsenador Álvaro Uribe”, puntualizó.Cabe recordar que la juez 36 de garantías consideró que la Fiscalía desbordó los términos consagrados en la ley penal para dar inicio al juicio que se adelanta en contra del abogado Diego Cadena, por presunto soborno de testigos, dentro de las investigaciones que adelantó la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente Álvaro Uribe.La juez explicó que desde que se radicó por parte de la Fiscalía la acusación en contra de Cadena, han trascurrido 257 días, lo cual viola la ley penal que consagra un término máximo para este fin de 240 días.Estas son las declaraciones de Iván Cepeda: Escuche detalles de esta noticia: Entérese de otras noticias de Colombia y el mundo:
La juez 36 de garantías consideró que la Fiscalía desbordó los términos consagrados en la ley penal para dar inicio al juicio que se adelanta en contra del abogado Diego Cadena, por presunto soborno de testigos, dentro de las investigaciones que adelantó la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente Álvaro Uribe.La juez explicó que desde que se radicó, por parte de la Fiscalía, la acusación en contra de Cadena, han trascurrido 257 días, lo cual viola la ley penal que consagra un término máximo para este fin de 240 días.Admitió que el caso es complejo y por el inmenso material probatorio que presentó la Fiscalía en contra de Cadena no puede afectar las garantías del acusado.Por eso se ordenó, a través del Centro de Servicios judiciales, expedir la boleta de libertad inmediata a Cadena.“Teniendo en cuenta que se encuentran desbordados los términos impuestos en la medida de aseguramiento impuesta en el presente en contra de Javier Cadena, situación que conlleva a que este despacho acoger los planteamientos de la defensa y decretar la libertad inmediata del procesado aclarando que el proceso seguirá su curso”, concluyóLa Procuraduría respaldó la decisión de la juez de garantías de ordenar la libertad de Diego Javier Cadena Ramírez, quien deberá acudir el próximo 22 de octubre a la audiencia preparatoria del proceso por los delitos de soborno y fraude procesal porque, presuntamente, hizo gestiones e incluso entregó dinero a varios testigos a través de terceros para que cambiaran sus testimonios en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Este lunes, 4 de octubre, será clave para Álvaro Uribe Vélez y su exabogado Diego Cadena. Por un lado, se reanudará la audiencia para archivar el proceso contra el expresidente por su presunta participación en los delitos de fraude procesal y soborno a testigos; por otro, el jurista pedirá su libertad por vencimiento de términos.En el caso del expresidente, este lunes la jueza que lleva a cabo el proceso escuchará los argumentos de los abogados de las víctimas, iniciando por Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda. Asimismo, intervendrán Miguel Ángel del Río Malo, defensor de Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, el exfiscal General Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo.La diligencia está programada para desarrollarse entre lunes y miércoles y se retomaría la próxima semana durante los mismos días.Cabe recordar que el fiscal delegado Gabriel Jaimes Durán presentó sus argumentos para que se cierre la investigación contra el exmandatario, indicando que no existen pruebas que permitan vincularlo con los hechos ejecutados por el abogado Cadena.Según Jaimes, Uribe nunca autorizó ni tuvo conocimiento del plan de su abogado.Por su parte, Diego Cadena, en casa por cárcel desde el pasado 27 de julio, pedirá su libertad por vencimiento de términos. En este proceso es importante recordar que a inicios de agosto se prorrogó por un año más la medida de aseguramiento contra el abogado, por solicitud de la Fiscalía.Y es que, según el ente acusador, la defensa del abogado presentó maniobras dilatorias que generaron el aplazamiento de las audiencias. Sin embargo, esta audiencia se podría aplazar porque el fiscal que lleva el caso ya tiene otra diligencia programada.
El Juzgado 23 Penal con función de Garantías prolongó la medida de aseguramiento de detención domiciliaria al abogado Diego Cadena, procesado actualmente por presunto soborno de testigos en el caso del ex presidente Álvaro Uribe, luego de acoger los planteamientos de la Fiscalía, según los cuales Cadena podría alterar pruebas y el trascurso del proceso en libertad.La decisión se produjo tras una petición del fiscal Daniel Hernández, quien consideró que la libertad de Cadena amenazaría la seguridad del proceso y de las pruebas que determinan que presuntamente sobornó testigos para favorecer testimonios a favor del ex presidente Uribe.El abogado Iván Cancino, quien defiende a Cadena, rechazó la solicitud al considerar que aún no se han vencido los términos y que debía esperar a que se vencieran para formular la petición en este sentido.Contrario a ello, el fiscal argumentó que no se puede prorrogar lo que ya está vencido y por eso se hace la solicitud en este momento.La Procuraduría, por su parte, apoyó la solicitud del fiscal y explicó que no le asiste la razón a la defensa cuando asegura que esta prórroga solamente se aplica cuando aparece un nuevo elemento de prueba.“No se entiende que se deba hacer esa interpretación porque basta con ver el fin constitucional de la medida”, indicó la procuradora del caso.
Luego de tres días de presentar públicamente en audiencia audios, testimonios y videos, el fiscal Gabriel Jaimes concluyó que el testigo Juan Guillermo Monsalve entregó a la Corte Suprema de Justicia una grabación incompleta que este le hizo al abogado Diego Cadena y, por consiguiente, engañó a la justicia, por lo que pidió su investigación por el delito de fraude procesal.Jaimes relató que, de acuerdo con los testimonios rendidos tanto a la Corte Suprema de Justicia, como a la Fiscalía, por parte del condenado Enrique Pardo Hasche, del testigo Juan Guillermo Monsalve, Victoria Eugenia Jaramillo, Ricardo Williamson, Diego Cadena y Jaime Lombana, en la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe. Así como también al confrontar los videos de la cárcel La Picota, en la que demuestran las reuniones que tuvo Cadena con Monsalve y su abogado Héctor Romero, no se puede implicar al expresidente con un ofrecimiento a Monsalve a cambio de retractarse de unas declaraciones en las que relacionó a los hermanos Santiago y Álvaro Uribe con paramilitares.El fiscal indicó que resulta determinante, para esclarecer lo que ocurrió en esa reunión del 22 de febrero de 2018, la grabación que hizo Monsalve en un reloj que le ingresó su abogado Héctor Romero por solicitud de la esposa del testigo, Deyanira Gómez, y una vez realizada la grabación fue entregada a la Corte Suprema de Justicia de manera fraccionada, ya que iniciaba en el minuto 32 y la reunión duró casi una hora, por lo que después de ser manipulada por Deyanira Gómez, fue entregada en una USB tres días después a la Corte.Adicionalmente, argumentó que a pesar “del contenido de la grabación, se demuestra de manera clara que en dicha reunión no se manifestó que Cadena fuera enviado de Álvaro Uribe con el ánimo de obtener alguna retractación, y menos aún que la presencia de Cadena fuera con el objeto de que suscribiera un documento, eso nunca quedó registrado en dicha grabación”.Agregó que de la misma manera quedó demostrado que no se ofreció dádiva alguna y, por el contrario, allí se descartó que Monsalve fuera admitido en la JEP porque los delitos por los cuales estaba condenado no lo hacían posible.Según el fiscal, lo anteriormente mencionado, pone de presente que Monsalve le mintió a la Sala de Instrucción de la Corte en aspectos neurálgicos de la manipulación de testigos y, por estas razones, la Fiscalía considera al señor Monsalve como un testigo mendaz.Por todo lo anterior, el fiscal compulsó copias para que se abra una investigación contra Monsalve y su compañera Deyanira Gómez.“Aparece de manera contundente que el señor Monsalve y su excompañera Deyanira Gómez, y posiblemente otras personas que están por identificarse, alteraron evidencias y además con su utilización intentaron engañar a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia por lo que este servidor compulsará copias para que se les investigue por los delitos de fraude procesal y ocultamiento, alteración y destrucción de elementos materiales probatorios”, afirmó el fiscal.El próximo martes, 3 de agosto, la juez determinará si acoge o no los planteamientos expuestos por el fiscal.
El juzgado 22 de garantías de Bogotá negó la libertad por vencimiento de términos que había solicitado la semana pasada el abogado Iván Cancino, quien representa los intereses del también abogado Diego Cadena quien- argumentó- que ya habían transcurrido más de los 240 días que exige la ley para el inicio del juicio en su contra, teniendo en cuenta que el escrito de acusación en su contra se presentó en septiembre del año pasado. La funcionaria judicial dijo que las demoras en el proceso han sido por maniobras dilatorias de la defensa.“Así las cosas, la dilación por causa de la defensa demanda descontar el acto transcurrido desde el 9 de febrero hasta la fecha de esta decisión, esto es 119 días, lo cual arroja 140 días, término inferior a los 240 días necesarios para acceder a la libertad provisional por vencimiento de términos”, dijo la funcionaria judicial.La juez dijo, por ejemplo, que la defensa de Cadena había solicitado pruebas que no estaban en manos de la Fiscalía y que, por lo tanto, la prolongación del juicio se le debe atribuir a su “particular” manera de revisar las pruebas del proceso.“La Fiscalía le ha corrido traslado (de las pruebas) sin reproche alguno, es cierto que en algún momento indicó que el descubrimiento estaba incompleto pero téngase en cuenta, es el derivado de las exigencias de la defensa para que se le facilitara copia de evidencia original que no estaba en poder de la Fiscalía si no de la Corte Suprema de justicia, lo cual, le ha implicado al ente acusador una tarea que no es propia como parte, todo lo cual, denota que ciertamente la prolongación de la fase de juzgamiento, por lo menos desde el 9 de febrero hasta el día de hoy es atribuible a la defensa”, añadió.Cancino presentó recurso de apelación contra la decisión lo cual quiere decir que la decisión final sobre la libertad por vencimiento de términos de Cadena quedará en manos de un juez de conocimiento de Bogotá, es decir, un juez de segunda instancia.Los argumentos de la solicitud de libertadSegún Cancino, se solicitó la libertad porque transcurrieron 254 días desde la presentación del escrito de acusación a la fecha y que aún no hay iniciado el juicio en contra de su cliente, cuando lo máximo que permite la ley son 240 días, es decir, que ese término se habría pasado por 14 días.De acuerdo con el jurista, las demoras en el proceso han sido por culpa de la Fiscalía. Sin embargo, el fiscal del caso Daniel Hernández argumentó todo lo contrario y habla de deslealtad por parte de la defensa.El escrito de acusación contra Cadena como presunto responsable de los delitos de soborno y fraude procesal fue presentado el 22 de septiembre del 2020, correspondiéndole al juez caso 3 de conocimiento de Bogotá. A la fecha, el término para iniciar el juicio estaría vencido.“El tiempo transcurrido a hoy 1 de junio del 2021 desde la presentación del escrito lo desglosa la defensa de la siguiente manera: 9 días del mes de septiembre del 2020, 31 días de octubre del 2020, 30 días del mes de noviembre del 220, 31 días de diciembre del 2020, 31 días de enero del 2021, 29 días de febrero del 2021, 31 días de marzo del 2021, 30 días de abril del 2021, 31 de mayo del 2021 y 1 día de junio del 2021, transcurriendo 254 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se iniciara audiencia de juicio oral por causas absolutamente ajenas a esta defensa”, argumentó Cancino.Para el abogado, las demoras en el proceso han sido culpa de la Fiscalía. Dijo, por ejemplo, que el 3, 9 y 18 de noviembre un investigador de la defensa envió un correo al fiscal del caso Daniel Hernández solicitándole el descubrimiento probatorio del caso pero que fue hasta el 18 de noviembre que el fiscal Hernandez contesta que el 23 de noviembre les hará entrega de las pruebas, es decir, “se tardó 20 días calendario para entregar los elementos materiales”.Sin embargo, “Por maniobras dilatorias” niegan libertad por vencimiento de términos para el abogado diego Cadena.“No porque la fiscalía haya incumplido sino porque los investigadores de la defensa se presentaron sin los elementos adecuados para generar una copia forense, señora juez, así quedó en la constancia y se fijó fecha para el día de mañana o el día jueves. Inicio desde este punto porque así usted podrá analizar que se ha actuado de manera desleal por parte de al defensa al momento de esta solicitud. Es importante que no solo se base en las actas de las audiencias si no que escuche la totalidad de los audios. El señor defensor dice que se le ha llamado la atención a la fiscalía en las dos audiencias preparatorias por no cumplir con el descubrimiento de las pruebas pero se ha llamado la atención porque la defensa ha presentado algunas observaciones desleales frente al descubrimiento que hizo la fiscalía”, explicó el fiscal.Incluso, aseguró qué hay unos días que deberías descontarse por cuenta de un “acto desleal” de la defensa.“El primer acto desleal es que se ejecutó constancia el 23 de noviembre frente al traslado de pruebas del caso que ordena la ley y sólo hasta el día 9 de febrero, transcurridos 7 días de noviembre, 31 días de diciembre, 31 días de enero y 9 días de febrero, la defensa en audiencia preparatoria hizo observaciones frente al descubrimiento, no se actuó transparentemente frente a la Fiscalía, no se informó de que faltaba información por aportar, que no se habían descubierto las 179 fugas en su totalidad, que habían elementos que no estaban bien digitalizados, la defensa se tomó todo el término para hacer esas observaciones”, concluyó.El proceso en contra de Cadena y su socioEn la acusación, el fiscal del caso, Daniel Hernández, aseguró que, en julio del 2017, en Cali, los abogados Cadena y su socio, Juan José Salazar, hicieron un acuerdo y se dividieron roles para abordar a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve con el fin de que declararan ante la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Iván Cepeda.La Fiscalía adicionó un dato importante en el escrito y es que, según sus pruebas, al testigo el exparamilitar Carlos Enrique Vélez no solo le ofrecieron dinero para que, supuestamente, cambiara su testimonio sino ayudas judiciales en procesos que avanzaban en su contra. Esta adición se da de acuerdo a información recaudada en interceptaciones telefónicas.}Específicamente, que dijeran al alto tribunal que el senador les había ofrecido beneficios a cambio de que declararan en contra del expresidente Álvaro Uribe en el proceso 52240 que le llevaba el magistrado José Luis Barceló.
Este martes, el abogado Iván Cancino, que representa al también abogado Diego Cadena, le solicitó a la juez 22 de garantías de Bogotá que le otorgue la libertad a su cliente por vencimiento de términos, específicamente, dice el abogado, porque transcurrieron 254 días desde la presentación del escrito de acusación a la fecha y que aún no han iniciado el juicio en contra de su cliente, cuando lo máximo que permite la ley son 240 días, es decir, que ese término se habría pasado por 14 días.Según Cancino, las demoras en el proceso han sido por culpa de la Fiscalía. Sin embargo, el fiscal del caso, Daniel Hernández argumentó todo lo contrario y habla de deslealtad por parte de la defensa.El escrito de acusación contra Cadena como presunto responsable de los delitos de soborno y fraude procesal fue presentado el 22 de septiembre del 2020, correspondiéndole al juez caso tres de conocimiento de Bogotá. A la fecha, el término para iniciar el juicio estaría vencido.“El tiempo transcurrido a hoy, 1 de junio del 2021, desde la presentación del escrito lo desglosa la defensa de la siguiente manera: 9 días del mes de septiembre del 2020, 31 días de octubre del 2020, 30 días del mes de noviembre del 2020, 31 días de diciembre del 2020, 31 días de enero del 2021, 29 días de febrero del 2021, 31 días de marzo del 2021, 30 días de abril del 2021, 31 de mayo del 2021 y 1 día de junio del 2021, transcurriendo 254 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se iniciara audiencia de juicio oral por causas absolutamente ajenas a esta defensa”, argumentó Cancino.Para el abogado, las demoras en el proceso han sido culpa de la Fiscalía, pues dijo, por ejemplo, que el 3, 9 y 18 de noviembre un investigador de la defensa envió un correo al fiscal del caso Daniel Hernández solicitándole el descubrimiento probatorio del caso, pero que fue hasta el 18 de noviembre que el fiscal Hernández contesta que el 23 de noviembre les hará entrega de las pruebas, es decir, “se tardó 20 días calendario para entregar los elementos materiales”.Sin embargo, el fiscal del caso Daniel Hernández le dijo a la juez que las demoras en el proceso han sido por el actuar de la defensa de Cadena.“No porque la Fiscalía haya incumplido, sino porque los investigadores de la defensa se presentaron sin los elementos adecuados para generar una copia forense, señora juez, así quedó en la constancia y se fijó fecha para el día de mañana o el día jueves. Inició desde este punto porque así usted podrá analizar que se ha actuado de manera desleal por parte de la defensa al momento de esta solicitud”, dijo.“Es importante que no solo se base en las actas de las audiencias, sino que escuche la totalidad de los audios. El señor defensor dice que se le ha llamado la atención a la fiscalía en las dos audiencias preparatorias por no cumplir con el descubrimiento de las pruebas, pero se ha llamado la atención porque la defensa ha presentado algunas observaciones desleales frente al descubrimiento que hizo la fiscalía”, agregó el fiscal.Incluso aseguró qué hay unos días que deberían descontarse por cuenta de un “acto desleal” de la defensa.“El primer acto desleal es que se ejecutó constancia el 23 de noviembre frente al traslado de pruebas del caso que ordena la ley y sólo hasta el día 9 de febrero, transcurridos 7 días de noviembre, 31 días de diciembre, 31 días de enero y 9 días de febrero, la defensa en audiencia preparatoria hizo observaciones frente al descubrimiento, no se actuó transparentemente frente a la Fiscalía, no se informó de que faltaba información por aportar, que no se habían descubierto las 179 fugas en su totalidad, que habían elementos que no estaban bien digitalizados, la defensa se tomó todo el término para hacer esas observaciones”, concluyó.El próximo 8 de junio, la juez 22 de garantías de Bogotá deberá dar a conocer su decisión sobre si deja o no en libertad al abogado Diego Cadena.
BLU Radio conoció que los familiares del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, se sumaron a su silencio en la Fiscalía, es decir, tampoco continuarán su colaboración en el proceso que llevan al abogado Diego Cadena como presunto responsable de los delitos de soborno y fraude procesal.Así las cosas, el proceso contra el abogado quedaría por ahora, en el limbo, teniendo en cuenta que son los principales testigos en su contra, es decir, sus testimonios son imprescindibles para el éxito del juicio.“La decisión de guardar silencio de Carlos Enrique se extiende a sus familiares y por supuesto, todos van a guardar silencio hasta tanto las garantías de seguridad y la salvaguarda de su integridad estén garantizadas”, dijo en BLU Radio el abogado de alias ‘Víctor’, Óscar Lizarazo.En días pasados se conoció una carta en la que Vélez aseguraba que hasta que no se le brindaran todas las condiciones de seguridad, no seguiría colaborando con la Fiscalía. Hoy, su hermana, su sobrino y su primo tampoco están dispuestos a continuar la colaboración“Me permito informarle que por razones de estricta seguridad se ha tomado la decisión, en conjunto con mi prohijado, de cesar la colaboración con la Fiscalía a su cargo, y, en consecuencia, guardar silencio hasta tanto las condiciones estén dadas para continuar prestando colaboración con los entes judiciales", decía la misiva.El proceso y los testimonios de los familiares de VélezLa Fiscalía asegura que, en julio del 2017, en Cali, los abogados Cadena y su socio, Juan José Salazar, hicieron un acuerdo y se dividieron roles para abordar a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve con el fin de que declararan ante la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Iván Cepeda.Sobre Vélez, dice el ente acusador, Cadena lo abordó en la cárcel de Palmira y le ofreció 200 millones de pesos con el fin de que le dijera a la Corte Suprema que el senador Cepeda había pasado por su cárcel y por otras ofreciendo beneficios a cambio de que declararan en contra del expresidente Uribe, en medio de una investigación que le llevaba la Corte. De ese monto, la Fiscalía tiene pruebas de que entregaron 48 millones de pesos a 9 familiares y cercanos de Vélez.Dijo la Fiscalía que los dineros se entregaron de la siguiente manera: a María Melania Cosio le entregaron 200.000 pesos; a María Helena Vélez Ramírez, hermana y quien crio a Carlos Enrique Vélez, le entregaron primero $5’800.000 y en una segunda entrega, 500.000 pesos; a Daniela Paz, compañera sentimental de Vélez, le entregaron $3’100.000; a Eurides Cortés Velazco, 700.000 pesos; a Erika Johana López Castaño le entregaron $100.000; a Francisco Javier Vélez, $200.000. Pagos que se hicieron a través de casas de consignación.Luego, a José Fernando Vélez, sobrino de Carlos Enrique Vélez, le entregaron 18 millones de pesos. Le hicieron una primera entrega de 2 millones de pesos en el parque Bolívar, en Palmira, y una segunda entrega de 16 millones de pesos al frente de la cárcel de esa misma ciudad.Posteriormente, entregaron 10 millones de pesos a Ricardo Diosa Londoño, primo de Vélez. La entrega la hizo un abogado enviado, supuestamente, por Cadena en el parque Jairo Varela de Cali.Finalmente, hicieron dos consignaciones por 5 millones de pesos al hijo de Carlos Enrique Vélez, a través del abogado Samuel Arturo Sánchez.“Juan José Salazar manejó las entregas de los dineros a las personas que le refirió Carlos Enrique Vélez”, dijo el fiscal del caso, Daniel Hernández.
El Ejército Nacional activó la búsqueda de un helicóptero MI17 con el cuál se perdió comunicación en inmediaciones de la región del Sur de Bolívar y no ha regresado a la base.
La defensa de Nicolás Petro logró un aplazamiento por tres meses para la continuación de la audiencia de preparatoria de Juicio contra el hijo del presidente, por el proceso que enfrenta por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la cual se reanudará el 5 y 6 de agosto.La medida fue tomada por el juez Hugo Carbonó, para quien era entendible la solicitud del abogado Diego Henao, en el sentido de que no ha podido acceder a la totalidad del material probatorio de la Fiscalía en el caso y que, además, recientemente les hicieron llegar más de dos millones de documentos que no ha podido revisar, lo que le impedía hacer una formulación de defensa en medio de una preparatoria a juicio. Lento avance en audiencias de Nicolás Petro está limitando nueva imputación de cargos: fiscal Burgos"Acojo el aplazamiento porque la defensa acudió a varios ítems de fundamentos, el primero fue la falta de descubrimiento y el segundo que considera el juzgado es que la defensa argumentar que no le ha dado tiempo, pero, sobre todo, que no le ha dado tiempo de abrir todo el complejo de elementos materiales probatorios", dijo el juez"Las partes deben ponerse de acuerdo para entregarse lo que falte del descubrimiento de las pruebas”, manifestó Carbonó frente al material faltante, mientras que consideró que debían tener un "tiempo prudente" para evaluar dicha documentación, una vez la reciban. "La defensa de Nicolás Petro Burgos celebra que la justicia haya brindado las garantías procesales necesarias para poder ejercer una defensa integral. No podíamos hacer frente a una audiencia preparatoria de juicio sin tener la totalidad de los elementos materiales probatorios, eso es un derecho que el fiscal Mario Burgos nos ha negado, y debido a su deslealtad esta etapa procesal se tuvo que aplazar", expuso el abogado Henao a través de un comunicado.
El consumo promedio de agua en las últimas semanas en el Valle de Aburrá ha aumentado hasta en un 5 %, el fin de semana se registró un incremento de 30 mil metros cúbicos. Ante la situación, el gerente de EPM calificó de irresponsables a las personas que malgastan agua.Con la llegada de las lluvias en las últimas semanas a buena parte del Valle de Aburrá y las subregiones cercanas, el nivel de los embalses tanto de generación de energía como de suministro de agua han tenido una recuperación notable, sin embargo, el comportamiento de los usuarios con respecto al cuidado de los recursos parece haberse relajado.Así lo indicó el gerente de EPM, John Maya, quien aseguró que el consumo promedio de 12 metros cúbicos de agua por persona ha aumentado hasta un 5 % en las últimas semanas. Incluso, en el último reporte entregado por Empresas Públicas de Medellín se evidencia que entre viernes y sábado hubo un incremento en el consumo de agua cercano a los 30 mil litros.Y es que a pesar de estos números, los embalses de EPM siguen subiendo de nivel. De momento, Riogrande II es el depósito con menos capacidad con un 44 %, La Fe ya llega al 58 %, mientras que Piedras Blancas está por el 75 % de nivel.Por ello, indica EPM, que es importante los desincentivos planteados por el Gobierno Nacional para quienes gasten de más, ya que es vital cuidar el recurso para evitar nuevos desabastecimientos.Sin embargo, destacó el directivo que el tope de 26 metros cúbicos para el cobro de estas multas sigue siendo muy alto y que en caso de que alguien lo alcance demuestra una gran irresponsabilidad.“Esperamos que no sean muchos que la gente tome conciencia de que es que 26 metros cúbicos es mucho cuando el promedio son 12, entonces es un casi que un negocio irresponsable de un recurso que tenemos que cuidar ese es el llamado es muy simple”, aseveró el funcionario.De nuevo Maya declaró que no se prevé racionamientos ni de agua ni de energía, pero que siguen con una vigilancia permanente de las fuente hídricas que surten circuitos del occidente y oriente de Medellín, además de la situación en el municipio de Barbosa.EPM amplió a 43 barrios de Medellín el cobro por consumo excesivo de agua desde la próxima factura“Todo el sistema tanto de generación de energía como de suministro de agua, en EPM no creemos que vaya a haber racionamiento, en ninguno de los dos”, insistió Maya.Finalmente, el gerente de EPM confirmó que ante el anuncio de nuevos barrios de Medellín en donde se podrán hacer los cobros por malgastar agua, esperan que los primeros resultados se den en la próxima factura de servicios públicos pero que esperan sean muy pocos.
En el municipio de Urumita, Guajira, hay dos oficinas de Personería abiertas con atención al público: ambos tienen acta de posesión y nombramiento en calidad de encargado. Sin embargo, Carlos Díaz Daza fue asignado el pasado 29 de febrero por la mesa directiva del concejo y Rafael Eduardo Ramos el pasado 1 de marzo por la alcaldía. La situación ha generado un choque de poderes entre ambas entidades, pues cada cual asegura tener argumentos jurídicos para justificar dicho nombramiento de manera temporal, debido a que se encuentra suspendido el proceso de elección de un personero en firme. Por una parte, la alcaldesa Mary Luz Corrales asegura que ella procedió a designar transitoriamente a Rafael Eduardo Ramos, porque el concejo municipal no se encontraba en periodo de sesiones para el 1 de marzo, fecha en la que se generó la vacancia por la salida del anterior funcionario, lo que, según explica, trasladaba a su despacho la competencia para realizar el nombramiento. Buscan tumbar nombramiento del personero de Medellín, Mefi Boset, con demanda de nulidad"Ellos cometieron un prevaricato. La vacancia del personero por el vencimiento del periodo institucional se generó el 1 de marzo. ¿Qué tal que en el país hiciera carrera esta maniobra y que las autoridades, ante la vacancia futura, designará a alguien? Seguramente lo que estarían próximos a pensionarse o los que sufren de enfermedades terminales ya tendrían reemplazo. Para mi es clara la falta del concejo municipal", manifestó la mandataria. Entre tanto, Alcides Lagos Duarte, presidente del concejo municipal, manifestó que el nombramiento el 29 de febrero, último día de sesiones ordinarias, estaba dentro del orden jurídico, porque el 1 de marzo debía empezar la función el personero encargado. Para esto hizo el acta de posesión para el mismo día y realizó un empalme entre el saliente y entrante representante del Ministerio Público, pero al día siguiente todo cambió. "La comunidad hoy de Urumita está en una encrucijada. ¿Ante quién se quejan? ¿Ante quién se dirigen? ¿Quién hace seguimiento y control a los funcionarios de municipios? ¿Quién hace seguimiento al programa del PAE?", expresó Lagos. Por el complejo panorama, ni el Ministerio del Interior tomó una decisión al respecto, luego de visitar el municipio para tomar posición en este litigio casi que macondiano, por ello, ambas partes presentaron una demanda de solicitud de Nulidad de acción electoral ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de La Guajira. Este proceso ya se encuentra en despacho y a espera de un fallo. Doble atenciónDe acuerdo con Carlos Iván Daza, el personero nombrado por el concejo, sus funciones se ven limitadas, debido a que la Alcaldía no lo reconoce, lo que le dificulta su trabajo para ejercer vigilancia sobre la labor de las dependencias de la misma. "Es materialmente imposible que se cumplan estas funciones por dos personas. Las personas se encuentran frente a esta confusión. Incluso las personas que acuden a mis despachos se ven enfrentadas a una imposibilidad de mi parte para hacer ciertas funciones. Por ejemplo, si es para control disciplinario sobre los funcionarios del municipio, no se me facilita hacerlo", explicó Daza. En lo único en lo que se ponen de acuerdo el presidente del Concejo, la alcaldesa y uno de los personeros es que ni la Fiscalía ni la Procuraduría a hecho algo frente a este caso único en el país, en el que la comunidad queda acéfala.
La tramitación de pasaportes en Colombia ha sido un tema de preocupación para muchos ciudadanos. En particular, se han reportado dificultades a la hora de sacar citas y renovar los documentos. Esta situación ha generado inconvenientes y malestar entre aquellos que necesitan contar con un pasaporte válido. Recientemente, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, anunció que la impresión de pasaportes estaría a cargo de la Imprenta Nacional, la cual podría contratar a un tercero para llevar a cabo dicha tarea. Imprenta Nacional asumirá contrato para elaborar pasaportesLa exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre el tema y alertó sobre los posibles problemas de seguridad que tendrían los nuevos pasaportes."Lo más importante en este momento es garantizar, primero, la producción expedita de los pasaportes y que tengan los requisitos de seguridad que se exigen a nivel internacional y eso es lo que ha hecho Colombia, unos pasaportes que tienen todas las garantías de seguridad, por eso logramos que nos eliminaran las visas de algunos países. La imprenta nacional, en el pasado, nunca supimos que tuviera todas esas capacidades tecnológicas y que tuviera las garantías de seguridad a las que me estoy refiriendo. Eso no se construye de la noche a la mañana y sería un riesgo muy grande que, por sacar ahora pasaportes en la Imprenta Nacional, terminemos con los pasaportes que sean vulnerables en materia de seguridad, porque lo que nos va a hacer es perjudicar a todos los colombianos precisamente en ese acceso libre", afirmó Ramírez. En cuanto a la propuesta de tercerizar la impresión de pasaportes a través de la Imprenta Nacional, la exvicepresidenta expresó sus reservas, debido a los posibles riesgos para la seguridad y la transparencia del proceso. "Si la imprenta lo que va a hacer es subcontratar un tercero, pues eso me parece bastante difícil, porque es recordemos que esta dedicación de pasaportes se hace en un proceso de licitación y ese ha sido todo el cuestionamiento de estos últimos dos años. Prácticamente, cuando se abre la licitación, se cumplen los requisitos y se espera a varios oferentes, pero si tan solo hay uno, la Ley ochenta de la contratación administrativa permite entonces que se adjudique a ese único proponente y eso fue lo que sucedió con el actual contratista que, después de que gana la licitación, entonces no le quieren adjudicar bien", aseveró. Sobre las quejas por demoras en la asignación de citas, la excanciller aclaró que esta responsabilidad recae en la Cancillería y que, durante su gestión, se tomaron medidas para fortalecer la capacidad de atención y reducir los tiempos de espera. "En cuanto a las citas, no es cierto, eso lo maneja la Cancillería. Lo que hicimos en nuestra época fue fortalecer toda la capacidad tecnológica, pero también física y humana de la Cancillería para poder atender las citas, reforzando el personal, contratando más gente entrenada, abriendo nuevas sedes, ampliando la capacidad de las sedes en la Cancillería. y eso es algo que depende íntegramente de la Cancillería. En cuanto a si los datos los maneja un particular, eso está en el mundo entero más que solucionado, porque existen requisitos de confidencialidad", dijo.Escuche la entrevista aquí: