La Procuraduría dejó en firme su decisión de destruir e inhabilitar por 10 años al gobernador de Córdoba Edwin Besaile Fayad y al exgobernador Alejandro Lyons Muskus por irregularidades en pagos de terapias a menores de edad en condición de discapacidad. En ese fallo de segunda instancia, la Procuraduría confirmó que loa mandatarios departamentales incurrieron en faltas graves que provocaron un desfalco millonario a la salud entre los años 2014 y 2015. Para la Procuraduría, tanto Besaile Fayad y Lyons Muskus “no ejercieron su deber de vigilancia y control sobre los actos de sus secretarios de Salud, que ordenaron pagos por $4.988 millones para cubrir terapias de rehabilitación a 2.181 menores de edad en condición de discapacidad”.Vea también: Procuraduría inhabilita por 15 años a Alejandro Lyons por cartel de regalías En la investigación el Ministerio Público estableció que los pagos ficticios se dieron por órdenes de tutela que no existieron y sin celebrar un contrato que los justificara entre la Gobernación y Funtierra Rehabilitación IPS. Fueron al menos 8 resoluciones que fueron expedidas para el pago de estos servicios de salud por parte de los entonces secretarios de salud Edwin Preciado Lourdy y José Jaime Pareja Alemán, que es recibieron una sanción de 11 años de inhabilidad. La falta de los funcionarios fue calificada gravísimas título de culpa gravísima y contra la decisión ya no aplica ningún recurso.
La Procuraduría General de la Nación prorrogó, por el término de tres meses, la suspensión al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, dentro de la investigación que adelanta por irregularidades en la terminación de un contrato de ciencia y tecnología y presuntos actos de corrupción en la gestión contractual. El Ministerio Público señaló que la prórroga de la suspensión provisional está justificada para evitar la reiteración de una posible falta disciplinaria por presuntas irregularidades en la actividad contractual, evidenciadas en la suspensión unilateral del convenio No. 735 de 2013, celebrado entre la Gobernación de Córdoba y la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia (George Dahl). Vea también: A juicio disciplinario el exgobernador Edwin Besaile por ‘cartel de la hemofilia’ El órgano de control busca establecer la presunta participación del mandatario departamental en actos de corrupción confesados por el entonces gobernador del departamento, Alejandro Lyons Muskus, en relación con el destino indebido que tendrían los recursos públicos en la contratación. Dentro de este proceso, la Procuraduría también investiga al director administrativo de Planeación, Manuel José Benjumea Simancas; a la asesora del despacho del gobernador, Sandra Milena Ruiz Pérez, y al director de contratación de la gobernación, Jairo Rafael Cruz Lozano.*Información de prensa Procuraduría
La Procuraduría destituyó e inhabilito por 10 años al actual gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, y al exgobernador Alejandro Lyons por presuntas irregularidades en el pago de terapias a menores de edad en condición de discapacidad.Vea también: Alejandro Lyons declara contra Edwin Besaile en la ProcuraduríaLa determinación tiene que ver con una larga investigación sobre prestación de servicios de terapias a 2.181 menores de edad, entre diciembre de 2015 y agosto de 2015, por 4.988 millones de pesos.El Ministerio Público calificó la falta de los funcionarios como gravísima a título de culpa gravísima.La Procuraduría General también dio la orden de enviar copias de la determinación a la Corte Suprema de Justicia y a la Contraloría General.La decisión de la Procuraduría es en primera instancia por lo cual los afectados podrán interponer un recurso de apelación.Además de Besaile y Lyons, la Procuraduría también sancionó por 11 años a los exsecretarios de Salud, Edwin Preciado Lordy y José Jaime Pareja Alemán.A propósito de la determinación, la Veeduría Ciudadana Velar por Más consideró que la suspensión es apenas el principio de todo lo que debería pasar en este departamento ante la gran cantidad de denuncias que conocen los entes de control, según así lo afirmó, en diálogo con BLU Radio, el presidente Darío Díaz."Se vienen cosas graves para el departamento de Córdoba, pero esto se tenía que venir, porque es que aquí la gente buena es el 99.9%", indicó Díaz.
La Fiscalía citó a imputación de cargos para el próximo 30 de agosto a las 2:00 de la tarde a tres funcionarios de la Secretaría del Interior de la Gobernación de Córdoba, en cabeza del hoy suspendido Edwin Besaile, por su presunta participación en el desfalco de regalías del departamento.Vea también: “Al señor Musa Besaile no lo veo hace mil años”: Roberto PrietoSegún fuentes del caso, los llamados a responder son Carlos Cristóbal Causil, Álvaro Antonio Vidal y César Rafael Otero, quienes desde esa Secretaría habrían falsificado unos documentos para que las empresas del contratista preso Jesús Henao pudieran manejar recursos de regalías.Cabe recordar que Henao ha dicho que la empresa Ceniagroecológico, gran contratista de ciencia y tecnología en el departamento, fue creada en el 2013 solo para sacar los dineros de coimas, todo ideado, supuestamente, por el hoy congresista Jhony Besaile.Según la Fiscalía, las empresas de Henao estarían relacionadas con el desfalco de unos 40.000 millones de pesos por los contratos que les entregaron por regalías de ciencia y tecnología.
La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente, por tres meses, al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, dentro de la investigación que adelanta por presunta corrupción en el manejo de recursos públicos.Vea también: "Exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons pide unificar procesos disciplinariosLa decisión busca “evitar la reiteración de una posible falta disciplinaria en relación con la ejecución de recursos públicos, así como la interferencia en la investigación por presuntas irregularidades en la suspensión unilateral del convenio No. 735 de 2013, celebrado entre la Gobernación de Córdoba y con la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia (George Dahl)”, señaló el órgano de control.La Procuraduría General de la Nación también investiga posibles actos de corrupción del hoy investigado.La Procuraduría también investiga al director administrativo de Planeación, Manuel José Benjumea Simancas; a la asesora del despacho del gobernador, Sandra Milena Ruiz Pérez, y al director de contratación de la gobernación, Jairo Rafael Cruz Lozano.
La Fiscalía General radicó ante la Corte Suprema de Justicia la acusación formal contra Edwin José Besaile Fayad, gobernador de Córdoba, como parte de un concierto criminal en el que se pactó el pago de dineros a la IPS San José de la Sabana, por la atención de pacientes con hemofilia que nunca existieron.De acuerdo con el material probatorio recaudado por la Fiscalía, el funcionario, aún consciente de las alertas hechas por parte de la Contraloría y otros organismos de control, e ignorando las advertencias de los funcionarios de la Gobernación sobre las presuntas anomalías en el manejo de los dineros, habría viabilizado el pago de $1.525’045.600 a la mencionada IPS, en retribución a los dineros que le habrían sido entregados para la financiación de su campaña a la Gobernación.La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, imputó a Edwin Besaile por los delitos de peculado por apropiación en provecho propio y de terceros, en calidad de coautor, y concierto para delinquir en condición de autor. Vea aquí: Edwin Besaile pide levantar suspensión en su contra por ‘cartel de la hemofilia’En la acusación, se indica que el entonces mandatario no sólo habría beneficiado a la IPS San José de la Sabana, sino también y de manera particular a Guillermo Pérez Ardila, socio de la Institución, además de a otras personas vinculadas a la defraudación al erario de Córdoba.Adicionalmente, señala el documento, que el funcionario actuó en beneficio propio, por cuanto hizo parte del acuerdo criminal y cumplió con los compromisos adquiridos. El delito de peculado por apropiación será agravado por la cuantía, en el entendido de que se pusieron en riesgo más de 1.500 millones de pesos de los recursos públicos.La Fiscalía indica que Besaile Fayad, en su condición de gobernador de Córdoba, “ostenta el cargo más elevado del poder ejecutivo, una posición destacada, que demanda un acatamiento estricto de la ley”, lo que habría omitido para permitir la apropiación ilícita de recursos.La Fiscalía espera la fecha que programe la Corte Suprema para la respectiva audiencia de acusación.
La defensa del Gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, quien irá a juicio por el presunto desfalco a la salud del departamento en el caso conocido como ‘cartel de la Hemofilia’, le pidió a la Procuraduría levantar la suspensión de seis meses que le impuso cuando fue vinculado al proceso. La solicitud se da luego de que el Tribunal Superior de Bogotá decidiera no enviar a la cárcel al Gobernador de Córdoba mientras se desarrolla el juicio en su contra, al establecer que no hay evidencia suficiente para considerarlo un peligro para la sociedad o una amenaza para el caso. En enero, la Procuraduría impuso una suspensión provisional de tres meses contra Besaile y en abril prorrogó la sanción por tres meses más. Quiere decir, que dicha suspensión se cumpliría en junio, a menos que el Ministerio Público decida prorrogarla de nuevo o acoja la solicitud de levantarla. La defensa de Besaile señala que la suspensión no es legítima, pues “no existen elementos, documentos ni testimonios que prueben razonablemente la eventual participación de Edwin Besaile en alguna conducta delictiva. En este sentido, adoptaremos las medidas que sean procedentes entre ellas la solicitud de la revocatoria de la prórroga de la suspensión provisional”. Agregan que de ser necesario se interpondrá una acción de tutela para que la cabeza del departamento de Córdoba vuelva a ejercer sus funciones pues “es inocente de las acusaciones que se le hicieron”. Le puede interesar: Gustavo Moreno pedía apoyo policial al gobernador de Córdoba Edwin Besaile: ‘Porcino’El actual mandatario de Córdoba enfrenta un proceso penal por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, cargos que no aceptó. Esto, por supuestamente haber girado más de 1.500 millones de pesos de recursos públicos para la atención de pacientes con hemofilia que en realidad nunca existieron.
El magistrado Hermens Dario Lara fue quien tomó la decisión de no darle medida de aseguramiento preventiva al suspendido gobernador de Cordoba Edwin Besaile, quien es acusado por la Fiscalia de recibir cerca de 2.000 millones de pesos para su campaña política, dineros que según el exgobernador Alejando Lyons, provenían del d nominado cartel de la hemofilia.Aseguró que la Fiscalía no presentó pruebas contundentes para demostrar que el gobernador tuvo que ver con el desfalco del departamento.“Ninguna de las causales fue demostrada, lo que impide la imposición de la medida de aseguramiento", dijo el magistrado.Hay que recordar que la Fiscalía le había imputado cargos por los delitos de peculado a favor de terceros y concierto para delinquir, cohecho por dar y ofrecer, y falsedad en documentos. Además, había pedido la detención preventiva de pues consideraba que su libertad podría interferir en la investigación.La Fiscalía en este momento interpone recurso de reposición para que el magistrado cambie de parece y envié tras las rejas al mandatario.
El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Hermens Dario Lara, aplazó para el próximo 27 de abril, a las 9:00 de la mañana, su decisión sobre si envía o no a la cárcel a Edwin Besaile, gobernador de Córdoba.Esto luego de una intervención de tres horas del abogado Jaime granados, defensor del gobernador Besaile, en la que trató de demostrar que su cliente fue quien reportó irregularidades a las autoridades en varios contratos firmados por el exgobernador y hoy testigo en su contra, Alejandro Lyons, y que, además, tiene arraigo familiar en ese departamento, por lo que no es necesario una medida de aseguramiento en su contra.Vea aquí: Gustavo Moreno pedía apoyo policial al gobernador de Córdoba Edwin Besaile: ‘Porcino’Lyons ha dicho a las autoridades que a la campaña de Besaile entraron dineros del departamento que debían ir a pacientes de la hemofilia.
Para el próximo 16 de marzo quedó programada la audiencia en la que se definirá si el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, va a la cárcel o no.Durante tres horas, el abogado Jaime Granados trató de demostrar que su cliente es inocente, incluso, pidió cuatro horas más para terminar su exposición en la próxima diligencia.Por su parte, el gobernador aseguró que seguirá compareciendo ante las autoridades para demostrar su inocencia. Vea aquí: Testigo de la Fiscalía involucra a Jhony Besaile con corrupción en CórdobaA Besaile, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho por dar y ofrecer y falsedad en documentos por haber recibido para su campaña política cerca de 2.000 millones de pesos de regalías que estaban destinadas a la salud del departamento. Besaile no aceptó los cargos.
Por solicitud de un fiscal adscrito a Seccional de Santander, un juez con función de control de garantías de Girón impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de una mujer, quien fue capturada en flagrancia cuando, presuntamente, estaba agrediendo a su hijo adoptivo de 15 meses de nacido.Los hechos ocurrieron entre el 21 de marzo y el 22 de abril de 2024 en una vivienda del barrio Jardín de Arenales de Girón, Santander, por lo cual la comunidad del sector avisó a las autoridades sobre las constantes agresiones de la mujer contra el menor.“De acuerdo con la investigación, el niño llegó a vivir con ella en julio de 2023, después que su progenitora le cediera la custodia a su expareja sentimental ante su incapacidad de poder mantener a un cuarto hijo”, informó en un comunicado la Fiscalía General de la Nación.El niño tras ser rescatado por la Policía de la vivienda fue valorado en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que ordenó 15 días de incapacidad. Ahora se encuentra bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).La Fiscalía le imputó a la mujer capturada los delitos de tortura agravada y violencia intrafamiliar agravada, a los que no se allanó.Este es el segundo caso de maltrato infantil que se presenta en los últimos días en Santander, ya que el 14 de abril, por solicitud de la Fiscalía, fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario un hombre de 44 años, capturado en flagrancia cuando al parecer le daba una golpiza a su hijo de 9 años en el barrio Gaitán de Bucaramanga.En las imágenes, el menor aparece visiblemente angustiado y llorando mientras suplica disculpas entre gritos, presionado por su agresor. El hombre, identificado como Maycol Jackson Ferrero Mendoza de 34 años, le reprocha al niño por supuestamente no responder a sus llamados y le exige que se disculpe en repetidas ocasiones.La rápida acción de la comunidad permitió la captura del presunto agresor. El capitán José Luis Noguera, jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, informó que Ferrero Mendoza fue detenido por el delito de violencia intrafamiliar. Tras su arresto, se tomaron medidas inmediatas para restablecer los derechos del menor.
La posibilidad de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, deje su cargo ha generado una situación política llena de incertidumbres, aunque la mayoría de estas situaciones están previstas y reguladas por la Constitución y la ley electoral, incluyendo la forma en que el Congreso elegiría a un nuevo presidente del Gobierno.El propio Sánchez anunció el miércoles que se tomará unos días para pensar si renuncia o no a su posición luego de una acusación judicial contra su esposa, Begoña Gómez, por supuestos actos de corrupción. Sánchez comunicará su decisión el próximo lunes, 29 de abril.¿Qué sucede si Pedro Sánchez renuncia?El artículo 101 de la Constitución Española contempla la renuncia o fallecimiento del jefe del Gobierno, o la pérdida de confianza parlamentaria, como podría ser el caso de una moción de censura.“El Gobierno cesa después de la celebración de elecciones generales, en casos de pérdida de la confianza parlamentaria como indica la Constitución, o por renuncia o fallecimiento de su presidente”, establece la Constitución española.Presidente del Gobierno español evalúa renuncia tras denuncia contra su esposaSi el jefe del Gobierno renuncia, su gabinete seguiría en funciones hasta que se designe a un nuevo presidente, lo que significa que sus poderes estarían limitados y no podría legislar, similar a lo que ocurre después de elecciones generales hasta que se forme un nuevo Gobierno.¿Quién nombraría al nuevo presidente?Sería el Congreso de los Diputados el encargado de elegir al nuevo presidente, en un proceso similar al de las investiduras postelectorales.El rey convocaría consultas con los líderes de los partidos con escaños en la cámara baja y, tras oír sus opiniones, propondría a un candidato a presidente del Gobierno.Este candidato tendría que enfrentarse a un debate de investidura y una votación subsiguiente. Para ser elegido, necesitaría el apoyo de la mayoría absoluta en la primera votación, o más votos a favor que en contra en una segunda votación.Si en dos meses ningún candidato consigue el apoyo necesario, el Parlamento se disolvería automáticamente y se convocarían nuevas elecciones generales.En cualquier caso, si Sánchez opta por no renunciar, no podría convocar a elecciones generales ese mismo lunes, sino que debería esperar al menos hasta el 31 de mayo para hacerlo, ya que la ley impide disolver el Parlamento antes de que pase un año desde la última disolución.Presidente de España pidió a Netanyahu "alto el fuego permanente" en Gaza Otra opción es que Sánchez decida no renunciar, pero sí presentar una moción de confianza para buscar el respaldo del Congreso a su gestión. La confianza se consideraría otorgada si la mayoría simple de los diputados vota a favor.Si no consigue el respaldo necesario, se procedería como si hubiera renunciado, iniciando el proceso para elegir a un nuevo presidente del Gobierno.
Una multa de cinco salarios mínimos mensuales vigentes y arresto de tres días ordenó el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bucaramanga contra el Gobernador de Santander, Juvenal Díaz y la Secretaria de Educación, María Paola Suárez Morales, por desacato a una tutela que ordenaba el traslado de una docente.En la contestación de la tutela la Gobernación de Santander advirtió que, “es jurídicamente imposible realizar un traslado de manera unilateral, al no existir convenio interadminisratvo, dado que no se ha recibido respuesta de viabilidad por las Secretarías de Educación de Piedecuesta, Girón Floridablanca y Bucaramanga, municipios que cuentan con autonomía e independencia para manejar sus plantas globales docentes. Señaló, además, que no es la encargada de solicitar viabilidades de traslados a municipios certificados distintos al propio departamento".También indico que, “mediante oficios del 1° de diciembre de 2023, solicitó a las Secretarías de Educación de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón la viabilidad para efectuar el traslado por salud de la docente Paola Andrea Naranjo Ardila, oficios que fueron reiterados el 2 de febrero de 2024”.Aun así, la decisión del juez fue la de ordenar el desacato y como consecuencia multa y sanción para los dos funcionarios.Hace una semana, en rueda de prensa, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, confirmó que hay en curso 260 demandas que han impuesto docentes en el departamento que ganaron el concurso y que no han sido nombrados.“Estos docentes ganaron el concurso en 2023 y la administración anterior no hizo los respectivos nombramientos, iniciamos el año con esta tarea y estamos realizando los nombramientos de 1.500 docentes. De ahí el problema de la falta de docentes en instituciones del departamento por la mayoría eran profesores que estaban en unas sedes y ganaron el concurso para otro municipio”, señaló el mandatario.
Los habitantes de la localidad de Suba, específicamente en el barrio La Campiña en el noroccidente de Bogotá, están manifestando preocupación y alzando la voz por cuenta de la seguridad de sus mascotas en los parques públicos de la zona. De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, estos residentes denuncian que sus animales se están lesionando y cortando al entrar en contacto con las canecas metálicas de basura ubicadas en estos espacios de la localidad.Una de las afectadas, dueña de un perro llamado Milo y que sufrió una grave herida, contó su drama a Blu Radio: "Es una herida grande, profunda, que comprometió no solo los músculos, sino también nervios de la espalda de mi perro. Al momento pues lo llevamos al veterinario de urgencias, ya que la herida es bastante grande, le cubre toda la espalda y no hemos recibido respuesta ya que no hay a quien comunicarle lo sucedido", relató. A pesar de llevarlo a un veterinario de urgencias para recibir atención inmediata, la propietaria señaló que no ha recibido respuesta de las autoridades ni sabe a quién comunicarle lo sucedido.Además, según contó, el problema parece ser causado por tornillos sobresalientes en las canecas de basura, lo que facilita que los animales se lastimen al jugar en el parque. Aunque se han hecho denuncias previas sobre casos similares, no se ha tomado ninguna acción para solucionar el problema.“No es la primera vez que se presentan estos casos con los perritos y estas canecas. ¿Por qué terminan así los perros? Pues los tornillos de estas canecas están bastante salidos, lo que hace que sea muy fácil que ellos se lastimen, se golpeen o se raspen. A pesar de las denuncias que ha habido sobre casos similares, no ha habido alguna respuesta de que las quiten o algo más”, agregó la mujer.Los dueños de las mascotas de la localidad de Suba están preocupados por esta situación, ya que representa un riesgo constante para la seguridad de sus animales. Exigen a las autoridades locales que tomen medidas inmediatas para reparar o reemplazar las canecas metálicas y así evitar más lesiones en las mascotas. Por su parte, Milo se recupera en su apartamento.Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto:
En un nuevo episodio de violencia que sacude al departamento de Cauca, las disidencias de las FARC, lideradas por alias 'Iván Mordisco', realizaron un hostigamiento en la zona rural de Caldono, afectando gravemente la seguridad y tranquilidad de la población local. El ataque comenzó alrededor de las 6:00 p.m. del día anterior en el corregimiento de Siberia, situado estratégicamente entre la vía Panamericana y el municipio de Caldono.Testimonios locales indican que casi hasta la medianoche se pudieron escuchar explosiones y disparos. Los enfrentamientos se concentraron en la estación de Policía del área, donde aproximadamente 20 uniformados resistieron los ataques con armas de fuego y granadas lanzados por el grupo disidente de Dagoberto Ramos de las FARC. La tensión en el área sigue siendo alta, con la esperanza de que el apoyo aéreo y las fuerzas del ejército lleguen pronto para reforzar la seguridad.Petro defiende reforma pensional y cambia de parecer sobre umbral de cotizaciónMiller Hurtado, secretario de Gobierno del Departamento del Cauca, confirmó que la situación ha llevado al confinamiento de numerosos civiles y ha tenido un impacto directo en los niños de la región, quienes se ven forzados a quedarse en casa debido a la suspensión de clases en las instituciones educativas afectadas por la inseguridad.La comunidad indígena local, que es mayoritaria en el área de Siberia, ha expresado su preocupación y está solicitando la intervención de organismos internacionales para evaluar la grave situación humanitaria que enfrentan. Mientras tanto, en otras partes del departamento, las autoridades militares han descartado la presencia de explosivos en un camión abandonado en la zona rural de Jamundí, otro indicio de la tensa situación de seguridad que prevalece.El clima no ofrece respiro, ya que intensas lluvias continúan azotando a Cali y sus alrededores, complicando aún más las condiciones de vida y la respuesta de emergencia en la región.